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Punta Peuco o cárcel común: ¿Donde irán a parar los militares que quemaron vivos a dos jóvenes? Justicia se acerca al esclarecimiento tras 29 años

27/07/2015 |

Por Equipo Cambio21:

Familiares y abogados trabajan por obtener justicia en este tan dramático caso conocido como el Caso Quemados. Además surge inmediatamente dónde llegarán a estar encarcelados los involucrados. ¿Punta Peuco o cárcel común?

El "Caso Quemados" se ha posicionado en el centro de las noticias. No hay, por más importante que sea, algo que conmueva y centre la atención, pues la resoluciones que tomará el juez Mario Carroza se espera renueve las esperanzas en familiares de los afectados y en muchas otras personas a quienes este tipo de casos afectan y recuerdan un pasado muy difícil de olvidar.

Por lo mismo, la decisión que comunicará el juez Mario Carroza a los funcionarios en retiro del Ejército, los cargos que, eventualmente, serán de delito de homicidio calificado en grado de consumado y frustrado en los casos de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, respectivamente, un tema que deja a todos en la expectación.

Qué hay detrás de la resolución de Carroza

El objetivo es determinar las responsabilidades penales, es decir, quiénes son los que serán formalizados por el delito de homicidio calificado y además, conocer detalles de cómo se gestó el proceso de encubrimiento orquestado desde los altos mandos del Ejército donde el general (r) Santiago Sinclair (exsenador designado) sería un actor clave, según reveló el exconscripto Fernando Guzmán, por lo que el juez Mario Carroza no descarta que en un futuro pueda declarar, aunque aseguró que por ahora esa diligencia no está solicitada.

Esta segunda ronda de interrogatorios podría determinar que no solamente los dos tenientes nombrados por Guzmán sean formalizados por el delito de homicidio calificado, porque los siete militares tuvieron participación en la quema, el traslado y el abandono de Rodrigo Rojas de Negri y de Carmen Gloría Quintana, lo que configuraría la existencia del delito, aunque se debería determinar el grado.

Expectación en familiares

La madre de Rodrigo Rojas, Verónica de Negri, argumenta que "el Ejército debe dar la cara y asumir lo que durante largos años ha eludido, en Mesas de Diálogo establecida durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y en decenas de investigaciones judiciales de casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos de sus filas, que es decir dónde están los detenidos desaparecidos y quiénes ejecutaron esos crímenes", pidió De Negri.

Esperando la resolución, De Negri hace una reflexión en torno a las responsabilidades y a lo que se ha comunicado durante todo este tiempo sobre quiénes deben asumirlas: "hasta la fecha se nos sigue diciendo que son los conscriptos los responsables; estos pobres locos que se mandan por su cuenta y deciden qué es lo que van a hacer. Pero no nos olvidemos que en las Fuerzas Armadas las órdenes van de arriba hacia abajo y Pinochet era muy orgulloso de eso. Él decía que aquí no pasaba nada si él no decidía, no nos olvidemos de eso", dando a entender la existencia de otros responsables, aludiendo directamente al general en retiro Santiago Sinclair.

El juez Carroza ha entregado información que podría ser considerada como un adelanto de los hechos. La decisión fue tomada tras tres intensas jornadas de interrogatorios y careos a los siete detenidos, en donde Julio Castañer toma mayor protagonismo pues es indicado como uno de los autores materiales del ataque incendiario. Carroza afirmó que "los antecedentes que permiten tomar esta decisión están consignados en una resolución que después se entregará, esa es la información que ahora puedo darles", expresó el ministro Carroza a la prensa.

Carroza agregó que "son seis en calidad de autor de homicidio calificado por la muerte de Rodrigo Rojas y homicidio calificado frustrado por las heridas de Carmen Gloria Quintana; la calificante sería la alevosía, el cómplice sería el conductor del camión en donde fueron llevadas las víctimas en primera instancia".

Para el abogado de Derechos Humanos, Héctor Salazar, los problemas en toda esta situación de abuso de derechos humanos y dificultades en tener testimonios y conseguir condenas, se debe a que "el Ejército siempre ha privilegiado resguardar su prestigio institucional". Al ser consultado sobre el futuro de los detenidos en el marco de esta indagatoria sostuvo que "las responsabilidades penales varían por ser el Ejército una institución jerarquizada, donde los oficiales de mayor rango tienen un mayor grado de culpa, sobre todo aquellos que crearon este sistema que busca la impunidad", explicó Salazar.

A juicio del abogado, el retraso del proceso se debe, en gran medida, al acuerdo entre las Fuerzas Armadas y la Concertación que posibilitó el fin del régimen militar. "Uno de los elementos de la transición es que el proceso fue pactado entre el poder saliente y el entrante y una de las áreas en que se llegó a acuerdo fue en el tratamiento de los casos de DD.HH. las situaciones actuales hacen necesario que el Ejército y el Gobierno afronten este tema como debe ser y asuman las responsabilidades institucionales en el silencio que han mantenido las Fuerzas Armadas durante los años de post dictadura", concluyó Salazar.

Para obtener una noción del castigo al que se arriesgan los siete acusados del "Caso Quemados", conversamos con el abogado Cristián Cruz, quien explica que "tratándose de un homicidio calificado, los autores arriesgan penas efectivas de presidio. Se trataría de una pena que se inicia en cinco años y un día. En rigor parte de diez años, y siendo generoso la posiciono en los cinco. Genera tranquilidad el tener la certeza de que al menos los autores irán presos", explica el abogado.

"Esto está recién iniciándose, lo relevante es que se ha abierto esta puerta de justicia, una puerta de verdad. El estado actual de las cosas da la esperanza de que antes de que ellos sean condenados el penal de Punta Peuco ya esté cerrado, y así evitar privilegios. Aunque, a pesar de las presiones, es difícil que este Gobierno revierta tal realidad. Las presiones del Ejército son muy demasiado fuertes", manifestó el abogado.

"Vienen una serie de trámites, para que tras un par de años se pueda tener la determinación final. Toma ese tiempo, y en otros tiempos sería mucho más. Nos satisface que se hable de estos temas, que se haga público que estas cosas sucedieron y que se han encubierto por militares y ministros de la época. Hoy en día se sigue festejando y diciendo que se hizo lo correcto", expresó Cruz.

"Me parece que son tres los puntos importantes que se abren después de este caso. Primero en la misma causa del caso, segundo para servir como un elemento que irradie confianza para otras causas y para que influencie a otros para testimoniar otras verdades, tanto víctimas como victimarios, pues todavía es posible, y finalmente, esto tendría que afianzar y potenciar el fin de la justicia militar. Justicia que fue la que puso un manto sobre todos los abusos al desvirtuar y minimizar los crímenes", concluyó el abogado.

FUENTE: CAMBIO 21