Expertos advierten que Ley del Lobby “quedó mala en algunos aspectos”
Cristián Pacheco | Lunes 28 de julio 2014 20:11 hrs.
Pronto a su decreto oficial se encuentra el Reglamento que regirá la nueva normativa, documento que aún tiene falencias, afirman los especialistas. Hasta el momento, las autoridades no tendrían que registrar sus actividades en terreno. Las reuniones con privados se deben consignar independiente del lugar y la hora en que se efectúe. "Ya no hay espacio para cambios", aseguran.
Sólo falta la toma de razón de la Contraloría General de la República para que se establezca oficialmente el Reglamento que regulará el lobby en Chile. El organismo debe revisar la consistencia legal del documento preparado por el gobierno, momento desde el que tendrá tres meses para su entrada en vigencia.
El reglamento de la Ley 20.730 establece en 15 artículos que las autoridades políticas del Estado deben informar sobre los participantes y contenido de las reuniones que se realicen entre privados y alguna de las seis mil autoridades incorporadas en la ley.
Fueron más de diez años de gestiones, negociaciones de pasillo y trabas antes que el proyecto tuviera posibilidades reales de debatirse primero, y que fuera trabajado en un cuerpo legal después. Sólo en el gobierno de Sebastián Piñera se logró un acuerdo transversal en el Congreso para viabilizar la iniciativa, siendo promulgada el 3 de marzo de este año, a días del cambio de mando.
El entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet y su equipo fueron los encargados de coordinar el debate y acercar posiciones entre los integrantes de la Cámara y el Senado. En la Cámara Baja fueron sustanciales las gestiones del hoy ministro de Defensa, Jorge Burgos (DC), el actual senador Felipe Harboe (PPD), el entonces presidente de la Cámara, Edmundo Eluchans (UDI) y el diputado Patricio Vallespín (DC). En la Cámara Alta uno de los que destrabó el proyecto fue Hernán Larraín (UDI).
Aunque la iniciativa fue puesta por el Ejecutivo en el Congreso y sus intensas negociaciones permitieron un acuerdo transversal en comisión mixta, “esta ley se funda en la ciudadanía y su cansancio de las malas prácticas de la política”, afirma Federico Allendes, presidente de la Fundación Pro Acceso.
“Ya no hay espacio para cambios” cree el especialista en transparencia. “La ley no es lo que nos habría gustado, pero es mejor tenerla a no tenerla”, aseguró el abogado, a quien ahora sólo le preocupa que la ley entre en vigencia lo antes posible.
Algunos vacíos
“Lo importante es que se empiece a aplicar y que después la autoridad tenga la sensibilidad para avanzar cuando vean que hay vacíos o falencias, y lo modifiquen para los tiempos nuevos”, dijo Allendes. “No es culpa del Reglamento, la ley quedó mala en algunos aspectos”, agrega.
Un primer tema pendiente para la Fundación Pro Acceso es que las autoridades no tengan que informar sobre sus conversaciones, pertinentes a la ley, vía correo electrónico u otras redes.
Por su parte, la directora de Incidencia e Investigación de la Fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada, señaló algunas recomendaciones que hicieron como sociedad civil para mejorar el reglamento y que no fueron incorporadas.
“Hay algunas que quedaron fuera. Nosotros planteamos que debían haber algunas definiciones que la ley no hace, qué se entiende por información confidencial o estratégica de las empresas, y también los plazos de actualización que se van a publicar en la página web. Nosotros esperábamos que fuera al menos de 15 días, pero va a quedar una vez al mes”, indicó María Jaraquemada.
La especialista destacó que el Reglamento defina de manera amplia lo que se entiende por reunión. Mientras haya un privado reunido con una autoridad, independiente de la hora y el lugar, la cita debe quedar registrada.
Otro de los aspectos que estuvieron en el debate y que quedaron fuera del Reglamento fue el registro de las actividades en terreno. Los parlamentarios argumentaron que sería una gestión incontrolable y que los podría alejar de la ciudadanía.
El reglamento se debía publicar a más tardar el 8 de junio, pero el gobierno prefirió abrir un proceso de consulta que estuvo abierto hasta el 18 de julio. Según las autoridades, las distintas visiones de la sociedad civil fueron incorporadas en un documento que aún está disponible en su versión borrador en los sitios web de la Cámara y el Senado, como también de la Secretaría General de la Presidencia.
El registro de agenda pública, incluyendo audiencias o reuniones, viajes y donativos, y el registro de lobistas y de gestores de intereses particulares, se realizará en una plataforma a cargo del Consejo para la Transparencia.
El reglamento de la Ley 20.730 establece en 15 artículos que las autoridades políticas del Estado deben informar sobre los participantes y contenido de las reuniones que se realicen entre privados y alguna de las seis mil autoridades incorporadas en la ley.
Fueron más de diez años de gestiones, negociaciones de pasillo y trabas antes que el proyecto tuviera posibilidades reales de debatirse primero, y que fuera trabajado en un cuerpo legal después. Sólo en el gobierno de Sebastián Piñera se logró un acuerdo transversal en el Congreso para viabilizar la iniciativa, siendo promulgada el 3 de marzo de este año, a días del cambio de mando.
El entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet y su equipo fueron los encargados de coordinar el debate y acercar posiciones entre los integrantes de la Cámara y el Senado. En la Cámara Baja fueron sustanciales las gestiones del hoy ministro de Defensa, Jorge Burgos (DC), el actual senador Felipe Harboe (PPD), el entonces presidente de la Cámara, Edmundo Eluchans (UDI) y el diputado Patricio Vallespín (DC). En la Cámara Alta uno de los que destrabó el proyecto fue Hernán Larraín (UDI).
Aunque la iniciativa fue puesta por el Ejecutivo en el Congreso y sus intensas negociaciones permitieron un acuerdo transversal en comisión mixta, “esta ley se funda en la ciudadanía y su cansancio de las malas prácticas de la política”, afirma Federico Allendes, presidente de la Fundación Pro Acceso.
“Ya no hay espacio para cambios” cree el especialista en transparencia. “La ley no es lo que nos habría gustado, pero es mejor tenerla a no tenerla”, aseguró el abogado, a quien ahora sólo le preocupa que la ley entre en vigencia lo antes posible.
Algunos vacíos
“Lo importante es que se empiece a aplicar y que después la autoridad tenga la sensibilidad para avanzar cuando vean que hay vacíos o falencias, y lo modifiquen para los tiempos nuevos”, dijo Allendes. “No es culpa del Reglamento, la ley quedó mala en algunos aspectos”, agrega.
Un primer tema pendiente para la Fundación Pro Acceso es que las autoridades no tengan que informar sobre sus conversaciones, pertinentes a la ley, vía correo electrónico u otras redes.
Por su parte, la directora de Incidencia e Investigación de la Fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada, señaló algunas recomendaciones que hicieron como sociedad civil para mejorar el reglamento y que no fueron incorporadas.
“Hay algunas que quedaron fuera. Nosotros planteamos que debían haber algunas definiciones que la ley no hace, qué se entiende por información confidencial o estratégica de las empresas, y también los plazos de actualización que se van a publicar en la página web. Nosotros esperábamos que fuera al menos de 15 días, pero va a quedar una vez al mes”, indicó María Jaraquemada.
La especialista destacó que el Reglamento defina de manera amplia lo que se entiende por reunión. Mientras haya un privado reunido con una autoridad, independiente de la hora y el lugar, la cita debe quedar registrada.
Otro de los aspectos que estuvieron en el debate y que quedaron fuera del Reglamento fue el registro de las actividades en terreno. Los parlamentarios argumentaron que sería una gestión incontrolable y que los podría alejar de la ciudadanía.
El reglamento se debía publicar a más tardar el 8 de junio, pero el gobierno prefirió abrir un proceso de consulta que estuvo abierto hasta el 18 de julio. Según las autoridades, las distintas visiones de la sociedad civil fueron incorporadas en un documento que aún está disponible en su versión borrador en los sitios web de la Cámara y el Senado, como también de la Secretaría General de la Presidencia.
El registro de agenda pública, incluyendo audiencias o reuniones, viajes y donativos, y el registro de lobistas y de gestores de intereses particulares, se realizará en una plataforma a cargo del Consejo para la Transparencia.
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