PARTE II: CÓMO SE URDIÓ EL “ENGAÑO” EN LA UNIACC
Becas Valech: la trama y los protagonistas del fraude
Publicado: 28.07.2014
Desde que estalló el escándalo en 2010, seis investigaciones han intentado sin éxito dilucidar cómo se permitió el mal uso de los fondos que deberían haber beneficiado a las víctimas de la dictadura. La segunda parte de esta serie ahonda en cómo se burló la reserva de los nombres de los beneficiarios de la Comisión Valech para que los ejecutivos de UNIACC pudieran captarlos como clientes. Ese fue el turbio punto de partida de un multimillonario negocio con recursos públicos.
Cuando en 2010 estalló el escándalo de las Becas Valech, siete mil beneficiarios hacían uso de ellas: 4.200 eran víctimas directas de la dictadura y cerca de 3.000 eran hijos o nietos de los titulares, gracias a que esa ley permitió traspasar el beneficio a familiares[1]. En los cinco años que la ley llevaba vigente, el Fisco había entregado más de $30.500 millones a 96 instituciones de Educación Superior de todo el país para que ex prisioneros políticos pudieran completar o iniciar estudios interrumpidos por actos de violencia (ver cuadro completo de todas las entidades educacionales que recibieron fondos).
Si bien miles de personas pudieron así cumplir el sueño largamente postergado de completar la Educación Básica, Media o Superior, otros miles de ciudadanos torturados y/o víctimas de prisión política, fueron engañados por instituciones de Educación Superior con programas que no conducían a ningún grado académico y menos a un título profesional. A muchos se les hizo creer que esos cursos eran la única forma que tenían de usar el dinero que les correspondía.
Fiscal Ximena Chong
Desde que estalló el escándalo en 2010 han sido seis las investigaciones que han intentado dilucidar la trama que permitió el mal uso de estos fondos fiscales: la más importante es la que lleva aún la Fiscalía Centro Norte de Santiago, a cargo de la fiscal Ximena Chong; la segunda, radicada en la Fiscalía de Valparaíso (que dirigió la fiscal Mónica Arancibia Farías), terminó con la decisión de no perseverar; una tercera investigación la hizo una comisión de la Cámara de Diputados; una cuarta la instruyó la Contraloría, la que ordenó realizar sumarios administrativos al Ministerio de Educación y, por último, están los sumarios internos de esa misma secretaría de Estado. Ninguna ha llegado a puerto.
No obstante la impunidad que ha rodeado ese millonario fraude al Estado y a las víctimas de la dictadura, hay hechos clave irrefutables. Uno de ellos es que la universidad UNIACC es la protagonista principal en todas estas investigaciones. Desde 2006 hasta 2010, recibió más de $15.000 millones, el mayor porcentaje de los dineros destinados por el Estado a reparar el daño educacional ocasionado por la violencia de la dictadura.
Así lo muestran los decretos del Ministerio de Educación -que también eran visados por el Ministerio de Hacienda- con los traspasos vinculados a las Becas Valech. En 2006, por ejemplo, la UNIACC obtuvo $3.132 millones, diez veces más que los $314 millones con que la secundó la Universidad ARCIS y que los $ 224 millones que recibió la Universidad de Las Américas, que se ubicó en el tercer lugar. Al año siguiente, la UNIACC obtuvo $4.800 millones, versus $376 millones de la ARCIS y $ 287 millones de Las Américas. En 2008 la UNIACC recibió del Fisco $5.000 millones y en 2009, $ 2.500 millones.
Según los datos entregados por el entonces subsecretario de Educación Fernando Rojas a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, entre 2005 y 2006 (años en los que el actual diputado Daniel Farcas era pro-rector de la UNIACC) esa universidad recibió más del 50% de los recursos de la Becas Valech, aún cuando había captado a menos del 35% de los alumnos que accedieron a ese beneficio.
El subsecretario Rojas afirmó que el contraste entre los fondos recibidos por esa universidad y la cantidad de “alumnos Valech” a los que les impartió cursos, muestra “un incremento en el costo de los estudios que no se condice con el resto del sistema”. La autoridad del Ministerio de Educación reconoció que tanto la UNIACC, como la Universidad Bolivariana y la Universidad de la República, ofrecieron programas con contenidos muy básicos a costos muy altos.
La Universidad Bolivariana, por ejemplo, creó un curso especial de computación con uso de Word, Excel y algo más. Contenidos que normalmente la gente aprende a usar por sí sola o en cursos muy cortos y básicos, esa universidad los vendía como programas de estudios universitarios por $3,5 millones anuales. La UNIACC fue más lejos: creó especialmente para los becarios Valech una suerte de propedéutico muy genérico -“Programa Universitario en Comunicación, Gestión y Nuevas Tecnologías”- con un costo de $5 millones anuales.
Sobre la calidad y efectividad de este curso, la investigación de la Cámara de Diputados entrega un dato importante: “De los 1.533 alumnos inscritos en el programa, sólo 767 habrían egresado, teniendo una tasa de efectividad de tan sólo 50,03%. ¿Qué pasó con el resto de los alumnos?, ¿por qué se giraron y pagaron fondos a favor de una institución que no ha explicado de manera satisfactoria lo que ha sucedido con dichos alumnos?”.
Hasta ahora, la UNIACC ha devuelto sólo cerca de $290 millones (entre 2009 y 2013) por reclamos de becarios Valech que se sintieron engañados por esa institución.
¿QUIÉN FILTRO LAS LISTAS DE BENEFICIADOS?
La investigación del Ministerio Público logró establecer un punto: si la UNIACC se benefició por sobre el resto de las universidades, fue porque desarrolló con anticipación una agresiva campaña para captar a los beneficiarios de las Becas Valech. Para ello sus directivos debieron obtener –también con anticipación– de manera irregular, la nómina de las personas calificadas como víctimas de tortura o prisión política. Hasta hoy ese antecedente sigue en la nebulosa.
Pistas hay. Porque ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, María Luisa Sepúlveda, quien fuera vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, informó cuál fue el procedimiento para mantener la reserva debida de quienes calificaron como víctimas y de sus testimonios.
María Luisa Sepúlveda
Sepúlveda, quien goza de una reconocida reputación por su destacada labor en la Vicaría de la Solidaridad, dijo que los testimonios recibidos y los antecedentes que permitieron su calificación, fueron depositados en un recinto del Museo de la Memoria. De allí que el informe dado a conocer públicamente por la Comisión Valech incluyera sólo “el nombre y la cédula de identidad de todas las personas calificadas, única identificación que se hizo de las víctimas”. Un solo ejemplar de esa nómina se entregó al Instituto de Normalización Previsional (INP), para hacer efectivo el beneficio de la pensión de reparación, con copia al Ministerio del Interior.
Si el listado de los beneficiarios de esa ley de reparación fue entregado con anticipación al INP, resulta interesante constatar que en esos días el gerente general del INP era Andrés Lastra (DC), quien en paralelo desarrollaba la función de vicerrector académico de la UNIACC (ver su curriculum). Lastra, quien fue presidente de la FECH y estrecho amigo desde esa época del también entonces directivo de la UNIACC, Daniel Farcas, llegó a la UNIACC invitado por este último.
En la investigación del Ministerio Público quedó demostrado que tanto Andrés Lastra como Daniel Farcas jugaron un rol clave para asegurar la elección de Luis Eugenio Díaz como consejero de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y luego del Instituto de Derechos Humanos (votaban los directores de las escuelas de Derecho). Esa entidad fue creada en una normativa anexa a la Ley Valech y entre sus funciones está el hacer un seguimiento y evaluación a las medidas de reparación. Una de ellas era la evaluación de las Becas Valech.
Otro suceso extraño y preocupante resta por dilucidar. Según acusó un ex preso político, el empleado de la UNIACC que lo contactó conocía el testimonio reservado que había dado a la Comisión Valech: “La persona que me llamó y que se identificó como empleada de la UNIACC y me ofreció matricularme, conocía todos mis antecedentes, incluso los lugares donde estuve detenido y en qué fechas… Todos esos datos serían reservados, pero claramente fueron vendidos al mejor postor”, dijo Alejandro Morales, vicepresidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Presos Políticos de Chile, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
LA DUPLA LASTRA-FARCAS
Lo que también está demostrado en dos investigaciones judiciales es la estrecha relación de Daniel Farcas y Andrés Lastra, ambos a cargo de obtener la acreditación de la UNIACC. Lastra estudió Trabajo Social en el IPS (actual UTEM) y Derecho en dos entidades distintas, pero egresó de la Universidad del Desarrollo y se tituló en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Más tarde haría post grados en la Universidad de Chile y en la UNIACC, mientras era autoridad académica.
Andrés Lastra
Fue el testimonio judicial de Hermann Schwarz, cabeza entonces del Grupo Apollo en Chile -que había adquirido la UNIACC-, el que confirmó cómo Lastra y Farcas decidieron contratar a Luis Eugenio Díaz para que encabezara el proceso de acreditación de la UNIACC, a pesar de que éste era entonces vicepresidente del organismo que otorgaba esa acreditación: la CNA. Un cargo que obtuvo gracias a la gestión de Farcas y Lastra y también del anterior dueño de la UNIACC, Andrés Guiloff (vea el reportaje “Daniel Farcas: su nexo con fraude de las Becas Valech y la compra de acreditación de la UNIACC”)
El conflicto de interés era abierto y claro. Schwarz afirmó: “El vicerrector académico Lastra y el pro-rector Farcas me indicaron que la persona indicada era el señor Luis Eugenio Díaz, un experto en el tema de la acreditación… Tanto localmente como en Apollo internacional nos pareció un tema que Eugenio Díaz fuera parte de la CNA, lo que fue consultado con abogados externos, específicamente con el estudio Noguera, Dulanto, Larraín y los contratos fueron revisados por los abogados internos de la universidad (Paulina Saéz) y externos (Pablo Larraín)”.
Poco después de que Díaz firmara el contrato con la UNIACC, estalló el escándalo de las Becas Valech y Lastra, quien ya era rector de la universidad, fue obligado a dejar su cargo. Entonces, Luis Eugenio Díaz lo convirtió en su socio, ahora formal, ya que le pagaría a través de su sociedad personal, cuando desarrolló el modelo de las acreditaciones fraudulentas. Su nuevo cliente sería la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), de propiedad de un antiguo conocido de ambos: Ángel Maulén. A la UPV Lastra llegó como vicerrector de Calidad en los precisos momentos en que dicho plantel preparaba su acreditación.
Lastra también dio su versión de ese proceso de acreditación fraudulento. Y entregó un antecedente desconocido: Maulén le pidió que contratara a una hija de Díaz como su secretaria. El gerente de la UPV reconoció que la hija de Luis Eugenio Díaz fue contratada como secretaria del vicerrector (Lastra) en 2011, con un sueldo de $1.300.000 mensuales. La UPV logró una sorpresiva acreditación con la ayuda de Díaz y Lastra.
AGRESIVA CAMPAÑA DE RECLUTAMIENTO
De la agresiva campaña desplegada por la UNIACC para reclutar a los beneficiados de las Becas Valech, surgen otros datos que explican el alto nivel de alumnos que logró captar para su plantel. Por ejemplo, la reunión especial que organizó la embajada de Chile en Suecia con alrededor de 50 exiliados para explicarles los beneficios de la Ley Valech y que contó con la participación de un directivo de la UNIACC.
Otra de las aristas de esa estrategia de captación, fue ofrecerles a un grupo de los mismos beneficiarios transformarse en reclutadores, a cambio del pago de una comisión por cada beca que lograran llevar hasta la UNIACC. Así lo detalló Alejandro Morales, ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados:
“En 2004, un asistente social de la UNIACC me llamó muchas veces para que aceptara integrar el equipo de captadores de ex compañeros a cambio de una retribución de un 10% del valor de las becas que lograra hacer efectivas”. Morales no aceptó, pero algunos de sus compañeros si lo hicieron, “permitiendo que este negocio se armara a costa del fondo de reparación que tanto nos costó conseguir”, acotó. Esa estrategia, explicó la fiscal Chong a CIPER, permitió generar “una extensa red”:
-Nos encontramos con personas que eran empleados de la UNIACC, las que tenían bajo su dependencia a 10 personas dedicadas a la captación, las que a su vez tenían relación con otras 10 personas que buscaban el mismo fin.
Al revisar las nóminas de “Alumnos Valech” en la UNIACC, el Ministerio Público constató una nueva irregularidad: la falsificación de firmas de personas que aparecían aceptando matricularse y sus becas cobradas, pero que nunca fueron alumnos de la UNIACC. La fiscal Chong explicó a CIPER que lo más probable es que ese tipo de prácticas no fueron impulsadas por la universidad, sino que fueron delitos cometidos por algunos vendedores “en aras de obtener más comisiones”.
Lo que sí parece haber sido una estrategia institucional deliberada fue el engaño, como lo graficó el mismo Alejando Morales: “La becas fueron ofrecidas en su mayoría a personas que ni siquiera habían terminado la Enseñanza Básica, bajo la advertencia de que si no hacían uso de ellas, las perderían; o que sus hijos sólo podrían estudiar becados en la UNIACC si ellos también lo hacían como beneficiario de la Ley Valech”.
Carolina Vega, ex prisionera política, describió el curso que les ofreció la UNIACC: un propedéutico que se impartía los viernes en la tarde y el sábado desde las 9 hasta las 15:30 a un costo de $7 millones. Las clases se hacían en una escuela básica de Rancagua, sin la infraestructura mínima. También aseguró que a veces tuvieron de profesores a personas que nunca fueron docentes. A raíz de estos problemas, en una oportunidad se negaron a entrar a clases y pidieron una reunión con un representante de la UNIACC.
Mónica Antonce, beneficiaria Valech de Valparaíso, recordó la promesa que le hicieron en la UNIACC al ingresar al programa: llegaría a ser profesional. Lo hizo cuando detalló el examen que debieron rendir al finalizar el curso de “Gestión en Nuevas Tecnologías”.
-La sala en que se tomó el examen estaba en un subterráneo del Liceo Nº 1 de Valparaíso. En ese momento, en la calle contigua había bandas escolares preparando un desfile y a pesar de que en el curso había personas sordas y que la comisión estaba sentada a cuatro metros de quienes debían exponer, todos fueron aprobados y se les entregó el respectivo diploma con un coctel. Después, cada uno recibió una radio de regalo con la siguiente inscripción: “Felicidades, lo lograste, sigue adelante. Licenciatura en Humanidades”.
Eugenio Núñez, también beneficiario Valech de Valparaíso, afirma que las becas se transformaron en un circo y acusa a Daniel Farcas y Rodrigo Lasen de ser los responsables. “Se echaron la plata al bolsillo y trataron por todos los medios de justificar su proceder regalándoles a los beneficiados diplomas y objetos recordatorios inservibles”.
FARCAS EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Otras irregularidades fueron detectadas por la Contraloría, como los cursos de post grado que la UNIACC y la Universidad Arcis ofrecieron a los beneficiarios de las Becas Valech, los que no podían financiarse con esos recursos. Un dictamen de la Contraloría de 2008 estableció que entre 2005 y 2007 ambas universidades recibieron del Ministerio de Educación más de $6.151 millones por estudios de magíster, doctorados y programas no conducentes a título profesional, hecho que contravenía “dos dictámenes previos”. Como su anulación habría afectado también los intereses de los propios becarios, hasta allí llegó el alcance de su resolución.
Daniel Farcas
En ese dictamen, la Contraloría aporta un dato central para liberar de responsabilidad a la UNIACC: esa universidad consultó al Ministerio de Educación si podía ofrecer a los becarios Valech el programa “Gestión en Nuevas Tecnología”. La respuesta fue positiva. En la investigación de la fiscalía se acreditó que, además, hubo una reunión entre el directivo ministerial Rodrigo Lasen y Daniel Farcas, representante de la UNIACC, para abordar los múltiples reclamos que recibía el Mineduc por la mala calidad de los cursos, la suspensión de los mismos y los desproporcionados costos que tenía el programa.
Según relató a CIPER la fiscal Chong, después de esa reunión, “Lasen dijo que no tenía posibilidades de hacer nada, que no tenía atribución para cesar los pagos”. Y eso fue todo. La fiscal Chong dice que los mandos del Ministerio de Educación pudieron haber hecho algo más: “Las autoridades públicas -y eso está en la ley general del funcionario público- tienen la obligación de representar a su superior los puntos en los que hay ineficiencia. Tienen que responder por el mejor uso de los recursos. El cuestionamiento es por qué razón no se generó una modificación al reglamento que pusiera un tope a lo que el Estado pagaba por cada curso. Se podría haber hecho un llamado de atención y no se hizo”.
Es por esta actitud que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados calificó como “negligencia gravísima la pasividad con que actuaron las autoridades”, durante las gestiones de las ministras de Educación Yasna Provoste y Mónica Jiménez de la Jara. “La autoridad de la época tuvo una actitud irresponsable en la forma en cómo se concedieron las becas, ya que ni siquiera se cumplió con protocolos mínimos de control”, permitiendo que “se impartieran cursos a personas que no podían continuar sus estudios, tal y como lo dice la Ley Valech y el reglamento respectivo”.
“No hay duda en que las autoridades de la época vulneraron la correcta observancia y aplicación de la norma que emana del Congreso, cuestión que es de suma gravedad. La ley es una de las formas contempladas en un Estado de Derecho para limitar el ejercicio del poder; en este caso, tal vulneración afecta nuestra propia institucionalidad democrática, siendo esto un agravante a la negligencia inexcusable por parte de las autoridades del Ministerio de Educación”, acota el informe.
En agosto de 2013, poco antes que se efectuaran las primarias que le permitieron a quien fuera pro-rector y rector de la UNIACC, Daniel Farcas, ser candidato a diputado de la Nueva Mayoría, el ex ministro Francisco Vidal –militante PPD igual que Farcas– dijo públicamente que había que tener “precauciones” con algunos candidatos vinculados a situaciones irregulares. Entre ellos, dijo, estaba Farcas por sus nexos con el lucro de la UNIACC y el escándalo de las Becas Valech.
Días después, Francisco Vidal se retractó. Dijo que Farcas lo había llamado por teléfono: “Me dijo que él no tenía nada que ver con el tema estrictamente procesal del caso Becas Valech”, explicó a El Mercurio.
LUCRO
Actualmente la Universidad UNIACC atraviesa por una profunda crisis. Un hito central en su declive fue el portazo que recibió en enero de 2012 en su último intento por renovar su acreditación. Para entonces, Daniel Farcas ya no era rector –producto del escándalo de las Becas Valech– y Luis Eugenio Díaz había perdido su poder en la CNA.
La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) rechazó la validación de la UNIACC el 16 de noviembre de 2011, resolución a la que la universidad apeló el 6 de enero de 2012. De nada sirvió su recurso de reposición. La CNA confirmó el rechazo a su acreditación el 25 de enero 2012. Tres fueron los argumentos centrales: situación financiera riesgosa, altos niveles de deserción y bajos niveles de titulación. Otra de las causales fue el incremento de sus carreras -y por ende de alumnos- on line (no presenciales), lo que representa un “cambio respecto de la misión institucional presentada en el proceso de acreditación de 2007”, sin que haya constancia de ningún plan de capacitación de docentes para la modalidad e-learning.
En el dictamen de la CNA se deja constancia que el 83% de su plantel académico está contratado por horas y que sólo un 8% cuenta con doctorado, lo que “no es consistente con la excelencia académica declarada en los propósitos ni por dedicación ni por calificaciones”. En cuanto al porcentaje de titulados en relación al total de alumnos: 11,3% para 2007, 12,7% para 2008 y 10,5% para 2009.
Respecto de la situación financiera, los consejeros de la CNA concluyeron: “La existencia de un capital de trabajo neto negativo es un hecho irrefutable y ello significa, se quiera o no, dificultades para pagar las deudas de corto plazo. El capital de trabajo neto fue negativo tanto en 2009 (US$2.707 millones) como el 2010 (US$4.347 millones)”.
Tras revisar los documentos que la misma UNIACC les entregó, los consejeros de la CNA estimaron que había antecedentes de que esa institución estaba lucrando, lo que la ley le prohíbe, por lo que le pidió al Ministerio de Educación que la investigara.
La revisión de los balances de la UNIACC entre 2008 y 2010 (periodo en el que tanto Andrés Lastra como Daniel Farcas habían tenido cargos de responsabilidad, llegando ambos a ser rectores) le indicó a la CNA que esa universidad había sufrido una fuerte pérdida de su patrimonio: pasó de $ 8.037 millones a $ 3.938 millones. Una caída de un 51%. Esta pérdida era coincidente con un traspaso hecho en el mismo período desde la UNIACC a una sociedad anónima relacionada que sí tiene fines de lucro: el Instituto Superior de Artes y Ciencias S.A. (ISACC), por un monto de $5.507 millones.
Ese traspaso millonario era una suerte de préstamo sin intereses ni plazo de devolución que la universidad, entidad sin fines de lucro, le hizo a su sociedad relacionada que sí podía lucrar. En el informe de la CNA se lee: “La deuda del Instituto ISACC con la universidad representa un 27% del activo total y es superior al patrimonio actual de la universidad ($3.938 millones)”. Y reitera que las condiciones en que fue otorgado ese préstamo “significan una pérdida patrimonial para la universidad y, obviamente, un beneficio patrimonial para el deudor”.
Ese “beneficio patrimonial” es el lucro.
¿DÓNDE FUERON A PARAR ESOS MILES DE MILLONES?
No deja de ser llamativo que los años en que la UNIACC perdió patrimonio, al punto de llegar a una situación riesgosa, son precisamente los años en que las Becas Valech le aportaron ingresos por $15.000 millones, en tanto que el Crédito con Aval del Estado (CAE) le entregó otros $2.000 millones.
De hecho, tan importante fue el flujo de capital fresco que mostraba la UNIACC, que en 2008 el Grupo Apollo decidió comprar el 80% de la universidad en US$ 44 millones. ¿Qué pasó en sólo dos años que esa institución comenzó a perder patrimonio? La desaparición de tanto dinero parece avalar la tesis del lucro de la CNA.
El Ministerio de Educación demoró un año en analizar la denuncia de la CNA y resolvió absolver a la institución de todos los cargos. ¿Por qué? En parte porque, según afirmó el entonces subsecretario de Educación Fernando Rojas, los préstamos detectados habían sido devueltos luego de la denuncia de la CNA. Pero la razón central fue la misma que aquella en la que se insistió en la primera parte de este reportaje: por los boquetes de la ley.
La CNA denunció a la UNIACC por lucro. Pero el Mineduc, haciendo una interpretación literal de sus atribuciones, estimó que no podía cerrar una universidad por lucro porque esa razón no figura entre las causales que la ley fija para finiquitar una universidad y que son: no cumplir con sus objetivos estatutarios; realizar actividades contrarias a la moral, al orden público, a las buenas costumbres y a la seguridad nacional; incurrir en infracciones graves a sus estatutos; o dejar de otorgar títulos profesionales de aquellos que requieren haber obtenido previamente el grado de licenciado.
Lo mismo ocurrió con la Universidad Santo Tomás, también denunciada por lucro por la CNA; y con la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), denunciada por cohecho y soborno.
El ministerio, que entonces encabezaba Carolina Schmidt, miró su lista y al no encontrar ninguna de esas causales, las absolvió. Cohecho y soborno “es algo que nosotros no tenemos atribuciones para investigar”, dijo Rojas al explicar la resolución del ministerio respecto de la Universidad Pedro de Valdivia. Rojas agregó: “Si hay un soborno específico es atribución de la fiscalía investigar”. Una resolución que habla más de los vacíos de la ley y de la impotencia de la autoridad que de la inocencia de las universidades.
LA UNIACC EN PROBLEMAS
El 21 de noviembre de 2011, sólo un día después de que la CNA la notificara de su dictamen, el Grupo Apollo, uno de los mayores protagonistas del negocio educacional en Estados Unidos, informó a la Securities and Exchange Comisión (SEC), la superintendencia de valores de ese país, que a la UNIACC se le habría negado la acreditación institucional para el 2012. La información era necesaria para sus accionistas ya que, al quedar sin acreditación, los alumnos de la universidad no podrían obtener el CAE. Sumado al escándalo por las Becas Valech, la caída en sus ganancias sería inminente. Una mala noticia para un grupo que cotiza en el Nasdaq.
Según lo informado por Apollo a la SEC, en el año fiscal (que para ellos finalizó en agosto de 2011), la universidad registró ingresos por US$ 27 millones mientras que las pérdidas operacionales llegaron a los US$ 13 millones. El propio informe de Apollo a la SEC indica la importancia de los recursos que provenían del Estado y del CAE: “Aproximadamente el 30% de los ingresos de UNIACC en el año fiscal 2011 derivaron de alguna forma de la asistencia gubernamental, que ya no estará disponible para los nuevos estudiantes sin la acreditación por la Comisión Nacional de Acreditación”.
La caída de los alumnos matriculados en primer año en la UNIACC fue inmediata: pasó de 1.374 en 2011 a 972 en 2012. No obstante que en 2014 tuvo un repunte (1.181), el número total de alumnos de la universidad bajó de 4.287 a 3.633.
[1] La Comisión Valech volvió a funcionar entre el 17 de febrero y el 17 de agosto de 2010, en virtud de la Ley Nº 20.405, que creó el Instituto de Derechos Humanos, la que mediante su artículo tercero transitorio estableció un nuevo plazo para ser reconocido como víctima de prisión política, desaparición forzada y ejecución por razones políticas. También estableció que tanto las personas que calificaran como las que ya habían calificado anteriormente y no usaron el beneficio educacional, podían traspasárselo a un hijo o a un nieto.
FUENTE : CIPERCHILE
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