Examen Periódico Universal de la ONU
Gobierno rechaza críticas por Ley Antiterrorista, aborto y discriminación
El Estado Chileno desestimó tomar en cuenta tres recomendaciones realizadas por estados pares en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) rendido ante el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas. El informe final, que se emite en junio de este año, es reiterativo en varios puntos, al tiempo que la sociedad civil espera avances y reconocimientos.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dio recomendaciones a Chile sobre el aborto terapéutico, la penalización de la fuerza policial excesiva durante las protestas y la protección de los derechos de las minorías.
Este viernes el órgano internacional adoptó el informe del grupo de trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) de Chile, documento al ya se tiene acceso.
Entre las recomendaciones figuran el respeto y garantía del pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la legalización del aborto terapéutico y en casos de violación, diversidad sexual, derechos de las mujeres, y mejorar su protección contra la violencia de género.
En este último punto, la delegación nacional encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, ya expresó que el Estado se abstendrá de considerar. El embajador de Chile en la ONU, José Luis Balmaceda explicó cuáles se desestimarán.
“Las relativas a la supuesta criminalización de las reivindicaciones y protestas sociales indígenas mediante la aplicación de legislación antiterrorista. Las relativas al aborto, o aquellas que presuponen un derecho de libre tránsito de personas entre países, al margen del ordenamiento jurídico. El gobierno entregará una respuesta fundamentada para que el Consejo tenga la oportunidad de conocer la visión de Chile”, dijo.
Las naciones recomendaron sancionar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones sociales, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de los migrantes.
La sociedad civil hizo sus aportes, de los cuales las Naciones desprendieron sus recomendaciones y ante lo cual la directora del Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales; Judith Schönsteiner, llamó al Estado a poner especial atención en ciertos puntos.
“Sería importante que puedan reconocer los desafíos en materia de discriminación, educación y salud, la falta de institucionalidad y los derechos de pueblos indígenas. Reconocimiento territorial y entrega de tierras, además del tema de la consulta”, dijo.
El informe final termina de emitirse en junio de este año, cuando todos los antecedentes sean adoptados por el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en sesión regular.
Mientras, la ocasión sirvió para afirmar lazos entre los Institutos de Derechos Humanos de distintos países. Lorena Fríes directora de la institución chilena, dijo que la violencia de género es un importante tema para avanzar: “La reflexión es cómo cambiamos un enfoque judicializante de la violencia a un enfoque preventivo, cuestión que hoy no está presente en nuestro Estado. Se trata de cambiar una estructura y no sólo que ciertas personas vayan a la cárcel donde no hay garantías en esta materia”.
Mientras, su símil de Uruguay, Juan Raúl Ferreira, describió el acuerdo que suscribieron los INDH de ambos países, y señaló que “hace pocas semanas con el INDH chileno suscribimos un convenio de cooperación bilateral. El EPU debiese ser un insumo fundamental para la elaboración de los ejes temáticos y trabajemos en conjunto como consecuencia de este acuerdo”.
Ambos directivos coinciden en que hay varios temas en los que se pueden compartir experiencias, como la actualización de los procedimientos penales y la implementación del convenio 169 de la OIT.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE
Este viernes el órgano internacional adoptó el informe del grupo de trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) de Chile, documento al ya se tiene acceso.
Entre las recomendaciones figuran el respeto y garantía del pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la legalización del aborto terapéutico y en casos de violación, diversidad sexual, derechos de las mujeres, y mejorar su protección contra la violencia de género.
En este último punto, la delegación nacional encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, ya expresó que el Estado se abstendrá de considerar. El embajador de Chile en la ONU, José Luis Balmaceda explicó cuáles se desestimarán.
“Las relativas a la supuesta criminalización de las reivindicaciones y protestas sociales indígenas mediante la aplicación de legislación antiterrorista. Las relativas al aborto, o aquellas que presuponen un derecho de libre tránsito de personas entre países, al margen del ordenamiento jurídico. El gobierno entregará una respuesta fundamentada para que el Consejo tenga la oportunidad de conocer la visión de Chile”, dijo.
Las naciones recomendaron sancionar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones sociales, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de los migrantes.
La sociedad civil hizo sus aportes, de los cuales las Naciones desprendieron sus recomendaciones y ante lo cual la directora del Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales; Judith Schönsteiner, llamó al Estado a poner especial atención en ciertos puntos.
“Sería importante que puedan reconocer los desafíos en materia de discriminación, educación y salud, la falta de institucionalidad y los derechos de pueblos indígenas. Reconocimiento territorial y entrega de tierras, además del tema de la consulta”, dijo.
El informe final termina de emitirse en junio de este año, cuando todos los antecedentes sean adoptados por el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en sesión regular.
Mientras, la ocasión sirvió para afirmar lazos entre los Institutos de Derechos Humanos de distintos países. Lorena Fríes directora de la institución chilena, dijo que la violencia de género es un importante tema para avanzar: “La reflexión es cómo cambiamos un enfoque judicializante de la violencia a un enfoque preventivo, cuestión que hoy no está presente en nuestro Estado. Se trata de cambiar una estructura y no sólo que ciertas personas vayan a la cárcel donde no hay garantías en esta materia”.
Mientras, su símil de Uruguay, Juan Raúl Ferreira, describió el acuerdo que suscribieron los INDH de ambos países, y señaló que “hace pocas semanas con el INDH chileno suscribimos un convenio de cooperación bilateral. El EPU debiese ser un insumo fundamental para la elaboración de los ejes temáticos y trabajemos en conjunto como consecuencia de este acuerdo”.
Ambos directivos coinciden en que hay varios temas en los que se pueden compartir experiencias, como la actualización de los procedimientos penales y la implementación del convenio 169 de la OIT.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE
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