Protocolo de Acuerdo Tributario: Una reforma que se desfonda
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, mantiene la guardia en alto y defiende el protocolo de acuerdo tributario logrado con el gran empresariado, representado por los partidos de oposición y por los patriarcas de la Concertación en la Nueva Mayoría. Pese a las críticas por el pacto expresadas por un buen número de diputados que van desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, Arenas, como el dueño de la reforma, levanta el acuerdo como un triunfo histórico.
No importan los cambios, flexibilidades o matices respecto al proyecto original, lo importante son las cifras. Para Hacienda, el corazón de la reforma tributaria, cuantificado en el tres por ciento del PIB o 8.200 millones de dólares anuales, se ha mantenido incólume. Porque según ha explicado en numerosas entrevistas, el pacto lo tiene todo: permitirá mejorar la distribución del ingreso, disminuirá la evasión y la elusión y se crearán mecanismos para incentivar la inversión y el ahorro. “El proyecto de reforma tributaria movió las fronteras para reducir la desigualdad y eso se consolida con este acuerdo”, dijo a La Tercera, además de calificar el nuevo consenso de “histórico” y “punto de inflexión” en las relaciones público-privadas, lo que permitirá, ha dicho, que la economía se dinamice, ya que este año crecerá apenas un 3,2 por ciento. ¿Por qué, entonces, tanta polémica? ¿Por qué no creer en el virtuoso acuerdo logrado por el gobierno?
Las críticas al pacto no han surgido desde la UDI, Renovación Nacional, las cúpulas empresariales ni desde editoriales del duopolio. Desde todos estos sectores, que impugnaron la reforma a horas de anunciado el texto el 1º de abril pasado, hay abierta satisfacción. Las críticas han emergido desde los diputados de la Nueva Mayoría, los mismos que hace pocos meses estudiaron, discutieron, aprobaron y despacharon al Senado, de forma casi intacta, el corazón y gran parte del cuerpo de la reforma. Un trabajo que entonces no contó con los votos de la oposición y que senadores oficialistas se encargaron más tarde de desmontar.
Si todo quedara aquí, se trataría de una molestia formal. Pero hay formas que expresan el contenido. Para Arenas, la Cámara no fue capaz de llegar a un acuerdo; para los diputados, la reforma se desvirtuó desde su ingreso a la Comisión de Hacienda del Senado mediante un abierto lobby realizado por el empresariado. Y después vino el pacto. Porque la reunión entre el ministro Arenas y algunos senadores de ambas coaliciones en la casa del ex ministro de Economía de Sebastián Piñera, Juan Andrés Fontaine, le daba un carácter indecoroso al acuerdo. No sólo a lo que se pactaba, sino cómo se hacía. El ministro y una docena de personas acordaba en una casa del barrio alto cuáles serían los cambios por los que la ciudadanía había votado en diciembre pasado. Fue tan impúdica esta reunión, que incluso Carlos Peña, el columnista de El Mercurio, se preguntaba: “¿Desde cuándo los ministros de la Nueva Mayoría discuten los asuntos públicos a la hora del té, en el hogar de los asesores de la oposición y todos le aplauden?”. En tanto criticaba que lo hicieran “mientras mascaban galletas, sin el control ni la presencia de las fuerzas políticas, lejos del escrutinio ciudadano, y sin explicar por qué la mayoría renunció a serlo”. Por lo menos alguien debiera haberse sonrojado tras ese texto.
VIEJOS FANTASMAS Y LA POLITICA “EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE”
Ante esta evidente regresión a las zonas más oscuras de la política, una de las primeras y también mayores críticas procedió del diputado DC Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. En una entrevista difundida a escasos días del celebrado acuerdo, dijo que Arenas cambió sorpresivamente su actitud al regresar de un viaje a Estados Unidos acompañando a la presidenta Bachelet. Pero también le lanzó duras críticas porque dejó muy mal parada a la Cámara, y por ceder a presiones del empresariado en lugar de haber usado la fuerza de la mayoría parlamentaria. “Si no quieren usar la fuerza que tenemos como sector, nunca vamos a hacer una reforma de verdad. Primera vez que tenemos los votos, y nunca más los tendremos. Pero bueno, está el lobby…”. En suma, el diputado Lorenzini denunciaba la reinstalación, tras un breve intervalo de escasos tres meses, de la política de los consensos.
Los llamados a una nueva forma de hacer política, al uso de las mayorías obtenidas en las urnas, a la puesta en marcha de la “retroexcavadora” del senador PPD Jaime Quintana para remover el modelo neoliberal, eran pura y simple retórica electoral. La Cámara era para hacer un poco de circo parlamentario y el Senado para establecer acuerdos entre cuatro paredes. Aquella forma de hacer política inaugurada en los albores de la transición estaba impune después de 25 años, y pese a las movilizaciones de los estudiantes, a la crisis de representación y a la alta abstención electoral (60%).
Voces similares surgieron desde otras zonas de la Nueva Mayoría, pero ninguna con la fuerza suficiente para enfrentarse a la solidez de esta maniobra. Así fue como desde el Partido Comunista, inicialmente, se elevaron reclamos y condenas a la política de los acuerdos, palabras que quedaron suspendidas tras la reunión del ministro Arenas con la bancada PC e Izquierda Ciudadana. A los pocos días, el gobierno ponía a sus aliados de la Izquierda en orden.
Si Hacienda ha defendido el acuerdo por sus resultados, el viejo patriarca de la DC, el senador Andrés Zaldívar, no ha escatimado elogios a la forma y ha apoyado de manera abierta y hasta descarada la política entre cuatro paredes. En una entrevista a uno de los diarios del duopolio, Zaldívar expresó su más genuino pensamiento político mediante la defensa a ultranza de la política de los acuerdos con frases como “no se puede gobernar contra la mitad”, o “en la euforia de haber ganado la elección, muchos creen que uno tiene que echarle para adelante sin importar lo que piense otra gente”, a las que agregó durante los días siguientes elementos metafóricos para que quedara bien clara su idea de la democracia: “En esta cocina no caben todos”.
La estrategia de Zaldívar, así como los elogios de todo el establishment por el acuerdo, desde el gobierno, la oposición y el empresariado, lo han certificado no sólo como uno de los articuladores del pacto sino también a su forma de hacer política. Porque sin atisbo de dudas, el senador ya se prepara para reeditar el modelo para la próxima reforma: “Viene la reforma educacional, tenemos la mayoría, pero no quiere decir que vamos a pasar la aplanadora. Haremos un esfuerzo siempre, y cada uno de los parlamentarios tiene el derecho a discernir y convencerse de las cosas que hay que hacer”.
Arenas, como Zaldívar, se presentaron como los grandes negociadores. Pero a las horas de haberse alcanzado ese acuerdo, Jorge Awad, democratacristiano y presidente de la Asociación de Bancos, hacía una declaración que circuló profusamente por las redes sociales, en la cual se atribuía la paternidad de la reforma. “El papá del acuerdo soy yo”, confesaba Awad desde su poderosa investidura como representante del sector financiero, palabras suficientes para comprender desde dónde surgieron los cambios. Tras leer la confesión de Awad, el diputado independiente Gabriel Boric resumió el acuerdo como la evidencia que el gobierno había cedido ante los empresarios. Más tarde los elogios de la UDI, que en la Cámara se había negado a aprobar el proyecto, confirmaban esta interpretación.
¿DONDE ESTAN LOS 8.200
MILLONES DE DOLARES?
Hasta el momento, pese a los cambios y a la intervención empresarial en las modificaciones de la reforma, el gobierno y los senadores insisten que se mantendría intacta la recaudación inicial de 8.200 millones de dólares. Pero otras miradas siembran dudas.
El proyecto original apuntaba a cambiar el sistema de tributación sobre renta retirada a uno sobre base devengada, el fin del FUT (Fondo de Utilidades Tributarias), el aumento del impuesto de primera categoría (que pagan las empresas) desde el 20 a 25 por ciento en cuatro años y la rebaja del tramo más alto de los impuestos personales, desde el 40 al 35 por ciento. Entre sus múltiples y complejos artículos planteaba el concepto de renta atribuida de los socios y dueños de empresas, el cual fue acusado por el empresariado y la oposición de anticonstitucional. Este fue básicamente el proyecto que llegó al Senado.
El protocolo de acuerdo que ha salido del Senado plantea dos sistemas de tributación. Uno integrado con renta atribuida y otro de integración parcial. En ambos, dice, se terminaría con el FUT hacia 2018. El primer sistema es el original y mantiene una tasa para el impuesto de primera categoría de 25 por ciento, que se usaría como crédito del pago de los impuestos del global complementario. El sistema alternativo es parcialmente integrado y establece una tasa de primera categoría del 27 por ciento. En este caso, los retiros de los dueños o socios se gravarán, además, con el global complementario, con derecho a deducir como crédito sólo un 65 por ciento de lo que antes ya pagó como empresa.
Otro cambio destacado es el incentivo al ahorro. Según dice el protocolo, es un incentivo para empresas con ventas hasta cien mil UF. Mediante este mecanismo, podrán reducir de su base imponible del impuesto de primera categoría un monto equivalente al 20 por ciento de las utilidades que reinviertan cuando opten por un régimen de renta atribuida, y del 50 por ciento cuando opten por el parcialmente integrado.
UNA REFORMA PARA
EL POWERPOINT
Ante éstas y otras modificaciones, varios analistas han detectado que el nuevo modelo tributario, si bien en apariencia parece ordenar los números, en los hechos abre boquetes por todos lados que las empresas y sus ingeniosos asesores utilizarán para eludir o dilatar el pago de los impuestos. Lorenzini afirmó que en rigor el FUT no se extingue del todo y se reduce a un “FUTito”, en tanto no pocos economistas prevén una disminución de la recaudación, la que podría ir desde cientos a varios miles de millones de dólares menos. En todos estos casos los menores recursos fiscales o atentarían contra la misma reforma educacional o contra las arcas fiscales, cuyo déficit tendería a incrementarse.
El economista de Cenda, Manuel Riesco, también estima que el FUT no será eliminado. “Puesto que la mayor parte de las utilidades no distribuidas continuarán postergando sus impuestos, habrá que llevar algún registro contable de las mismas. La única duda es cómo denominará oficialmente dicho registro la incansable creatividad de los tributaristas”, escribió en su blog.
En los hechos, el protocolo establece una tasa de tributación para las empresas de 27 por ciento, dos tercios de la cual puede ser descontada por sus dueños de sus propios impuestos. “Es decir, la tasa neta de tributación de las empresas queda en nueve por ciento, que es un tercio del 27 por ciento”, concluye Riesco.
Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, tampoco confía en el acuerdo. Para el economista, “el acuerdo tributario abre espacios de elusión mayores a los que habían, genera ineficiencias grandes y dudo que recaude lo que quieren recaudar”. Asimismo, Agostini ha observado que “frente a este acuerdo tributario creo que es mejor alternativa subir la tasa de empresas a 25 por ciento, dar más atribuciones al SII y no hacer nada más. La reforma original tenía problemas en ahorro e inversión, pero para arreglarlo se retrocedió mucho en otras dimensiones: elusión y equidad”.
Y tampoco confía Eduardo Engel, para quien el protocolo “no tiene los suficientes detalles como para estar seguro si alcanza”. Si la elusión es alta en el sistema actual, el economista dijo a CNN Chile que con el protocolo ésta tendería a aumentar. En la práctica, se presta para que gente de alto ingreso “se disfrace de una empresa de ingreso medio-bajo y se aprovechen de estos beneficios tributarios”.
El acuerdo tendrá que traducirse en indicaciones del Senado al proyecto de ley, las que pasarán a la Cámara de Diputados, que las revisará y verá si cuadran los números. De no sumar 8.200 millones, hay diputados del ala izquierda de la Nueva Mayoría que no aprobarán un proyecto que no garantiza la realización de una reforma educacional. Otro saludo a la bandera, porque ahora la oposición apoyaría la nueva reforma.
Tras el acuerdo y la reedición de las costumbres de la transición aparece el gran riesgo de regresar a la política “en la medida de lo posible”, hoy no como forma posible de gobierno sino como crisis y acto fallido. Tras el paréntesis en las movilizaciones sociales y la crisis de representación abierto en diciembre pasado con el triunfo de la Nueva Mayoría, la verdadera política debiera regresar a las calles.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 809, 25 de julio, 2014
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