Frente Amplio Unitario

Jovino Novoa Vásquez: Un "preso político" con tremendo prontuario

26/07/2015 |

Por Mario López M.

Hasta hilaridad causó la pretensión de un diputado de la UDI de considerar a Jovino Novoa como “preso político”, pero también produjo indignación. Para las víctimas de la dictadura, es irritante comparar delitos comunes con los atropellos a los derechos humanos, de los cuales fue cómplice activo el propio Novoa. Si de candidatos a la cárcel se trata, apareció otro que podría unirse a los gremialistas formalizados por fraudes tributarios y otros delitos en el marco de los casos Penta y SQM: Laurence Golborne.

Para la particular manera de ver la política de la Unión Demócrata Independiente, Jovino Novoa representa un mártir que se está inmolando como consecuencia de una persecución que desde el gobierno, el Ministerio Público y desde los propios tribunales se ha desencadenado en su contra.

Llamar a los delitos comunes que sus cabecillas cometieron como "errores involuntarios", "faltas" o "irregularidades" es solo parte de una cultura de impunidad que no es solo expresión de este último tiempo en ese partido. También negaron por años los abusos de DDHH, muchos de ellos cometidos justamente cuando el mismo Novoa era subsecretario de Pinochet.

Su "paso y peso" en dictadura

Entre 1979 y 1982, Jovino Novoa Vásquez asumió como subsecretario general de Gobierno de Pinochet. Correspondió aquel a un periodo en materia de DDHH, en que la "especialización y refinamiento" en la violación de derechos fundamentales de las personas, fue lo que destacó. Así lo reconocen los informes nacionales e internacionales de la época y en particular el Informe Valech.

El mencionado documento reconoce que con la llegada de una serie de civiles al gobierno, hubo un cambio en las prácticas de la tortura y que de ahí en adelante el sistema de violación de los derechos humanos "se caracterizó por un mayor refinamiento", pues se usó y abusó de instrumentos jurídicos que dieron facilidades para la práctica de tormentos: "La autorización para mantener incomunicados a los detenidos por largos períodos (...) favorecía la aplicación de torturas", señala el informe.

No fue lo único, también se comenzaron a utilizar métodos de tortura mediante aparatos más sofisticados que permitían graduar la aplicación de martirios e incluso se comenzaron a efectuar desapariciones "más eficientes", eliminando antecedentes de las víctimas mediante el uso de sopletes y otras prácticas que borraban sus huellas y rostro e inhibían su identificación. Dichas prácticas no podían estar fuera del conocimiento de la subsecretaría a su cargo. Es más, reuniones con los organismos de seguridad (CNI y otros), los dirigía personalmente.

El vademécum de Novoa

En 1978 la DINA fue reemplazada por la CNI que dependía del Ministerio del Interior y por lo mismo de Jovino Novoa, quien fue subsecretario entre el 1 de junio de 1979 y el 25 de mayo de 1982. En ese periodo se registraron 39 asesinatos políticos. De ellos 8 provienen de ejecuciones sumarias; 19 fueron muertos en falsos enfrentamientos; 3 prisioneros políticos fueron asesinados durante sus torturas; 4 detenidos en Chile se encuentran aún desaparecidos y 3 en el extranjero en que se acreditó participación de agentes chilenos.

Hubo además dos crueles asesinatos que impactaron a la opinión pública, los crímenes del sindicalista Tucapel Jiménez y del Presidente Eduardo Frei Montalva. En el primero la responsabilidad le es imputada como directa por el mismo hijo del líder de la ANEF, el actual diputado Tucapel Jiménez, quien ha señalado que Novoa fue quien "dio la orden de perseguir y amedrentar" a su padre. El crimen lo ejecutaron miembros de la Secretaría Nacional de los Gremios, que estaba a su cargo.

El recientemente fallecido abogado José Galiano Haensch, aumentó a 52 los muertos o desaparecidos bajo la "administración Novoa". Los índices estadísticos de la Vicaría de la Solidaridad, Comisión Rettig y demás organismos de DDHH, elevan la cifra de muertos o desaparecidos de ese periodo a cerca de 158 personas. Sume a eso que durante ese mismo espacio de tiempo se produjeron en Chile 16.817 detenciones de personas en manifestaciones masivas de protestas.

Orgulloso de la "tarea cumplida"

Novoa jamás ha reconocido tener culpa por lo sucedido bajo su directa administración. Es más, ha declarado que los agentes civiles que cumplieron funciones en la dictadura no tenían causa, razón o motivo para sentirse avergonzados o arrepentidos, pues "La participación de los civiles significó una mejoría notable en la situación de los derechos humanos".

Tampoco siente culpa por su apoyo irrestricto a Pinochet, a cuya fundación ayudó económicamente a solventar hasta el 2004 en que por razones obvias se marginó. De acuerdo a un informe de la PDI, corroborado por el Banco de Chile ante tribunales, Novoa fue parte de los 113 empresarios que donaron recursos para mantener vivo el legado de Pinochet y que al 2004 llegaron a aportar $890.238.144.

En una entrevista con la periodista Raquel Correa en 1988 señaló: "Rechazo el concepto de presos políticos cuando se trata de encubrir bajo ese manto a personas que infringen leyes que han existido durante toda la historia de Chile (...) En Chile no ha habido personas encarceladas por sus ideas. Hasta se pretende, a veces, transformar terroristas como presos políticos". -¿No se siente incómodo con ninguna de las personas o sectores que están junto a usted por el "Sí"? pregunta Correa y Novoa responde: "No. Este es un momento de las decisiones. Y no de los reparos".

"Un peligro para la sociedad"

La particular privación de libertad en su domicilio -la que se encuentra "suspendida-", se debe al haber sido considerado por tribunales, como un "peligro para la sociedad". ¡Las cosas de la vida!, esta causal fue introducida por el Acta Constitucional N° 3 de la dictadura e incorporada en la Constitución de 1980. Se aplica cuando se teme que el imputado eluda la acción de la justicia, es decir, peligro de fuga. Además busca impedir que continúe delinquiendo durante el desarrollo del proceso.

¿Podría creerse que Jovino Novoa fuera a fugarse y evitar así seguir compareciendo en el juicio o eludir una eventual sentencia en su contra? Para responder a eso hay que aplicar un poco de memoria. Lo más inmediato lo representa su rebeldía a comparecer ante el Ministerio Público y su negativa a colaborar con este al rechazar el prestar declaraciones en los casos Penta y SQM que lo tienen formalizado por varios y reiterados delitos en calidad de autor.

Pero guardar silencio es un derecho, entonces ¿qué lo hace peligroso? Si se revisa la historia, aparece la de Raúl Iturriaga Neumann, quien fue un general (r) condenado por diversas causas de DDHH que al enterarse de que sería notificado de una sentencia que lo privaría de libertad, se dio a la fuga. Jovino Novoa declaró en esa oportunidad: "Los tribunales deben evitar poner a las personas en situaciones límite, especialmente cuando dictan fallos que no se ajustan a la verdad".

"Por la boca muere el pez"

En otras palabras, para Novoa se justifica la fuga de una persona procesada o formalizada, cuando en su propia opinión, un fallo no se ajusta a derecho. Y ¿qué ha dicho Novoa de su propio caso que podría amenazar con su fuga? Lo más suave es que la investigación que se aplica en su contra es "ideológicamente falsa", parafraseando uno de los delitos por los cuales se le acusa.

Pero no se ha quedado allí. Señaló que la investigación "se ha desvirtuado (...) Se usó un procedimiento jurídico como un juicio popular", añadiendo que se le formalizó sobre la base de declaraciones de imputados que, según él, tenían un acuerdo con el Ministerio Público para buscar salidas alternativas o penas menores, en caso de ser considerados culpable de delitos. Es decir, los tribunales lo están colocando a él en una situación límite, especialmente cuando -en sus dichos-, "dictan fallos que no se ajustan a la verdad".

¿Más claro? Es fácil deducir que si Jovino Novoa es consecuente, está planeando fugarse porque se encuentra, de acuerdo a sus propias palabras, en la misma situación que el violador de DDHH y condenado general (r) Raúl Iturriaga Neumann, siendo "acosado" por la justicia al acusársele de delitos que él mismo estima, no se ajustan a la verdad. Si apoyó aquella fuga, ¿por qué podría pensarse que él no hará lo mismo? Hoy, Iturriaga está en Punta Peuco y Novoa en su casa o la clínica Las Condes... ¿se ha preguntado dónde estaría usted, estimado lector, si lo pillaran evadiendo impuestos? La justicia es ciega...

El cuestionado líder, al "desnudo"

No es la única acusación que ha debido enfrentar o el único caso que lo liga a situaciones controvertidas. La más conocida es la que se le imputó de pertenecer a un círculo de pederastas liderado por el condenado Claudio Spiniak y en donde fuera denunciado por la entonces diputada de RN Pía Guzmán. Debió comparecer en más de una oportunidad ante el juez de la causa y declarar acerca de detalles muy precisos sobre su cuerpo y morfología que había aportado una de las víctimas, Gemita Bueno.

Sobre una cicatriz, lunares, manchas, color del y forma particular de su pene y testículos, señaló al magistrado: "debo decir que la cicatriz que señala Gema Bueno (...) corresponde a la operación de paroscopía que he señalado al tribunal, se me hizo el año 2002. Puedo decir que esa cicatriz no la tengo o por lo menos no recuerdo tenerla, por cuanto no guardo en la memoria ningún hecho que me la produjera con anterioridad. El único antecedente con el cual la vinculo es con la operación expresada".

Y agregó: "Los dos lunares que tengo en el estómago, sobre el ombligo, en la parte central derecha, son pequeños y no observables a simple vista (...) en lo que respecta a la asimetría de ellos (los testículos), puedo decir que es efectiva y siempre he tenido esta diferencia, la que creo es frecuente y en mi caso es notoria a simple vista. En lo relativo a que mi pene sea de color más pálido en cuanto a la pigmentación de la piel de las demás personas, no podría decirlo, pues no me he preocupado de este aspecto de mi anatomía", declaró.

Aseguró Novoa que Bueno pudo conocer esas características, dado que "En lo que dice relación con la asimetría de los testículos y la cicatriz que se me indica tendría en la espalda, puedo indicar que en mi vida he concurrido a diferentes establecimientos en que se me ha podido ver desnudo" enumerando el Club de La Unión, Club de Golf Los Leones y Santo Domingo, a los que reconoce haber asistido y "además asistía al sauna y se me hacían masajes en el cuerpo, a lo que se une el ducharme en iguales condiciones y estar en los vestidores comunes también desnudo". Negó conocer a Spiniak y Bueno y no fue condenado.

Pecados de familia

Su vínculo familiar tampoco ha estado exento de polémicas, como la que alcanzara a su hermano Héctor Novoa Vásquez, condenado a 600 días presidio remitido, por estar involucrado en delitos de evasión tributaria. Lo anterior dada su cuestionada relación con empresarios asociados a las drogas y al tráfico de armas y uno de los cuales se acusara de estar relacionado con un hijo de Pinochet y otros personeros de la UDI.

Se trata del empresario Edgardo Bathich Villarroel, acusado por tráfico de armas y drogas y un familiar de los líderes del Cartel de Medellín en Colombia. Se conoció dichos vínculos a través de una denuncia el ex marine estadounidense Iván Baramdyka. Bathich apareció ligado comercialmente a la familia Pinochet a través de la empresa Focus Chile Motores.

En la operación ilícita participaba el hijo de un general de la Fuerza Aérea, Alex Jacob Nader, y el pariente de los hermanos Ochoa del Cartel de Medellín, el colombiano Jesús Ochoa Galvis. La sociedad de Ochoa estaba domiciliada en Teatinos 248, décimo piso, oficina que correspondía al estudio de abogados Eluchans & Cia., del exdiputado UDI Edmundo Eluchans Urenda. En las fiestas de Bathich resultaba habitual ver personeros UDI, entre ellos el entonces alcalde Iván Moreira, quien en La Cisterna colocó una calle con el nombre del padre del traficante.

Laurence Golborne, ¿otro "preso político"?

En los últimos días, una fuente responsable dijo a Cambio21 que el expresidenciable de la UDI, Laurence Golborne, está en la lista de la Fiscalía como candidato a ser formalizado por variados delitos tributarios relacionados con el caso Penta, del que está confeso, y de Aguas Andina, que discute. Golborne solo ha reconocido haber recibido aportes ilegales de Penta por $120 millones, facilitando para ello facturas de una empresa de su propiedad.

Pero el Ministerio Público investiga si otros $ 47,6 millones que le fueran pagados en 2013 por parte de Aguas Andinas y otros dineros de otras empresas, entre ellas SQM, habrían sido también producto de un ilícito y facturados por Vox Comunicaciones o él mismo. Golborne ya declaró en calidad de imputado en el caso Penta el pasado 3 de noviembre reconociendo los hechos: "debía buscar la forma de financiar esto" (su frustrada precandidatura), confesó.

FUENTE: CAMBIO 21