sábado, 19 de septiembre de 2015

Corrupción en Chile: La lista Rossi y la red del grupo Angelini

Se siguen conociendo hechos reveladores de la profundidad alcanzada por los vínculos de grandes intereses económicos con sectores políticos.
HUGO FAZIO 
HOY 09:09 


fulvioangelini
 Así se supo que el grupo Angelini, ya cuestionado por la denominado arista Corpesca y el financiamiento proporcionado a senadores durante el proceso de aprobación de la regresiva Ley de Pesca, desarrolló -al igual como lo hacen Julio Ponce Lerou y los Luksic- una red de contactos hacia diferentes sectores políticos. Al mismo tiempo se conocieron mail que muestran los financiamientos pedidos por el senador socialista Fulvio Rossi y Marco Enriquez-Ominami a Soquimich para financiar campañas electorales, sin ningún escrúpulo sobre a quién se le solicitaba. Desde luego, estos recursos se otorgan con el fin de defender privilegios existentes u obtener otros nuevos. Ello en un periodo caracterizado porque el Servicio de Impuestos Internos ha entregado escasas peticiones de nuevas querellas e incluso para poder contar con más antecedentes en las formalizaciones realizadas. El propio fiscal nacional Sabas Chahuán reiteradamente ha señalado que ello constituye una limitación para avanzar en las investigaciones por delitos tributarios. ¿Lo solucionará la “mesa de coordinación” establecida entre el SII y la Fiscalía Nacional?

A pesar de todos los esfuerzos por pasar a un segundo plano y que no continúen creciendo los antecedentes de las relaciones entre grandes intereses económicos con políticos y esferas de poder, el conocimiento de nuevos hechos confirma la profundidad que alcanzan y, por ello, la necesidad de esclarecerlos profundamente. El amplio arco de intereses involucrados potencia ambas tendencias: de quiénes consideran que no debe avanzarse más y las exigencias en cambio por qué se llegue hasta el fondo de las investigaciones. Ello no se encuentra desligado de las medidas correctivas y sanciones que se puedan imponer. En las últimas semanas nuevos hechos actualizaron estos temas. Entre ellos, el conocimiento de que también al grupo Angelini, al igual como lo hicieron o hacen Soquimich, controlada por Julio Ponce Lerou, y los Luksic, creó una amplia red de relaciones políticas[1] y los mail enviados por el senador Fulvio Rossi a Patricio Contesse, cuando era gerente de SQM, solicitándole ayuda económica y las formas de materializarlas.
Es importante esclarecer los ilícitos y los delitos tributarios cometidos, aunque el hacerlo se ve limitado por la no presentación de casos y solicitud de nuevas querellas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y en otras oportunidades hacerlo parcialmente afectando o impidiendo las investigaciones. Al mismo tiempo debe colocarse en un primer plano de dónde se obtienen los recursos y por qué grandes intereses económicos están dispuestos a proporcionarlos, qué buscan al hacerlo.
De las relaciones construidas por el grupo Angelini se conocía la arista Corpesca, que surgió a partir de las investigaciones efectuadas por la Fiscalía, en que aparece particularmente comprometido el senador de la UDI Jaime Orpis, y la denuncia pública efectuada en marzo por el exsenador Nelson Ávila de la conexión existente de la empresa pesquera con los miembros de la Comisión Permanente de Pesca del Senado, manifestando que “recibieron financiamiento reservado en las elecciones de noviembre 2013, en una suma superior a los $500 millones provenientes de Corpesca” (13/07/15). Al finalizar julio la Fiscalía pidió al Servicio Electoral (Servel) que les proporcionara los aportes reservados recibidos por los candidatos al Senado durante las campañas electorales de 2009 y 2013. Las peticiones se refieren, además de Jaime Orpis, a Fulvio Rossi (PS), Alejandro García Huidobro (UDI), Antonio Horvath (Independiente), Carlos Bianchi (DRP) y al exsenador Hosain Sabag (DC). El Servel rechazó la solicitud dando como razón que el organismo “debe garantizar (…) la reserva de la identidad del donante como garantizar que éste no obtendrá documento alguno que permita identificar su donación ante el donatario o terceros”. Añadiendo que el secreto “solo puede levantarse a requerimiento de los fiscales del Ministerio Público si existe una autorización previa del Juez de Garantía” (19/08/15).
Es evidente que el conocimiento de esta información es sumamente valiosa para esclarecer los vínculos entre intereses económicos y políticos. Más aún, cuando existen denuncias concretas de escándalos en el sector pesquero, como la efectuada por el diputado Hugo Gutiérrez, quien frente a la respuesta del Servel manifestó: “Es claro que las instituciones funcionan, pero para respaldar y asegurar la opacidad y falta de probidad de la política chilena” (19/08/15).
Ello ya comprometía gravemente al grupo Angelini. El cuadro se amplió cuando la revista Qué Pasa a fines de agosto publicó un reportaje donde queda en evidencia que el grupo también utilizaba la estrategia de extender redes o financiar a personeros de distintas formaciones políticas no únicamente con ocasión de la ley de pesca o por objetivos concretos de Corpesca, su principal empresa de este sector. La publicación lo demostró al compararse los registros de libros de compras de empresas del grupo con las rectificaciones efectuadas en abril ante el SII por Empresas Copec y Celulosa Arauco de declaraciones sin respaldo. Se trata de operaciones ascendentes a $1.500 millones entre boletas y facturas recibidas que no se respaldan con haber efectuado los servicios correspondientes.
La red de vínculos es grande. Entre ellos figura Cristián Warner, que fuese jefe de la campaña electoral de Marco Enríquez-Ominami, percibiendo recursos durante cuatro años de Celulosa Arauco; Cristóbal Aninat, uno de los fundadores de Tierra Firme, fundación de Andrés Velasco, que recibió recursos por concepto de asesorías económicas de Copec; Raúl Arrieta, abogado y excolaborador del senador PPD Felipe Harboe, recibiendo fondos en 2013 a través de Asesorías e Inversiones Arrieta Ltda; Harold Correa, uno de los profesionales que efectuaron informes para AyN la empresa de Giorgio Martelli que fuese jefe de gabinete de Nicolás Eyzaguirre en el ministerio de Educación; y el exalcalde y excandidato a senador de la UDI Pablo Zalaquett también de Copec en 2013.
En la entrega de financiamiento a actores políticos aparecen varias de las principales empresas del grupo: Empresas Copec, Celulosa Arauco, Corpesca, Inversiones Siemel y la aseguradora Cruz del Sur, antes que fuese vendida al grupo Security. A comienzos de septiembre, El Mostrador cifró los aportes conocidos a esa fecha, proporcionados por el grupo Angelini, en $318,5 millones. El personaje del grupo que aparece directamente estableciendo los contactos que condujeron a estas operaciones fue el abogado José Tomás Guzmán, vicepresidente de Empresas Copec, el conglomerado del holding, y director de Corpesca, Forestal Arauco, Siemel y Cruz del Sur mientras pertenecía al grupo. Los negocios de la familia se manejan desde Inversiones Angelini, en la cual figura como accionista. Su nombre fue proporcionado como el vínculo con el grupo tanto por Jorge Rosenblut como por Giorgio Martelli. Harod’s Johns Business entró en la repartición debido a que Guzmán le manifestó a Martelli la inconveniencia de que todos los aportes fuesen a una sola empresa, siendo Rodrigo Peñailillo quien sugirió a la firma de abogados, uno de cuyos socios es Harold Correa. Ricardo Vargas, contador general de empresas Copec, declaró a la Fiscalía que nunca vio a los socios de estas firmas en las oficinas de la empresa, “ni nunca vi un informe de ellos” (12/09/15).
A comienzos de septiembre se conoció un correo electrónico dirigido a Patricio Contesse exgerente general de SQM, enviado por el senador socialista Fulvio Rossi solicitando dinero para 32 candidatos, que postulaban en las elecciones municipales de ese año. El texto señalaba: “Estimado Patricio: de acuerdo a lo conversado, te envío la lista de candidatos y candidatas. Te reitero mis sinceros agradecimientos”. La Fiscalía procedió a solicitar al Octavo Juzgado de Garantía se autorizase al Servicio Electoral a entregar esos antecedentes, para determinar así, expresó Sabas Chahuán al efectuarla, “si los candidatos (…) recibieron dicho financiamiento a través del mecanismo formal y válido (…) o lo hicieron empleando otro mecanismo (…)” (02/09/15).
Rossi debió reconocer el envío del mail tratando de justificarse en que “se trata de una solicitud de apoyo para el financiamiento de campañas a través de los mecanismos que la ley establece vía servicio electoral (…)” (02/09/15). Desde luego, sin mencionar ni intentar justificar a quien se le solicitaba como tampoco si contaba con el consentimiento de los integrantes de la lista publicitada para formar parte de ella. No era así. Comunicaciones conocidas posteriormente constataron que los fondos solicitados por Rossi no eran para ser proporcionados exclusivamente a través del Servel. Con fecha 24 de agosto de 2012 le envió otro mail dirigido al abogado Enrique Olivares en que se lee: “Estimado Enrique: revisé el tema y te propongo lo siguiente (…) ¿Será posible por los tres restantes una boleta para los concejales que no pueden recibir aportes? La respuesta fue la siguiente: “Por encargo de Patricio Contesse, agradecería pudiéramos hablar, o con quién me indique, para los efectos de revisar algunos aspectos de lo señalado en tu mail (…)” (08/09/15). Se trataba de sus colaboradores en esa fecha Mariela Molina y Lorenzo Madariaga y su excuñada María Martínez. Por tanto, sugirió utilizar canales distintos al del Servel. Como manifestó el diputado Osvaldo Andrade estos nuevos textos “empeoran su situación” ya que se sugirió también un “método subrepticio para conseguir financiamiento” (07/09/15).
De otra parte, ocho de los 32 candidatos se querellaron en la Fiscalía de Iquique por “estafa, usurpación de nombre, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible”. Agregando que “utilizó sin autorización y maliciosamente” sus nombres. El texto enfatizó, además, un tema político de fondo: “Debido a nuestra filiación partidaria, a saber radical, socialista y democratacristiana (…) resulta de una contradicción e inconsecuencia inexplicable el aparecer solicitando aportes a una empresa con estrecha vinculación con la dictadura militar” (05/09/15).
Un juicio profundamente crítico del actuar de Rossi lo proporcionó Francisco Fernández hasta fines de agosto integrante del Tribunal Constitucional y que fue propuesto para presidir el Consejo de Alto Nivel que debe propender a mejorar el proceso legislativo del Congreso. “Soy –se declara- de los socialistas (…) de antes, que dieron su vida por defender a un gobierno democráticamente elegido en Chile, Yo no tengo nada que ver con estos señores de hoy día, que se alquilan al mejor postor. Lo del señor Rossi –añadió- no tiene presentación posible, y creo que no es el único. Esa gente, ¿con qué dignidad puede votar (…) una ley, una iniciativa cualquiera? ¿A quién responde? Responde no a los ciudadanos, sino al que financió la campaña. Pobre de él que se salga de aquello –concluyó-, porque pasa a ser un desagradecido y un traidor” (05/19/15).
El senador socialista no constituye una excepción en intercambio de correos solicitando financiamiento a la empresa controlada por Julio Ponce Lerou. Igualmente se dirigió a Patricio Contesse a nombre de Marco Enriquez-Ominami, cuando lanzaba su nueva campaña presidencial, Cristián Warner en comunicación dirigida a Katherine Bischof, que fuese la secretaria del exgerente general de SQM. En el texto le pide entregar un “recado a don Patricio de parte de Marco. Que le agradece enormemente su ayuda y que terminando la gira nacional lo pasará a ver para agradecerle en persona” (03/09/15). Los datos divulgados son que este financiamiento se inició en 2011 a través de SQM Salar –cuyos antecedentes aún no se los proporciona el SII a la Fiscalía Nacional- y eran de $4 millones mensuales. Después hubo un “nuevo aporte” ascendente a US$250.000 a entregar en doce cuotas. En definitiva, Julio Ponce Lerou financiaba a distintos actores políticos, en eso consistía parte de su estrategia.
“(…) asume como sorprendente –comentó El Mercurio en su Semana Política- (…) el que un senador socialista y un excandidato presidencial que se postulaba como una figura de la izquierda alternativa aparezcan vinculados o requiriendo aportes a empresas cuyos propietarios y ejecutivos han sido objeto de permanente cuestionamiento en el discurso público de la misma izquierda” (06/0915). Es así, pero es mirar solo un lado del tema. Ello se hizo posible por los esfuerzos de esos “propietarios y ejecutivos” de desarrollar esos vínculos ¿Ello no tiene nada que ver, debería preguntarse por qué finalizado el gobierno Piñera continúa subsistiendo la Ley de Pesca promulgada durante su administración? O que después de un cuarto de siglo luego del término de la dictadura, ¿el que fuese yerno de Pinochet sigue controlando Soquimich?  Ello no se modifica con la renuncia de Julio Ponce a participar en la presidencia o en directorios de las sociedades Cascadas, cuya estructura permanece sin modificarse. Únicamente no ocupaba un cargo en el directorio de Nitratos de Chile, presidida por su hermano Luis Eugenio.
El exdiputado Radical Alejandro Sule tampoco tuvo reparos, según la versión de su abogado, Andrés Sepúlveda, para efectuar “asesorías profesionales” a Patricio Contesse. Lo nuevo, de acuerdo a su relato, es que “lo llamaron directamente a él para prestar el servicio. Alejandro no es ingenuo –agregó-, hoy entiende por toda la información que está disponible de que SQM desplegó distintos esfuerzos para tratar de tender redes con gente de la Nueva Mayoría. En esa época –recalcó en justificación del exdiputado- él no lo sabía” (13/09/15). ¿Desconocía que quien controla SQM es Julio Ponce? La conclusión es que nuestro país precisa de cambios profundos, pero para producirlos se requiere cortar los lazos deformantes entre grandes intereses económicos con estructuras políticas y el Estado. ¿Hasta cuándo se aceptará que Julio Ponce controle Soquimich a través del mecanismo de Cascadas?
Sabas Chahuán al dar a conocer la petición de la Fiscalía al Servel reiteró su formulación efectuada constantemente por semanas, teniendo presente el artículo 92 del Código Tributario, de que el SII presente querellas o denuncias por delitos tributarios. “Nosotros respetamos –manifestó- las facultades del SII, pero hemos dicho que en ciertos casos si no hay una querella o una denuncia cuando son exclusivamente delitos de índole tributario, hasta ahí se puede llegar con la investigación” (05/19/15). Paralelamente a estas expresiones, la Fiscalía ha remitido nuevos antecedentes de sus investigaciones al SII para que este organismo se pronuncie sobre implementar las respectivas querellas tributarias. El nuevo director del SII, Fernando Barraza, luego de reunirse con el Fiscal Nacional informó que coincidieron en “algunos lineamientos de coordinación, que es lo que vine a plantear, precisamente, para efectos de una mejor coordinación”. Acordándose establecer “una mesa de coordinación permanente” (12/09/15).

[1] Véase, Chile en Tiempo de Reformas, Editorial USACH, págs. 58 a 81 y Resumen Económico Trimestral abril-junio de 2015, págs. 16 a 20.
Hugo FAzioEl Ciudadano

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