Frente Amplio Unitario

La reconstrucción no es más que un espejismo a pesar de que la autoridades de Gobierno aseguran lo contrario inaugurando algunas viviendas

María Cristina Prudant
Las cifras del gobierno en esta materia no son creíbles para quienes tienen conocimiento directo de la realidad. Se les atribuyen dobles intenciones a ciertas erradicaciones, como ha ocurrido en Dichato y otras comunas, porque sólo buscarían favorecer a los sectores inmobiliarios que se apoderarán de los terrenos que tenía la comunidad. Estarían involucrados sectores de la UDI y del clan Van Ryselberghe

El presidente Piñera anunció que el 80% de lo destruido por el terremoto y tsunami de febrero de 2010 está reconstruido. Con esta buena noticia realizó la "Gira de la reconstrucción", pero -cosa curiosa- no visitó las comunas costeras de las regiones del Biobío y El Maule, que fueron de las más dañadas y que ahora son de las más problemáticas para el gobierno, ya que se han resistido a aceptar las soluciones que les ofrecen. Aunque al final han tenido que ceder.

Los abusos que se han cometido han provocado la aparición de una serie de ONG (Organización No Gubernamental) y otras instancias que incluso han surgido de las universidades. De hecho, la Universidad de Chile creó el Observatorio de la Reconstrucción y de ahí han derivado en una serie de organismos que, instalados en las regiones, han podido observar este proceso.

Eduardo Ampuero, de la Red Construyamos, con asiento en Concepción, en diálogo con Cambio21 comentó que no es una novedad que el gobierno intente presentar un escenario muy avanzado en cuanto a la reconstrucción, en particular en el área de la vivienda, donde el 50% de la población tendría todos sus problemas habitacionales resueltos".

"Esas cifras ofrecen un escenario muy engañoso, porque se refieren solamente a un concepto que ha esgrimido el gobierno respecto de su política de reconstrucción, que para nosotros sigue una línea adversa a los intereses y necesidades de la población. Porque todo el proceso ha estado orientado hacia privilegiar al sector privado, particularmente la gran empresa inmobiliaria. Es por eso que los damnificados de los sectores costeros, pero también del interior de las ciudades, han sufrido la segregación a través de la erradicación de las poblaciones. Eso para nosotros es un punto vital: el gobierno tiene por propósito dar un privilegio extraordinario al sector inmobiliario al facilitar la apropiación de terrenos que antes eran de las comunidades", precisa.
Añade que "esto pasa en Dichato, a lo largo de la ribera del río Biobío, en la costa de Talcahuano, Arauco, los sectores como Llico. Todos estos son lugares que efectivamente sufrieron el colapso de sus viviendas producto del maremoto, pero en los que no se aclara que lo que se está haciendo es alejar a la gente de los terrenos en que han desarrollado una vida económica y una vida de comunidad".
En el caso específico de Dichato, explica, los han barrido hacia los cerros. "Estas circunstancias también presentan otros datos que el gobierno naturalmente no va a dar", recalca Ampuero.

Lo que su organización ha podido constatar es que el gobierno "ha aprovechado el terremoto para utilizar las políticas de reconstrucción como una manera de segregar a poblaciones que no sufrieron daño patrimonial durante el terremoto".

En este sentido, menciona dos casos que califica de "muy dramáticos", como son Villa Futuro, en la comuna de Chihuayante, y Aurora de Chile, también en la ribera del río, pero en Concepción. Se suma el de la población Centinela, en los cerros de Talcahuano. Los asentamientos fueron calificados como inhabitables, pero sus pobladores se han resistido a la erradicación.

Ampuero relata que cuentan con antecedentes concretos acerca de la "doble intención" de estas erradicaciones encubiertas. "En Aurora de Chile es muy evidente, porque se han destapado muchos datos de que hay una intención de construir proyectos inmobiliarios de intereses económicos muy grandes y en los que están involucrados sectores de la UDI y del clan Van Ryselberghe (Jacqueline, ex intendenta, y Enrique, su hermano diputado), en una situación que tiene antecedentes previos al terremoto que, en este caso, se agudizaron producto del caos y la desesperación".

Puntualiza que Emilio Armstrong, "el candidato a alcalde de Concepción, que es un hombre desconocido en el terreno político, es el director de Terrazas del Biobío, que es un gran proyecto inmobiliario que construye ciudad sobre la costa, pero que se construye prácticamente sobre la población".

Enrique van Rysenberghe realizó las gestiones para que Bienes Nacionales considerara su proyecto inmobiliario como "de interés público", denominación que la ministra Catalina Parot ya aprobó, "lo que significa que el Serviu va a concederle terrenos que son del río Biobío al sector privado".

El caso de la Villa Futuro está en desarrollo y acarreará graves consecuencias, porque tiene un Comité de Defensa que con la Junta de Vecinos han decidido interponer acciones legales contra el Estado por estafa. De allí los pobladores fueron erradicados con engaños y un cheque de 10 millones de pesos que se les hizo agua y ahora están retornando a tomarse los departamentos. Sólo hubo 100 familias que no abandonaron y ahora han retornado unas 200, porque el dinero se les terminó y no tienen dónde vivir. "Hay que decir de qué reconstrucción estamos hablando", apunta Ampuero.

Otro dato relevante que ha verificado esta ONG es el carácter de esta reconstrucción. "Se está construyendo en muy malas condiciones de suelo y de vivienda, de planificación urbana. En el caso de Dichato, la población de la gente que se está sacando del campamento El Molino se está construyendo sobre socavones de mina, que eran minas de carbón de hace 60 años. El seremi de Vivienda dijo que no era un problema, que era un pequeño agujero, y sobre ellos solamente piedras y cemento y se resolvió el problema, pero hay fotos y videos que muestran cómo por esos agujeros gigantescos entran vehículos y eso está justo debajo de las viviendas".

Además, el investigador denuncia que la población se emplaza en un lugar con limitaciones de espacio y que implica un riesgo, sobre todo en casos de emergencia, porque no podrán pasar vehículos de salvamento. "Y las casitas que están haciendo es algo que nosotros llamamos doble mediagua o mediagua enchulada, que son de un material que no va a tener larga duración, de mucho riesgo, muy inestables y se están parando sobre pequeños pollos de cemento. O sea, en realidad son casitas de paseo de playa montadas sobre los cerros. Esas condiciones se están reproduciendo en todos lados".

Otra denuncia de esta organización es que "se ha hecho una política de división de la población, abusando de la necesidad de las personas". Es decir, dividir para gobernar. El ejemplo más nítido, dicen, es el Viva Dichato, que es una fórmula que han empleado para que la gente gane algo de dinero a través del comercio, pero que es algo pasajero. Asimismo, se ha detectado "un trabajo muy sucio dirigido desde el Serviu en forma soterrada, clandestina, interviniendo al interior de las comunidades para imponer dirigentes y comprar voluntad".

Caso Name, región del Maule

En la localidad de Name, ubicada en la comuna de Cauquenes, región del Maule, una de las más afectadas por el terremoto y tsunami, se está viviendo una dramática situación, ya que quince familias de adultos mayores, cuyas viviendas estaban en reconstrucción, en junio pasado vieron cómo sus casas eran totalmente destruidas por un temporal de viento y lluvia. Así, tal cual, la reconstrucción se vino al suelo.

"Lo que pasa en Name es realmente vergonzoso y debe motivar la revisión de todas las viviendas que levantó antes la empresa constructora, porque resulta increíble que lluvias y vientos boten muros de lo que se supone es material sólido", acotó la senadora por esa zona Ximena Rincón.

El alcalde de la comuna de San Javier (El Maule), Pedro Fernández, en conversación con Cambio21 señaló que "con el respeto que se merece el presidente, creo que está mal informado, porque en Chile eso que él dice no es realidad. En San Javier recién el Serviu puso la primera piedra para más de 60 viviendas que son para entregarse en julio del próximo año. Y así es lo que hace el gobierno, pone y pone piedras. El mismo presidente lo hace y el gobierno da como casas terminadas esas piedras que instala y esa no es la realidad".

El edil señala que "la gran mayoría de la gente no tiene vivienda asignada. Nirivilo, Huerta de Maule, Pargua todos sectores rurales que dice el gobierno qué se han construido son unos radieres de empresas pequeñas que están todas quebradas, puestas por el Serviu. La realidad no es un papel, es la llave lo que la gente espera para tener un techo digno y esa es la solución que busca y estamos demasiado lejos de ello", señala Fernández.

Región de O'Higgins

El diputado Juan Carlos Latorre (DC), señaló a Cambio21 que es "impensable que el presidente de la República pueda declarar públicamente que se ha avanzado hasta alcanzar el 80% en materia de reconstrucción de viviendas cuando las propias cifras del ministerio de Vivienda no permiten una afirmación como esa. Lamento que el presidente, probablemente motivado por la campaña política municipal, comprometa públicamente opiniones que dejan muy preocupadas a miles de familias que todavía ven que su solución habitacional no existe y que difícilmente, de seguir este proceso, puedan lograr que esta solución llegue antes del término del gobierno".
El diputado se refirió a la situación en la región de O'Higgins, "donde clara y nítidamente estos porcentajes que ha dado el presidente no tienen nada que ver con la realidad. La principal dificultad ha estado en la construcción de viviendas nuevas o en la ejecución de los subsidios correspondientes a adquisición de nuevas viviendas, porque en esta región el monto de viviendas que obtuvieron subsidio de reparación es proporcionalmente más bajo".

Falta crear una institucionalidad

Walter Imilan, coordinador del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, en conversación con Cambio21 destacó otros aspectos importantes del proceso que no se han tomado en cuenta. Como, por ejemplo, remitir la reconstrucción sólo al tema de la vivienda.

"En términos conceptuales, hoy en día situarse en la vivienda es básicamente situarse en un problema de reposición de estructuras materiales y no en la idea de la reconstrucción de proyectos de vida, que es un poco eso a lo que apuntan todas las discusiones actuales sobre el tema de catástrofes. Por ejemplo, el concepto de resilencia es cómo las comunidades logran restituir su cotidaniedad y también logran potenciar que el proceso de reconstrucción se transforme en una oportunidad para mejorar la calidad de vida. La crítica de fondo es que este ha sido un proceso muy centrado en la vivienda. De hecho, todos los indicadores de éxito que trata de plantear el gobierno tienen que ver con entrega de subsidios, pero no estamos hablando de mejorar la calidad de vida e implementar los proyectos de vida que fueron truncados por la catástrofe", expresa Imilan.

Del mismo modo, señala que las erradicaciones no han contemplado las características propias de la comunidad. Es decir, "es no entender las culturas locales, cómo funcionan. Es el gran déficit de este proceso. Nosotros tenemos la impresión que durante toda la reconstrucción el gobierno ha estado demasiado apurado por mostrar indicadores de éxito, en desmedro de un proceso que es serio, que va a cambiar la realidad de la gente, no sólo ahora sino en muchos años más".
Imilan asegura que hizo falta "una nueva institucionalidad, faltó hacer un proceso más dialogado de cómo se iba a enfrentar esta catástrofe. Yo diría más bien que ha faltado capacidad de diálogo en todo el sentido ".

El experto concluye que, "en un primer análisis, para la mayoría de la gente que ha sido afectada este proceso no va a significar un mejoramiento de sus condiciones de vida anteriores al terremoto, en el mejor de los casos va a ser recuperar lo que había antes. En otro aspecto, existe la necesidad de construir una institucionalidad para enfrentar catástrofes. Ahora se está discutiendo una nueva ley de protección civil, que tiene que ver con lo que sucede inmediatamente después de una catástrofe, lo que ya es un avance para enfrentar esto".

Walter Imilan recalca que la política de vivienda estatal en Chile surge a partir de un proceso de reconstrucción. Hay que entender que estos espacios de crisis siempre son espacios de innovación también y eso es lo que uno echa de menos, definitivamente: verdad respecto de lo que ha sucedido después del 27 de febrero de 2010. O sea, ha faltado osadía, creatividad, una visión de futuro más clara de qué es lo que se quiere".

FUENTE:CAMBIO21