Autor: MANUEL SALAZAR SALVO
La principal asesora del presidente Sebastián Piñera, la poderosa jefa del “segundo piso” de La Moneda, María Teresa Brahm, recibió la instrucción de aumentar hasta en los más mínimos detalles el monitoreo de las irregularidades producidas en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu, y en el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), que derivaron en el llamado “caso Kodama”. Las repercusiones de este escándalo abrieron en el gobierno tres frentes de conflicto: uno administrativo, circunscrito a la competencia de la Contraloría; otro político, instalado en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y un tercero, en el ámbito judicial, a cargo de un fiscal del Ministerio Público.
El más complicado es este último escenario, donde el fiscal Jorge Morales pidió incluso el levantamiento del secreto bancario para examinar las cuentas corrientes de algunos involucrados, medida que se extendería a depósitos efectuados en Estados Unidos. El fiscal también prohibió el acceso a sus investigaciones a los abogados de ambas partes, los cuales estaban filtrando antecedentes parciales a diversos medios de prensa.
En La Moneda se teme que escándalos como el “caso Kodama” puedan replicarse en otras reparticiones públicas donde cotidianamente se enfrentan los intereses públicos y privados, dada la creciente participación de los últimos en las más diversas esferas de la gestión estatal. La inquietud ha crecido luego de advertirse la escasa experiencia mostrada por muchos de los asesores y nuevos funcionarios de niveles altos y medios, que ignoran los innumerables vericuetos de la administración del Estado.
A la falta de conocimiento acerca de las “líneas” de trabajo que imperan en las normativas y controles públicos, se agrega la evidente lógica del interés privado que prima en la formación de los nuevos funcionarios, casi todos ellos muy jóvenes y con apetito de éxito rápido y recompensas inmediatas.
Dirigentes de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional han reiterado al gobierno -en público y en privado- que es necesario que se incorpore a cuadros con experiencia política y conocimientos probados en la gestión pública. Pero hasta ahora, el presidente Piñera y algunos de sus principales consejeros se han resistido a hacerlo en forma significativa. Piñera ha privilegiado la selección de jóvenes ejecutivos empresariales y académicos de escasa experiencia práctica por sobre las estructuras partidarias de la Coalición por el Cambio, lo que ha redundado en numerosos conflictos al interior de las propias instancias de gobierno, sometidas a crecientes pugnas internas, descoordinaciones y eventuales malos manejos que podrían derivar en nuevas situaciones como el “caso Kodama”. Entre bromas, incluso, algunos se han atrevido a señalar que no se admitirán nuevas contrataciones de funcionarios menores de 50 años.
El denominado “caso bombas” también es un episodio que inquieta al “segundo piso” y que revela apresuramiento en la toma de decisiones. La investigación que llevó con aparente éxito el ex fiscal Alejandro Peña, hoy funcionario del Ministerio del Interior, se ha desplomado en medio de las críticas de los jueces de garantía y de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago por la mala calidad del trabajo de acumulación de pruebas, gran parte de las cuales fueron retiradas, permitiendo que casi todos los imputados abandonaran la cárcel. No obstante, el mediático ex fiscal Peña fue incorporado al Ministerio del Interior por el ministro Rodrigo Hinzpeter, sembrando de dudas la oportunidad y acierto de esa decisión (Ver información en páginas 10 y 11).
Situaciones irregulares inquietantes, asimismo, se han registrado en las últimas semanas en la Corporación Nacional Forestal (Conaf); en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb); en el Ministerio de Salud, y en secretarías regionales ministeriales diversas, generando un constante clima de nerviosismo ante la posibilidad de que esos casos también terminen en los tribunales de justicia.
Otro de los temas que derivará de modo ineludible hacia estrados judiciales será el debate por la construcción de las centrales hidroeléctricas contempladas en el proyecto HidroAysén, cuyos opositores iniciaron masivas protestas y movilizaciones que podrían extenderse a todo el país y poner en riesgo la casi totalidad de las iniciativas energéticas previstas por el gobierno y, además, socavar la hasta ahora indemne popularidad del biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne. (Ver información en páginas 8 y 9).
El más complicado es este último escenario, donde el fiscal Jorge Morales pidió incluso el levantamiento del secreto bancario para examinar las cuentas corrientes de algunos involucrados, medida que se extendería a depósitos efectuados en Estados Unidos. El fiscal también prohibió el acceso a sus investigaciones a los abogados de ambas partes, los cuales estaban filtrando antecedentes parciales a diversos medios de prensa.
En La Moneda se teme que escándalos como el “caso Kodama” puedan replicarse en otras reparticiones públicas donde cotidianamente se enfrentan los intereses públicos y privados, dada la creciente participación de los últimos en las más diversas esferas de la gestión estatal. La inquietud ha crecido luego de advertirse la escasa experiencia mostrada por muchos de los asesores y nuevos funcionarios de niveles altos y medios, que ignoran los innumerables vericuetos de la administración del Estado.
A la falta de conocimiento acerca de las “líneas” de trabajo que imperan en las normativas y controles públicos, se agrega la evidente lógica del interés privado que prima en la formación de los nuevos funcionarios, casi todos ellos muy jóvenes y con apetito de éxito rápido y recompensas inmediatas.
Dirigentes de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional han reiterado al gobierno -en público y en privado- que es necesario que se incorpore a cuadros con experiencia política y conocimientos probados en la gestión pública. Pero hasta ahora, el presidente Piñera y algunos de sus principales consejeros se han resistido a hacerlo en forma significativa. Piñera ha privilegiado la selección de jóvenes ejecutivos empresariales y académicos de escasa experiencia práctica por sobre las estructuras partidarias de la Coalición por el Cambio, lo que ha redundado en numerosos conflictos al interior de las propias instancias de gobierno, sometidas a crecientes pugnas internas, descoordinaciones y eventuales malos manejos que podrían derivar en nuevas situaciones como el “caso Kodama”. Entre bromas, incluso, algunos se han atrevido a señalar que no se admitirán nuevas contrataciones de funcionarios menores de 50 años.
El denominado “caso bombas” también es un episodio que inquieta al “segundo piso” y que revela apresuramiento en la toma de decisiones. La investigación que llevó con aparente éxito el ex fiscal Alejandro Peña, hoy funcionario del Ministerio del Interior, se ha desplomado en medio de las críticas de los jueces de garantía y de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago por la mala calidad del trabajo de acumulación de pruebas, gran parte de las cuales fueron retiradas, permitiendo que casi todos los imputados abandonaran la cárcel. No obstante, el mediático ex fiscal Peña fue incorporado al Ministerio del Interior por el ministro Rodrigo Hinzpeter, sembrando de dudas la oportunidad y acierto de esa decisión (Ver información en páginas 10 y 11).
Situaciones irregulares inquietantes, asimismo, se han registrado en las últimas semanas en la Corporación Nacional Forestal (Conaf); en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb); en el Ministerio de Salud, y en secretarías regionales ministeriales diversas, generando un constante clima de nerviosismo ante la posibilidad de que esos casos también terminen en los tribunales de justicia.
Otro de los temas que derivará de modo ineludible hacia estrados judiciales será el debate por la construcción de las centrales hidroeléctricas contempladas en el proyecto HidroAysén, cuyos opositores iniciaron masivas protestas y movilizaciones que podrían extenderse a todo el país y poner en riesgo la casi totalidad de las iniciativas energéticas previstas por el gobierno y, además, socavar la hasta ahora indemne popularidad del biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne. (Ver información en páginas 8 y 9).
Un salto adelante
Junto a los cada vez más frecuentes desaciertos del gobierno, se ha podido observar un paulatino aumento de la presencia en las calles de la oposición ciudadana, que está sobrepasando nítidamente a las iniciativas de la oposición política partidaria. Cerca de quince mil asistentes a la marcha metropolitana del Primero de Mayo, catorce mil estudiantes en una protesta pacífica convocada por dirigentes de universidades privadas, más de diez mil jóvenes pidiendo que se legalice la marihuana, otros tantos miles en diversas ciudades manifestándose contra las centrales termoeléctricas e HidroAysén, y así sucesivamente con los trabajadores de la salud, magisterio y otros gremios. Todos, quizás, son los primeros síntomas de una caldera que empieza a levantar su presión.
En La Moneda, en tanto, se viene preparando desde mediados de abril una batería de planes y proyectos que alcanzarán su momento estelar el 21 de mayo, cuando el presidente Piñera entregue la segunda cuenta pública de su gestión ante el Congreso Pleno y el país. El mandatario concentrará gran parte de su exposición en la entrega de un minucioso balance de las obras de reconstrucción realizadas para paliar los efectos del terremoto y tsunami de febrero de 2010. No obstante, Piñera anunciará una cantidad de programas y proyectos de ley con los que pretende dar un salto adelante y recuperar la iniciativa política perdida en los últimos meses.
Entre los anuncios preparados destaca un paquete de medidas para modernizar la administración pública, becas diversas para estudios técnicos y profesionales, esbozos de una nueva política habitacional para los sectores de bajos y medianos ingresos, medidas tributarias especiales para el agro, beneficios para el transporte terrestre y el cabotaje, rebaja de impuestos a algunos productos y servicios tecnológicos, cambios en el ámbito de las telecomunicaciones y nuevos incentivos para la inversión y los emprendedores.
Tales medidas pretenden ser los entremeses y acompañamientos del plato de fondo, en preparación hasta ahora, consistente en la extensión del postnatal para las mujeres trabajadoras y en la eliminación del 7% de salud que cotizan los jubilados. Estas dos medidas emblemáticas del programa de gobierno de Piñera, sin embargo, corren el riesgo de no estar listas para el mensaje del 21 de mayo debido a la negativa de la Concertación a aprobarlas tal como las envió el Ejecutivo al Congreso.
Dirigentes de la Alianza por el Cambio sugirieron al presidente que incluyera en su mensaje otros anuncios de gran impacto público como la decisión de que todos los terceros hijos de los matrimonios que se mantienen constituidos, puedan acudir a la universidad en forma gratuita.
Desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segpres), en tanto, se instruyó a los ministerios y servicios públicos para que reforzaran el trabajo de comunicaciones, contratándose en algunos a encargados de marketing y publicidad. Al mismo tiempo, se convocó a varios ministros y subsecretarios a nuevas clases prácticas en dependencias del palacio, para saber enfrentar las cámaras de televisión, qué decir ante ellas y cuáles temas evitar o eludir. Otro equipo se concentró en el área de estudios, donde se mide cada centímetro publicado en diarios y revistas y se revisan minuto a minuto las transmisiones radiales y televisivas, en un intento por descifrar los mecanismos que sostienen los temas de la agenda mediática y las oscilaciones en la popularidad del presidente y de su gabinete.
El mandatario se ha mantenido entre un piso del 30% y un techo del 40% de popularidad en las encuestas, pero con una evidente tendencia a la baja que en las últimas semanas encendió luces rojas en la sede de gobierno. Si los anuncios programados para el 21 de mayo no consiguen revertir la caída, probablemente el invierno se empiece a sentir riguroso en las dependencias de La Moneda y en algunas oficinas públicas cercanas.
En La Moneda, en tanto, se viene preparando desde mediados de abril una batería de planes y proyectos que alcanzarán su momento estelar el 21 de mayo, cuando el presidente Piñera entregue la segunda cuenta pública de su gestión ante el Congreso Pleno y el país. El mandatario concentrará gran parte de su exposición en la entrega de un minucioso balance de las obras de reconstrucción realizadas para paliar los efectos del terremoto y tsunami de febrero de 2010. No obstante, Piñera anunciará una cantidad de programas y proyectos de ley con los que pretende dar un salto adelante y recuperar la iniciativa política perdida en los últimos meses.
Entre los anuncios preparados destaca un paquete de medidas para modernizar la administración pública, becas diversas para estudios técnicos y profesionales, esbozos de una nueva política habitacional para los sectores de bajos y medianos ingresos, medidas tributarias especiales para el agro, beneficios para el transporte terrestre y el cabotaje, rebaja de impuestos a algunos productos y servicios tecnológicos, cambios en el ámbito de las telecomunicaciones y nuevos incentivos para la inversión y los emprendedores.
Tales medidas pretenden ser los entremeses y acompañamientos del plato de fondo, en preparación hasta ahora, consistente en la extensión del postnatal para las mujeres trabajadoras y en la eliminación del 7% de salud que cotizan los jubilados. Estas dos medidas emblemáticas del programa de gobierno de Piñera, sin embargo, corren el riesgo de no estar listas para el mensaje del 21 de mayo debido a la negativa de la Concertación a aprobarlas tal como las envió el Ejecutivo al Congreso.
Dirigentes de la Alianza por el Cambio sugirieron al presidente que incluyera en su mensaje otros anuncios de gran impacto público como la decisión de que todos los terceros hijos de los matrimonios que se mantienen constituidos, puedan acudir a la universidad en forma gratuita.
Desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segpres), en tanto, se instruyó a los ministerios y servicios públicos para que reforzaran el trabajo de comunicaciones, contratándose en algunos a encargados de marketing y publicidad. Al mismo tiempo, se convocó a varios ministros y subsecretarios a nuevas clases prácticas en dependencias del palacio, para saber enfrentar las cámaras de televisión, qué decir ante ellas y cuáles temas evitar o eludir. Otro equipo se concentró en el área de estudios, donde se mide cada centímetro publicado en diarios y revistas y se revisan minuto a minuto las transmisiones radiales y televisivas, en un intento por descifrar los mecanismos que sostienen los temas de la agenda mediática y las oscilaciones en la popularidad del presidente y de su gabinete.
El mandatario se ha mantenido entre un piso del 30% y un techo del 40% de popularidad en las encuestas, pero con una evidente tendencia a la baja que en las últimas semanas encendió luces rojas en la sede de gobierno. Si los anuncios programados para el 21 de mayo no consiguen revertir la caída, probablemente el invierno se empiece a sentir riguroso en las dependencias de La Moneda y en algunas oficinas públicas cercanas.
Congreso del PS
Los socialistas, reunidos en un congreso partidario, acordaron trabajar por “el más amplio acuerdo opositor” para derrotar a la Coalición por el Cambio en las próximas elecciones municipales, generando una plataforma común que permita llevar candidatos a alcaldes únicos de toda la oposición, incluyendo a militantes del Partido Progresista (PRO), Partido Comunista y MAS. De igual modo, coincidieron en que todos los postulantes socialistas a las alcaldías serán definidos en primarias internas.
El congreso socialista se vio tensionado por el intento de algunos diputados de proclamar a Michelle Bachelet como abanderada presidencial para los comicios de 2013. Militantes cercanos a la ex mandataria, como Mahmud Aleuy y Luis Maira, se abocaron durante el desarrollo del evento a evitar ese escenario, argumentando que afectaría el trabajo de Bachelet en la ONU, además de provocar innecesarios roces con los otros partidos de la Concertación.
Un sector mayoritario del Congreso se inclinó por una mayor profundidad y radicalidad de las propuestas del partido, orientadas hacia una estrategia de “grandes transformaciones del país”, sobre todo en la lucha contra la desigualdad y una mejor distribución de la riqueza. También se logró consenso amplio para avanzar hacia una nueva coalición política, que recoja el legado de la Concertación y el entendimiento entre el centro y la Izquierda, pero que se abra hacia los nuevos actores sociales y políticos. Esta nueva agrupación política, se insistió, debería coincidir en unas primarias abiertas que, tras las elecciones municipales, nomine al abanderado presidencial de todas las fuerzas opositoras.
El diputado Marcelo Díaz presentó un documento que contiene algunos elementos básicos para la elaboración de una plataforma programática. Entre ellos, destacan:
Redactar una nueva Constitución Política que consagre derechos sociales, económicos y culturales a través de la construcción de un Estado democrático y social de derecho; transitar hacia un régimen de gobierno semipresidencial; reformar el sistema electoral binominal; establecer un sistema de cuotas para aumentar la participación de las mujeres en el Parlamento; establecer legalmente el sistema de primarias para la selección de candidatos a cargos de representación popular, y voto de los chilenos en el extranjero sin condiciones; consagrar en la Constitución el derecho a participación ciudadana a través de plebiscitos y referéndums e iniciativas populares de leyes; una nueva ley de partidos políticos; una nueva ley de financiamiento de la política y de control del gasto electoral; elección popular de los gobiernos regionales y de presidentes regionales, que reemplacen a los actuales intendentes; impulsar un programa plurianual -regulado por ley- para la descentralización y profundización de la regionalización, que contemple la transferencia de recursos desde el nivel central al regional; modificación del rol subsidiario del Estado, consagrado en la actual Constitución, que limita la construcción de una sociedad más justa e igualitaria; garantizar el derecho a la información en su doble dimensión: el derecho a ser informado verazmente y el derecho a informar.
El congreso socialista se vio tensionado por el intento de algunos diputados de proclamar a Michelle Bachelet como abanderada presidencial para los comicios de 2013. Militantes cercanos a la ex mandataria, como Mahmud Aleuy y Luis Maira, se abocaron durante el desarrollo del evento a evitar ese escenario, argumentando que afectaría el trabajo de Bachelet en la ONU, además de provocar innecesarios roces con los otros partidos de la Concertación.
Un sector mayoritario del Congreso se inclinó por una mayor profundidad y radicalidad de las propuestas del partido, orientadas hacia una estrategia de “grandes transformaciones del país”, sobre todo en la lucha contra la desigualdad y una mejor distribución de la riqueza. También se logró consenso amplio para avanzar hacia una nueva coalición política, que recoja el legado de la Concertación y el entendimiento entre el centro y la Izquierda, pero que se abra hacia los nuevos actores sociales y políticos. Esta nueva agrupación política, se insistió, debería coincidir en unas primarias abiertas que, tras las elecciones municipales, nomine al abanderado presidencial de todas las fuerzas opositoras.
El diputado Marcelo Díaz presentó un documento que contiene algunos elementos básicos para la elaboración de una plataforma programática. Entre ellos, destacan:
Redactar una nueva Constitución Política que consagre derechos sociales, económicos y culturales a través de la construcción de un Estado democrático y social de derecho; transitar hacia un régimen de gobierno semipresidencial; reformar el sistema electoral binominal; establecer un sistema de cuotas para aumentar la participación de las mujeres en el Parlamento; establecer legalmente el sistema de primarias para la selección de candidatos a cargos de representación popular, y voto de los chilenos en el extranjero sin condiciones; consagrar en la Constitución el derecho a participación ciudadana a través de plebiscitos y referéndums e iniciativas populares de leyes; una nueva ley de partidos políticos; una nueva ley de financiamiento de la política y de control del gasto electoral; elección popular de los gobiernos regionales y de presidentes regionales, que reemplacen a los actuales intendentes; impulsar un programa plurianual -regulado por ley- para la descentralización y profundización de la regionalización, que contemple la transferencia de recursos desde el nivel central al regional; modificación del rol subsidiario del Estado, consagrado en la actual Constitución, que limita la construcción de una sociedad más justa e igualitaria; garantizar el derecho a la información en su doble dimensión: el derecho a ser informado verazmente y el derecho a informar.
(Publicado en “Punto Final” edición Nº 733, 13 de mayo, 2011)
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