Colombia negocia la paz
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Julio Sau Aguayo*
El próximo cinco de octubre se iniciará el proceso de paz que se plantea terminar con el conflicto interno que ha desangrado a Colombia durante ya casi cincuenta años. Pero en la práctica, el Presidente Juan Manuel Santos ha ido trabajando en la ingeniería fina del proyecto de pacificación de su país desde que asumió la Jefatura de Estado el 7 de agosto de 2010. Para darse cuenta de su envergadura basta revisar algunas de las medidas políticas, diplomáticas y jurídicas que integran su estrategia y que ha ido poniendo en práctica progresivamente. En su peso específico, así como en los profundos cambios del contexto sociopolítico nacional e internacional, radican las posibilidades reales de que Colombia alcance por fin la paz que necesita y merece.
Santos, ex ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe, asumió la Presidencia de su país debiendo enfrentar el complejo cuadro de virtual aislamiento de Colombia en América del Sur, así como el rechazo en toda América Latina del acuerdo militar que había suscrito el gobierno de Uribe con Estados Unidos.
El escenario era altamente conflictivo. Mientras el encono entre los presidentes Uribe y Chávez había provocado la ruptura de relaciones diplomáticas bilaterales; la incursión militar de tropas colombianas en territorio ecuatoriano -supervisada por el entonces ministro de Defensa Santos- para eliminar al comandante Raúl Reyes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), había generado la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador. Aún más, el nuevo acuerdo militar de Colombia con Estados Unidos, que otorgaba mayor libertad de desplazamiento a las tropas norteamericanas desde bases colombianas, era fuertemente resistido por Brasil y los demás estados que integran la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
El primer paso dado por el nuevo gobierno colombiano fue iniciar un acercamiento hacia el régimen de Hugo Chávez en Venezuela. Aunque Santos pertenecía al mismo partido de la derecha colombiana que el ex presidente Álvaro Uribe, no compartía los prejuicios ideológicos ni la visión simplista de Uribe hacia su vecino venezolano. Por el contrario, apreciaba la importancia de regularizar las relaciones con una economía nacional complementaria a la colombiana, y de la cual lo separaba una larga y porosa frontera en la que se desplazaban con naturalidad campesinos que huían del conflicto armado colombiano mezclados con guerrilleros y narcotraficantes.
Agosto de 2010 fue un mes clave. Pocos días después de asumir la presidencia Santos y Chávez suscribieron el Acuerdo de Santa Marta y reanudaron relaciones diplomáticas, propiciado por Néstor Kirchner en su rol de Secretario General de UNASUR[1]. Efectivamente, el acuerdo fue instrumento clave para el posterior proceso de paz interno de Colombia, y Venezuela ha pasado a ser pieza clave en la estrategia de paz interna impulsada por Santos.
Otro hecho con profundos efectos en la normalización de la posición política de Colombia en Sudamérica, ocurrió cuando la Corte Constitucional dejó sin efecto el acuerdo militar suscrito en 2009 por el gobierno de Uribe y el de los Estados Unidos, por no haber sido enviado para su aprobación constitucional al Senado colombiano. Aprovechando la resolución, el Presidente Santos puso por un lado en la balanza la posición política de Colombia en Sudamérica, y por otro la profundización de las vinculaciones militares con Estados Unidos. Finalmente, optó por abandonar las gestiones para la aprobación del acuerdo militar.
Tres meses después de la firma del Acuerdo de Santa Marta, Colombia lograba un acuerdo con Ecuador para la reanudación de sus relaciones diplomáticas, y así se convertía en un actor importante de la dinámica integracionista propiciada por UNASUR. Quedaba así despejado el campo internacional para el desarrollo de la estrategia de paz de su conflicto interno.
Conociendo bien el debilitamiento militar que habían sufrido las FARC con la ofensiva militar impulsada por Uribe y proseguida por su propio gobierno, Santos estaba consciente de que la victoria militar no era posible. Casi medio siglo de lucha armada así lo había demostrado con altos costos para la población colombiana y en particular para los campesinos, generando radical cambio de tendencia a la baja del apoyo social a las operaciones militares que había permanecido durante décadas.
El descrédito ciudadano por las acciones violentas contra la población civil, así como la utilización del secuestro y la colaboración de las FARC con los carteles del narcotráfico para obtener financiamiento, indicaban que era el momento de intentar que las FARC cesaran una lucha armada que había sobrevivido a la guerra fría y que ya no contaba con apoyo internacional.
Lograrlo era un imperativo para avanzar en la modernización plena de un país con una economía sólida, una institucionalidad política y jurídica de buen nivel, y una densidad cultural considerable. La segunda economía de América del Sur y un país en el que asistían diez mil personas a un festival de poesía, como ocurrió en el último realizado en Medellín, no podía seguir dividido por el conflicto interno de mayor duración de la historia contemporánea. Se trataba de un gran desafío para un estadista que legítima y claramente aspira a crecer a dimensiones que van más allá de lo específicamente colombiano.
Simultáneamente, Santos inició conversaciones confidenciales con las FARC con la cooperación de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Noruega, y empezó a construir la estrategia jurídica y política que posibilitaría el inicio de un proceso de paz sólido. Evitar cometer los errores que hicieron fracasar los intentos de paz de las décadas anteriores, también fue considerado para ello.
El primer paso fueron las modificaciones y la prórroga de la Ley de Orden Público de 1997, la cual mantendrá su vigencia hasta 2014. El cuerpo legal faculta al Presidente de la República para autorizar a “representantes” a iniciar diálogos y acercamientos con los grupos armados ilegales, con el exclusivo propósito de lograr soluciones al conflicto armado, el cese o disminución de hostilidades, el respeto a los derechos humanos, la reincorporación a la vida civil de dichos grupos y su sometimiento a la ley.
Entre las modificaciones legales efectuadas, la más importante es la que establece que las negociaciones pare el actual proceso de paz sólo pueden desarrollarse en el extranjero, prohibiendo el despeje o desmilitarización de porciones del territorio nacional -como la de Caguán-, y de zonas de concentración -como las de Ralito-. Cabe recordar que en Ralito se firmaron los acuerdos con las Autodefensas, dos experiencias fracasadas en la historia de las negociaciones de paz en Colombia.
Por su parte, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es otra de las piezas en la elaboración de la estructura jurídico-política de la paz en Colombia. Su objetivo principal es el reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto armado y la restitución de las tierras que les fueron arrebatadas por los paramilitares; asimismo, contempla duras penas para quienes se hagan pasar por presuntas víctimas y para quienes logren provecho de ello. Es el primer reconocimiento jurídico de la existencia de un conflicto armado interno que, precisamente por ello, admite una solución política y se diferencia del generado por la violencia de los grupos del crimen organizado.
El llamado “Marco jurídico para la Paz” recientemente aprobado por una sólida mayoría en el Congreso colombiano, es la última pieza de este mosaico jurídico construido a la medida del proceso de paz que se iniciará en octubre. Se trata de una reforma constitucional que le entrega al Presidente de la República las herramientas legales indispensables para un futuro acuerdo de paz negociado con los grupos guerrilleros, a los que se les otorga un reconocimiento constitucional como grupos insurgentes.
En efecto, de manera excepcional y en un periodo de transición hacia la paz, las autoridades competentes colombianas podrán otorgar un “tratamiento diferenciado” a los integrantes de los grupos guerrilleros, decidiendo qué delitos serán investigados y seleccionando para ello a los máximos responsables de aquellos delitos que constituyan crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad o crímenes de guerra, pudiendo el Estado renunciar a perseguir a todos los demás miembros de los grupos armados y suspender las penas o reemplazarlas por sanciones alternativas a la privación de libertad. Los beneficios serán aplicables sólo a quienes se desmovilicen colectivamente en el marco de un acuerdo de paz, reconozcan su responsabilidad, contribuyan al establecimiento de la verdad y entreguen a los secuestrados y a los niños que tengan reclutados.
Una dura oposición la que enfrentará el proceso de paz que aún no se inicia. Como lo informa la Revista La Semana[2] las disposiciones legales han concitado la oposición tanto de la ultraderecha colombiana liderada por Uribe, como de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch que ha señalado que se está generando una “amnistía encubierta”. Pero el anuncio del Presidente Santos sobre el inminente inicio de las conversaciones de paz tiene una importancia histórica que podría concluir con medio siglo de violencia y explica el apoyo del 60% de los colombianos, así como el respaldo internacional de la Unión Europea, Organización de Estados Americanos (OEA), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), UNASUR, Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de su propio Secretario General que incluso se ha ofrecido como mediador. Esta vez el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos se ha sumado a las voces aprobatorias del anunciado proceso de paz colombiano.
La participación de Cuba y Noruega como garantes del proceso de paz, y de Chile y Venezuela como “acompañantes”, representa para cada país participante un reconocimiento de su prestigio internacional. Los países garantes han desempeñado roles similares en otros procesos de paz; en tanto que Venezuela cuenta a su haber con su exitosa participación durante la década de los 80 en el histórico Grupo de Contadora, junto a México, Panamá y la propia Colombia, logrando la pacificación interna de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Para Chile, que ostenta actualmente la Presidencia Pro Témpore de la CELAC, se trata de una oportunidad para reafirmar su condición latinoamericana y su vocación por la paz.
Al cerrar este artículo, el Presidente Santos ha anunciado públicamente que las conversaciones previas al inicio formal del proceso de negociaciones entre representantes de su gobierno y de las FARC, a las cuales se espera que se integre posteriormente el ELN, han concluido exitosamente con la determinación de una agenda de seis puntos y una hoja de ruta que debería concluir con un acuerdo de paz formal. Se abre así un periodo de la historia de Colombia que mantendrá la atención en todo el mundo y que deja sembrada una esperanza compartida en todo el planeta. Después de medio siglo de violencia entre compatriotas, y aprendiendo de los errores del pasado, Colombia está iniciando una negociación que sólo se dará por finalizada con la paz.
*Abogado, profesor de política internacional.
Fuente fotografía:http://www.theclinic.cl FUENTE:POLITIKA
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