jueves, 26 de mayo de 2011

El clan Matte: Tigres de papel


De todos los grandes consorcios económicos nacionales, el grupo Matte es el fiel depositario de todos aquellas gallardías propias de la oligarquía chilena atesoradas durante los últimos dos siglos. Matte, a diferencia del pragmatismo comercial, financiero y político de los grupos económicos creados y amasados por inmigrantes tardíos, mantiene trazos propios del siglo XIX, claro que muy bien encubiertos bajo las políticas neoliberales y globalizadoras del siglo XXI. Representa la más vieja raigambre enclavada desde los orígenes de la historia nacional en un espacio difuso y corrupto que se ha extendido desde los negocios al mismo corazón del Estado chileno. Un espacio nuclear y compacto -compuesto por unas pocas familias endogámicas-, por el cual ha transitado de forma más o menos intacta un solo tipo de pensamiento.
Se trata de familias ultracatólicas y conservadoras en lo cultural y en lo político, no han escatimado ni gastos ni conspiraciones para mantener a punta de pistola y tanques el país que sus antepasados conquistaron y el orden que tanto les ha beneficiado. El rol que esta familia jugó en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende y el golpe de Estado a través de la campaña de “la Papelera” y El Mercurio ha quedado como una evidencia de la forma de acomodo y existencia, en la sociedad e historia chilena, de esta familia, así como su participación en el gobierno de la dictadura militar. Como muestra viviente, Patricia Matte, una de las figuras de este linaje, fue una destacada funcionaria del gobierno de Augusto Pinochet.
Ya en los albores del siglo XIX aparece la familia Matte como una de las dueñas del país. Uno de los primeros y conspicuos miembros fue Domingo Matte Mesías, terrateniente, banquero y político vinculado al partido montt-varista de mediados del siglo XIX, junto a figuras como Cornelio Saavedra, Agustín Edwards McClure y Rafael Sotomayor. Fue diputado en dos ocasiones, por Valdivia y por Santiago.
Uno de sus hijos, el abogado Eduardo Matte Pérez, defensor de las grandes corporaciones de la época y destacado político, pasó a la historia por una de sus alocuciones, la que resume muy bien el espíritu oligárquico presente hasta nuestros días. Eduardo Matte, que fue diputado, senador y ministro en los gobiernos de Balmaceda y Jorge Montt, dijo, con meridiana claridad, que “los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”. Cuando en pleno siglo XXI oímos a las actuales generaciones Matte repetir más o menos lo mismo, vemos que la historia no parece evolucionar para ciertas elites en estas tierras.
Pero los orígenes del clan como tal datan de las primeras décadas del siglo pasado, cuando Luis Matte Larraín fundó la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, “la Papelera” hoy CMPC, empresa que durante el siglo pasado fue uno de los mayores y más poderosos conglomerados económicos nacionales. Un sobrino del fundador, Eliodoro Matte Ossa, entró en 1961 al directorio de la CMPC invitado por Arturo Matte Larraín y por el presidente de la República y empresario de entonces, Jorge Alessandri Rodríguez. Eliodoro Matte Ossa no sólo fue director de la Papelera, sino que ya ampliaba sus negocios hacia otros rubros: corredor de la Bolsa, presidente de Cemento Melón y del entonces Banco Sudamericano.

Eliodoro Matte y el golpe de 1973

Tras el golpe de Estado, hacia 1976, asume en el directorio de la CMPC su hijo, Eliodoro Matte Larraín, ingeniero comercial de la Universidad Católica con un MBA en la Universidad de Chicago. A partir de entonces, y bajo el alero de la dictadura, todo es expansión. En 1981 Eliodoro asumió la gerencia general de la CMPC y controla sus inversiones en las áreas financiera (Banco Bice) y forestal (Mininco). Un tiempo más tarde, y tras el proceso de privatizaciones, ingresaría en los sectores energético (Colbún) -que conduce su hermano Bernardo- portuario y telecomunicaciones (Entel). Patricia, socióloga de la Universidad Católica, formaba parte del staff de la dictadura en lo que entonces se llamó Odeplan. La vieja trenza oligárquica que combinaba negocios, política y Estado, marchaba otra vez a la perfección.
Un perfil del heredero lo traza el economista Hugo Fazio en El mapa actual de la extrema riqueza: “Eliodoro Matte tiene una activa presencia pública, expresando los intereses del gran empresariado como presidente del Centro de Estudios Públicos (CEP). También ha ocupado cargos directivos en la Corporación de la Madera y en la Sofofa. Su hermano, Bernardo Matte, por mucho tiempo se constituyó en uno de los pilares de la carrera política de Andrés Allamand. Su relación se inició en el colegio Saint George donde militaban en la Juventud Nacional; también fue líder de la Secretaría Nacional de la Juventud durante el régimen de Pinochet y militó en Renovación Nacional hasta 1992”.
La familia es activa mecenas de organismos conservadores católicos y neoliberales. Eliodoro ha formado parte del directorio de la Universidad Finis Terrae, ligada a los Legionarios de Cristo; Patricia Matte participa del ultraconservador Instituto Libertad y Desarrollo, cuyo consejo comparte con los ex ministros de Pinochet, Carlos Cáceres, Hernán Felipe Errázuriz y Hernán Büchi, del consejo asesor de Canal 13 y de la Sociedad de Instrucción Primaria, en tanto Bernardo es vicepresidente de la Fundación Paz Ciudadana, que preside Agustín Edwards.
Desde esta trenza de poder, Eliodoro Ma-tte, como lo han hecho históricamente sus antepasados, intentó presionar, esta vez sin éxito, a uno de los poderes del Estado para agilizar la investigación del caso Karadima, sacerdote con el que él y su familia han tenido una larga relación. Como escribió Carlos Peña en El Mercurio, Matte “visitó al fiscal para interceder por Karadima y al esgrimir su amistad como un antecedente que legitimaba su acto, cedió además a esa pulsión que caracteriza a la elite tradicional: la creencia de que, bajo ciertas condiciones, les corresponde a sus miembros certificar quién vale la pena y es digno de confianza, y quién, en cambio, es merecedor de sospecha”.
Ante el escándalo público, Eliodoro Matte tuvo que retroceder y actuar de forma inédita para su alcurnia. En una carta enviada al mismo diario ofreció sus disculpas públicas “en perfecta conciencia de que todos los que ostentamos de una u otra forma alguna autoridad o poder debemos ser extremadamente cuidadosos al ejercerlo”. Tal vez algo ha cambiado en Chile desde los tiempos de Eduardo Matte Pérez, algo que la familia Matte tardó en percibir. Como más tarde dijo a El Mostrador el abogado querellante del caso Karadima, Juan Pablo Hermosilla, “el que yo tenga dinero y sea un empresario exitoso y que sea una de las personas más ricas de Chile, no significa que tenga una categoría distinta al más pobre de los pobres”.

Magnates mundiales en un país de pobres

Porque si concentran poder, también mucho dinero. El patrimonio de esta familia la ha llevado en diversas ocasiones a integrar los primeros lugares del grupo de los multimillonarios del mundo en el ranking de la revista Forbes. Tanto, que hacia finales de 2009, en medio de la crisis financiera mundial, la prensa económica levantó al grupo como el principal consorcio chileno en cuanto al volumen de su fortuna. Tras la crisis, la revista Forbes ubicó a principios de 2011 al clan Matte en el puesto 77º entre los magnates mundiales, con una fortuna de 10.400 millones de dólares. Otro informe, también de inicios del año y realizado por Compass Group, otorgó a los Matte un patrimonio superior a los 25 mil millones de dólares, menor que el del clan Luksic (49 mil millones) y Angelini (36 mil millones), pero mayor que el de Paulmann (17 mil millones) y muy similar a Falabella (26 mil millones).
Y van por más. Los resultados de las grandes sociedades anónimas alientan al proceso de concentración de la riqueza, aumentando de manera impúdica éstas y otras fortunas. Una clara muestra de este proceso de concentración lo exhibieron las ganancias de las grandes corporaciones, que aumentaron un 45 por ciento promedio el año pasado. Entre estas empresas, Entel aumentó sus utilidades en 22 por ciento y la Papelera ganó 144 por ciento más que en 2009.

La presión oligárquica

Con esta portentosa posición económica y política, la influencia que ejerce este grupo sobre los poderes del Estado, los medios de comunicación y los actores privados queda expresada en diversos procesos y eventos que hoy salen a la luz pública. Desde sus posiciones en el sector forestal y la industria de la celulosa, emplazados en territorio mapuche, los Matte, a través de sus enclaves ideológicos y su cercanía con los partidos en el poder tienen y han tenido una importante responsabilidad en la dirección que han tomado las políticas del Estado en esa zona.
En el catastro forestal del Instituto Nacional de Estadísticas se hallan plantaciones de árboles por 6,5 millones de hectáreas a lo largo del país. De este total, más de la mitad están en territorio mapuche: la región del Bío Bío, con 1,3 millones; La Araucanía, con 650 mil hectáreas y Los Lagos con 1,37 millones. El negocio forestal está firmemente anclado en esta zona y posee, como vemos, unos 3,6 millones de hectáreas, muchas de ellas reivindicadas por comunidades mapuches como terrenos ancestrales. La CMPC del grupo Matte, que es la cabeza de serie de las forestales de este consorcio, tuvo ingresos por 637 millones de dólares en 2010, y Celulosa Arauco, de Angelini, ingresos por más de 700 millones de dólares.
Los negocios del sector forestal, bien vale recordar, tienen sus orígenes en la dictadura militar con el subsidio forestal o decreto ley 701. Una idea que se elucubró como una forma de neocolonización de la zona mapuche, al estimular la instalación de estos nuevos modos productivos empresariales. La defensa de estos negocios, generada desde los think tank neoliberales financiados por el grupo Matte, como el CEP y el Instituto Libertad y Desarrollo (L&D), tienen cobertura amplificada en El Mercurio y llegada privilegiada en los centros de decisión del Estado.
Hacia mediados del año pasado, L&D escribió: “Actualmente, la región está viviendo un aumento sostenido de ataques indígenas, de modo que es importante que el gobierno, aún cuando hace esfuerzos por terminar con la huelga de hambre, no ceda a presiones ilegítimas porque ello importaría entregar una señal de debilidad a las comunidades y a la sociedad civil en general que, a la larga, agravaría el conflicto. Las políticas de fondo deben apuntar a la integración de las comunidades indígenas y en entregarles igualdad de oportunidades, capacitación y libertad para emprender, superando de este modo la pobreza que les aflige, con pleno respeto a la institucionalidad vigente y sus tradiciones”.
Ninguna referencia a las reivindicaciones territoriales. Porque, dice L&D, “el verdadero problema de las comunidades tiene relación con la pobreza, el desempleo, la falta de educación y las erráticas políticas que han generado frustración y desconfianza en las comunidades”. Y si es así su pensamiento en la defensa del negocio forestal, es similar en el área energética, en la justificación de Hidroaysén y las termoeléctricas. “Chile inevitablemente requerirá de fuertes inversiones en centrales termoeléctricas y en plantas hidroeléctricas para poder responder a los crecientes requerimientos de energía eléctrica, demanda que no es posible satisfacer más que en un porcentaje menor con ERNC (energías renovables no convencionales). Las decisiones para el desarrollo a futuro deben tener presente esta realidad”.
¿Quién lo dice? Los institutos financiados por los Matte. Las políticas levantadas por el Estado en los territorios mapuche, en energía y medioambiente han sido diseñadas a la medida de éste y otros grupos económicos por estos centros ideológicos. Son producto de una defensa orquestada de sus intereses y de su versión de la historia chilena.

PAUL WALDER


(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 732, 29de abril, 2011)

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