Frente Amplio Unitario

Millonarios, "raros" y singulares pagos para asesores externos obligan a realizar exhaustiva investigación en la Cámara

28/07/2014 |

Por Verónica Romero

Parlamentarios pagaron millonarios sueldos en el receso del verano por trabajos no realizados o que no correspondían al área de asesoría externa. Ahora la Cámara realiza una investigación al respecto y se propuso una mayor fiscalización para los parlamentarios salientes del cargo

Debido a los enormes gastos en asignaciones para asesorías externas que realizaron durante la pausa de verano los diputados que perdieron en las elecciones, algunos parlamentarios exigieron que se realice una investigación que determine en qué se están utilizando los recursos.

El problema está en que varios manipularon el dinero en una época en la que hay receso del trabajo parlamentario y algunos lo usaron para contratar personas para otras labores en vez de usarlas para las asesorías externas, que es para lo que están destinados los caudales.

Los apoyos supuestos que esos diputados utilizaron produjeron un exorbitante gasto de $117 millones de pesos a la Cámara de Diputados, por lo que el presidente de la instancia, Aldo Cornejo, sostuvo una reunión con los jefes de bancada, en la que se expresó la idea de pedir una mayor fiscalización por parte de la entidad con respecto al uso de los fondos. Otra propuesta que se hizo, es la de hacer una reestructuración a las asesorías para que se restrinja y de una nueva orientación a los dineros destinados para esta área.

 

Sobre esto, el diputado Patricio Vallespín (DC), expresidente de la Comisión de Ética, comentó a Cambio21 que “es lamentable que se den este tipo de situaciones, porque sin duda hay que hacer un buen uso de los recursos que están para cumplir la función legislativa y creo que tenemos un problema evidente, que es cuando  los parlamentarios terminan su periodo, porque  efectivamente esos recursos no van a tener ningún destino vinculado a la función parlamentaria, porque ese parlamentario va a dejar de ejercer esa función, entonces es evidente que tenemos que normar y regular para que eso no siga  sucediendo y creo que la comisión de ética debiera actuar en esos términos”.

 

Las asignaciones parlamentarias contemplan el uso de dineros para las asesorías externas, sin embargo, hay quienes contratan personal de apoyo con estas platas. Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Ética, Romilio Gutiérrez (UDI), expresó a Cambio21 que "la asignación parlamentaria para la contratación de asesorías, está reglamentada por este comité y dice qué es lo que se puede utilizar".

El jefe de bancada de la UDI, Felipe Ward, expuso a Cambio21 que "yo no tengo ninguna objeción con el sistema actual de asesoría, lo creamos para ordenar el uso de las platas de los parlamentarios y ha funcionado bien".

 

El diputado Vallespín agregó “creo que los parlamentarios que dejan el cargo no debieran tener acceso a recursos de su salida parlamentaria en enero, febrero y los días de marzo que corresponden, porque ya no van a estar conectados con su labor parlamentaria. Creo que debiera regularse en esto y cerrar el vacío que se presta para lo que hemos visto, que efectivamente alguna de las asesorías eran bastante más nominales que reales”.

 

Algunos ejemplos de lo que acusa Patricio Vallespín son el caso de Marta Isasi (Ind. pro UDI) quien contrató a Emilio del Solar para que le escribiera unos discursos, que nunca dio a conocer, y que costaron 2 millones 56 mil pesos cada uno. También está el de René Alinco (Ind. pro Nueva Mayoría), quien pagó $5 millones por un informe turístico que fue copiado y pegado de una propuesta que hizo Orlando Orellana para la Región de Aysén, según publicó La Segunda.

 

Otros que hicieron un uso descuidado de los dineros que están destinados para pagar asesorías externas fueron el diputado Marcelo Díaz (PS) que pagó 1 millón 37 mil pesos al abogado Juan Molina Tapia para que redactara dos informes en los que se presentaba una moción para permitir el autocultivo de cannabis, sin embargo estos no fueron ingresados en la Cámara y el exdiputado Mario Bertolino (RN), quien pagó 2 millones 250 mil pesos a la empresa Tinto Producciones por un informe que le entregara los datos necesarios para volver a la actividad política. En este caso el problema es que el trabajo no consta en el reglamento que rige este tipo de asignaciones.

 

Finalmente, la exdiputada Ximena Vidal (PPD) pagó a José Gallegos Quijada un promedio de 400 mil pesos por informes de asesoría de imagen comunitaria. Si bien Gallegos aparece en el Registro de Asesores Externos, sus informes estaban incompletos y no parecían cumplir con lo que se necesitaba. En cuanto al exdiputado Felipe Salaberry (UDI), éste pagó 5 millones 84 mil 550 pesos a Rodrigo Díaz Hurtado por "Seguimiento de la imagen corporativa".

El comité de asignaciones parlamentarias, que es un organismo externo, tiene como función velar por que los dineros que se establecen para los gastos de los parlamentarios se utilicen de la manera correcta. Así lo explicó el diputado Ward, quien declaró que "en el caso de los parlamentarios que pierden, propuse que el consejo de auditorías parlamentarias, antes de entregar esas platas para asesorías a los parlamentarios que han perdido y que podría cuestionarse para qué la van a usar, audite cada una de esas asesorías, lo que establece un doble control para el buen uso de las platas públicas".

En cuanto a la investigación que se está llevando, Romilio Gutiérrez, manifestó que "lo que ha estado analizando el régimen interno, por la información que nosotros tenemos, es el aclarar y restringir el uso de esos recursos, especialmente en el caso de aquellos parlamentarios que terminan su periodo legislativo y no van a continuar. Nosotros estamos a la espera de lo que resuelva el régimen interno con la mesa de la Cámara para ver cuáles van a ser las restricciones que se van a establecer al uso de estas asignaciones y que todos los parlamentarios quedamos sujetos a ese uso".

Entre las leyes que regulan a los parlamentarios, está establecido el tipo de asesoría, hay un registro de los asesores y está reglamentado cuales son aquellas características. "Lo que nos comentó el jefe de bancada es que lo que se está estudiando es cómo clarificar y que estos recursos sean utilizados para estudios y para asesorías" dijo Gutiérrez.

Sobre la fiscalización, Felipe Ward comentó que "las auditorías son aleatorias, pero lo que propongo es que se establezca un doble control, es decir, que en al caso de los parlamentarios que pierden sea obligatoria y permanente durante los meses que les quedan de mandato para evitar el riesgo de que las asesorías puedan ser utilizadas en otras cosas".

 

En tanto que Patricio Vallespín, sobre lo que se debe tomar en cuanta en la fiscalización, declaró que “yo creo que hay que hacerlo en función de los productos que se obtengan, el contenido de estos y sus utilidades. Creo que son temas a poner en consideración y debiéramos avanzar en ver si este tipo de recursos se ha destinado preferentemente a instituciones académicas, ONGs con respaldo académico y creo que esa es un línea razonable, que quizás los institutos que cumplen esa función, más que personas individuales que a veces no se sabe la función que desempeñan”.

El presidente de la Comisión de Ética expresó que "lo que es necesario hacer es aclarar aún más los conceptos y especificar cuáles son los usos y destinarlos a lo que está pensando la mesa" y agregó "hay un comité y un equipo de auditoría que tiene que revisar el uso de los recursos y son los que revisan permanentemente el uso de las asignaciones parlamentarias".

 

FUENTE: CAMBIO 21