Frente Amplio Unitario

El Chile que está cambiando también quiere recuperar nuestras riquezas básicas

07/06/2014 |

Por María Cristina Prudant

Cuando Chile se encuentra en un proceso de cambios y el gobierno de Bachelet pretende incluso hacer una nueva Constitución, muchos también creen que es el momento de pensar en recuperar las riquezas básicas de nuestro país. O, al menos, regular como corresponde recursos como el agua, el cobre, bosques nativos, el mar y tantos otros.

Dicen que existe el contexto en el país para pensar en la recuperación de sus principales riquezas. Sin embargo, no es fácil que el gobierno de turno tome decisiones en tal sentido. El solo anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de modificar el Código de Aguas para que este vital elemento vuelva a ser un bien de uso público, ha provocado reacciones negativas en varios sectores. Senadoras de la República como Ena von Baer y Jacqueline van Rysselberghe, ambas de la UDI, expresaron inmediatamente su disgusto por tal anuncio: "van a expropiar el agua igual como expropiaron la tierra", dijeron.

Cuando en muchas partes del mundo viven una crisis producto de la falta del vital elemento, en nuestro país hay quienes se permiten cuestionar decisiones, a esta altura, de sentido común apelando al derecho de propiedad.

El ex senador, Jorge Lavandero explicó a Cambio21 que "me parece bastante increíble que se pretenda crear un organismo para controlar las concesiones del agua y creo que esa es la mitad del problema. Es cierto que es un bien público que se comercializa gratis y quien lo adquiere lo puede vender en lo que se le ocurra, y mientras mayor escasez, más cara se vende el agua. Pero esa es la mitad del problema, porque qué pasa con las otras concesiones. Por ejemplo las que son gratuitas, que se entregan por explotar la gran minería o la minería del cobre".

Sin duda el metal rojo, que es nuestra principal riqueza, también ha sido entregado prácticamente sin costos a las grandes compañías que explotan los yacimientos que les pertenecen a todos los chilenos y que el Estado debiera administrar de otra forma. Cabe recordar que fue muy difícil acordar en el Congreso el cobro de un royalty a las transnacionales que se lo llevan del país. En el extranjero, en cambio, se pagan altos impuestos. A juicio de Lavandero, se ha producido una verdadera cadena de gratuidad en relación a nuestras principales riquezas. "Las mineras también se dan gratuitas y el agua que se ha dado gratuita es precisamente para explotar esta otra concesión minera gratuita. Y cuando se vende una de estas empresas a otra, lo hacen en miles de millones. Y estamos hablando de yacimientos que le pertenecen al Estado y que se han dado en concesión en forma gratuita", enfatizó.

El ex legislador acusa que no se quiera ver este aspecto: "Me parece extraordinariamente grave, incluso, que en esta reforma tributaria no se toque ni con el pétalo de una rosa a las multinacionales extranjeras que se llevan el 60% del Presupuesto de la Nación, sin pagar los debidos impuestos y que éstos se le recarguen a la clase media o a la gente de más bajos ingresos. El 64% de los impuestos que percibe el Estado son indirectos, van sobre el trabajo, los jubilados, sobre los consumidores, como es el IVA, el impuesto de los combustibles y el de los cigarrillos. Aquí, la que aporta esos impuestos es la gran masa. Los ricos son pocos, fuman poco, no pueden tener tantos autos, de tal manera que esto es lo que constituye la desigualdad y la mayor injusticia social para ubicarnos entre los 10 países más desiguales del mundo".

Según Lavandero, las compañías extranjeras se llevan 34 mil millones de dólares anuales del cobre sin pagar los debidos tributos. Eso equivale al 62% del Presupuesto de la Nación. "Doña Margaret Thatcher, ícono del modelo neoliberal, ¿habría permitido que cinco empresas petroleras se llevaran el 60% de Gran Bretaña sin pagar los debidos impuestos? La respuesta es: jamás. Pero aquí lo han permitido aquellos políticos que se dicen de derecha y de centroizquierda. En ambos sectores han permitido este saqueo", aseveró el abogado.

Añadió que "este es un atropello a los intereses de todos los chilenos. Piense usted que los estudiantes pedían cuatro mil millones de dólares y aquí las mineras se llevan 30 mil millones de dólares al año, lo que significa siete millones y medio de viviendas de un valor de 1.000 UF cada una, cuyo costo es de 18.700 millones de dólares, equivalentes casi a la mitad de lo que se llevan al año. O sea, se le podría entregar gratis una vivienda a cada familia chilena cada año y, además, con el saldo darle educación gratuita y salud y una buena previsión a todos los chilenos. Este es el crimen colosal que se ha cometido".

Royalty para el agua del mar

El ex candidato presidencial Jorge Arrate, consultado por Cambio21, estima que "se produjo a través del tiempo un proceso progresivo de desnacionalización, de expropiación a la ciudadanía de sus recursos básicos. Entre ellos, naturalmente, del agua, a través de un Código que es uno de los más libremercadistas del mundo y que separó la propiedad del agua y la propiedad de la tierra, con los resultados que conocemos. En ese sentido, me parece muy positivo el anuncio de la Presidenta, en su mensaje, sobre la recuperación del agua como un bien público. Aparte de eso, hay otro conjunto de bienes que son riquezas del país frente a las cuales habría que tener una política de recuperación. Allí hay materias distintas, como es el caso del cobre, el litio y otros".

Sobre las opiniones contra la nacionalización del vital elemento expresó que "es realmente el colmo, o sea, al límite que han llevado ellos el derecho de propiedad es una cosa insólita. El agua es un elemento central para la vida. Cuando nos preguntamos si hay vida en otros planetas lo primero que hacen los investigadores es determinar si hay agua. Si la hay es posible que haya vida, entonces estamos hablando de un bien que por su naturaleza es colectivo, del que ningún ciudadano puede ser privado y que no puede ser objeto de explotación por parte de privados".

"Yo extendería eso también a aguas que se utilizan para actividades productivas, como la de los ríos y de los lagos en el caso de la industria del salmón, como la del mar chileno, que utilizan los pesqueros. Yo creo que también esa agua tiene que ser objeto de un tratamiento especial, en este caso, del pago de un royalty por el uso de este recurso", puntualizó.
La estrategia de la derecha para oponerse a este tipo de acciones es relacionarlas con la Unidad Popular (UP), "el gobierno más izquierdista".

"Yo me daría por contento si hicieran la mitad de lo que hizo Allende. En todo caso, habría que impulsar hoy esas ideas de hace 50 años, tienen que ser puestas al día. Y la comparación de por sí es nada más que meramente propagandística. Lo que ellos están haciendo es crear temor. Mire, ayer un taxista, un hombre de edad, me preguntaba si no pensaba yo que las cosas se estaban poniendo más tirantes. Él estaba inquieto porque podría producirse alguna situación complicada. Eso es lo que está haciendo la derecha, tratando de asustar a la gente a través de una manera bien paradojal, porque la clase media es ahora representada por los pijes del barrio alto. Eso es lo que representa a la clase media y las pymes por los grandes monopolistas y participantes de mercados oligopólicos. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, nadie los ha designado ni representantes de la clase media ni de las pymes", aseguró Arrate.

El contexto es propicio

El senador Eugenio Tuma (PPD), en diálogo con Cambio21 sostuvo que "en el contexto que hoy tiene Chile y con las mayorías expresadas en el Congreso, gracias al gran respaldo que obtuvo la Presidenta Bachelet y su programa, están dadas las condiciones. Si somos capaces ahora de instalar y aprobar una ley que permita que los chilenos en el extranjero puedan votar, si el contexto es que se modifique el sistema binominal, que en 30 años no se modificó, si se está debatiendo un cambio al sistema previsional, que tampoco en 30 años se debatió, si se está haciendo una reforma educacional de profundidad y la reforma tributaria, por qué no hacer todas las reformas que dicen relación con la recuperación y aprovechamiento de nuestras riquezas básicas".

En su opinión, "no solamente el agua sino que también los recursos minerales, los tenemos limitados por la ley de invariabilidad tributaria para gravarlos con impuestos. Pero sí podemos establecer legislaciones que permitan modificar códigos como el de Minas, que permita, por ejemplo, a los pequeños pirquineros seguir trabajando en minas que están inscritas en una pertenencia, en una empresa o un particular y que no la explota ni deja que otro lo haga".

El senador entrega un ejemplo: "En Carahue está ocurriendo con las minas de oro, donde hay más de 200 pirquineros que no tienen acceso a lo que siempre tuvieron, donde siempre trabajaron, porque el que denunció la pertenencia ahora está recurriendo a los Tribunales y estos implacablemente impiden que los pirquineros puedan trabajar. Entonces, cuando la Presidenta dice: mire, vamos a hacer esta reforma de estos códigos, no lo está pensando sólo por hacerlo, sino que está pensando en los derechos y el bienestar de las personas. Por tanto, creo que no sólo en esas materias sino que en muchas otras podríamos avanzar con mayor profundidad".

Basta un Decreto Supremo

 

Para parar los abusos en la minería del cobre, dice Lavandero, basta con un decreto supremo. "Por medio de éste, se puede nacionalizar el cobre, de acuerdo a la Constitución lo único que habría que pagar como indemnización sería lo que está sobre la mina, porque lo que está debajo, sin explotar, le pertenece taxativamente al pueblo de Chile. La Constitución, aunque sea obvio repetirlo, en Chile y en todo el mundo, está por sobre todas las leyes, decretos, sentencias o tratados de libre comercio".

Lavandero expone los aspectos legales en este plano: ¿Cuál es la definición que da la Constitución que nos rige, sobre quien es el propietario de los yacimientos y minas de cobre en Chile?

La Constitución señala de manera muy clara y textualmente en su artículo 19 Nº 24 inc. 5º: "El Estado tiene el dominio absoluto exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas",

a) Esto significa de manera muy clara, e imposible interpretar de otra manera, que la propiedad de los recursos mineros le pertenece al Estado en forma absoluta y en forma exclusiva, pero agrega otros dos conceptos para hacerlo indubitable. La redacción literal es tan directa que no admite interpretación y significa que la propiedad sobre los yacimientos y minas no la comparte con nadie y no se puede desprender de ella, bajo ningún concepto. Por tanto cualquier menoscabo al dominio absoluto y exclusivo por parte del Estado en uso, goce y usufructo, contraviene la disposición constitucional en comento. La redacción de esta disposición constitucional es tan precisa, al igual que su historia constitucional, que ella no admite interpretación alguna, insistimos, menos aún, que cualquiera de los atributos de la propiedad puedan ser transferidos o enajenados.

b) El Constituyente quiso ser tan enfático a este aspecto que, además de lo anterior, incorporó a la Constitución, como lo hemos señalado, dos nuevos conceptos, que respaldan lo de "absoluto y exclusivo" para reafirmar lo anterior, al establecer en este mismo artículo dos figuras jurídicas que reafirman, como en ningún otro tipo de propiedad en nuestra legislación, la pertenencia de los recursos mineros en manos del Estado. Para esto, le ha incorporado al artículo 19 N° 24 los términos de "inalienable e imprescriptible". Estos términos jurídicos en el Diccionario de la Real Academia significan: Inalienable, "dícese de algo que no puede enajenarse". Por tanto, queda más que claro que el yacimiento o mina no puede salir de manos del Estado, ni menos enajenarlo. En cuanto al termino imprescriptible, se señala, "que el dominio no pierde vigencia o validez, o que los derechos no cambian ni se pierden con el tiempo".

"Entonces a mi me parece inconcebible que con una situación tan clara constitucional no se mantenga la nacionalización, que se hizo por esta reforma constitucional (en el gobierno del Presidente Salvador Allende), y que la del 80 la replicó. Eso está vigente y aquí los políticos quieren mirar para el lado y no hacerse cargo de esta disposición constitucional", manifestó Lavandero.

 

FUENTE: CAMBIO 21