Frente Amplio Unitario

Aucán Huilcamán ante interpelación de la derecha a ministro Peñailillo: Es una actitud xenofóbica de la UDI y RN con los mapuche

23/07/2014 |

Por Verónica Romero

El exprecandidato presidencial, representante de los pueblos indígenas, sostiene que el gobierno de Michelle Bachelet no tiene una política para tratar el conflicto en La Araucanía y que una posibilidad para terminar con el problema es la creación del autogobierno en el sur.

Aucán Huilcamán, werkén y encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras, en entrevista con Cambio21 se refirió al conflicto que enfrenta a mapuches y el Estado de Chile en La Araucanía y las políticas del gobierno de Michelle Bachelet al respecto.

 

Aucán Huilcamán es un dirigente del pueblo mapuche que estuvo a la cabeza de la organización Ad-Mapu en la década del 1980. En 1990 se conviertió en uno de los fundadores del Consejo de Todas las Tierras, donde asumió como werkén (vocero de su comunidad). Estudió derecho internacional humanitario en Roma, lo que le permitió trabajar en la ONU entre 1993 y 1999. Luego integró la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato para asesorar al Poder Ejecutivo en cuanto a una política relacionada a los pueblos indígenas. Terminó sus estudios de derecho en 2012 y en 2013 fue uno de los principales dirigentes mapuches del "Pacto Mapuche por la Autodeterminación" que organizó dos encuentros en el Cerro Ñielol, en Tenuco.

¿Qué apreciación tiene sobre el conflicto en La Araucanía?

Este conflicto fue creado por el Estado chileno, que al expandirse al sur de Chile le produjo un problema al pueblo mapuche,  mediante actos ilegítimos como el uso de la fuerza y el recurso militar, por lo tanto, vulneró un conjunto de derechos que hoy son la consecuencia de esta violación.

¿Cómo cree que se pueden reivindicar estos derechos?

Afortunadamente en el plano internacional, todos los derechos que hoy reivindica el pueblo mapuche están reconocidos, es decir, son parte del derecho internacional y, lamentablemente, desde el punto de vista interno, de la normativa chilena, no hay avances significativos, como por ejemplo, el derecho a la libre determinación que gozaba el pueblo mapuche antes de la llegada del Estado chileno al territorio, que está reconocido en el artículo 3 de la declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas y que en virtud de ese derecho determinan libremente su desarrollo.

En este sentido, ¿qué pasa con el derecho a la tierra?

También está reconocido por el derecho internacional ya mencionado. En el artículo 28 establece que la tierra, territorio y recursos que fueron tomados, confiscados y ocupados, deben ser reparados, restituidos e indemnizados, por tanto, el derecho, como derecho tangible, está reconocido por el derecho internacional de la misma manera que lo está el idioma, el mantener la propia identidad y la transmisión del derecho en base indígena. Por eso no hay de parte nuestra una preocupación mayor que el Estado chileno cambie o no su conducta, sin embargo, el pueblo mapuche hoy trabaja por la instalación de un autogobierno en el sur de Chile, independiente de lo que diga el Estado chileno, porque lo haremos al amparo del derecho internacional.

¿Eso sería una forma de terminar con el conflicto?

Sí, porque el derecho internacional no hará nunca una norma para crearle más conflicto a un Estado, sino que lo hace para que las partes lleguen a entendimiento y, en vista que aquí no lo hay, entonces el derecho internacional nos pone una norma de significativa importancia, que a partir del ejercicio del derecho de la autodeterminación el Estado chileno debería armonizar sus normas constitucionales o legales.

Con respecto a las tierras ¿qué opina de la compra de terrenos por parte del Estado para entregarlas a los mapuche?

A mí me parece que no es la medida más apropiada. Es una forma de resolver la problemática de la tierra, pero no es la mejor. No es en el campo del derecho, sino que simplemente es una compra y venta, pero los mapuche perdieron derecho, que es distinto, y es por eso que el artículo 28 que le mencioné dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, de poder incluir la restitución cuando ello no sea posible y la indemnización por las tierras y territorios que tradicionalmente hayan utilizado, ocupado y que hayan sido confiscados, tomados, utilizados y dañados sin el consentimiento libre, previo e informado. Por tanto la política de compra de tierras es insuficiente.

Cuando estuve en Ginebra y Estados Unidos, Chile rindió un informe ante el comité del pacto de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas y se recomendó al Estado chileno que debe restituir tierras ancestrales, que no son de compra-venta, sino que son más allá de las que se otorgaron por título de merced por parte del Estado chileno.

¿Qué piensa del trabajo que ha realizado en la zona el intendente Francisco Huenchumilla?

Me parece que ha dado un paso muy distinto al de los anteriores, quienes escondían el problema o le restaban importancia o en el mejor de los casos judicializaban de manera necia sin buscar las raíces de fondo, por tanto, Huenchumilla está tomando los puntos que el movimiento mapuche ha planteado siempre.

No es que Huenchumilla esté inventando algo, sino que está constatando una realidad planteada por parte del pueblo mapuche. En ese sentido está dando un paso significativo.

Con respecto a la interpelación al ministro del interior, Rodrigo Peñailillo, ¿qué piensa de esta acción?

La interpelación es simplemente como una actitud xenofóbica de la UDI y Renovación Nacional con los mapuche, porque en definitiva no se atreven a interpelar directamente al intendente, sino que lo hacen utilizando un subterfugio de manera tangencial, pero están cuestionando al intendente. Yo he definido que la UDI y RN quieren instalar y mantener la política del apartheid en el territorio mapuche, exactamente como lo hacían los blancos en Sudáfrica, y en ese sentido a mí me llama la atención que la sociedad chilena y los políticos estén hablando de otra cosa y no entiendan que hay que combatir el apartheid, porque esto es uno de los actos más odiosos frente a otra cultura y el Estado chileno tiene el deber de combatir la odiosidad, no sólo racial, sino la práctica del apartheid que no permite asomo de lo diferente.

¿Cuál es su postura frente a la idea de crear una cárcel para mapuches?

Acá hay diferentes cosas. La cárcel para mapuches tiene un contrasentido a lo que es el mundo contemporáneo, es absurdo, porque en definitiva sería un acto discriminatorio más. En segundo lugar, en la Novena Región hay más cárceles que en la Región Metropolitana y es incomparable la población entre la novena y octava región que juntas tiene cinco veces más cárceles que la Metropolitana. En tercer lugar, el traslado de los presos mapuche a un lugar distinto que no sea la cárcel, está dentro del estado de derecho, de la normativa vigente del artículo 10 y 11 del Convenio 169 donde se establece que la medida a tomar no sea la cárcel cuando se trata del pueblo indígena o persona vinculada a éste.

¿Qué piensa de las políticas del gobierno de la Presidenta Bachelet con respecto al conflicto?

Lamentablemente no hay una política, lo que hay son declaraciones y acciones del intendente Huenchumilla. Lo que ha anunciado la Presidenta es que va a realizar una consulta sobre la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas y la creación de un Ministerio Indígena, que son asuntos temáticos a discutir.

El consejo de pueblo indígena será un perfecto jardín infantil, porque los pueblos indígenas son titulares del derecho a autogobernarse y crear un consejo alejado de donde se discute la política de Estado. En cualquier parte del mundo, suena a un absurdo.

 

En cuanto a la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, es muy relativo. El Estado creó un conflicto en el territorio mapuche y crear un ministerio es más Estado, entonces el sentido común me diría que la enfermedad no puede servir para remedio.

 

FUENTE; CAMBIO 21