“El Estado fue incapaz de establecer la verdadera fortuna de Pinochet”
Tráfico de drogas, contrabando de armas y fraude tributario son las aristas que quedaron a medio camino en las pesquisas orientadas a dilucidar el origen del patrimonio abultado en dictadura por la familia del general Augusto Pinochet.
A inicios de mayo, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Manuel Valderrama, dictó sentencia de primera instancia en el caso Riggs y condenó a seis oficiales del Ejército en retiro por malversación de caudales públicos y estafa en beneficio directo de la familia del general Augusto Pinochet.
El magistrado determinó que Jorge Juan Ballerino Sandford, Ramón Castro Ivanovic, Gabriel Mario Vergara Cifuentes, Sergio Marcelo Moreno Saravia, Juan Mac-Lean Vergara y Eugenio Castillo Cádiz, “en su calidad de funcionarios públicos, sustrajeron para beneficio particular de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte y su familia, fondos públicos provenientes del erario nacional, concretándose de esa forma la acción material de apoderamiento de los fondos que tenían bajo su cargo en virtud de ser ellos Jefes de la Casa Militar, Edecán y Secretarios Privados”.
La nota de prensa del Poder Judicial señaló que los dineros detectados en las cuentas del Banco Riggs, “carentes de justificación de ingreso y egreso”, no pueden sino provenir de gastos reservados ascendentes a US$ 6.466.406.
El fallo no establece responsabilidades penales de familiares de Pinochet ni da relevancia a otras aristas que permitirían explicar el origen de la fortuna del dictador: las de tráfico de armas y drogas bajo el régimen militar.
Según revela el periodista Benedicto Castillo en su libro “Pinochet, el gran comisionista”, el 14 de octubre de 2005, el subcomisario Patricio Bascuñán, el inspector René Sagardia y el subinspector Axel Muñoz, pertenecientes a la Fuerza de Tarea de Investigaciones Reservadas (FTIR) de la PDI, entregaron una minuta que abordó este punto a los tribunales de justicia.
El documento informaba sobre la producción y comercialización de precursores químicos de cocaína en instalaciones del Ejército de Chile, antecedentes relacionados con el empresario de origen sirio Edgardo Bathich – primo del traficante de armas y narcóticos Monzer Al Kassar, actualmente recluido en Estados Unidos – el ex piloto de la CIA Iván Baramdyka, y vínculos entre narcos chilenos y colombianos que se extendieron hasta después de terminada la dictadura.
Castillo explicó a El Ciudadano por qué las miles de páginas de diligencias y testimonios del caso Riggs, al igual que otras causas que plantearon un desafío de probidad a los gobiernos entrantes de la Concertación, no lograron ser aprovechadas a plenitud o simplemente fueron silenciadas.
¿Podemos decir que Pinochet tenía un gusto exacerbado por el dinero?
En la investigación que yo hice de su vida, él aparece como una persona que al margen de su desempeño como militar siempre tuvo una actividad paralela de comerciante. Siendo teniente coronel, cuando estaba en la Comandancia de la Guarnición de Santiago, tuvo un ayudante sargento, de nombre David Morales, con quien Pinochet compraba y vendía autos usados, sacando dinero del rancho que la Comandancia destinaba para la alimentación. Pinochet mandaba a Morales a poner avisos de los autos que vendía en El Mercurio y después lo colocaba al teléfono para recibir llamados. Una vez enviado como coronel a Iquique, Pinochet siguió con su veta de comerciante y compraba y vendía whisky. Pero el tipo era un comisionista. Todo el armamento que compró la Junta Militar fue en el mercado negro por la Enmienda Kennedy. En el mercado negro lo que se acostumbra a hacer es que el representante de las fábricas entrega sumas de dinero a los gobernantes por dar el visto bueno a la compra y venta de armamento. Eso es lo que ocurrió aquí y yo lo compruebo en mi libro.
¿Cuándo empieza a haber una preocupación de la justicia por el patrimonio de Pinochet?
En julio de 2004, una comisión del Congreso norteamericano, encabezada por un demócrata, dio a conocer el informe de una investigación que pretendía determinar quiénes habían financiado el atentado del 11-S a las Torres Gemelas. Esa investigación descubrió 129 cuentas del general chileno Augusto Pinochet en bancos estadounidenses y bancos corresponsales extranjeros, como alemanes y franceses. También se detectaron cuentas de un dictador africano. Este hecho, que causó un tremendo impacto en Estados Unidos, también provocó un terremoto en Chile. Acá gobernaba el presidente Ricardo Lagos y se descubre que este general, que todavía se hallaba con vida y mantenía una serie de facultades y privilegios, le había fallado a un sector de la sociedad chilena que lo consideraba un héroe y un patriota increíble para la historia. Hasta ese minuto, no sabíamos exactamente el origen de los fondos.
¿Todas las cuentas llevaban el mismo nombre?
Algunas estaban a nombre propio de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, pero también a alias que él usó para sacar pasaportes. Había otras cuentas a nombres divertidos como Daniel López o John Long, de la misma forma en que un delincuente usa apodos para cometer delitos. La sociedad chilena reacciona conmocionada y nombra como ministro en visita a Sergio Muñoz Gajardo, un joven ministro de la Corte de Apelaciones, actualmente presidente de la Corte Suprema. En poco tiempo, este ministro logra establecer que los dineros detectados, en una cantidad aproximada de 26 a 29 millones de dólares según peritajes secuenciales de la Fuerza de Tarea de Investigaciones Reservadas (FTIR), la Brigada de Derechos Humanos y la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, no tenían justificación. Se establece además que Pinochet realizaba lavado de activos, es decir, que ingresaba el dinero que tenía en estos bancos al erario nacional a través de la compra de propiedades, vehículos, acciones en empresas, acciones en la bolsa, tanto para él como para su señora, sus hijos, nietos, nueras y yernos. Todo lo que se denomina el “clan”, y asociado a éste, su círculo de hierro: secretarios privados y generales.
¿Esta investigación fue igual de rigurosa que la del asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez, también a cargo del ministro Sergio Muñoz?
Hay que destacar que en el caso de Tucapel Jiménez, el ministro Sergio Muñoz, por primera vez, procesó, encarceló y condenó a una cantidad enorme de generales, oficiales y suboficiales de Ejército. En el caso Riggs, la investigación fue rigurosísima, porque Muñoz llegó a hacer entrevistas muy acuciosas a Pinochet. El ministro allana su oficina privada en una acción espectacular que sorprende a la denominada Agrupación de Protección de Pinochet, conformada por alrededor de 70 hombres. Esto le permite encontrar varias cartolas de banco y cuentas corrientes que una de las secretarias del dictador, la sargento Ananías, mantenía bajo llave. En horas del atardecer, el magistrado llega a la oficina junto al comisario de la Brigada de DDHH y encuentra los pasaportes que Pinochet usaba con nombres falsos. En la sola cuenta personal de Ananías se descubren 980 millones de pesos. Este golpe también le permite a Muñoz encontrar documentación relacionada con el albacea de Pinochet, Óscar Custodio Aitken Lavanchy, información que estima suficiente para elevar una acusación que la justicia denomina “encargadura de reo” en contra del dictador como autor de malversación de caudales públicos. La Corte Suprema accede al desafuero y encarga a Pinochet por delitos que pasan a incluir estafa, apropiación indebida, falsificación de instrumento público y lavado de activos.
¿Podemos decir que el origen total de las platas encontradas en el caso Riggs venía de las arcas fiscales?
Hubo otras aristas. La de contrabando de armas fue incompleta, porque desgraciadamente la investigación no avanzó. Estaba relacionado con el tráfico de armas a Croacia y a otros países del norte de África. Aunque esta arista no prosperó, sí hubo informes que hablaban de la participación de Pinochet en la venta de tanques del modelo Leopard y en otro proyecto que le permitió sacar mucha plata al Estado de Chile, que fue el Proyecto Rayo, la creación de un cohete intercontinental que no tuvo resultados pero que le quitó 20 millones de dólares al erario nacional. Parte de ese dinero fue a dar a los bancos Riggs. También hay una serie de operaciones de compra y venta de armas en las que Pinochet demuestra ser un comisionista. Él tenía vínculos con traficantes internacionales de armas, uno de los cuales era un húngaro que se apoltronó en Chile, de apellido Hoznik. Era tanto el grado de relación de Hoznik con Pinochet que tenía una oficina en calle Moneda, casi al llegar a Morandé. A su secretaria privada, Hoznik le compró un celular que estaba directamente conectado con Pinochet y Óscar Aitken. Esta mujer le cuenta una serie de antecedentes maravillosos a la policía civil, como la cantidad de reuniones que Hoznik tenía con los máximos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
¿Estos negocios oscuros estaban en conocimiento de quienes integraban la Junta Militar?
Este traficante de armas Hoznik no sólo tenía relaciones con Pinochet, sino también con Matthei y luego Rojas Bender, de la Fuerza Aérea, igual que con gente de la Marina. En la cuenta corriente de Hoznik ingresaron 106 millones de dólares. Cuando él falleció, su mujer y su hija se quedaron con la fortuna y abandonaron el país. Autoridades alemanas investigaron a estas dos mujeres y descubrieron más recursos en las cuentas, alrededor de seis, todas provenientes del contrabando de armas.
¿Esto se relaciona con el asesinato del coronel Gerardo Huber, quien se señala tuvo conocimiento de negocios ilícitos en dictadura?
Esos hechos no alimentan el caso Riggs, fundamentalmente porque la vinculación de Gerardo Huber con el caso de armas a Croacia tiene una interrupción, que es cuando lo eliminan en el cajón del Maipo en 1992. Esa investigación de la muerte, que es archivada, logra ser retomada en la Justicia Militar de una forma tan vergonzosa que posteriormente la Corte Suprema decide anular la investigación, nombrando a un juez especial en 2006, que es Claudio Pavez. Ahí hay una especie de conjunción de datos que no son muy aprovechados en el tema del enriquecimiento. Finalmente, a pesar de que hay compulsas de parte del caso Riggs en el caso de armas a Croacia, y de éste al caso Huber, no hay una precisión exacta del monto real de los dineros que Pinochet obtuvo de las comisiones.
Hay un traficante de drogas que se menciona en conexión con Pinochet, el sirio Monzer Al Kassar.
Lo que pasa es que Al Kassar no opera directamente con el general Augusto Pinochet, sino con su hijo Marco Antonio. Esta información aparece primero en un caso conocido como Focus Chile, que era una empresa ubicada en la Panamericana Sur donde tenían una pista de aterrizaje y despegue de helicópteros. Ahí aparece esta gente trabajando y la información que hay señala que esta industria se dedicaba a exportar e importar cocaína en el interior de aparatos de repuesto de automóviles y camiones. Luego el coronel Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, en respuesta a una acusación que le hace Pinochet, declara que él tiene conocimiento de que el general había colocado a su hijo en el Complejo Químico Industrial de Talagante para que, conjuntamente con el ex químico de la DINA Eugenio Berríos y otro sujeto, produjeran lo que se denomina “cocaína rusa”, utilizada por traficantes para saltar la vigilancia de perros con algunos componentes que neutralizan el olor de la droga. Esta información que entrega Contreras la conoce el ministro Claudio Pavez en otra causa que se abre en la Corte de San Miguel y que no tiene mayor respuesta porque la policía chilena, particularmente la Brigada Antinarcóticos de la PDI, nunca fue eficiente en la pesquisa de este tipo de delitos vinculados a elementos de las Fuerzas Armadas o a la familia Pinochet.
¿Se puede hablar de una pugna entre Contreras y Pinochet por el control de estas fuentes de enriquecimiento ilícito?
Eso lo traté en un libro que se llama “Emblemático crimen de Tucapel Jiménez: el cóndor quiere carne”. En 1977, cuando asume la presidencia de Estados Unidos el empresario manicero Jimmy Carter, el Buró de América Latina le informa que en el Cono Sur hay dos problemas: uno es el cartel peruano del narcotráfico, que en ese momento era uno de los principales proveedores de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos, y dos, las bandas armadas que operan en Chile matando a opositores y que dirige un coronel de nombre Manuel Contreras. Éste era conocido por la CIA, porque era un empleado a sueldo de ellos. Eso está demostrado en el caso del asesinato del general Carlos Prats, donde el ministro que lo investiga obtiene documentos que demuestran que Contreras era un agente pagado de la CIA. ¿Entonces qué resuelve EEUU bajo el mando de Carter? Envía a altos funcionarios y le solicita a Pinochet que disuelva a estas bandas porque cometían graves delitos junto al zar del cartel peruano y las ganancias estaban orientadas a financiar las actividades en Chile y en el exterior de la DINA.
¿Fue ese el verdadero motivo por el que se disolvió la DINA?
La causa principal del por qué Pinochet disuelve este organismo no es el asesinato de opositores en las calles, sino el narcotráfico realizado por Manuel Contreras con el zar del cartel peruano de drogas. Pinochet hace esto a petición de Estados Unidos y pone al fallecido Odlanier Mena a cargo de la recién creada Central Nacional de Informaciones (CNI). La pregunta es, ¿cuánto de ese dinero ilícito acumuló Contreras? No lo sabemos. No tenemos registro. Sólo lo sabe el agente para el Cono Sur que la DEA tenía en ese minuto, que se llamaba Frank Parker. Todos estos antecedentes están en un libro editado en la década de los ‘90 que se llama “Cocaine Politics” de Peter Dale Scott. De hecho Pinochet, en una declaración que da al ministro Carlos Cerda, se refiere a este punto. Cuando le preguntan por qué removió a Contreras, él dice “yo lo saqué porque él quería apoderarse del poder, me ofreció algunos miles de dólares y yo no lo acepté”. Era un tema de dinero.
Que los hijos de Pinochet ejercieran cargos diplomáticos en el consulado chileno de Los Ángeles, en los 80, ¿tiene que ver con los negocios ilícitos del clan?
Las vinculaciones que arman ahí en Estados Unidos favorecen especialmente a un ex comando norteamericano llamado Frankell Iván Baramdyka, quien contaba con licencia para volar aviones. Este hombre, vinculado a la inteligencia, se dedicó a hacer narcotráfico en el área sur de EEUU y por aquel entonces pilotaba aviones desde Florida hasta Centroamérica. Es capturado, se da a la fuga y luego conoce a miembros de la familia Pinochet. Esto le permite a Baramdyka venirse a Chile y aquí funda dos empresas, una de las cuales llegó a tener casi 60 empleados. Acá también hacía operaciones de narcotráfico. En un par de aviones sacaba repuestos de camiones y cajas de armas que en su interior llevaban cocaína. Nunca fue pesquisado, nunca fue detenido, nunca fue indagado, nunca nada por la policía chilena hasta que la DEA, conjuntamente con el OS7 de Carabineros, le infiltra una secretaria y descubre que este Baramdyka, quien tenía una orden internacional pendiente, estaba actuando en Chile. Es detenido en 1991 y lo extraditan a Estados Unidos en 1993.
¿Esto genera algún golpe en el gobierno entrante de la Concertación?
Lo que te demuestra el caso de Baramdyka es que la policía chilena, a sabiendas o no, es incapaz de perseguir delitos de narcotráfico cuando se trata de vinculaciones con poderes de alto vuelo en Chile. Antes de volver a Estados Unidos, este hombre da una entrevista a un equipo de TVN y cuenta todo, sus operaciones con Monzer Al Kassar y la familia Pinochet. En ese momento el presidente era Patricio Aylwin, el ministro secretario general era Enrique Correa, el ministro del Interior era Enrique Krauss y la directora de prensa de TVN era Patricia Politzer. Esa entrevista no fue difundida, pese a que era la más espectacular noticia que podríamos haber tenido. No fue informada ni difundida por la televisión.
¿Quién desautorizó esa entrevista?
Lo más probable es que el ministro secretario general haya bajado su emisión después de pedirle la opinión al presidente Aylwin. Allí por primera vez sabíamos que había corruptela en las máximas autoridades de la época militar, pero que además se cometían delitos de narcotráfico en pleno gobierno de la Concertación. Podríamos haber sabido muchas cosas y por alguna razón la señora Politzer no dio el visto bueno. Los que tuvimos acceso al video pudimos saber en forma no oficial el contenido de las declaraciones de Baramdyka. Es por esto que, al no haber fuente para reunir los antecedentes, pese a que algunos datos emanaron más tarde del propio Manuel Contreras en algo así como catorce páginas de comparecencia judicial, las aristas de droga relacionadas con el enriquecimiento de Pinochet quedaron a medio camino o fueron sencillamente abortadas por la incapacidad del sistema policial chileno.
¿Cuál fue el papel que jugó el Servicio de Impuestos Internos en el caso Riggs?
Bueno, una tercera arista fue la de fraude tributario. La hija mayor de Pinochet llegó a tener 125 departamentos y propiedades en Estados Unidos. Las hijas menores, Jaqueline y Verónica, llegaron a tener cerca de 300 mil dólares en sus cuentas y nunca hicieron una declaración por Formulario 22 o Formulario 29. Es decir, nunca declararon esos dineros. Lo mismo pasó con los hijos Osvaldo Augusto y Marco Antonio y sus nietos, también con grandes fortunas.
¿Dentro de este grupo encontramos a Julio Ponce Lerou de SQM?
Pues claro, a él y a quien era su mujer. Un ciudadano común y corriente se preguntará cuál es la razón de que no se les persiguiera. La razón es que el SII de la época – del 2004 al 2010, seamos generosos – no hicieron caso al mandamiento de la Ley Orgánica del servicio. ¿Qué dice la Ley Orgánica? Que cuando el SII debe perseguir un delito cometido por un chileno, tiene que presentar una querella criminal. Así de sencillo. El SII pasó por encima de su legislación propia y no presentó querellas contra ninguno de los hijos del general Pinochet, ni contra el propio Pinochet. Ni cuando estalló el caso Riggs ni nunca. Cuando la justicia somete a proceso a estas personas por fraude tributario, los abogados defensores dicen “momento, esto no puede efectuarse porque se está cometiendo una ilegalidad, no podemos acusar a estas personas porque el SII no presentó querellas”. La Corte Suprema les encontró la razón y por tanto estas personas quedaron absolutamente libres de polvo y paja.
¿Por eso en este último fallo no veamos condenas a familiares del dictador?
En esta última condena que conocemos respecto de los que fueron ayudantes o miembros del círculo del general Pinochet, solo aparecen militares, pero el grueso de la fortuna la tiene la familia. Ellos están absolutamente libres porque tampoco podían ser condenados por fraude al Fisco, ya que no eran funcionarios públicos. El dato más robusto es que la presidenta del CDE que debió haber advertido esta falencia era Clara Szczaranski y ella en ningún momento presentó algún escrito ante la justicia o apareció sosteniendo una reunión con el director jurídico del SII para hacerle saber de esto o retomar acciones judiciales contra el clan Pinochet. Si este último fallo tiene algo de importancia histórica y política, es que demuestra que un presidente es acusado como autor de delitos comunes de robo al erario nacional, y que además de robar él, manda a altos oficiales del Ejército a robar, tal cual como ocurriere en una banda común y corriente de delincuentes, con la tremenda diferencia de que aquí tratamos con personeros en las más altas dignidades del aparato estatal.
En el fallo se habla sólo de una malversación ascendente a los 6 millones de dólares. ¿Eso es todo lo que se obtuvo en dictadura por vías ilícitas?
Es que imagínate que solamente Óscar Aitken tenía una cuenta con 3 millones de dólares en bancos suizos. El Estado chileno no pudo incautar ese dinero porque hubo una mala operación judicial. Le dijeron a la justicia suiza que Aitken era funcionario público y resulta que no lo era. Ese país sólo incauta dineros de funcionarios públicos que hayan tenido cuentas secretas en bancos extranjeros y Aitken demostró que no lo era, a pesar de haber ejercido como asesor legal en FAMAE, siendo experto en tráfico de armas. Al mismo tiempo, el operador de las fábricas de armamento en Chile, Hoznik, tenía 105 millones de dólares en sus cuentas. Entonces, si hacemos una asociación simple de sentido común, ¿cómo Pinochet va a tener 6 millones de dólares? ¿Es esa la fortuna? Hay quienes extienden la elucubración a que el verdadero tenedor de la fortuna de Pinochet era su yerno de SQM, pero no hay datos que demuestren fehacientemente aquello.
¿Podríamos no saber nunca el patrimonio exacto que llegó a tener Pinochet?
Yo creo que no lo vamos a conocer, salvo que alguna de las personas principales de ese círculo, por su moral y consciencia, sea obligado a declarar y diga “mire yo voy a contar esto, pero quiero que lo revelen cuando yo fallezca”.
¿De cuántas personas hablamos?
Decenas, cientos de personas. Fíjate que en la investigación del caso Riggs hay dos testimonios de una funcionaria del Banco Central y su esposo que cuentan que en el año 1974, patrullas militares sacaron cajas y cajas de madera con montañas de billetes, dólares y oro, durante dos noches. La señora falleció de cáncer y el marido tuvo la valentía de reiterar esta acusación ante el ministro Sergio Muñoz. Pero como en Chile no existe una brigada de inteligencia como probablemente tengan otros países, aquí se partió pidiendo un informe al Banco Central para saber si tenían antecedentes de que en tal época hubiera habido sustracción de estos dineros. Otra información la dio un sargento que fue criptógrafo personal del comandante en jefe del Ejército, de apellido Avello. Él declaró con valentía que el Tesorero del Ejército, desde 1978 a 1983, repartía sobres con dinero a todos los miembros del Departamento de Contabilidad y que en ese mismo tiempo, funcionarios iban hasta la bóveda del Banco Estado y volvían con maletines llenos de dólares para entregárselos a la Comandancia en Jefe.
¿Piensa que el Ejército conserva un registro de estas operaciones?
Es complicado aproximarse a esa idea, pero yo tengo dos testimonios de agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) que declararon en 2003 que 48 horas antes de que el ministro Alejandro Madrid se constituyera en los cuarteles de la DINE, con motivo de su investigación del caso Berríos y del magnicidio del presidente Eduardo Frei Montalva, hubo destrucción y quema de archivos. Los funcionarios declaran que ellos participaron en la quema de los documentos. Entonces lo más probable es que los personeros que dirigen estos servicios de inteligencia sí dominen antecedentes, pero mantienen silencio por una lealtad que fue inaugurada cuando 46 generales de la República firmaron un acuerdo secreto con Pinochet. Este acuerdo de cuatro carillas fue encontrado por el ministro Sergio Muñoz en la causa del caso Riggs, y lo firman todos los generales del Ejército, incluido Hernán Ramírez Rurange, Letelier Skinner y otros más, para mantener lealtad absoluta con Pinochet.
Si las policías no investigaron debidamente las otras aristas del caso Riggs, ¿usted cree posible que elementos corruptos al interior del Ejército hayan tenido espacio para continuar traficando armas y drogas aun concluida la dictadura?
Aquí no quiero caer en especulaciones, pero hay datos concretos que hablan de que funcionarios de los primeros gobiernos de la Concertación se asociaron con militares jubilados y armaron empresas para hacer lobby, de manera de aprovechar sus contactos con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas y empresas que representan a fabricantes de armas, para realizar acciones de compra y venta de armamento. El año pasado supimos que oficiales se involucraron en acciones de lobby para conseguir que sus conocidos de las Fuerzas Armadas compraran determinado tipo de armas a cambio de una jugosa coima. Hasta este minuto yo creo que no hay una reglamentación que haga transparente el negocio de las armas en Chile.
¿Y en cuanto a funcionarios públicos y el narcotráfico?
Yo creo que es un tema que sigue abierto. Tengo la impresión de que el tema de la droga en el aparato del Estado ha crecido una enormidad. Yo no me compro eso que aparece como una campaña corporativa de imagen, de que la policía civil cambió su esquema, que Carabineros no tiene elementos penetrados por la corrupción o que las FFAA están controladas. Yo creo que el problema mayor reside en que Chile no tiene una agencia de inteligencia suficientemente capacitada como para prevenir este tipo de delitos.
¿Y la que existe está cooptada?
La que existe es una oficina de personas que leen muchos diarios y revistas y que hacen informes muy bien redactados sobre las crónicas o investigaciones periodísticas que se publican. Fíjate que la cantidad de delitos que se cometen por organizaciones criminales es enorme. Si no fuera por los organismos internacionales, tendríamos a Chile penetrado por bandas colombianas y norteamericanas. Cada cierto tiempo nos enteramos de que un zar de la droga estuvo viviendo en los barrios más caros de este país y por alguna razón la DEA se adelanta a la policía chilena. En cuanto a la fortuna de Pinochet, si el Congreso estadounidense no nos hubiera traído esta montaña de documentos, el aparato del Estado jamás hubiera sabido que este gobernante fue un ladrón durante 18 años. Creo que mirándolo desde arriba, el Estado de Chile carece de una policía al nivel que quisiéramos esperar de los estados modernos, hasta el día de hoy. Así los delincuentes más avezados van a seguir haciendo de las suyas.
Matías RojasEl Ciudadano
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