jueves, 30 de junio de 2016

El Derecho Real de Conservación fue publicado el 26 de junio en el Diario Oficial
Cultura - El Mostrador

Nueva ley de conservación permite proteger "intangibles" que van desde el silencio de un paisaje hasta información biogenética

por  29 junio 2016
Nueva ley de conservación permite proteger
Lo novedoso es que la norma no solo puede aplicarse al medio ambiente, sino también en el ámbito urbano, como los barrios patrimoniales, incluyendo áreas verdes, de entretención y elementos arquitectónicos. "No podemos dejar de observar que una innovación de este tipo no ha ocurrido desde tiempos del Derecho Romano y hoy se ha hecho más que necesaria, dado el nuevo conocimiento disponible y dadas las necesidades contemporáneas en materia de conservación del patrimonio ambiental", señala uno de sus impulsores.
Junio de 2016 será recordado como un mes excepcional para la historia. Esto, debido a que el sábado el Diario Oficial publicó la Ley N° 20.930 que establece el Derecho Real de Conservación, un nuevo instrumento del ordenamiento jurídico que tiene por objetivo contribuir a la protección y el resguardo del patrimonio de nuestro país en manos de privados.
Lo novedoso es que la ley, ingresada al Parlamento en 2008, no solo puede aplicarse a la conservación del medio ambiente sino también en el ámbito urbano, como los barrios patrimoniales, incluyendo áreas verdes, de entretención y elementos arquitectónicos.
"En concreto, este nuevo derecho real se orienta a facilitar la conservación en el largo plazo de la más variada gama de hábitats naturales o de 'intangibles' ambientales o servicios ecosistémicos, tales como provisión de agua, valor paisajístico, polinización, información biogenética, recreación, mantención de usos tradicionales, mitigación de efectos negativos de catástrofes, como también de prácticas o valores socioculturales asociados al medio natural o al medio creado por el hombre", señala Jaime Ubilla, director fundador del Centro de Derecho de Conservación, una de las ONG que impulsó la ley junto a la filial local de The Nature Conservancy (NTC) y Así Conserva Chile.

Modelo Pumalín

La presente norma está inspirada en un instrumento que surgió hace varias décadas en Estados Unidos bajo el nombre deservidumbre ecológica o de conservación, como un mecanismo legal y voluntario que permite al dueño de un área natural destinarla a la conservación, sin perder el derecho de propiedad sobre esta.
Se calcula que actualmente en Chile hay dos millones de hectáreas en manos privadas –incluidos pequeños propietarios, comunidades indígenas y grandes latifundistas– destinadas a la conservación ambiental, básicamente en la zona sur y la Cordillera de los Andes, con ecosistemas únicos.
Hay ejemplos icónicos como el Parque Pumalín, de 300.000 hectáreas, del fallecido estadounidense Douglas Tompkins, en la Región de Los Lagos, pero también están el Parque Tantauco, del ex Presidente Sebastián Piñera (Chiloé), y la Reserva Costera Valdiviana (de NTC), varias de las cuales combinan ecología y turismo. En manos fiscales, la cifra llega a unas 14 millones de hectáreas.
Rodrigo Catalán, director de Conservación de la filial local del World Wildlife Fund (WWF), explica que la ley permitirá que un inmueble con calidad de conservación la conserve más allá del fallecimiento de su propietario y un eventual nuevo dueño.
"Es muy importante, porque Chile tiene uno de los sistemas de áreas protegidas privadas más fuertes, pero que tenía menor reconocimiento público", dice Catalán. "Es un respaldo a los privados ya dedicados a la conservación y una garantía legal para el futuro".
En términos parecidos se expresó el ministro de Medio Ambiente el día que se promulgó la ley. “A nuestro juicio, se trata de una herramienta que incentiva y permite formalizar iniciativas de conservación privada, complementando así –desde el derecho privado– el rol del Estado en la protección de nuestro patrimonio natural, sobre todo en su aporte a cubrir vacíos de ecosistemas subrepresentados, mitigando amenazas o favoreciendo la conectividad territorial y biológica de las áreas protegidas ya existentes”, afirmó Pablo Badenier.

Poder a las comunidades

Sin embargo, la ley no se queda en lo ambiental. Ubilla destaca que con la creación del derecho real de conservación, Chile toma liderazgo al establecer una nueva forma de derecho real, uno de carácter activo que se define en torno a la “facultad de conservar”.
Asimismo, empodera a las personas y a las comunidades para participar y desarrollar prácticas sustentables a todo nivel, incluso en su vida comunitaria o de vecindad.
La ley permitirá, por ejemplo, a las juntas de vecinos generar nuevas áreas verdes, de esparcimiento, "para proteger ciertas vistas, ciertas luminosidades, ciertas cualidades, como (zonas) libres de malos olores o excesos de ruido, todos elementos que sean relevantes a la vida comunitaria", señala.
"Puede haber una asociación de hoteleros interesados en el paisaje, o una universidad interesada en la conservación de la información biogenetética, geológica o de la flora, o una industria acuícola interesada en conservar la capacidad de una cuenca", ejemplifica.
La ley "se puede aplicar respecto de todos los atributos de un entorno. Por ejemplo, si usted tuviera un sector donde estuvieran todos interesados en tener un centro de retiro espiritual. Para eso interesa que los vecinos no coloquen una discoteca o un helipuerto, por ejemplo, de manera que, voluntariamente, los titulares del centro podrían negociar con ellos y pedirles que se sometieran al derecho real de conservación de un nivel determinado de decibeles de ruido".

Innovación

Añade que el establecimiento de esta facultad implica su reconocimiento separado de las facultades clásicas de uso, goce y disposición. Esta facultad puede establecerse no solo sobre un inmueble o parte de él, sino que además sobre los atributos o funciones del patrimonio ambiental de dicho inmueble.
El director fundador del Centro de Derecho de Conservación señala que la discusión parlamentaria hizo posible "trascender la figura de las servidumbres de conservación utilizadas en otras jurisdicciones, estableciendo este nuevo derecho real activo que facilita el reconocimiento de la 'nueva riqueza' que deriva de los ecosistemas y del patrimonio ambiental en general". La nueva "facultad de conservar" hace posible facilitar la inclusión de nuevas valoraciones respecto de tangibles e intangibles ambientales, urbanos o rurales.
"En este sentido, este derecho es una innovación transformadora del Derecho Civil, ya que no solamente agrega o delinea una nueva facultad dentro de los derechos reales sino que, por su diseño institucional, hace más probable la cooperación entre los distintos grupos de interés que pueden concurrir en un mismo espacio para conservar distintos atributos o funciones del medio ambiente", dice Ubilla.
En otras palabras, esto es lo que se puede denominar un derecho reflexivo que hace posible que distintas observaciones sociales concurran en el espacio social y en la relación con los bienes. En esto, como lo observó el Centro de Derecho de Conservación, estaba también en juego un elemento clave para el futuro de la gestión del medio ambiente: el desarrollo de nuevo conocimiento.
"No podemos dejar de observar que una innovación de este tipo no ha ocurrido desde tiempos del Derecho Romano y hoy se ha hecho más que necesaria, dado el nuevo conocimiento disponible y dadas las necesidades contemporáneas en materia de conservación del patrimonio ambiental", concluye.
FUENTE: EL MOSTRADOR

Declaración Oficial Familia Jara por juicio a ex militar Pedro Barrientos en EE.UU.

 Publicado el 28 Junio 2016
 ESCRITO POR JOAN JARA TURNER, MANUELA BUNSTER TURNER Y AMANDA JARA TURNER

Estamos contentas, tranquilas y agradecidas. Estos 8 días de juicio han sido sin duda fuertes para nosotras. Fuertes del punto de vista emocional ya que en ellos se concentró todo el dolor, la pena y la rabia por todo lo que vivimos como país tras el golpe militar, específicamente el horror que se vivió en el Estadio Chile—primer centro de detención masiva de la dictadura—descrito en este juicio por sobrevivientes, soldados  y académicos.


En esta corte, la cultura de la mentira, el encubrimiento y el matonaje fue pulverizado por la verdad. La cultura de la muerte y la cobardía encarnada en Pedro Pablo Barrientos Núñez, por el canto de Víctor que vivirá por siempre.
Hoy, aquí en las afueras de la corte de Orlando EE.UU., queremos decir que estaremos por siempre agradecidas de nuestros abogados de la ONG Centro de Justicia y Responsabilidad (C.J.A)—quienes presentaron el caso acá en EEUU—y de Chadbourne and Parke por su compromiso,  su solidaridad y sobre todo su profesionalismo.
Su trabajo legal colaborativo, su rigor, convicción y pasión han sido un regalo inesperado en nuestras vidas y el efecto constructivo de ello es aun “indimensionable” después de tantos años  de vivir con el dolor de la impunidad tan arraigado en nosotras.
El caso criminal en Chile sigue su curso y ahora esperamos que Pedro Pablo Barrientos sea extraditado y enfrente la justicia en nuestro país.
Aún hay mucho por hacer. Son muchas las personas que fueron asesinadas en el Estadio Chile—hoy Estadio Víctor Jara—y seguiremos en la búsqueda de justicia por todos ellos.

Joan Jara Turner, Manuela Bunster Turner y Amanda Jara Turner
FUENTE: EL CLARIN
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del senado cree que hay posibilidades de detener el proyecto

Navarro: “La fuerza ciudadana contra Octopus puede más que un telefonazo”

La Resolución de Calificación Ambiental que el martes dio luz verde al proyecto energético “Terminal GNL Penco-Lirquén”, de la firma Biobiogenera, más conocido como “Octopus”, en la Región del Biobío, continúa generando reacciones en el mundo político.


La aprobación ambiental del proyecto Terminal GNL Penco-Lirquén, un terminal de gas natural en las costas de la bahía de Concepción, continúa desatando duras reacciones entre los políticos opositores del desarrollo del proyecto y ciudadanos afectados con la creación de una termoeléctrica que destruirá tanto el ecosistema como numerosas fuentes de trabajo y que además, no cumple con ningún plan de desarrollo antes previsto por las autoridades regionales.
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El senador y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Alejandro Navarromanifestó que independiente siel gobierno es de izquierda o de derecha, la ley siempre actúa a favor de las empresas, “es una ley que deja totalmente fuera a la ciudadanía, por lo tanto es una legislación que está divorciada del sentimiento y reclamo ciudadano de más participación y de vinculación con los destinos de su país, entonces refleja perfectamente el crudo momento que vive la política en su distanciamiento con la ciudadanía”, para el político la institucionalidad está diseñada para eso, para alejar a los ciudadanos de la toma de decisiones.
Navarro aclaró que la localización de este proyecto no solamente genera el riesgo vital para los habitantes de Lirquén, sino que altera todos los planes de desarrollo comunal, porque en una bahía en donde se buscaba un proceso distinto, colisionó con los intereses de la comuna de Tomé, Penco y Lirquén, “además que una vez más el gobierno presiona políticamente  a todos los Seremis y al intendente para una votación que es política”.  
Está claro que la ley de medio ambiente requiere importantes y urgentes modificaciones, en este sentido el parlamentario aseguró que confía en que lo que queda de tiempo entre la aprobación y la materialización se pueda disuadir a los inversionistas de realizar este proyecto en la bahía de Lirquén.
Frente a la real posibilidad de paralización del proyecto, Navarro dijo que la institucionalidad es tan precaria, que hasta el telefonazo de un presidente ha logrado paralizar proyectos, “entonces la fuerza ciudadana acumulada contra Octopus puede más que un telefonazo. Espero que la gente se organice y logre objetivos, nosotros vamos a apoyar a todas las coordinadoras y comunidades en la segunda batalla (el Consejo de Ministros)”.
Además, señaló que las leyes no van de la mano de los nichos ecológicos, a propósito de que la sinergia existente entre la descarga de gas y la generación de energía es una, sin embargo el proyecto fue dividido en dos para dividir a las comunidades, violentando lo que la propia ley establece, que los proyectos no pueden ser desmembrados y presentados de manera fraccional. “Todas esas peleas se han dado, pero es una ley diseñada para aprobar sí o sí esos proyectos, por lo tanto solo nos queda la rebelión ciudadana y la espera de generar un programa de cambios profundos en materia de regulación ambiental”.
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Consultado por la misma problemática, el abogado ambientalista Álvaro Toro, señaló a El Ciudadano que se siente amargado y súper decepcionado. esto porque según Toro, la falta de rigor técnico ambiental que debe tener la institucionalidad y la falta de autoridad regional que tiene la comisión de evaluación encabezado por el Intendente, muestra que son monigotes y títeres de las decisiones que centralmente adoptó el ministro de energía hace muchos meses.
“Yo sabía que el proyecto podría ser aprobado, pero no de la manera en que se hizo. Ellos (la empresa) sabiendo y estando advertidos que la ciudadanía quería estar presente, dijeron que iban a dar las facilidades y tuvieron compromisos verbales adquiridos como el aviso de 10 días de anticipación, para que se expresara la ciudadanía, entonces al final se expresó masivamente la ciudadanía, pese a los intentos de ocultar esto. Nosotros nos enteramos el viernes en la tarde que estaba puesto en tabla para el martes y aún así llegaron 200 mil personas a manifestarse”. 
El abogado considera el desarrollo de Octopus como un maltrato y una falta de consideración a la gente y a las autoridades regionales elegidas democráticamente, que se manifestaron en contra del proyecto, “esto porque va en contra de los planes de desarrollo planificados para la región, todos los alcaldes involucrados, todos los consejos municipales y los políticos  del poder legislativo, los dos senadores, uno de la UDI y el otro del MAS, todos los diputados que hablaron estaban en contra y pese a eso, hay cero consideración de parte de los Seremis que actúan como verdaderos robots y que ni siquiera tenían claro lo que estaban votando”.
Hay varias irregularidades en el proyecto, como la forma en que no se consideró la consulta indígena que es clave, porque la gente de la comunidad Lafquenche va a presentar un recurso de protección y a raíz de eso, Toro aseguró que harán la reclamación administrativa al comité de ministros “y no porque ellos vayan a revertir la situación, sino porque es el único camino para llegar al Tribunal Ambiental. Pero por sobre todo seguiremos intentando que el repudio social se expanda a todo el país para que todos sepan lo nefasto de este proyecto para el medio ambiente”. 
Catalina HernándezEl Ciudadano

Condenan a cabo de la Armada por torturas a ex alcalde de Cañete en 1975

 Publicado el 30 Junio 2016
 ESCRITO POR COLABORADORES

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, condenó al cabo en retiro de la Armada Carlos González Macaya a la pena de 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, por su responsabilidad en el delito de aplicación de tormentos a Manuel Jana Santibáñez, ilícito perpetrado en febrero de 1975, en Talcahuano.


En el fallo el ministro absolvió al cabo en retiro Hernán Cabezas Moreira y al civil Pedro Bastías Antibio por falta de participación en el caso del ex alcalde de Cañete, quien fue detenido el 14 de febrero de 1975 y llevado al Estadio Naval, lugar donde fue sometido a tormentos que le provocaron la muerte.
En el aspecto civil, el ministro Aldana condenó al sentenciado y al Estado de Chile a pagar solidariamente una indemnización total de $520.000.000 (quinientos veinte millones de pesos) a la viuda y 5 hijos de la víctima.
En la etapa de investigación, el ministro Aldana logró determinar que:
"El 14 de febrero de 1975, Manuel Elías Jana Santibáñez fue detenido en la ciudad de Lebu, sin orden judicial o administrativa competente y trasladado el mismo día en un camión de la Armada de Chile hasta la base Naval de Talcahuano, donde fue recluido, junto a otras personas aprehendidas en las mismas circunstancias que él, en el sector de los camarines del Estadio Naval del recinto militara señalado (…) de este lugar fue sacado varias veces para ser interrogado bajo torturas, entre ellos propinándoles golpes de pies y puños (…) que al anochecer del domingo 16 de febrero de 1975 fue sacado de su lugar de detención por tres funcionarios de la Armada, que se encontraban de guardia, comandados por Carlos Eliecer González Macaya y ante la negativa de Jana Santibáñez de salir del lugar, lo tomaron a la fuerza, hasta reducirlo, oportunidad en que uno de los custodios lo golpeó fuertemente en su zona inguinal, sacándolo finalmente en andas –tomado por los pies y las manos–, quedando malherido y semiconsciente por los golpes recibidos, en cuyo estado fue conducido hasta un camión, dejándolo en el interior de la carrocería, donde falleció".
FUENTE: EL CLARIN
Pdte. de federación de U. Central criticó aplazamiento en ingreso a tramitación de la iniciativa

Vocero de Confech y proyecto del Mineduc: "No puede haber una diferencia tan abismante de precio entre una universidad y otra para la misma carrera"

por  30 junio 2016
Vocero de Confech y proyecto del Mineduc:
"La iniciativa iría acorde con lo que se ha pedido en relación con el hecho de regular las universidades que reciben financiamiento estatal", sostuvo Gabriel Iturra. Sin embargo, dijo, "no es el único criterio que se debería incorporar", ya que "no se entiende cómo una misma carrera puede costar al año cerca de $2.600.000 en un plantel y alrededor de $4.500.000, en otro".
Gabriel Iturra, vocero de la Confech y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, salió al paso de la minuta que el Ministerio de Educación repartió entre todos los rectores, donde explica los principales puntos del proyecto de reforma de la Educación Superior.
Este, establece que aquellos planteles que reciban aportes estatales, como gratuidad, becas o créditos, verán controladas sus matrículas y aranceles de parte del Estado.
El movimiento estudiantil reaccionó señalando que "este proyecto no encarna los cambios estructurales que han pedido históricamente" y, por ello, convocaron una nueva marcha para el martes 5 de julio en rechazo a su tramitación.
En entrevista con Radio Bío Bío, Gabriel Iturra ahondó al respecto: "Quizás si uno hace una lectura rápida solamente de ese punto, iría en sintonía respecto a lo que nosotros estamos planteando, del hecho de regular aquellas universidades que reciben recursos del Estado, no solo del criterio respecto al monto de los aranceles, sino que en definitiva de un montón de factores que dicen incorporarse como elementos de parámetros".
"Ahora bien, nosotros no solo queremos que se establezcan parámetros unificados respecto de los aranceles. No solo las universidades que reciben recursos del Estado, porque no puede haber diferencias tan abismales respecto de algunas universidades, ya sean privadas o estatales, sobre una carrera universitaria que bordea los $2.600.000 como arancel anual versus arancel desproporcionado de alrededor de $4.500.000. Creemos que es una desproporción y no se entiende tampoco respecto a qué cambio hace que varíe tanto el costo de una carrera en una u otra universidad", afirmó el dirigente estudiantil.
Consultado por el aplazamiento en el ingreso a tramitación de la iniciativa, el vocero de la Confech dijo que se miente de parte del gobierno, pues debería estar oficialmente listo hoy, pero aún no se tienen novedades: "La ministra dijo que se iba a ingresar esta semana y hoy menciona que sería la próxima. No entendemos cuáles son las intenciones del Ministerio".
En ese sentido, declaró que el aplazamiento no corresponde a intenciones de agregar peticiones del movimiento estudiantil. "Hasta ahora solo conocemos minutas del proyecto, pero no la información de fondo, que es lo que hemos exigido como dirigentes", acotó.
Sobre las reuniones que el movimiento tuvo con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, indicó: "Se nos presentó un Power Point con 15 diapositivas con consignas de la reforma. Había muchos elementos que no se habían considerado de las mesas de diálogo".
FUENTE: EL MOSTRADOR

Brexit: Chile tiene dos años para acordar un TLC con Reino Unido

brexit
  • A pesar de las reacciones negativas en el mercado internacional, según expertos Chile sólo sufrirá efectos menores a largo plazo, ya que podría mitigar el impacto del Brexit al negociar un Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido en este periodo de dos años, mientras los británicos hacen efectiva su salida de la Unión Europea.  
 En el Referéndum realizado la semana pasada, el 51,9% de los británicos se manifestó a favor de abandonar la Unión Europea, decisión que generó inmediatas consecuencias en el mercado económico global, ya que la libra esterlina cayó a su nivel más bajo de los últimos 31 años (1,3122 dólares), el dólar ha registrado una gran volatilidad y el cobre sufrió una fuerte baja, entre otros preocupantes datos. Este difícil escenario podría mantenerse durante un tiempo.
Debido a la natural incertidumbre respecto del futuro comercial de las empresas que operan en Europa, este acontecimiento generó una reacción inicial negativa en los principales mercados accionarios del mundo. Por lo mismo, es esperable que haya volatilidad de los tipos de cambio en las próximas semanas y que exista algún tipo de respuesta de los gobiernos y autoridades monetarias para contener los mercados”, asegura Alejandro Vega, secretario de estudios de Ingeniería Comercial de la Universidad del Pacífico.
La medida adoptada por el Reino Unido se concretará en 2018, es decir, aún quedan dos años más para organizar el panorama y prepararse para cuando llegue el día en el que los británicos finalmente abandonen totalmente la Unión Europea.
“Es importante comprender que el Reino Unido no formaba en plenitud parte de la Unión Europea. Por ejemplo, no era parte de la zona euro, manteniendo en paralelo su propia moneda, la libra esterlina. Pero para formar parte del mercado común europeo, un espacio de libre movilidad de factores, no sólo es necesario reconocer la movilidad de los recursos exportables y del capital financiero, sino también la libre movilidad del factor trabajo, es decir, las personas, lo que fue el principal argumento del Reino Unido en contra de su continuidad en la Unión”, apunta Vega.
Según el académico de la U. del Pacífico, los efectos principales del Brexit se verán en los productos específicos que se envían a las islas británicas, los que según la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (DIRECON) representan exportaciones anuales en torno a los 700 millones de dólares americanos.
Los alimentos más afectados serán frutas como arándanos, paltas hass y uvas crimson, y en vinos principalmente serán afectados el Sauvignon Blanc, Merlot y Cabernet Sauvignon, dado el gusto británico por los vinos de ensamblaje. Estos productos requerirán de condiciones arancelarias y para arancelarias idénticas a las que proporciona el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea (UE). De esta forma, Chile debería trabajar en la puesta en vigencia de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Reino Unido, para lo cual dos años parece un periodo razonable”, indica el economista.
“El Reino Unido cuenta con un máximo de dos años para negociar su salida de la Unión Europea, plazo en el cual continuará vigente el Acuerdo de Asociación de la UE con Chile. Por lo tanto, Chile tiene estos dos años para acordar un Tratado de Libre Comercio bilateral con el Reino Unido, o bien, continuar con el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Chile debidamente adaptado”, explica Nelson Stevenson, Director de la Escuela de Administración y Gestión de la Universidad del Pacífico.
Efectos en las AFP y el cobre
Con la caída de las bolsas europeas producto de Brexit, en Chile una de las preocupaciones se centró en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ya que éstas invierten en el Viejo Continente. Al paso, la Superintendencia de Pensiones aseguró que las AFP sólo tienen invertido en el Reino Unido un 1% (US$1.663 millones) del total de transacciones en Europa, por lo cual no conviene cambiarse ahora de Fondo de Pensiones.
En las AFP los efectos deberían ser menores, gracias a nuestra estrategia de inversión diversificada internacional, ya que las inversiones de pensiones en Reino Unido son relativamente bajas, por lo tanto la exposición a este mercado es acotada. Esta situación de volatilidad también hace que el dólar estadounidense se aprecie internacionalmente, lo que es favorable para las inversiones de las pensiones, generando un efecto positivo sobre los fondos, amortiguando las caídas”, afirma Alejandro Vega, secretario de estudios de Ingeniería Comercial de la Universidad del Pacífico.
Otro de los posibles efectos del anuncio de la desvinculación del Reino Unido de la Unión Europea puede darse en el precio del cobre, ya que es justamente en la Bolsa de Metales de Londres donde se transa el metal rojo. “Las fluctuaciones de la Bolsa de Metales de Londres responderían a una reacción inmediata y puntual, como una volatilidad de corto plazo. La Bolsa de Metales de Londres es un espacio donde se llega a acuerdo entre compradores y vendedores del metal rojo, pero no un mercado de consumo de nuestro principal producto de exportación”, apunta el académico de la U. del Pacífico.
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FUENTE: REVISTA EMPRENDE + NEGOCIOS