Frente Amplio Unitario

No hay vuelta atrás, esta vez no es el cuento del tío: Inminente cierre de Punta Peuco

05/03/2016 |

Por Mario López M.

Sus nuevos habitantes han transformado el ambiente al interior y al exterior del penal. Desde “hacinamiento” hasta injusticia en el encarcelamiento de ancianos, reclaman los internos y sus familias.

• Cerrar el penal VIP y mandarlos a la cárcel común, responden sobrevivientes y familiares de víctimas.

• El gobierno acelera la construcción de módulos de Colina 1, que sería el destino final de los violadores de DDHH.

"Esta vez sí es impostergable el cierre de Punta Peuco y que esto se efectuaría a más tardar el primer semestre de este año", aseguraron fuentes de Gobierno a Cambio21. Tres son las circunstancias que gatillaron la decisión, que reconocen es irreversible.

Las razones del cierre

La primera razón, es que esa unidad penal ya sobrepasó el límite de internos (112) para la cual estaba presupuestada y se espera que en los próximos meses ingresen a lo menos otros 100 nuevos provenientes de nuevas sentencias y traslados.

Un segundo elemento que aceleró la medida, es la situación de Álvaro Corbalán, cuyo traslado a otro penal, la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), en aplicación de una sanción administrativa por incumplir el Reglamento Interno, demostró que la segregación y seguridad fuera de Punta Peuco está garantizada para esos delincuentes y que el cambio nada tiene de traumático.

Por último, existe un deber moral por parte del gobierno de dar una señal potente que los cambios que ha propuesto al país en materias de educación, impuestos, laboral y políticos, no pueden dejar fuera el tema de los Derechos Humanos, uno de cuyos emblemas es la mantención de este penal que se asocia a beneficios y granjerías a sus internos. Sume a eso el que no tendría explicación que un gobierno de centro-izquierda no sea capaz de hacer lo que una administración de derecha hizo con el penal Cordillera.

Colina 1 aguarda

Según las fuentes de palacio que prefirieron hablar en off, entre mayo y junio se procederá a trasladar a los internos desde Punta Peuco a su nueva residencia denominada Asistyr y que se encuentra al interior de Colina 1. Los trabajos de remodelación se encuentran casi listos y su costo superó los mil quinientos millones de pesos.

"Dada la modernidad del recinto, las condiciones permitirán asegurar una mejor calidad de vida para los condenados", aseguran desde Gendarmería. Los módulos dispuestos para recibir a militares y civiles que fueron parte de la represión durante la dictadura, ya tienen habilitada una sección con 60 celdas y la capacidad total del recinto que se construye, permitirán albergar hasta un tope de 345 reclusos. Colina 1 en general se encuentra sobrepoblada pues su capacidad es de 1100 reclusos y en la actualidad la población penal supera los 1600 internos.

Para sobrevivientes y familiares de víctimas, importa el cambio a una unidad penitenciaria que sea una cárcel común, pero además interesa que las condiciones que allí imperen no se transformen en una mantención de los privilegios que actualmente gozan. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), destacó que "los violadores de los DDHH tienen que ser trasladados a un recinto común y corriente, sin privilegios".

Cuando el río suena...

Hace unos meses y luego de una entrevista con la Presidenta Bachelet, la sobreviviente del caso "Quemados", Carmen Gloria Quintana afirmó que "ella (la Presidenta) me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre". En el mismo sentido se pronunció Lorena Pizarro, pero esta vez la interlocutora fue otra, la ministra de Justicia Javiera Blanco: "Hicimos un compromiso con la ministra de Justicia hace una semana, donde nos señaló que visitaríamos las dependencias de Colina y otros penales, para demostrarnos que ese lugar es igual que las otras cárceles", afirmó la dirigenta de la AFDD.

Desmentidos más o menos, lo cierto es que existen otros hechos indiciarios que dan cuenta de la cercanía de la medida de traslado. Uno de ellos es el inventario que cada delincuente que habita en Punta Peuco debió realizar sobre sus pertenencias al interior del penal. Debieron llenar y entregar un formulario dando cuenta detallada de sus bienes para ponerlo a disposición de Gendarmería. De hecho fueron los mismos militares y civiles condenados los que levantaron las protestas porque similar situación aconteció poco antes del cierre del penal Cordillera.

Los familiares de los condenados y un grupo de "amigos" de los residentes en Punta Peuco, han aumentado la presión a los uniformados en servicio activo para evitar el inminente cierre del penal de privilegio. Protestas frente a la Escuela Militar, páginas web alusivas e intervención de la "bancada militar" en el Congreso son parte de la estrategia que utilizan. También existen abiertos llamados sediciosos que reclaman un nuevo 11.

Chiquillos... llegó visita

Ese pareciera ser el grito que a partir de ahora se escuchará con más fuerza en Punta Peuco, pues la cantidad de causas ad portas de ser falladas implicaría una cifra no menor a 100 nuevos condenados que debieran cumplir cárcel efectiva y los que sumarían a los 120 actuales habitantes de la cárcel VIP.

Por eso la proyección de 345 plazas en Colina1 se efectuó en base a estudios de hasta dónde puede escalar el encarcelamiento de violadores de DDHH. El abogado Nelson Caucoto, aseguró a Cambio21 que "La expectativa es que va a aumentar  de manera significativa en un futuro inmediato la población penal de Punta Peuco, más allá de toda proyección, pues se han acelerado  claramente las sentencias en las causas por esta clase de delitos, con nombres nuevos de personas que por primera vez se verán privados de libertad.".

Casos como el Torres San Borja, Paine, Comando Conjunto y otras centenas de sentencias de término pendientes, elevan el número de nuevos residentes que obliga al cambio. Es cierto, no pueden estar mezclados con los reos comunes, por protección a estos y para evitar que los conocimientos militares que manejan los criminales de Punta Peuco sean trasladados a presos comunes peligrosos. Pero segmentarlos no implica otorgarles un trato privilegiado que viola la igualdad ante la ley. Nada justifica el que existan criminales bajo un régimen "licencioso" comparado con el régimen penal ordinario, lo que causa absoluta desigualdad en nuestro país.

Los "otros" familiares

Desde antes que terminara la dictadura, familiares de las víctimas y sobrevivientes del holocausto dieron una activa lucha. Primero desde la Vicaría de la Solidaridad y luego desde diversas agrupaciones que los convocaban según su situación. La muerte de familiares y de quienes fueron torturados y violentados y el desgaste de décadas de lucha, han mermado a estos organismos, los que a pesar de todo siguen bregando por verdad, justicia y castigo a los culpables.

Al otro lado de la vereda, incipientes organizaciones de familiares de uniformados que cayeron como consecuencia de violencia política y "terrorismo", como suelen identificarse, más que una veta testimonial utilizaban una veta política al amparo de la UDI. Sus apariciones eran esporádicas y sin respaldo real. Sin embargo los "familiares" que sí han asumido una activa presencia en medios a través de protestas y campañas en redes sociales son los familiares y amigos de los presos de Punta Peuco.

Los convocan en Facebook, una de las páginas es denominada "La voz de Punta Peuco" que tiene 5530 seguidores y cuyo muro da cabida a los familiares de los condenados y a personeros como Gustavo Hasbún, Jorge Arancibia Clavel, el General de Brigada (r). Álvaro Guzmán Valenzuela y hasta el exsenador y Almirante en retiro Jorge Arancibia Reyes. Todos ellos claman por "justicia" para sus "presos políticos", en alusión a los criminales que asesinaron e hicieron desaparecer a más de 3065 chilenos y torturaron y violaron a más de 40 mil presos, que sí eran presos políticos.

Llamados sediciosos

Los ataques de estos familiares y amigos de los delincuentes de Punta Peuco, se dirigen preferentemente sobre el gobierno y la Nueva Mayoría, pero también alcanza a los altos mandos de las actuales FFAA a quienes acusan de cobardía y traición. Uno de los blancos ha sido el actual Comandante en Jefe del Ejército Humberto Oviedo a quien acusaron: "Usted es un mentiroso, falso y vendido", por la haber "permitido" el traslado de Álvaro Corbalán a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) recientemente. Otros llaman a mantener ¡unidas nuestras promociones, prestos a apoyar lo necesario para preservar la verdadera Justicia que hoy se nos niega!, como el general (r) Álvaro Guzmán Valenzuela.

Un poema que han hecho circular en redes sociales comienza señalando "¡Qué debemos hacer! Policía acorralada, no hay progreso en el país, Corrupción ya desatada... No hay a quién tirar maíz. Las espadas envainadas, en silencio está el clarín, El país en desbandada y el Arauco está en motín", para continuar llamando a movilizarse para repeler las "agresiones" de que son víctimas.

"No hay a quién tirar maíz"... señalan en abierta alusión a los meses previos al golpe de Estado de 1973 en que mujeres de militares y de derecha visitaban los regimientos lanzando maíz a modo de llamarles "gallinas" por no intervenir en contra del gobierno de Allende. "Las FFAA deben rescatar a estos Prisioneros Políticos, de las garras del marxismo", vocifera Eulogio Giorgetti, uno de los seguidores en la web. Para que usted se ubique en el nivel de beligerancia en que están, sepa que a Emilio Cheyre (exjefe del Ejército), lo consideran pro marxista (SIC).

Con estos "amigos"

¡Hasta cuando Punta Peuco! titula una carta del Almirante (r) y ex Comandante en Jefe de la Armada y senador UDI, Jorge Arancibia Reyes. En ella maldice Punta Peuco porque -asegura-, "en su interior se encuentran cumpliendo condena personas inocentes, sancionados por delitos que la justicia no pudo probar, lo que la hizo recurrió a "Ficciones Jurídicas" como la del secuestro permanente, con el agravante que posteriormente el supuesto secuestrado dejó de interesar".

Y agrega: "Ahora, el tema de esta carta es que el penal se llenó, porque ingresaron nuevos condenados por supuestos delitos cometidos hace más de cuarenta años y, no solo eso, sino porque fuentes de gobierno supuestamente bien informadas pero muy cobardes por su falta de identificación, nos dicen que la fecha límite que se habría puesto el Ejecutivo para cerrar el penal sería entre abril y mayo". Arancibia termina lamentándose por la falta de reacción de la "familia militar" frente a la que llama "tragedia" del cierre de Punta Peuco.

Otro de los "amigos" que es destacado allí es el diputado UDI Gustavo Hasbún, quien salió en defensa de los criminales de Punta Peuco: "bajo el deseo de justicia, se hace evidente la venganza que ellos (presos) y una buena parte de los militares en retiro sufren a diario. Dado su condición de uniformados no se es concede ningún beneficio carcelario, ni siquiera considerando las existencia de enfermedades o su edad. No se entiende que los indultos que han operado para civiles e integrantes de las Fuerzas Armadas, no se apliquen de igual manera a los uniformados", reclama.

Los "octogenarios" presos

Un tema que ha estado en el debate público en los últimos días en Chile y que dice relación con Punta Peuco, es la edad de algunos de los últimos encarcelados. Los familiares de los condenados y la UDI, han planteado que es un "abuso" que una persona de 89 años sea encarcelada cuando no representa "un peligro para la sociedad". Agregan a ello la precaria condición de salud del reo rematado y su cónyuge.

La prisión del agente de la DINA Sergio Arredondo González hoy de 89 años de edad, quien fue condenado a 15 años y 1 día por su participación como autor en crímenes de lesa humanidad, ha hecho levantar la voz en la derecha y en círculos militares, señalando que se trataría de una crueldad.  Para otros (incluidos los sentenciadores), se trata de un tardío caso de justicia aplicada a quien realmente fue el asesino cruel que masacró a compatriotas amarrados e indefensos, siendo su especialidad la mutilación que gustaba practicar en ellos antes de matarlos.

"Sergio Arredondo ingresó a cumplir condena por su participación como autor de 14 secuestros y homicidios calificados cometidos en Antofagasta, en el mes de octubre de 1973, en el marco de una operación de inteligencia militar denominada Caravana de la Muerte (...) que dejó un saldo de más de 90 víctimas chilenas, compatriotas del señor Arredondo, que se cuentan entre ejecutados y desaparecidos hasta el día de hoy (...)  En definitiva, me inclino a pensar que ante actos tan crueles como los cometidos por el señor Arredondo, la justicia ha tardado, pero al fin ha llegado", opina el abogado Tomás Pascual Ricke.

Los expedientes dan cuenta de la brutalidad despiadada de Arredondo y su nulo arrepentimiento. Lo único que reconoció ante la justicia en un careo con Sergio Arellano Stark (antes que éste fuera declarado demente), era que "la misión que Pinochet le encomendó al general Arellano en octubre de 1973, era para matar prisioneros". Arellano Stark declaró en 1990 ante la Comisión Rettig: "Estas tres personas, Arredondo, (Marcelo) Moren y Fernández (Larios), me fueron impuestas como miembros de mi Estado Mayor en mi viaje al norte, y los tres consignaban en su trayectoria militar caracteres de brutalidad y crueldad desde antes de septiembre de 1973", aunque luego se retractaría de sus dichos.

¿Crueldad o justicia?

Por eso es interesante lo señalado por la hermana de una de sus víctimas, Eugenio Ruiz-Tagle expresada en una carta al director dirigida a El Mercurio: "Durante 42 años he escuchado testimonios escalofriantes sobre la saña con que el Sr. Arredondo dirigió la mutilación y asesinato de personas indefensas, entre ellas mi hermano Eugenio", señala María Alicia Ruiz-Tagle, quien hubiera preferido que, la justicia hubiera llegado antes, no 42 años después.

La hermana de la víctima de Arredondo reconoce que puede aparecer cruel el que se condene a un "octogenario, frágil y vulnerable" criminal: "En lo personal, habría preferido mil veces que, tras acreditar los hechos, se hubiese informado ampliamente a la opinión pública sobre lo que verdaderamente ocurrió con la misión encabezada por Arellano y Arredondo y se despejaran los mitos y falacias con que por tantos años se disfrazó la verdad. Creo que un mea culpa del Sr. Arredondo habría contribuido mucho más a sanar las heridas que encerrar a un anciano. La verdad es infinitamente más valiosa y sanadora que el castigo", concluye María Alicia Ruiz-Tagle.

¿Beneficios carcelarios?

Otro tema que atraviesa la agenda nacional, es el nuevo Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que concedería beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad, en el evento de que estos hayan "aportado y cooperado durante la investigación" del respectivo delito por el cual fueron condenados y acrediten "arrepentimiento" de sus actos.

Desde todas las esferas, tanto desde el lado de las víctimas como del de sus victimarios, se alzaron voces de protesta. Los primeros estimaron que, de acuerdo a la normativa internacional vigente en Chile, los criminales condenados por esta especie de delitos no pueden gozar de beneficios intrapenitenciarios ni de ninguna naturaleza, y que en esos crímenes no aplica ni amnistía ni prescripción. Por su parte abogados de los condenados estiman que se elevaron los requisitos para optar a beneficios, lo que no sería constitucional.

Lo que se debe tener en consideración en este tema es que este reglamento existe desde 1998 y ahora se ha modificado. El texto originario establecía acceso a tales derechos y, a modo de ejemplo,  para conceder beneficios solo se requería un informe del Consejo Técnico, la buena conducta, la autorización del jefe del establecimiento  y la ratificación del Director Regional. Hoy se agrega la aportación de datos relevantes y cooperación durante la investigación y el arrepentimiento expresado del crimen por el que haya sido condenado. Además se exige unanimidad en el Consejo Técnico, a diferencia de antes que bastaba mayoría.

"No restrinjan, elimínenlos"

Lo cuestionable para abogados, víctimas  y familiares no es que se aumenten o no los requisitos, sino que se mantengan los beneficios. El mismo Reglamento plantea el tema de la siguiente manera:  "Que, no obstante, de tratarse de delitos cuya naturaleza pugna con los más elementales derechos de que goza la persona humana, no procede prohibir la concesión de beneficios intrapenitenciarios a quienes fueren condenados por la participación de los mismos, aun cuando hubiesen sido perpetrados en el contexto de violaciones a los Derechos Humanos, sin perjuicio de lo cual si se justifica elevar el estándar el otorgamiento de dicho beneficio".

Incluso el mismo reglamento reconoce que la entrega de beneficios a estos condenados podría llegar a constituir "una forma de impunidad", como lo ha señalado la Corte Interamericana de DDHH (CIDH). La Presidenta Bachelet, con ocasión del anuncio de la promulgación de la ley que crea la Subsecretaria de Derechos Humanos, había señalado que la modificación del reglamento penitenciario tenía por fin restringir los beneficios a los militares condenados por crímenes a los DDHH.

Al respecto la Presidenta Bachelet aseguró que la norma cumplía con la necesidad de "ponernos al día con la normativa internacional que restringe beneficios intrapenitenciarios a quienes han sido condenados por violaciones a derechos humanos, por lo que se trabajará en estas indicaciones para la reforma constitucional y la ley que declara imprescriptibles e inadmnistiables los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio".

El "rematado" Corbalán

Un caso especial es sin dudas el de Álvaro Corbalán Castilla. Para algunos (muy pocos, menos mal), se trata de un "héroe" que salvó la Patria que del comunismo y que "está siendo castigado por haber sido leal a Chile". Campañas en redes sociales llaman a "liberarlo" y lo consideran "preso político". ¡Hágame usted esa!

"Lo que Chile le debe a este soldado es inconmensurable, especialmente en la época en que fue uno de los Jefes de Inteligencia más brillante en los países vecinos, cuando estos intentaron agredirnos (...) Chile entero está en deuda con este soldado. Debemos defenderlo a todo trance. No dejemos que la izquierda vengativa, odiosa y rencorosa consiga destruir aquello porque tanto lucharon estos hombres", son algunas de las expresiones de los seguidores de Corbalán.

Un abogado cercano a la defensa de procesados y condenados por estos delitos y que no quiso que se publicara su nombre, sugirió "estar atentos a la salud del Comandante Corbalán", la que se habría visto resentida a partir de la muerte de su madre y el traslado a la CAS como medida disciplinaria en su contra. "Lo que al principio fue una manejo, una presión para que lo devolvieran a Punta Peuco, se ha transformado en una verdadera pesadilla", señala el profesional, quien se refiere a las denuncias de Corbalán de temer por su vida y su "precaria salud".

Uno más

Desde luego en la CAS no goza de los beneficios de que disponía en Punta Peuco. No tiene acceso ni a internet ni a telefonía celular de libre disposición. También tiene limitado su desplazamiento como cualquier hijo de vecino preso. Es permanentemente vigilado para evitar que atente en su contra o que sea objeto de ajustes de cuentas. Menos puede salir a "pasear" como lo hacía en sus tours al Hospital Militar. Ahora requiere atención o exámenes, está el hospital penitenciario.  "Su salud mental se ha debilitado, está muy deprimido", asegura el profesional a Cambio21.

"Me privaron de la libertad el 16 de enero de 1991, con 39 años de edad y cumpliré próximamente 65. Un tercio de mi vida en el abismo, encallado en este sepulcro, desvanecido en la memoria de muchos que estuvieron con nosotros. La salud falta, la edad pesa, el bien ausente se siente, el olvido aniquila, y hasta mi ángel de la guarda a veces me cuesta ubicarlo. Dios ha estado muy fugitivo", fue uno de los últimos mensajes que envió a sus seguidores antes que se le quitara el internet de que disponía de manera ilegal. ¿A qué Dios se referirá este criminal? Lo del ángel de la guarda se entiende, debe estar aterrorizado.

Pronto el cierre de Punta Peuco y con "sobrepoblación, la vuelta de Corbalán a ese recinto y a sus privilegios se ve muy remota. Como se recordará, Corbalán fue trasladado a la CAS el pasado 20 de noviembre. El "comandante", como gusta ser llamado, posee múltiples condenas por violaciones graves a los derechos humanos, entre esas causas se encuentra el asesinato del sindicalista  Tucapel Jiménez y la "Operación Albania", que implicó la masacre de 12 miembros del FPMR en el año 1987. Es de esperar que esa "depresión" no degenere en una enfermedad mental que lo exonere de cumplir las penas de sus crímenes... Pinochet marcó la pauta.

FUENTE: CAMBIO 21