Frente Amplio Unitario

Caso de profesionales degollados: Lo que hay tras el resistido Memorial por un grupo de vecinos de Providencia

05/03/2016 |

Por Mario López M.

Los cuestionamientos a la instalación de una obra urbanística de memoria en Providencia que recuerda los crímenes de Nattino, Parada y Guerrero, dejó de manifiesto que para algunos la discusión es económica, olvidando que se trata de una de las operaciones más sangrientas y estremecedoras de la dictadura.

• Más allá del fallo favorable a su construcción y a pocos días de cumplirse 31 años de los asesinatos, la memoria se vuelve difusa y sustituible. Los asesinatos también tuvieron otras consecuencias. Cayó la cúpula de Carabineros y el autor intelectual del crimen, que estaba impune, fue más tarde asesinado.

"Un pueblo sin memoria, es un pueblo sin futuro", recuerda otro Memorial, el del Estadio Nacional. Y ello es justamente lo que parece haber pasado en la discusión de la construcción de tres bancas y un entorno paisajista a ser instalados frente a lo que era el Colegio Latinoamericano ubicado en el corazón de la comuna de Providencia, que busca recordar que el día 29 de marzo de 1985, tres profesionales fueron violentamente secuestrados, brutalmente torturados y cruelmente degollados por la dictadura.

Pueblo sin memoria

Allí, en  Avenida Los Leones con el Vergel en esa comuna, se construyó un edificio de departamentos, algunos de cuyos residentes se oponen a la construcción, por parte del municipio, de un memorial en su frontis, instalado sobre la vía pública, en recuerdo de las víctimas. El abogado Diego Navarrete señaló al respecto: "Ellos (los propietarios de departamentos de Espacio Los Leones) participaron de la discusión y en un minuto reclaman que no les parece, se declaran a favor del memorial pero piden que éste se mueva un par de cuadras", afirmó el abogado.

Los 3 bancos, que llevarán los apellidos de Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada, estarán rodeados de jardines de mediana altura dándole continuidad al espacio urbanístico mediante un sencillo diseño. Tres son los cuestionamientos que llevaron a algunos vecinos a recurrir ante la Corte para que se prohibiera su construcción: le quitaría espacio al área que usan como antejardín (que es parte de la vía pública), las luces de la construcción apuntarán hacia arriba (lo que podría iluminar los departamentos por las noches), y la realización de manifestaciones, las que se sumarían a las que ya se llevan a cabo en el lugar los 29 de marzo, día en que ocurrieron los secuestros.

La Corte desechó el recurso pues aseguró el actuar correcto de la alcaldesa Errázuriz, pues "en todo este procedimiento no se observa de manera alguna que las decisiones adoptadas obedezcan al mero capricho de la Municipalidad recurrida, sino que, por el contrario, ellas fueron el producto final de un proceso que implicó la recepción de una propuesta, más de una reunión con la comunidad recurrente y una con dos Juntas de Vecinos y un encuentro de amplia convocatoria".

La purga interna

Los asesinatos de Guerrero, Parada y Nattino no fueron producto de un exceso circunstancial, tampoco un crimen que se buscó ocultar, por el contrario, fue un episodio planificado, fríamente ejecutado y que buscó que tuviera publicidad, para mandar un mensaje a los opositores al régimen de Pinochet. También fue un ajuste de cuentas entre los organismos de seguridad que competían con ferocidad por ser quienes desarticularan los partidos opositores exterminando a sus integrantes.

En 1984, desertó un miembro de la Fuerza Aérea que servía en el "Comando Conjunto". Se trataba de Andrés Valenzuela, alias "Papudo". De las declaraciones de Valenzuela, el primer desertor de los temidos órganos de seguridad, se desprendieron muchos antecedentes. Desde luego la existencia del mismo Comando Conjunto, que fuera una de las organizaciones cuyo secreto había sido mantenido a toda costa y en la que participaban los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, Armada y Carabineros, además de exintegrantes de Patria y Libertad y algunos descolgados opositores que se cambiaron de bando.

El Ejército se había restado de participar pues la cúpula de la DINA estimaba  que a ellos les correspondía el mando de las acciones. La lucha por la supremacía de la represión era violenta. Valenzuela relató cómo se eliminó a agentes bajo sospecha de pasar información a los otros organismos de seguridad. Semanas después de la deserción, fue asaltado el local del Movimiento Democrático Popular (MDP), que reunía a parte de la izquierda.  Entre los documentos incautados estaba una libreta con nombres de opositores, entre ellos los de profesionales que más tarde serían asesinados.

La Vicaría entre cejas

Valenzuela entregó vital información acerca de los detenidos desaparecidos a la Vicaría de la Solidaridad, eso lo sabían los organismos represores, lo que ignoraban era qué tanto había declarado. La libreta llevó a que su dueño, el arquitecto Ramón Arriagada fuera secuestrado en febrero de 1985. Luego vinieron varios secuestros de profesores pertenecientes a la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech). Allí se comenzó a investigar a acerca de las actividades de Manuel Guerrero y José Manuel Parada, a quienes se había asignado en la Vicaría analizar y comprobar los dichos de Valenzuela.

La noche del 29 de marzo de 1985 se secuestró en Av. Apoquindo de Santiago Nattino, quien había prestado servicios en la Vicaría. Al día siguiente, temprano en la mañana y desde la puerta del Colegio Latinoamericano de Providencia, fueron plagiados  Manuel Guerrero y José Manuel Parada en medio de un imponente despliegue de fuerza y medios. Desde un Station Wagon sin patente tres sujetos se bajaron y a la fuerza apresaron a los profesionales. Un profesor, Leopoldo Muñoz, intentó oponerse pero fue baleado a quemarropa.

Ante el estupor de niños, profesores y padres que a esa hora iban a dejar a sus hijos al colegio, el móvil se dio a la fuga con los secuestrados. En la investigación se acreditó que a un par de cuadras del lugar el tránsito había sido desviado a propósito para facilitar la fuga e incluso un helicóptero hacía vuelo rasante sobre el establecimiento educacional supervisando la operación.

Con alevosía

El grupo se dirigió a la sede del organismo secreto que se determinaría más tarde que era el Dicomcar, la Dirección de Comunicaciones de Carabineros.  Se trataba de la misma sede que antes había ocupado el Comando Conjunto, disuelto a propósito de las revelaciones de Valenzuela. El local denominado en la jerga de seguridad como "La Firma", era igualmente secreto y estaba ubicado en Calle 18 en el centro de la ciudad de Santiago. Allí fueron torturados brutalmente. "La suerte estaba echada, era cuestión de tiempo", como aseguró al juez uno de los criminales.

El expediente da cuenta que "entre la noche del viernes 29 y la mañana del sábado 30 los tres secuestrados fueron subidos a un Chevrolet Opala, dos recostados en la maleta y uno en el asiento trasero. Al volante iba el cabo Claudio Salazar, como copiloto el cabo 1º Alejandro Sáez y atrás el sargento 2º José Fuentes. Un segundo auto, un Chevy Chevette, lo conducía quien hacía de jefe del operativo, el coronel Guillermo González Betancourt y el capitán Patricio Zamora". Todos eran Carabineros, salvo el copiloto del segundo móvil, ese era el civil  Miguel Estay Reyno, alias "El Fanta", un militante de izquierda que se había cambiado de bando y ahora perseguía a sus excompañeros.

Los agentes los trasladaron hasta una zona aislada de Quilicura, cercana al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Guerrero fue el primero en ser bajado. "De rodillas, esposado y vendado junto al camino, el sargento Fuentes le tomó la cabeza por atrás y le cortó el cuello con un corvo. El vehículo se movió unos 30 metros al norte. Bajaron a Nattino, también esposado y con la vista vendada. Usando la misma arma, el cabo Sáez repitió la ejecución. El auto volvió a avanzar algunos metros, donde fue bajado Parada. Tendido de espaldas, esposado y vendado, el cabo Salazar tomó el corvo y le dio un profundo corte en el abdomen. La víctima se resistió y gritó de dolor, lo que aterró a su verdugo. Un tercer agente bajó del coche y lo degolló".

La debacle

Los tres cuerpos fueron dejados a la vista, lo que era dantesco. Antes de partir, les retiraron las vendas y esposas. Ya se había consumado la orden, la "misión estaba cumplida", por ello volvieron a su cuartel, en la calle 18. No pasó mucho para que los cuerpos fueran encontrados por campesinos del sector. Trasladados al Instituto Médico Legal, fueron identificados. Las familias esperaban en ese lugar donde se les confirmó las identidades, fue tremendo.

El secuestro había impactado en el país. Encontrarlos degollados provocó indignación nacional y protestas desde el extranjero. La Corte Suprema que a esas alturas seguía siendo condescendiente con el régimen, no pudo evitar tener que nombra un juez especial que se dedicara al tema. El nombramiento recayó en el ministro José Cánovas Robles quien asumió la investigación. Y de qué manera. En no más de 4 meses se conocía toda la verdad y hasta el nombre de los asesinos. ¿Exceso de eficiencia o delación?

En realidad hubo de ambas. A un juez serio y honesto se sumó la vieja pugna entre los servicios de seguridad. La DINA hizo llegar de manera encubierta los antecedentes y pistas que permitieron llegar a un rápido esclarecimiento. La efervescencia aumentó en el país, La junta de Gobierno integrada también por Carabineros se vio remecida al conocerse que desde esa institución se había planificado y ejecutado los crímenes. El 2 de agosto de 1985 el general César Mendoza debió renunciar a la jefatura de la institución y también a la Junta. La caída arrastró a otro oscuro personaje, el coronel Luis Fontaine Manríquez que dirigía la Dicomcar. Uno a uno fueron también cayendo los homicidas.

Herodes mandó a Pilatos...

A los antecedentes aportados bajo cuerda por la DINA se sumaron algunas confesiones. Ello hizo expedita la sentencia. Pero no se piense que hubo arrepentimiento o cooperación eficaz, por el contrario, la misma sentencia da cuenta que ello no aconteció. Reconocer participación no es lo mismo que arrepentirse de lo hecho. Según el fallo, los crímenes fueron ordenados por el Departamento de Asuntos Externos e Internos de la Dicomcar, a cargo de Guillermo González Betancourt, a quien declaró reo. Sin embargo una Corte cómplice anuló la sentencia y liberó a los asesinos.

A cargo de la investigación del Comando Conjunto que derivó del "caso Degollados",  quedó el ministro Carlos Cerda (hoy ministro de la Suprema). A pesar de su avanzada investigación e irrefutables pruebas, le ordenaron cerrar el proceso sobre el Comando Conjunto y fue castigado por ordenar la detención de algunos de los integrantes de esa asociación ilícita, el juicio no pudo avanzar. Recién en 1992, un nuevo ministro en visita, Milton Juica, declaró reo a González Betancourt y a otros 15 carabineros como autores de asociación ilícita.

González Betancourt, jamás reconoció los hechos y fue condenado a presidio perpetuo por secuestros y homicidios y a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a 5 años y un día por el robo con intimidación. Miguel Arturo Estay Reyno el "Fanta", fue condenado a presidio perpetuo como autor de los delitos de secuestro y homicidio, además de 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a dos penas de 541 días como autor de los delitos reiterados de usurpación de nombre y uso malicioso de pasaporte falso. Otras 3 sentencias a presidio perpetuo y otras de menos intensidad alcanzaron a los asesinos.

Costosa impunidad

Uno de quienes terminaron sin sentencia de condena fue el director de Dicomcar, Luis Fontaine Manríquez. La Corte Suprema optó por cortar el tema de mando en González Betancourt. Fontaine siempre negó conocimiento de los hechos. Cinco años después del degollamiento de los profesionales, y encontrándose ya retirado de Carabineros a consecuencia del caso, Fontaine fue acribillado en la calle por dos fusileros pertenecientes al FPMR.

El día 10 de mayo de 1990 a las 1330 hrs, la calle Santa Isabel casi esquina de Portugal, en el centro de la capital se estremecía por cerca de 30 tiros que rompieron la monotonía del lugar. Fontaine transitaba en un taxi acompañado de una secretaria cuando un par de muchachos vestidos con uniforme escolar se aproximaron al vehículo y vaciaron los cargadores de las armas automáticas que portaban. 18 de las balas de 9 mm impactaron al retirado coronel. El rostro quedó desfigurado producto de los disparos, el cráneo explotó.

Fontaine no alcanzó a desenfundar.  Los ejecutantes, pertenecientes al FPMR Autónomo, fueron Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete. No era la primera "ejecución" que habían realizado, antes habían eliminado a Roberto Fuentes Morrison, el "Wally", otro temido represor asesinado a la salida de su casa.

FUENTE: CAMBIO 21