Bachelet y la política: Las eternas trampas de la derecha
La Nueva Mayoría es la alianza política que llevó a Michelle Bachelet a su segundo mandato en Chile. Está conformada por los partidos que integraron la Concertación (Socialista y Democracia Cristiana) –que gobernó hasta que la derecha pudo imponer su candidato Sebastián Piñera– además de otros partidos, como el Comunista (PC), que decidieron integrar esa nueva alianza con el objetivo de propiciar cambios drásticos en rubros como la educación, los sistemas tributario y de pensiones y, sobre todo, en la Constitución Política heredada de la dictadura, que estableció el sistema binominal, que otorga a la derecha al menos el 50% de los cargos y, de esa forma, asegura la supervivencia del modelo pinochetista.
A meses de haber asumido su segundo mandato, Michelle Bachelet se enfrenta a una pesada realidad, como el aumento de la desigualdad aunque muchos insisten en la fortaleza de la economía chilena. El 50% de los trabajadores gana menos de 500 dólares mientras que las 4500 familias más ricas tienen un ingreso mayor a 40 mil dólares mensuales. El 5% de las familias más pobres recibe 257 veces menos que el 5% más rico. La pobreza alcanza al 14,5% de la población. Las estadísticas dicen que el ingreso per cápita es de 22.600 dólares cuando el 50% gana menos de 500, lo que hace de Chile uno de los países con mayor desigualdad de la región. Todo se acentuó durante los últimos 20 años de gobiernos constitucionales. Mientras tanto, las condiciones de empleo fueron precarizándose ante leyes que quitaron a los trabajadores todo poder de negociación; sólo unos pocos tienen derecho a huelga y negocian por empresas en lugar de hacerlo por rama, lo que permite a los empresarios aumentar sus márgenes de ganancia. Esas leyes fueron sancionadas por la dictadura y continúan vigentes. Durante el gobierno de Salvador Allende la sindicalización ascendía al 33,5% y actualmente es del 14 por ciento. El sistema de jubilaciones heredado de la dictadura genera injusticias similares para los trabajadores, mientras que los fondos de pensiones siguen siendo administrados por 20 corporaciones que los utilizan para financiar sus inversiones. Se trata de diez bancos y diez holdings que reciben el dinero a bajo costo para dar crédito a los trabajadores, que terminan financiando a los grupos económicos. De allí la resistencia a cambiar el sistema de “capitalización individual” en el que la jubilación se presenta como un ahorro personal y no como una previsión solidaria.
En ese contexto, el oficialismo ha trabajado en una reforma tributaria con el argumento de beneficiar a pequeñas y medianas empresas, y aumentar la recaudación. Con miras a esa reforma, arribó a acuerdos con la derecha, hoy en la oposición, para lograr su aprobación en el Senado. La reforma cuenta con la aprobación del presidente de la Asociación de Bancos, lo que para varios legisladores significa que pierden los sectores más vulnerables. El diario El Mercurio –propiedad de Agustín Edwards, una de las patas civiles de la dictadura– dice que es una reforma que genera incertidumbre y paraliza la inversión. La ex candidata presidencial por la Alianza de derecha, Evelyn Matthei, fue crítica con el acuerdo, pero afirmó que debía evitarse un mal mayor porque el proyecto inicial del gobierno “era horroroso” e iba a causar una debacle en la economía. Atizó el fantasma de la pérdida de empleos y del temor a aventar inversiones. Por otra parte, la diputada del PC, Camila Vallejo, criticó el acuerdo entre el oficialismo y la oposición, pero poniendo énfasis en el deterioro que significaba en el interior de Nueva Mayoría. Según Vallejo, el acuerdo se realizó sin que el PC fuera oído. “Nos enteramos por la prensa”, dijo, y atisbó a que el gobierno persiste en los viejos mecanismos de negociación política, en los que, para obtener consenso y votos de la derecha, la Concertación dejaba de lado principios y aspiraciones. La derecha termina contaminando todo el espectro político por imperio de la constitución pinochetista. También el presidente del PC, Guillermo Teillier, se mostró disconforme con el acuerdo del que, dijo, no tenían noticias, y alertó sobre el deterioro en las relaciones políticas. “El consenso a la antigua desnaturaliza cualquier proyecto”, afirmó.
Otro punto en el que la derecha y el gobierno coinciden es en la aplicación de la ley “antiterrorista” heredada del pinochetismo. El Ministerio del Interior pidió su aplicación en una causa criminal iniciada por una bomba puesta en el metro, lo que fue celebrado por legisladores derechistas. Por esa misma ley han sido sometidos a juicio y encarcelados varios dirigentes mapuches en las distintas administraciones.
Mientras tanto, El Mercurio se mostró disconforme con el proyecto oficialista sobre educación, apelando a la libertad de los padres a disponer de la instrucción de sus hijos y del modo en que se paga a los docentes. Para ello vuelcan sus críticas sobre el comunismo y su visión acerca de cómo deben generar acuerdos. “No hay que dejar entrar al monstruo totalitario… ahora les queda entregarle las habitaciones más íntimas: la vida y la educación”, dijo, aunque agregó que este proyecto significaba el comienzo de las aspiraciones izquierdistas. “Acuerdos disolventes” llaman a las eventuales negociaciones con el oficialismo en este rubro.
En Chile, los medios que fueron cómplices de la dictadura, ocultando sus crímenes y celebrando los mayores beneficios para la élite, hoy se refugian en las fuerzas de derecha que, por imperio de la Constitución de Pinochet, mantienen al menos la mitad del gobierno e imponen sus condiciones, manifestando su desacuerdo con las negociaciones en temas que les son sensibles. Por otro lado, quienes se sumaron a Nueva Mayoría con la esperanza de dar vuelta algunas páginas del pasado autoritario ven con preocupación que el trabajoso tejido político obtenido se resquebraje para insistir en reclamar de la derecha lo que la derecha, por esencia e interés, desestima. Y parecerse a la derecha es a lo que la derecha aspira. La Argentina debería tomar nota.
A meses de haber asumido su segundo mandato, Michelle Bachelet se enfrenta a una pesada realidad, como el aumento de la desigualdad aunque muchos insisten en la fortaleza de la economía chilena. El 50% de los trabajadores gana menos de 500 dólares mientras que las 4500 familias más ricas tienen un ingreso mayor a 40 mil dólares mensuales. El 5% de las familias más pobres recibe 257 veces menos que el 5% más rico. La pobreza alcanza al 14,5% de la población. Las estadísticas dicen que el ingreso per cápita es de 22.600 dólares cuando el 50% gana menos de 500, lo que hace de Chile uno de los países con mayor desigualdad de la región. Todo se acentuó durante los últimos 20 años de gobiernos constitucionales. Mientras tanto, las condiciones de empleo fueron precarizándose ante leyes que quitaron a los trabajadores todo poder de negociación; sólo unos pocos tienen derecho a huelga y negocian por empresas en lugar de hacerlo por rama, lo que permite a los empresarios aumentar sus márgenes de ganancia. Esas leyes fueron sancionadas por la dictadura y continúan vigentes. Durante el gobierno de Salvador Allende la sindicalización ascendía al 33,5% y actualmente es del 14 por ciento. El sistema de jubilaciones heredado de la dictadura genera injusticias similares para los trabajadores, mientras que los fondos de pensiones siguen siendo administrados por 20 corporaciones que los utilizan para financiar sus inversiones. Se trata de diez bancos y diez holdings que reciben el dinero a bajo costo para dar crédito a los trabajadores, que terminan financiando a los grupos económicos. De allí la resistencia a cambiar el sistema de “capitalización individual” en el que la jubilación se presenta como un ahorro personal y no como una previsión solidaria.
En ese contexto, el oficialismo ha trabajado en una reforma tributaria con el argumento de beneficiar a pequeñas y medianas empresas, y aumentar la recaudación. Con miras a esa reforma, arribó a acuerdos con la derecha, hoy en la oposición, para lograr su aprobación en el Senado. La reforma cuenta con la aprobación del presidente de la Asociación de Bancos, lo que para varios legisladores significa que pierden los sectores más vulnerables. El diario El Mercurio –propiedad de Agustín Edwards, una de las patas civiles de la dictadura– dice que es una reforma que genera incertidumbre y paraliza la inversión. La ex candidata presidencial por la Alianza de derecha, Evelyn Matthei, fue crítica con el acuerdo, pero afirmó que debía evitarse un mal mayor porque el proyecto inicial del gobierno “era horroroso” e iba a causar una debacle en la economía. Atizó el fantasma de la pérdida de empleos y del temor a aventar inversiones. Por otra parte, la diputada del PC, Camila Vallejo, criticó el acuerdo entre el oficialismo y la oposición, pero poniendo énfasis en el deterioro que significaba en el interior de Nueva Mayoría. Según Vallejo, el acuerdo se realizó sin que el PC fuera oído. “Nos enteramos por la prensa”, dijo, y atisbó a que el gobierno persiste en los viejos mecanismos de negociación política, en los que, para obtener consenso y votos de la derecha, la Concertación dejaba de lado principios y aspiraciones. La derecha termina contaminando todo el espectro político por imperio de la constitución pinochetista. También el presidente del PC, Guillermo Teillier, se mostró disconforme con el acuerdo del que, dijo, no tenían noticias, y alertó sobre el deterioro en las relaciones políticas. “El consenso a la antigua desnaturaliza cualquier proyecto”, afirmó.
Otro punto en el que la derecha y el gobierno coinciden es en la aplicación de la ley “antiterrorista” heredada del pinochetismo. El Ministerio del Interior pidió su aplicación en una causa criminal iniciada por una bomba puesta en el metro, lo que fue celebrado por legisladores derechistas. Por esa misma ley han sido sometidos a juicio y encarcelados varios dirigentes mapuches en las distintas administraciones.
Mientras tanto, El Mercurio se mostró disconforme con el proyecto oficialista sobre educación, apelando a la libertad de los padres a disponer de la instrucción de sus hijos y del modo en que se paga a los docentes. Para ello vuelcan sus críticas sobre el comunismo y su visión acerca de cómo deben generar acuerdos. “No hay que dejar entrar al monstruo totalitario… ahora les queda entregarle las habitaciones más íntimas: la vida y la educación”, dijo, aunque agregó que este proyecto significaba el comienzo de las aspiraciones izquierdistas. “Acuerdos disolventes” llaman a las eventuales negociaciones con el oficialismo en este rubro.
En Chile, los medios que fueron cómplices de la dictadura, ocultando sus crímenes y celebrando los mayores beneficios para la élite, hoy se refugian en las fuerzas de derecha que, por imperio de la Constitución de Pinochet, mantienen al menos la mitad del gobierno e imponen sus condiciones, manifestando su desacuerdo con las negociaciones en temas que les son sensibles. Por otro lado, quienes se sumaron a Nueva Mayoría con la esperanza de dar vuelta algunas páginas del pasado autoritario ven con preocupación que el trabajoso tejido político obtenido se resquebraje para insistir en reclamar de la derecha lo que la derecha, por esencia e interés, desestima. Y parecerse a la derecha es a lo que la derecha aspira. La Argentina debería tomar nota.
Por Rodolfo Yanzón
Fuente: Infonews
FUENTE: EL CIUDADANO
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