La viabilidad jurídica de la renuncia de los parlamentarios investigados por delitos tributarios, es una pregunta común desde que explotó el caso Penta y sus derivados. Más vigencia cobra en el contexto de la información que vincula a otros legisladores con aportes irregulares por Ley de Pesca o ilícitos en arriendos de sedes parlamentarias, por ejemplo.
Tal ha sido la presión para que quienes cometieron acciones reñidas con la ética y la probidad abandonen sus cargos, que fue la propia Comisión de Ética de la Cámara Alta la que pidió a cuatro senadores entregar informes que expliquen sus vínculos con las irregularidades por las que se los acusa.
Así Iván Moreira (UDI), Jaime Orpis (UDI), Carlos Bianchi (IND) y Eugenio Tuma (PPD), tendrán hasta el 1 de julio para presentar el documento con el que el grupo de legisladores encabezados por Alejandro Guillier busca determinar el camino a seguir en casa caso.
Según explicó el senador gremialista y miembro de la Comisión, Hernán Larraín, la solicitud permitirá no solo que se expongan las versiones de cada uno de los acusados, sino que la instancia legislativa se forme una opinión sobre las decisiones aconsejables a implementar “siempre dentro de su competencia ética y con independencia de las que, eventualmente, tomen las autoridades llamadas a determinar otro tipo de castigos”.
¿Qué arriesgan los senadores?
“Tenemos atribuciones limitadas”, dijo Larraín. El también presidente de la UDI acotó que están evaluando incrementar las sanciones, pero que- por el momento- solo se puede amonestar verbal y por escrito a quien corresponda, por lo que el reproche público y de sus pares sería la principal consecuencia para los parlamentarios.
No obstante, la formalización de Iván Moreira por el caso Penta, la confesión de Orpis en Ley de Pesca, el desafuero de Bianchi por el arriendo de sede, por ejemplo, hacen que desde diferentes sectores de la sociedad se les exija la salida del Parlamento.
La disputa, incluso, se ha convertido en fuego cruzado entre alianza y oficialismo, quienes piden la salida de nombres asociados a irregularidades de uno y otro lado. Ejemplo de ello, fueron las declaraciones del ex ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza (PDD), quien al momento de renunciar emplazó a la UDI para que sus involucrados siguieran el mismo camino.
La defensa de Hernán Larraín fue inmediata. Amparándose en la Ley, el miembro de la Comisión de Transparencia aseguró que la Constitución no permite la renuncia de un parlamentario, a menos que padezca de una grave enfermedad. De este modo, validó la permanencia de sus hombres en Valparaíso.
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