Cuestionado paso por el fisco del sobrino del ex Presidente Lagos
El ex director del SII que hace lobby contra la reforma tributaria y defiende intereses de la CPC y los bancos
Ricardo Escobar Calderón ha ocupado portadas en las últimas semanas por sus duras críticas a la reforma tributaria que impulsa el gobierno. En la anterior administración de Bachelet ocupó la dirección del Servicio de Impuestos Internos, donde aprobó un polémico Oficio que permitió acrecentar las devoluciones de impuestos de las grandes empresas. Ya fuera del Estado, se asoció con Jorge Bofill en un estudio que en la actualidad tiene entre sus clientes a Laureate y a Julio Ponce Lerou.
Ricardo Escobar se crió en La Granja y terminó sus estudios secundarios en el Internado Nacional Barros Arana. Sus estudios de leyes los hizo en la Universidad de Chile. Su padre, primo del ex presidente Ricardo Lagos, fue toda su vida funcionario de Aduanas, hasta que formó su propia agencia y tuvo un mejor pasar económico. El ex director del Servicio de Impuestos Internos, y actual asesor de la Asociación de Bancos y de la Confederación de la Producción y el Comercio en la discusión por la reforma tributaria, es un hijo de la clase media.
En los primeros meses del actual gobierno se ha destacado por ser un férreo opositor a la Reforma Tributaria. Ha dicho de todo. Que “tiene riesgos operativos y constitucionales”, que “uno tiene que ser serio cuando plantea una reforma tributaria, tiene que pensar en un largo plazo y no solamente en los 2 o 3 años”, señaló en una entrevista a Qué Pasa, donde tildó además el cambio tributario del Ejecutivo de “reformita”. En círculos oficialistas saben que su figura se ha transformado en una de las piedras en el zapato de la tramitación del proyecto en el Congreso, y son comentarios extendidos su trayectoria, sus vínculos y sus clientes en la arena legal.
En 1994, Escobar Calderón fue uno de los encargados, junto a Juan Miguel Barahona, de construir el sistema legal y tributario que permitió que existieran las primeras licitaciones para obras públicas en la historia de Chile. En esa ocasión fue contratado por el Ministerio de Obras Públicas, que entonces dependía de su tío, Ricardo Lagos Escobar. Luego, y por diez años, Escobar fue hombre del estudio de abogados Carey y Asociados. Allí empezó a hacer carrera en 1996, cuando se destacaba como un profesional relacionado al mundo de los negocios. Antes había estado en el Comité de Inversiones Extranjeras, dependiente del Ministerio de Economía, pero con Carey su nombre comenzó a recorrer los círculos económicos. Eso hasta el 2006, cuando la Presidenta Michelle Bachelet lo designó como director del Servicio de Impuestos Internos (SII). En esa época era simpatizante PPD, aunque en la actualidad participa en Fuerza Pública, el movimiento levantado por el ex candidato presidencial liberal Andrés Velasco. Con todo, en el oficialismo dicen que el “ascendente Lagos” pesa.
En el primer gobierno de Bachelet, los entonces diputados Carlos Montes (PS) y Jorge Burgos (DC) realizaron gestiones para poner mayor fiscalización sobre las decisiones que tomaba Escobar en el SII, pero no tuvieron frutos. Un senador de la Nueva Mayoría cuenta que Andrés Velasco, en ese tiempo ministro de Hacienda, “no quiso hacer nada. Se trataba de un sobrino del ex presidente Lagos, y eso era una presión para todos”. Aunque otras fuentes señalan que “Lagos no movió un dedo” por su pariente, el solo hecho de mostrar un vínculo con el ex mandatario inhibía a los personeros de gobierno frente a las críticas que de forma subterránea recorrían al conglomerado.
El 29 de enero del 2010, cuando Escobar ya terminaba su periodo en el SII, emitió el Oficio 194, que vino a reinterpretar lo que debía hacer el Servicio con las utilidades financieras de las sociedades anónimas, las que antes se imputaban a las pérdidas tributarias, nivelando las cifras y permitiendo que esas pérdidas se redujeran, lo que a la larga derivaba en que fueran menores las devoluciones de impuestos que cobraban las grandes empresas. Pero, desde esa fecha, todo cambió. De ahí en adelante, se estableció que las utilidades financieras –que corren por un carril distinto de las tributarias–, no podían imputarse a las tributarias, lo que vino a aumentar las cifras de pérdidas exhibidas por las empresas, incrementando también las devoluciones de impuestos.
Hijo de un primo hermano del ex presidente Ricardo Lagos Escobar, es a su vez primo de Ricardo Lagos Weber, el senador PPD que actualmente preside la Comisión de Hacienda del Senado. En los partidos de la ex Concertación comentan que cuando asumió la dirección del SII su nombre generó resquemor, y es que en la división interna que hacen en el Servicio, entre funcionarios pro fisco y antifisco, Escobar ocupaba un destacado lugar entre los segundos.
“Al fin uno de los nuestros, de sensibilidad pro empresas, que sabe exactamente cuáles son las fallas del sistema”, comentaron los empresarios cuando fue designado en el SII, según constató un reportaje de la época aparecido en Revista Capital.
UN POLÉMICO OFICIO
El 29 de enero del 2010, cuando Escobar ya terminaba su periodo en el SII, emitió el Oficio 194, que vino a reinterpretar lo que debía hacer el Servicio con las utilidades financieras de las sociedades anónimas, las que antes se imputaban a las pérdidas tributarias, nivelando las cifras y permitiendo que esas pérdidas se redujeran, lo que a la larga derivaba en que fueran menores las devoluciones de impuestos que cobraban las grandes empresas.
Pero, desde esa fecha, todo cambió. De ahí en adelante, se estableció que las utilidades financieras –que corren por un carril distinto de las tributarias–, no podían imputarse a las tributarias, lo que vino a aumentar las cifras de pérdidas exhibidas por las empresas, incrementando también las devoluciones de impuestos.
Es un misterio quién fue el contribuyente que solicitó el pronunciamiento del SII, porque se trata de información confidencial.
Si bien las cifras no son públicas, abogados expertos en la materia reconocen que, del 2010 en adelante, las empresas han aumentado hasta en un 20% sus devoluciones de impuestos.
Todos reconocen que se trata de un tema profundamente técnico y “difícil” de explicar para quienes no pululan por los círculos tributarios. En la Fundación Sol aterrizan la información y, así, el investigador Gonzalo Durán explica: “Las empresas siempre tienen que llevar dos contabilidades: financiera y tributaria. La tributaria la llevan usando las leyes tributarias, y la financiera la llevan con las normas contables internacionales. En la mayoría de los casos los resultados de estas utilidades no son coincidentes. Esto genera que existan muchas empresas en Chile –grandes mineras, líneas aéreas–, que operan recurrentemente con pérdidas tributarias, ellas siempre tienen números rojos. Eso significa que no pagan el impuesto de primera categoría, porque tienen números rojos, pero esas mismas empresas, como llevan también la contabilidad financiera, en esa contabilidad tienen jugosas ganancias”.
A juicio de Durán, el oficio firmado por Escobar generará sí o sí una disminución en la recaudación del fisco. “Antes esas utilidades financieras se imputaban contra las pérdidas tributarias de las empresas. En términos prácticos, mientras las personas sacan utilidades, se reducía la pérdida tributaria, y en un punto esa pérdida se diluía y debían pagar impuestos. Pero el oficio dice que eso ya no corre, y que esa utilidad que tú sacas no se imputa a la pérdida. Esto va a provocar que la recaudación por impuesto a la renta sea menor”, plantea el investigador.
El jefe de los fiscalizadores del SII, Juan Apablaza, señala que la menor recaudación del Estado por esta decisión es un hecho: “Lo que implicó este oficio para el fisco fue una menor recaudación, porque antes nunca hubo, incluso con otros directores nacionales, esta interpretación, porque la ley es bastante clara al respecto. Este cambio de criterio viene a otorgar la facultad al contribuyente para que esas utilidades que van sin crédito no se imputen al FUT, y eso quiere decir que vía devolución de impuestos el fisco no sólo está no recaudando, sino que devolviendo dinero a los contribuyentes”, precisa.
Una visión distinta tiene Javier Jaque, del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, quien precisa que fue un cambio de criterio que podrá beneficiar a algunos, pero también perjudicar a otros: “Fue un cambio de criterio como muchos otros que ha habido en la administración tributaria, por tanto, suponer que esto beneficia o no a alguna empresa es algo de lo cual no tengo antecedentes, y es algo que puede funcionar a favor y en contra. Me explico, es un cambio de criterio eminentemente técnico, alguien podrá compartirlo o no compartirlo, pero es un cambio de criterio que tiene raíces técnicas”, plantea quien también es socio de la empresa de consultas tributarias KMPG.
Aun así, Jaque reconoce que se trata de una materia polémica: “La explicación que se ha dado, desde una perspectiva técnica en seminarios, es la que yo te comento. Es decir, es una utilidad financiera que, al tocar con esta pérdida tributaria, se toma la decisión de que lo financiero no afecte lo tributario, y desde una perspectiva técnica puede parecer razonable. Discutible, hay algunos que lo discuten, hay algunos que lo aprueban”, asegura.
La nueva interpretación del SII fue ratificada en la administración del Presidente Sebastián Piñera, con el Oficio 198 del 31 de enero del 2014, bajo la administración subrogante de Juan Alberto Rojas.
DEFENDIENDO A LAUREATE
Luego de su paso por el SII, el 2010 Ricardo Escobar aterrizó en la auditora Ernst & Young, para luego tener un emprendimiento propio a fines del 2013, cuando se unió a Jorge Bofill para levantar el estudio de abogados que actualmente litiga en casos polémicos, que incluso ha llevado a que los tilden de los “abogados de los malos”. En sus propias palabras, Bofill y Escobar reconocieron a Capital que “no nos asusta defender al cliente impopular”.
En diversas entrevistas, los abogados –que poseen acciones minoritarias en el Restaurante Fulano, Metano y Zungano– han planteado que se especializarán en casos conflictivos, y que buscan dar un apoyo integral a sus clientes, lo que incluye incluso asesorías comunicacionales. Actualmente, defienden a Julio Ponce Lerou en el escándalo Cascadas; fueron parte de la defensa del alcalde de Colina, el UDI Mario Olavarría, acusado de corrupción; son los representantes de Pablo Alcalde, ex La Polar, en la Justicia; y otro de sus asociados, Francisco Aninat, es uno de los defensores de la gigante Chevron en el litigio que mantiene con el Estado de Ecuador, que acusa a la petrolera de haber contaminado un lago en la Amazonía.
Pero, sin duda, uno de los casos que hoy tiene de cabeza a los abogados de Bofill-Escobar es el que involucra al gigante norteamericano Laureate, que en Chile controla tres universidades y tres institutos profesionales. Acusado de lucro –práctica ilegal según la legislación chilena–, sus instituciones están siendo investigadas por el Servicio de Impuestos Internos por eventual evasión tributaria.
En concreto, se analiza el comportamiento de la estadounidense en la venta de servicios a sus universidades en Chile, ya que –según información recopilada por la Fiscalía– los trasvasijes de dinero en este caso no habrían pagado impuestos, utilizando la exención tributaria con que cuentan las casas de estudios superiores por, supuestamente, no perseguir lucro.
En marzo pasado, Escobar se refirió a este caso y señaló: “La impresión que hay es que aquí ha habido una revisión más política que técnica respecto de la situación de Laureate, porque con mejoras en todos los indicadores y aspectos que antes preocuparon a la misma comisión, habiéndose mejorado todo eso y habiendo contado antes con acreditación, y por lo tanto estando hoy en una mucho mejor situación, la acreditación se terminó”, indicó a El Mercurio, refiriéndose a la perdida de la acreditación de la Universidad de Las Américas y a la rebaja en los años de acreditación de la Universidad Andrés Bello, los dos planteles con mayor matrícula en el país.
“Laureate llegó al país hace más de 12 años por la puerta ancha. Ha hecho seis contratos de inversión extranjera, de acuerdo al Decreto Ley 600, firmados con el Estado de Chile, el último de los cuales es de enero de este año”, indicó, en referencia a la polémica que ronda al grupo, dando luces además de la estrategia de defensa que seguirá Laureate frente a eventuales acciones en la Justicia por el no pago de tributos. Se defenderán argumentando que todos los gobiernos sabían lo que ellos estaban haciendo en Chile.
Sobre el mismo punto, agregó: “Laureate tiene una sola política, colaborar y entregar toda la información, porque tenemos el convencimiento de que todo lo que se ha hecho en Chile está de acuerdo a la ley, y los impuestos no son una excepción. Cuando corresponde un ingreso que sea tributado en Chile, se tributa”.
Ricardo Escobar está de viaje en una conferencia en Nueva Delhi, y recién volverá al país el 14 de julio, por lo que en el estudio Bofill-Escobar indicaron que no se encuentra disponible para dar su versión a El Mostrador respecto de estas materias. A su regreso a Chile, volverá al Congreso, donde nuevamente expondrá sus resquemores hacia la reforma tributaria, ya que la Comisión de Hacienda del Senado lo convocó para una segunda ocasión, por petición del senador de RN José García Ruminot.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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