AL GOBIERNO: LA RECONSTRUCCIÓN HA SIDO UN FRAUDE
El gobierno de Michelle Bachelet ha formado un Consejo para la Reconstrucción encabezado por la delegada presidencial Paula Forttes, que ofrece diagnosticar en los próximos cien días el proceso de reconstrucción llevado desde 2010 y promete revisar sus políticas.
En este marco, Red Construyamos ha sido invitada a asistir al Consejo para la Reconstrucción. Al respecto, Red Construyamos ha redactado una carta pública que da cuenta de su posición y que dejamos para ustedes a continuación.
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Sra. Paula Forttes
Delegada Presidencial para la Reconstrucción
Gobierno de Chile
Conforme a lo solicitado por la Comisión Sociedad Civil del Consejo para la Reconstrucción en la región del Bio Bio, con la finalidad de diagnosticar el proceso de reconstrucción en el periodo comprendido entre 2010 y 2014, queremos hacer entrega de una enumeración de las principales problemáticas que ha expuesto Red Construyamos respecto de este proceso, de manera de dar curso al diálogo al que se nos ha invitado. Nuestra intervención en esta comisión tiene por condición natural el que nuestras observaciones, peticiones e indicaciones, puedan ser atendidas y respondidas, única manera de entender la existencia de un diálogo con la institucionalidad del Estado.
A lo largo de su existencia, Red Construyamos ha recogido numerosos casos de comunidades afectadas, las que no tuvieron oportunidades reales de enfrentar la política oficial de reconstrucción en dominio pleno de sus derechos. Un número importante de estos casos persiste en sus reclamos.
Lo que exponemos a continuación es una reseña de esas problemáticas. Agregamos a continuación algunas consideraciones de fondo, las que a nuestro juicio indican que las causas de los problemas suscitados se encuentra en una política generalizada de segregación y de privilegios sociales. Entendemos que abordar en su raíz estos problemas y sus soluciones, requiere de políticas públicas que están en manos del Estado.
Respecto de aquellas problemáticas que nos interesa que sean abordadas y esclarecidas en este diagnóstico oficial, señalamos en particular:
1) Evaluación de las condiciones en que se intervino la población "Villa Futuro" en Chiguayante, puntualmente en lo referido a la motivación para que el gobierno lo declare "inhabitable". Según nuestros antecedentes, esto fue un engaño, puesto que esta calificación no cuenta con respaldo técnico que lo demuestre, tanto en lo referido al área de suelo como a la construcción de los edificios. No ha habido reconocimiento público por parte del Estado respecto de este proceder engañoso y mal intencionado.
A nuestro juicio y el de la propia junta vecinal Villa Futuro, las condiciones de erradicación, realizadas sobre la base de un acuerdo extra-judicial, corresponden a un proceso viciado, dado que se abusó de la autoridad delegada al aparato público y sus funcionarios para cometer lo que calificamos como un fraude a las más de 1330 familias del sector.
Sostenemos que los actuales propietarios del sector deben ser reconocidos en su derecho a habitar el suelo, pero que el Estado debe reparar el daño realizado durante estos cuatro años a través de un acuerdo que otorgue a las familias una habitabilidad en condiciones mejoradas, según lo que demanda la junta vecinal.
2) Revisar el proceder de la Intendencia y demás organismos del Estado en el caso de población "Aurora de Chile". A nuestro juicio, el intento de fraude realizado por la autoridad para simular una condición de damnificados en una población que no contaba con esa condición real, se liga indudablemente a las posteriores intervenciones que han pretendido calificar a los pobladores del sector como “allegados en campamento” y habitantes de una supuesta "toma de terreno", discurso que acompañó el desarrollo de acciones por parte de funcionarios públicos para la erradicación del vecindario, siempre bajo la argumentación de otorgar "solución habitacional". Sostenemos que el Estado debe actuar según el principio de que la población se conforma en su mayor parte de viviendas estables, barrio urbanizado y suelo habilitado por sus “colonos”, lo que lograron a través de consecutivos rellenos en el lecho del río Bio Bio a lo largo de casi un siglo. Estos hechos están ampliamente demostrados en investigaciones académicas y en otras evidencias históricas.
Del mismo modo, solicitamos que se revise el caso de la reconstrucción del "Puente Viejo". El nuevo Puente Chacabuco o Bicentenario carece de los fundamentos suficientes para considerarle un viaducto prioritario, cuestión de la que dan que cuenta numerosos y reconocidos urbanistas y arquitectos. En relación a esto último, solicitamos conocer el proyecto y los planes completos en dominio del MOP y del SERVIU referentes a la construcción del lado norte del Puente Chacabuco, los que -según los antecedentes con que contamos- no cumplen con todos los requisitos que le corresponden (por ejemplo, carencia de estudios de impacto ambiental, de impacto social y de impacto vial). La población del sector aún no conoce realmente las condiciones de este proyecto y cómo le afectarán. El hecho de que la población no conozca documentadamente de la política de intervención para llevar a cabo las obras, desmiente el supuesto diálogo y la participación declarados públicamente por el gobierno de S. Piñera, el SERVIU y la Municipalidad de Concepción.
3) Evaluación de las condiciones de materialidad y de suelo en los casos de construcción de barrios en Llico, Dichato ("El Molino") y edificios emplazados en ex terrenos de empresa SPK en Talcahuano. Al respecto y en forma precisa, nos referimos a:
- Construcciones inadecuadas en Llico (estudiadas y fundamentadas por el programa “Ciudadanía y Territorio”).
- Calidad de las construcciones y condiciones de durabilidad de viviendas en el caso de "El Molino", Dichato. Calidad de la planificación del barrio, sobre todo respecto de accesibilidad en caso de emergencias. También requerimos los documentos de evaluación técnica sobre los terrenos en que han sido emplazadas las viviendas, dada la existencia de diferentes antecedentes que indican que éste ha sido intervenido por antiguas labores mineras y posteriores labores forestales. Nos parece necesario revisar los estudios y las obras para la habilitación del suelo que sostiene al barrio, y que podría representar riesgos de remoción en masa.
- Construcción de edificaciones en ex terrenos de SPK, Talcahuano, lugar que fue afectado por graves inundaciones durante el terremoto de 2010. La promesa de los funcionarios del gobierno del Presidente S. Piñera, fue que la población beneficiada no peligraría ante eventuales tsunamis. Solicitamos, además, la valoración del suelo respecto de las condiciones de posible contaminación ambiental por metales pesados y otros. Debemos recordar que, desde un principio, el alcalde de Talcahuano y el SERVIU negaron al campamento "Renacer de Santa Clara" la reconstrucción sobre el terreno ubicado en las canchas de av. Almirante Neff (suelo calificado como "área verde municipal"), y donde se emplazó el mencionado campamento que albergó 83 familias durante cuatro años. La justificación para esta negación se basó siempre en las condiciones del suelo, por lo que Red Construyamos solicitó un estudio que, finalmente, demostró que existen condiciones óptimas para la construcción de viviendas.
4) Solicitamos la revisión del caso del Liceo Balmaceda en Concepción, edificio abandonado a la destrucción por parte de las instituciones públicas y sus terrenos puestos en planes de venta. No cuenta la comunidad penquista con la información suficiente acerca de los fundamentos para que este terreno de interés educacional, sea entregado a privados y no sea reconstruido para la finalidad que fuera donado a la ciudad. Del mismo modo, requerimos conocer las condiciones en que el Concejo Municipal consideró inhabitable la infraestructura, por lo que solicitamos sean contrastados el estudio técnico con una nueva observación. Sostenemos que, bajo circunstancias que la sociedad toda reclama más educación, de más calidad y en mejores condiciones, es necesario que exista un diagnóstico y una re-evaluación de esta decisión municipal.
Finalmente, queremos señalar que las lecciones que obtengamos del proceso de reconstrucción que hemos sufrido, serán muy significativas para la consciencia pública y la responsabilidad de las instituciones del Estado. La forma en que ha sido llevado este proceso y el cómo se afronte en el presente, traerá consecuencias indudables sobre la conducta de la sociedad y de las instituciones ante nuevos episodios catastróficos. En relación a ello, queremos poner en discusión algunas cuestiones que estimamos centrales y profundas en materia de reconstrucción.
Al respecto, señalamos:
· La responsabilidad del Estado no puede entenderse en forma ajena y separada de la organización y la participación viva de la comunidad, lo que es particularmente válido en escenarios de emergencia que requieren una gestión del riesgo colectiva. Los criterios de prevención y de gestión de emergencias, deben ser recogidos de la experiencia y de la participación de la población en sus organizaciones naturales y en sus distintos niveles. Esto actualmente no es así.
· La reconstrucción, al igual que toda la política sobre vivienda social, se sustenta en el subsidio habitacional. Esta política de subsidio traspasa parte de la responsabilidad al sistema privado de la banca. Peor aún, bajo las condiciones de catástrofe que analizamos, el Estado ha destinado a la reconstrucción de viviendas los recursos que originalmente estaban destinados al subsidio de vivienda social común. Es nuestra opinión que el sistema subsidiario no permite el bienestar y el progreso habitacional de la sociedad chilena, y que debe ser remplazado por otro sistema.
· Es inaceptable que se admita de manera abierta o velada la práctica del lucro en condiciones de catástrofe, sobre todo si éste involucra los recursos públicos destinados a reconstrucción. Esta práctica ha sido denunciada en numerosos casos, por ejemplo, en el hecho de que las empresas constructoras obtengan ganancias en un alto porcentaje del gasto destinado a reconstrucción de viviendas, perjudicando a la familia que recibe un magro beneficio. Esto mismo se ha denunciado respecto de la adquisición de suelos, muchas veces en abierto conflicto de intereses, como se demostrará con la salida del señor Sebastián Salas de la Dirección del SERVIU Concepción. El Estado debe determinar una nueva institucionalidad que le permita realizar directamente las obras de reconstrucción, y debe generar los mecanismos para impedir que se produzca la asociación entre empresas privadas y funcionarios del Estado.
· Lo anterior implica un debate público de la mayor urgencia, puesto que –según observamos- existe una amplia red de relaciones que atraviesan las instituciones públicas, generando el conflicto de intereses y la corrupción en su administración, no sólo en el ámbito de reconstrucción y vivienda.
· La especulación inmobiliaria ha tenido un papel central en el desarrollo del proceso de reconstrucción que hemos conocido. Las grandes empresas se adelantan a la acción del Estado y la acaban determinando. A causa de esta influencia, medidas tan importantes como la reconstrucción de viviendas y la gestión de emergencias, resultan desprovistas de toda planificación y equipamiento oportuno, haciendo ineficientes las políticas públicas en estas materias, como lo demostrara la experiencia vivida tras el terremoto de 2010.
· Todo lo anterior conduce a una organización y una planificación urbana carente de justicia y de eficiencia. Son los sectores económicamente privilegiados los que definen el desarrollo urbano, siempre según las fluctuaciones del valor del suelo. Esta desigualdad y colaboración del Estado con intereses privados, conduce a una feroz segregación social, la que acaba imponiendo una vulnerabilidad objetiva a amplias capas de la población y, sobre todo, a los sectores económicamente más pobres.
Esto es lo que queremos exponer por el momento. En un próximo encuentro quisiéramos exhibir a la Comisión Civil para la Reconstrucción los antecedentes de que disponemos.
Le saluda,
RED CONSTRUYAMOS
Concepción, 3 de junio de 2014
En este marco, Red Construyamos ha sido invitada a asistir al Consejo para la Reconstrucción. Al respecto, Red Construyamos ha redactado una carta pública que da cuenta de su posición y que dejamos para ustedes a continuación.
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Sra. Paula Forttes
Delegada Presidencial para la Reconstrucción
Gobierno de Chile
Conforme a lo solicitado por la Comisión Sociedad Civil del Consejo para la Reconstrucción en la región del Bio Bio, con la finalidad de diagnosticar el proceso de reconstrucción en el periodo comprendido entre 2010 y 2014, queremos hacer entrega de una enumeración de las principales problemáticas que ha expuesto Red Construyamos respecto de este proceso, de manera de dar curso al diálogo al que se nos ha invitado. Nuestra intervención en esta comisión tiene por condición natural el que nuestras observaciones, peticiones e indicaciones, puedan ser atendidas y respondidas, única manera de entender la existencia de un diálogo con la institucionalidad del Estado.
A lo largo de su existencia, Red Construyamos ha recogido numerosos casos de comunidades afectadas, las que no tuvieron oportunidades reales de enfrentar la política oficial de reconstrucción en dominio pleno de sus derechos. Un número importante de estos casos persiste en sus reclamos.
Lo que exponemos a continuación es una reseña de esas problemáticas. Agregamos a continuación algunas consideraciones de fondo, las que a nuestro juicio indican que las causas de los problemas suscitados se encuentra en una política generalizada de segregación y de privilegios sociales. Entendemos que abordar en su raíz estos problemas y sus soluciones, requiere de políticas públicas que están en manos del Estado.
Respecto de aquellas problemáticas que nos interesa que sean abordadas y esclarecidas en este diagnóstico oficial, señalamos en particular:
1) Evaluación de las condiciones en que se intervino la población "Villa Futuro" en Chiguayante, puntualmente en lo referido a la motivación para que el gobierno lo declare "inhabitable". Según nuestros antecedentes, esto fue un engaño, puesto que esta calificación no cuenta con respaldo técnico que lo demuestre, tanto en lo referido al área de suelo como a la construcción de los edificios. No ha habido reconocimiento público por parte del Estado respecto de este proceder engañoso y mal intencionado.
A nuestro juicio y el de la propia junta vecinal Villa Futuro, las condiciones de erradicación, realizadas sobre la base de un acuerdo extra-judicial, corresponden a un proceso viciado, dado que se abusó de la autoridad delegada al aparato público y sus funcionarios para cometer lo que calificamos como un fraude a las más de 1330 familias del sector.
Sostenemos que los actuales propietarios del sector deben ser reconocidos en su derecho a habitar el suelo, pero que el Estado debe reparar el daño realizado durante estos cuatro años a través de un acuerdo que otorgue a las familias una habitabilidad en condiciones mejoradas, según lo que demanda la junta vecinal.
2) Revisar el proceder de la Intendencia y demás organismos del Estado en el caso de población "Aurora de Chile". A nuestro juicio, el intento de fraude realizado por la autoridad para simular una condición de damnificados en una población que no contaba con esa condición real, se liga indudablemente a las posteriores intervenciones que han pretendido calificar a los pobladores del sector como “allegados en campamento” y habitantes de una supuesta "toma de terreno", discurso que acompañó el desarrollo de acciones por parte de funcionarios públicos para la erradicación del vecindario, siempre bajo la argumentación de otorgar "solución habitacional". Sostenemos que el Estado debe actuar según el principio de que la población se conforma en su mayor parte de viviendas estables, barrio urbanizado y suelo habilitado por sus “colonos”, lo que lograron a través de consecutivos rellenos en el lecho del río Bio Bio a lo largo de casi un siglo. Estos hechos están ampliamente demostrados en investigaciones académicas y en otras evidencias históricas.
Del mismo modo, solicitamos que se revise el caso de la reconstrucción del "Puente Viejo". El nuevo Puente Chacabuco o Bicentenario carece de los fundamentos suficientes para considerarle un viaducto prioritario, cuestión de la que dan que cuenta numerosos y reconocidos urbanistas y arquitectos. En relación a esto último, solicitamos conocer el proyecto y los planes completos en dominio del MOP y del SERVIU referentes a la construcción del lado norte del Puente Chacabuco, los que -según los antecedentes con que contamos- no cumplen con todos los requisitos que le corresponden (por ejemplo, carencia de estudios de impacto ambiental, de impacto social y de impacto vial). La población del sector aún no conoce realmente las condiciones de este proyecto y cómo le afectarán. El hecho de que la población no conozca documentadamente de la política de intervención para llevar a cabo las obras, desmiente el supuesto diálogo y la participación declarados públicamente por el gobierno de S. Piñera, el SERVIU y la Municipalidad de Concepción.
3) Evaluación de las condiciones de materialidad y de suelo en los casos de construcción de barrios en Llico, Dichato ("El Molino") y edificios emplazados en ex terrenos de empresa SPK en Talcahuano. Al respecto y en forma precisa, nos referimos a:
- Construcciones inadecuadas en Llico (estudiadas y fundamentadas por el programa “Ciudadanía y Territorio”).
- Calidad de las construcciones y condiciones de durabilidad de viviendas en el caso de "El Molino", Dichato. Calidad de la planificación del barrio, sobre todo respecto de accesibilidad en caso de emergencias. También requerimos los documentos de evaluación técnica sobre los terrenos en que han sido emplazadas las viviendas, dada la existencia de diferentes antecedentes que indican que éste ha sido intervenido por antiguas labores mineras y posteriores labores forestales. Nos parece necesario revisar los estudios y las obras para la habilitación del suelo que sostiene al barrio, y que podría representar riesgos de remoción en masa.
- Construcción de edificaciones en ex terrenos de SPK, Talcahuano, lugar que fue afectado por graves inundaciones durante el terremoto de 2010. La promesa de los funcionarios del gobierno del Presidente S. Piñera, fue que la población beneficiada no peligraría ante eventuales tsunamis. Solicitamos, además, la valoración del suelo respecto de las condiciones de posible contaminación ambiental por metales pesados y otros. Debemos recordar que, desde un principio, el alcalde de Talcahuano y el SERVIU negaron al campamento "Renacer de Santa Clara" la reconstrucción sobre el terreno ubicado en las canchas de av. Almirante Neff (suelo calificado como "área verde municipal"), y donde se emplazó el mencionado campamento que albergó 83 familias durante cuatro años. La justificación para esta negación se basó siempre en las condiciones del suelo, por lo que Red Construyamos solicitó un estudio que, finalmente, demostró que existen condiciones óptimas para la construcción de viviendas.
4) Solicitamos la revisión del caso del Liceo Balmaceda en Concepción, edificio abandonado a la destrucción por parte de las instituciones públicas y sus terrenos puestos en planes de venta. No cuenta la comunidad penquista con la información suficiente acerca de los fundamentos para que este terreno de interés educacional, sea entregado a privados y no sea reconstruido para la finalidad que fuera donado a la ciudad. Del mismo modo, requerimos conocer las condiciones en que el Concejo Municipal consideró inhabitable la infraestructura, por lo que solicitamos sean contrastados el estudio técnico con una nueva observación. Sostenemos que, bajo circunstancias que la sociedad toda reclama más educación, de más calidad y en mejores condiciones, es necesario que exista un diagnóstico y una re-evaluación de esta decisión municipal.
Finalmente, queremos señalar que las lecciones que obtengamos del proceso de reconstrucción que hemos sufrido, serán muy significativas para la consciencia pública y la responsabilidad de las instituciones del Estado. La forma en que ha sido llevado este proceso y el cómo se afronte en el presente, traerá consecuencias indudables sobre la conducta de la sociedad y de las instituciones ante nuevos episodios catastróficos. En relación a ello, queremos poner en discusión algunas cuestiones que estimamos centrales y profundas en materia de reconstrucción.
Al respecto, señalamos:
· La responsabilidad del Estado no puede entenderse en forma ajena y separada de la organización y la participación viva de la comunidad, lo que es particularmente válido en escenarios de emergencia que requieren una gestión del riesgo colectiva. Los criterios de prevención y de gestión de emergencias, deben ser recogidos de la experiencia y de la participación de la población en sus organizaciones naturales y en sus distintos niveles. Esto actualmente no es así.
· La reconstrucción, al igual que toda la política sobre vivienda social, se sustenta en el subsidio habitacional. Esta política de subsidio traspasa parte de la responsabilidad al sistema privado de la banca. Peor aún, bajo las condiciones de catástrofe que analizamos, el Estado ha destinado a la reconstrucción de viviendas los recursos que originalmente estaban destinados al subsidio de vivienda social común. Es nuestra opinión que el sistema subsidiario no permite el bienestar y el progreso habitacional de la sociedad chilena, y que debe ser remplazado por otro sistema.
· Es inaceptable que se admita de manera abierta o velada la práctica del lucro en condiciones de catástrofe, sobre todo si éste involucra los recursos públicos destinados a reconstrucción. Esta práctica ha sido denunciada en numerosos casos, por ejemplo, en el hecho de que las empresas constructoras obtengan ganancias en un alto porcentaje del gasto destinado a reconstrucción de viviendas, perjudicando a la familia que recibe un magro beneficio. Esto mismo se ha denunciado respecto de la adquisición de suelos, muchas veces en abierto conflicto de intereses, como se demostrará con la salida del señor Sebastián Salas de la Dirección del SERVIU Concepción. El Estado debe determinar una nueva institucionalidad que le permita realizar directamente las obras de reconstrucción, y debe generar los mecanismos para impedir que se produzca la asociación entre empresas privadas y funcionarios del Estado.
· Lo anterior implica un debate público de la mayor urgencia, puesto que –según observamos- existe una amplia red de relaciones que atraviesan las instituciones públicas, generando el conflicto de intereses y la corrupción en su administración, no sólo en el ámbito de reconstrucción y vivienda.
· La especulación inmobiliaria ha tenido un papel central en el desarrollo del proceso de reconstrucción que hemos conocido. Las grandes empresas se adelantan a la acción del Estado y la acaban determinando. A causa de esta influencia, medidas tan importantes como la reconstrucción de viviendas y la gestión de emergencias, resultan desprovistas de toda planificación y equipamiento oportuno, haciendo ineficientes las políticas públicas en estas materias, como lo demostrara la experiencia vivida tras el terremoto de 2010.
· Todo lo anterior conduce a una organización y una planificación urbana carente de justicia y de eficiencia. Son los sectores económicamente privilegiados los que definen el desarrollo urbano, siempre según las fluctuaciones del valor del suelo. Esta desigualdad y colaboración del Estado con intereses privados, conduce a una feroz segregación social, la que acaba imponiendo una vulnerabilidad objetiva a amplias capas de la población y, sobre todo, a los sectores económicamente más pobres.
Esto es lo que queremos exponer por el momento. En un próximo encuentro quisiéramos exhibir a la Comisión Civil para la Reconstrucción los antecedentes de que disponemos.
Le saluda,
RED CONSTRUYAMOS
Concepción, 3 de junio de 2014
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