Lorena Fríes:
“La Ley Antiterrorista y el pueblo mapuche están bajo la lupa de la ONU”
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se refiere al Examen Periódico Universal que Chile debe rendir ante el Consejo de DDHH de Naciones Unidas a fines de enero. Advierte que la situación de los pueblos indígenas será el tema que concentra mayor atención, pero también se esperan recomendaciones desde los estados pares en relación a políticas reproductivas y aborto, además de la tipificación de la tortura como delito, la fuerza innecesaria de carabineros en protestas y los juicios que son derivados a la Justicia Militar.
El Examen Periódico Universal (EPU) es una instancia a la que se someten los estados miembros de Naciones Unidas para exponer ante el Consejo de Derechos Humanos. Chile rendirá este examen por segunda vez a fines de enero, en Ginebra, luego de una primera medición el año 2009.
En ese año, Chile aceptó las recomendaciones respecto de institucionalidad y derechos humanos, lo que será respondido con la creación del INDH y un proyecto de Subsecretaría de Gobierno. Por otro lado, rechazó las indicaciones sobre políticas reproductivas y despenalización del aborto. Para Lorena Fríes, directora del Instituto, hay puntos que se repetirán entre las exigencias. A su juicio, Chile no ha resuelto temas en materia de seguridad, con el tema mapuche como principal punto de atención de los estados pares.
¿Qué condiciones marcan este segundo Examen Periódico Universal ante Naciones Unidas?
Han pasado cuatro años, va a coincidir con la gestión del Presidente Sebastián Piñera. Se pondrán los énfasis en aquellos avances y se deja abierta la conversación para ver temas que son deficitarios y tenemos pendientes desde el 2009, la última vez que Chile fue examinado.
Hay una defensa del Estado respecto de la institucionalidad, donde el INDH juega un rol esencial.
Es uno de los aspectos positivos que va a mostrar el Estado. La creación del Instituto como órgano autónomo, que ha representado a los distintos poderes la situación deficitaria y los pasos a avanzar en esta materia. Se preguntará por el Defensor de las Personas, un aspecto pendiente, aunque nunca se estableció como una diferencia muy clara a nivel entre Instituto y Defensoría. Se insistirá en temas pendientes que tienen que ver con el fuero militar para juzgar a carabineros por violencia innecesaria contra civiles. La ley Antiterrorista está bajo la lupa y por supuesto la situación del pueblo mapuche va a concentrar la mayor atención de los Estados.
Hay señales respecto de institucionalidad, pero poco de transformación cultural, más allá de la estructura.
Creo que la creación del INDH marca una diferencia, estamos introduciendo en el discurso de las autoridades la noción de derechos humanos como base de la convivencia. Es relativamente nuevo, pero Chile está demorado en este ámbito. Nos falta avanzar en la Subsecretaría de Derechos Humanos, iniciando un proceso de institucionalización de los temas y aún falta mucho.
¿Cómo se revuelve la dicotomía entre los avances y el trabajo pendiente en temas de seguridad, como lo es tipificar el delito de tortura, justicia militar a carabineros y Ley de Amnistía?
La violencia policial ha estado presente cuando se hizo el examen en la Convención sobre Derechos de las Mujeres y apareció el tema de la violencia policial. Será un tema ligado al tema de la justicia militar, a la falta de rendición de cuentas y un grado de impunidad respecto de los actos que cometen y que no necesariamente deberían ir a ese fuero. Será un tema presente, no sé la respuesta del Estado chileno, se hablará del orden público, pero nosotros señalamos que eran proyectos que no cumplían con los estándares mínimos.
El tema de políticas migratorias será tocado en este informe. ¿Cuáles son las falencias a corregir para optimizar la situación de Chile, polo de atracción migratoria en la región?
Tenemos una legislación obsoleta, con una condición de seguridad nacional que surgió en dictadura y que miraba a los extranjeros como enemigos. Ha pasado mucho tiempo, el fenómeno migratorio es de primer nivel, hay tratados de comercio y el desarrollo de los derechos humanos ha bajado la intensidad de las fronteras. Muchas personas van a otros países a buscar nuevos proyectos de vida. No tenemos una legislación integral en materia de migración, recién se está revisando en el Congreso con una lógica de trabajo formal, no de una concepción de derechos humanos, hay que avanzar en ello. El proyecto es mejorable, hay que buscar una mirada real que integre a los migrantes a la diversidad cultural que están viviendo las sociedades.
¿Cuál es la evaluación que surge ante el tema del aborto, que recibiría recomendaciones en segunda instancia, luego del rechazo de Chile en el primer examen de este tema?
En esta parte del EPU, Chile no está obligado a comprometerse con las recomendaciones. Será el próximo gobierno el que establezca compromisos para su período. El aborto será tema, Chile lo dejó fuera y es parte de la agenda del próximo gobierno. Veremos qué tan abierta queda la puerta para avanzar en ello.
¿Cuál es la importancia ante un tema que fue rechazado en el primer examen y que posiblemente se repita entre las recomendaciones a Chile?
Respecto del aborto hay temas importantes, en la medida que hay violación a los derechos humanos al no contar con regulación para interrumpir el embarazo. Pero la principal situación va en relación al pueblo indígena y la situación del pueblo mapuche.
Respecto al conflicto mapuche, ¿cuánto influirá el manejo del conflicto desde este gobierno?
Esto no se resuelve con políticas de superación de pobreza, tampoco con un énfasis desmedido en políticas de seguridad. Esto es con mucha paciencia, apuntando no sólo a temas de territorio e inversión, sino que también desjudicializando algunos temas y que los delitos que se cometen tanto de indígenas como quienes no lo son, sean sancionados. En la región hay sensación de ineficacia, cosa que hemos dicho en los últimos dos informes. A eso hay que sumar que estuvo el Relator de Derechos Humanos y Terrorismo, quien hizo un informe que será parte de los antecedentes que reciben los distintos Estados antes de dar las recomendaciones. El mayor grado de exposición en materia de violación de los derechos humanos tiene que ver con los pueblos indígenas, en relación al Convenio 169 y la Declaración sobre Pueblos Indígenas.
¿Hay alternativas de que este examen sea vinculante a las políticas públicas?
No son vinculantes del punto de vista jurídico, pero es un compromiso de buena fe ante la comunidad internacional. No sería capaz un gobierno de invocar que no es vinculante para no cumplir, sobre todo si uno es miembro del Consejo de Derechos Humanos. Como segunda cosa, la cuestión importante respecto de las recomendaciones es que las organizaciones tienen en esas recomendaciones una ruta de exigencia al Estado por estos compromisos. Es importante para estas organizaciones conocer las recomendaciones, los compromisos y exigirlos hasta el nuevo informe.
¿Cuál es la proyección del INDH respecto de la evolución de estos temas en el próximo gobierno?
Si hay algo que siempre existe es el optimismo. Siempre creemos que los derechos humanos, a la larga, es un asunto de en qué estación te subes a la micro, pero todos se van a subir. Siempre miramos con optimismo para sumar mayor respeto y mayor garantía de los derechos.
FUENTE RADIO U. DE CHILE
En ese año, Chile aceptó las recomendaciones respecto de institucionalidad y derechos humanos, lo que será respondido con la creación del INDH y un proyecto de Subsecretaría de Gobierno. Por otro lado, rechazó las indicaciones sobre políticas reproductivas y despenalización del aborto. Para Lorena Fríes, directora del Instituto, hay puntos que se repetirán entre las exigencias. A su juicio, Chile no ha resuelto temas en materia de seguridad, con el tema mapuche como principal punto de atención de los estados pares.
¿Qué condiciones marcan este segundo Examen Periódico Universal ante Naciones Unidas?
Han pasado cuatro años, va a coincidir con la gestión del Presidente Sebastián Piñera. Se pondrán los énfasis en aquellos avances y se deja abierta la conversación para ver temas que son deficitarios y tenemos pendientes desde el 2009, la última vez que Chile fue examinado.
Hay una defensa del Estado respecto de la institucionalidad, donde el INDH juega un rol esencial.
Es uno de los aspectos positivos que va a mostrar el Estado. La creación del Instituto como órgano autónomo, que ha representado a los distintos poderes la situación deficitaria y los pasos a avanzar en esta materia. Se preguntará por el Defensor de las Personas, un aspecto pendiente, aunque nunca se estableció como una diferencia muy clara a nivel entre Instituto y Defensoría. Se insistirá en temas pendientes que tienen que ver con el fuero militar para juzgar a carabineros por violencia innecesaria contra civiles. La ley Antiterrorista está bajo la lupa y por supuesto la situación del pueblo mapuche va a concentrar la mayor atención de los Estados.
Hay señales respecto de institucionalidad, pero poco de transformación cultural, más allá de la estructura.
Creo que la creación del INDH marca una diferencia, estamos introduciendo en el discurso de las autoridades la noción de derechos humanos como base de la convivencia. Es relativamente nuevo, pero Chile está demorado en este ámbito. Nos falta avanzar en la Subsecretaría de Derechos Humanos, iniciando un proceso de institucionalización de los temas y aún falta mucho.
¿Cómo se revuelve la dicotomía entre los avances y el trabajo pendiente en temas de seguridad, como lo es tipificar el delito de tortura, justicia militar a carabineros y Ley de Amnistía?
La violencia policial ha estado presente cuando se hizo el examen en la Convención sobre Derechos de las Mujeres y apareció el tema de la violencia policial. Será un tema ligado al tema de la justicia militar, a la falta de rendición de cuentas y un grado de impunidad respecto de los actos que cometen y que no necesariamente deberían ir a ese fuero. Será un tema presente, no sé la respuesta del Estado chileno, se hablará del orden público, pero nosotros señalamos que eran proyectos que no cumplían con los estándares mínimos.
El tema de políticas migratorias será tocado en este informe. ¿Cuáles son las falencias a corregir para optimizar la situación de Chile, polo de atracción migratoria en la región?
Tenemos una legislación obsoleta, con una condición de seguridad nacional que surgió en dictadura y que miraba a los extranjeros como enemigos. Ha pasado mucho tiempo, el fenómeno migratorio es de primer nivel, hay tratados de comercio y el desarrollo de los derechos humanos ha bajado la intensidad de las fronteras. Muchas personas van a otros países a buscar nuevos proyectos de vida. No tenemos una legislación integral en materia de migración, recién se está revisando en el Congreso con una lógica de trabajo formal, no de una concepción de derechos humanos, hay que avanzar en ello. El proyecto es mejorable, hay que buscar una mirada real que integre a los migrantes a la diversidad cultural que están viviendo las sociedades.
¿Cuál es la evaluación que surge ante el tema del aborto, que recibiría recomendaciones en segunda instancia, luego del rechazo de Chile en el primer examen de este tema?
En esta parte del EPU, Chile no está obligado a comprometerse con las recomendaciones. Será el próximo gobierno el que establezca compromisos para su período. El aborto será tema, Chile lo dejó fuera y es parte de la agenda del próximo gobierno. Veremos qué tan abierta queda la puerta para avanzar en ello.
¿Cuál es la importancia ante un tema que fue rechazado en el primer examen y que posiblemente se repita entre las recomendaciones a Chile?
Respecto del aborto hay temas importantes, en la medida que hay violación a los derechos humanos al no contar con regulación para interrumpir el embarazo. Pero la principal situación va en relación al pueblo indígena y la situación del pueblo mapuche.
Respecto al conflicto mapuche, ¿cuánto influirá el manejo del conflicto desde este gobierno?
Esto no se resuelve con políticas de superación de pobreza, tampoco con un énfasis desmedido en políticas de seguridad. Esto es con mucha paciencia, apuntando no sólo a temas de territorio e inversión, sino que también desjudicializando algunos temas y que los delitos que se cometen tanto de indígenas como quienes no lo son, sean sancionados. En la región hay sensación de ineficacia, cosa que hemos dicho en los últimos dos informes. A eso hay que sumar que estuvo el Relator de Derechos Humanos y Terrorismo, quien hizo un informe que será parte de los antecedentes que reciben los distintos Estados antes de dar las recomendaciones. El mayor grado de exposición en materia de violación de los derechos humanos tiene que ver con los pueblos indígenas, en relación al Convenio 169 y la Declaración sobre Pueblos Indígenas.
¿Hay alternativas de que este examen sea vinculante a las políticas públicas?
No son vinculantes del punto de vista jurídico, pero es un compromiso de buena fe ante la comunidad internacional. No sería capaz un gobierno de invocar que no es vinculante para no cumplir, sobre todo si uno es miembro del Consejo de Derechos Humanos. Como segunda cosa, la cuestión importante respecto de las recomendaciones es que las organizaciones tienen en esas recomendaciones una ruta de exigencia al Estado por estos compromisos. Es importante para estas organizaciones conocer las recomendaciones, los compromisos y exigirlos hasta el nuevo informe.
¿Cuál es la proyección del INDH respecto de la evolución de estos temas en el próximo gobierno?
Si hay algo que siempre existe es el optimismo. Siempre creemos que los derechos humanos, a la larga, es un asunto de en qué estación te subes a la micro, pero todos se van a subir. Siempre miramos con optimismo para sumar mayor respeto y mayor garantía de los derechos.
FUENTE RADIO U. DE CHILE
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