viernes, 1 de febrero de 2013

Medida impide conocer quienes accedieron a edificios de la Presidencia

Listas secretas en La Moneda y Cerro Castillo: la contradictoria agenda de Transparencia del Gobierno

Mientras se impulsa hacer pública la agenda de las autoridades a través del proyecto de Ley del Lobby, paralelamente se niega el acceso a las listas de visitas en ambas dependencias públicas. Con esto se da un portazo a la idea de que la ciudadanía pueda fiscalizar con quiénes se reúnen los funcionarios públicos, especialmente el Presidente, y se transparente información que podría ser relevante en casos como, por ejemplo, los cambios a la Casen.
En mayo de 2012 el gobierno ingresaba una indicación sustitutiva al proyecto de Ley del Lobby en la Cámara de Diputados, que buscaba obligar a las autoridades a informar sobre su agenda con el fin de transparentar y hacer públicas reuniones y audiencias con personas interesadas en representar o defender intereses particulares o de grupos.
Paradojalmente, las señales que ha enviado la actual administración con respecto al tema no han ido en esa línea, ya que ante diversas peticiones relativas a registros de visitas a instituciones públicas éstas han sido rechazadas, declarando secretos dichos listados.
Así pasó con el requerimiento a la Presidencia de acceso a la información realizada en septiembre de 2012 por la Fundación Ciudadano Inteligente, que solicitó “la copia física o electrónica de los registros de entrada al Palacio de La Moneda”, entre el 1 de junio y el 30 de agosto de 2012.
El 19 octubre pasado y a través de la resolución 5328, la petición fue rechazada, declarando secretos “los registros de entrada al Palacio de la Moneda” en base “al respeto de la vida privada de la persona y su familia”.
Un requerimiento similar realizó El Mostrador, con el fin de confirmar o descartar si el entonces encargado de la encuesta Casen en la Cepal, Juan Carlos Feres, había asistido en esas fechas a Palacio. Información relevante en medio de los cuestionamientos a los resultados de la encuesta que mide la pobreza. Pero la información también fue negada.
Consultado sobre la relevancia de que la ciudadanía tenga acceso a quienes visitan instituciones como La Moneda, el presidente del CPLT, Alejandro Ferreiro, señala que “la respuesta la tienen en el propio gobierno, que ha presentado un proyecto de ley en el Parlamento para regular el lobby, en cuya definición la mejor manera es haciendo pública la agenda de las autoridades, incluidas las visitas y encuentros que sostienen con terceros. Bajo esa lógica esta información debiera ser pública”.
El 25 de octubre, Presidencia emitía una resolución similar, la 5442, en respuesta a la solicitud de un particular que pedía la “copia del libro de visitas a Cerro Castillo desde la fecha del dictamen de Contraloría que ordenó su implementación y hasta la fecha de la respuesta a esta solicitud”, aludiendo a la decisión del órgano contralor emitida en julio que ordenaba que la residencia presidencial debía llevar un registro de las personas que concurren o permanecen en sus dependencias.
Al igual que en el caso del Palacio de La Moneda, la petición fue rechazada, declarando secretos “los registros de control, acceso y salida” de las personas que asisten al Cerro Castillo, bajo argumentos similares y relativos a que su publicación afectaría la vida privada de los visitantes.

Señales contradictorias

Desde el Consejo para la Transparencia (CPLT), argumentan que no pueden pronunciarse sobre estos casos en particular porque no han sido reclamados en la instancia.
De todas formas, consultado sobre la relevancia de que la ciudadanía tenga acceso a quienes visitan instituciones como La Moneda, el presidente del CPLT, Alejandro Ferreiro, señala que “la respuesta la tienen en el propio gobierno, que ha presentado un proyecto de ley en el Parlamento para regular el lobby, en cuya definición la mejor manera es haciendo pública la agenda de las autoridades, incluidas las visitas y encuentros que sostienen con terceros. Bajo esa lógica esta información debiera ser pública”.
Al respecto, el gerente general de Ciudadano Inteligente, Juan José Soto, afirma que “Cerro Castillo es una residencia presidencial, por lo que podría tener un punto el gobierno, ya que pueden ser reuniones privadas con amigos, familiares y la ciudadanía no tiene por qué saberlo. Pero en el caso de La Moneda es al revés, ya que es un recinto público donde los funcionarios, incluido el Presidente, van a trabajar. Entonces si se impide saber quiénes tienen acceso creo que no corresponde, porque no se está violando ni la Constitución ni la intimidad de la persona, sino que se busca transparentar lo mismo que empuja el gobierno en el Congreso con la Ley del Lobby: saber quiénes tienen reuniones con los funcionarios públicos, que no son privadas. Entonces no tiene sentido impedir saber quienes visitan el Palacio de La Moneda”.
En opinión del coordinador legal de Fundación Pro Acceso, Rodrigo Mora, “lo más importante es el desarrollo de una práctica que restringe el acceso a la información sin necesariamente probar si los derechos que se están invocando —como el derecho a la vida privada— están siendo realmente afectados. Una práctica deseable en acceso a la información debe orientarse siempre a que es, en principio, pública y que la reserva es una excepción”.
Por ello, explica “la política de reserva de información debe ser un caso a caso y no establecer un criterio ex ante acerca de que tales o cuales cosas son reservadas o secretas. Para eso existen mecanismos de discriminación de información, como tarjarla”.

FUENTE: EL MOSTRADOR

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