Colombia: último día de la guerra
Publicado el 26 Junio 2016
ESCRITO POR RAFAEL LUIS GUMUCIO RIVAS (ELVIEJO)
El fin del conflicto armado, que se extendió por más de 52 años, está cada día más cercano. La firma del Acuerdo que pone fin a la dialéctica de las armas al reemplazarla por el diálogo ha sido el resultado de la voluntad explícita, tanto del gobierno del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y de los jefes máximos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, encabezada por Rodrigo Londoño “Timochenko”.
En los procesos centroamericanos de paz entre la guerrilla y el gobierno, (Guatemala y El Salvador) el rol de los países garantes fue decisivo para concretarse el acuerdo de paz entre ambas partes. En el caso de Colombia hay que destacar la labor de los dos países garantes, Cuba y Noruega, y de los acompañantes del proceso, Venezuela y Chile.
La ceremonia de firma del Acuerdo del cese bilateral y definitivo del fuego y la desmovilización y abandono de las armas tuvo una especial significación por la importancia del paso dado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC hacia tratado definitivo de paz, luego de más de medio siglo de lucha, que ha significado para el país 220.00 de muertos y 7 millones de desplazados.
Lograr la paz en Colombia no es una tarea fácil, pues la memoria histórica, desafortunadamente, juega en contra de este proceso: se han dado varios intentos de acuerdo entre distintos gobiernos del país y las guerrillas, entre ellos el encabezado por Belisario Betancourt, en los 80 del siglo pasado, que terminó con las masacres perpetradas por grupos fácticos de ultra derecha – paramilitares – que veían con terror el éxito político-electoral de la Unión Patriótica – agrupación de izquierda que incluía a los guerrilleros acogidos al acuerdo de paz, y al Partido Comunista, entre otros -; a los miles de dirigentes populares asesinados se suman dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, además de ocho parlamentarios, sesenta concejales, once alcaldes y tres mil militantes de la UP. En este mismo contexto se produjo el asalto al Palacio de Justicia, ocupado por los guerrilleros del M-19, por parte del ejército, con responsabilidad por parte del gobierno de Betancourt.
En 1999, el Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, se propuso reiniciar la búsqueda de acuerdo con las FARC, en esa época dirigida por su líder histórico, Manuel Marulanda Vélez “Tirofijo”. Durante un tiempo se acordó una zona de distensión, ubicada en San Vicente del Caguán, que estaría bajo el mando de las FARC, pero finalmente Pastrana canceló toda posibilidad de diálogo aduciendo que no existían las garantías para continuar las conversaciones sobre el tratado de paz.
En el año 2002 fue elegido Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, un servil aliado de Estados Unidos, con fuertes vínculos con los paramilitares y narcotraficantes, especialmente del Cartel de Medellín. Uribe implementó, durante sus dos gobiernos consecutivos, la política de “Seguridad Democrática”, cuyo objetivo central consistía en derrotar militarmente a las FARC, obligándolas a una rendición incondicional que los llevara a la firma de paz, impuesta por el gobierno con la pistola en la mesa.
Este Presidente ultraderechista no estaba dispuesto al canje humanitario de prisioneros, por consiguiente intentó, en repetidas oportunidades, el asalto para liberar a los secuestrados por la guerrilla provocando, en algunos casos, la muerte de rehenes.
El gobierno de Uribe se caracterizó por sus relaciones directas con los paramilitares y la implementación del “Plan Colombia”, que consistía en el apoyo del gobierno norteamericano, so pretexto de la lucha contra la droga para aniquilar militarmente a las FARC. Al fin del segundo gobierno de Uribe se descubrieron varias tramas de corrupción y, sobre todo, flagrantes abusos contra los derechos humanos, entre ellos el caso de los llamados “falsos positivos”, en que pagaban cien dólares a los militares por cada supuesto guerrillero asesinado que, en su mayoría eran pobladores y campesinos marginales.
La implementación de la hoja de ruta acordada entre el Gobierno y las FARC, que comenzó a discutirse en Oslo (Noruega) y que, posteriormente, a partir de 2012 pasó a La Habana, plantea serios desafíos: en primer lugar, el tema de la justicia, que exige un tipo de tribunales especiales para juzgar las actuaciones de los guerrilleros reinsertados; en segundo lugar, la reparación por parte del Estado a las víctimas de una guerra, que ha durado más de medio siglo; en tercer lugar, el poner fin a la existencia de grupos paramilitares que, generalmente, están directamente relacionados con el narcotráfico; en cuarto lugar, la no repetición de las derrotas de los procesos de paz por parte de grupos fácticos, es decir, evitar que vuelvan a ocurrir las matanzas ocurridas en los procesos de paz, durante los gobiernos de Betancourt y Pastrana; en quinto lugar, llegar a un acuerdo en la forma de ratificación del pacto de paz: las FARC plantea la convocatoria a una Asamblea Constituyente que pueda redefinir las reglas democráticas de convivencia; por su parte, el Gobierno propone un plebiscito que resuelva sobre lo pactado.
Hasta ahora se ha llegado al establecimiento de un camino que permita el desarme de las milicias de las FARC - suman alrededor de 30.000 efectivos – determinando 22 zonas veredales (pequeñas aldeas) transitorias de normalización, además de ocho campamentos donde actuarán expertos internacionales. Este proceso comenzará a implementarse, 150 días después de firmado del Acuerdo de paz. Las armas entregadas a Naciones Unidas serán utilización para construcción de tres monumentos a la paz, ubicados en sendas ciudades del territorio colombiano.
El Presidente Juan Manuel Santos plantea como posible fecha para firmar este trascendental Acuerdo, el 20 de Julio próxima, día de la Independencia de Colombia.
El proceso de paz, aunque se ha avanzado bastante, no va a carecer de dificultades, pues el paramilitarismo aún es poderoso en el país, en consecuencia, no se excluyen acciones violentas de estos grupos fuera de la ley en contra de campesino y guerrilleros recién insertados. A su vez, el uribismo, muy descontento con el Acuerdo de paz, no dejará de agitar la bandera del anti comunismo, acusando al Presidente Santos de haber entregado el país al “castro-chavismo”.
Para la oligarquía colombiana es muy difícil aceptar un acuerdo de paz donde han jugado un papel fundamental los gobiernos de Raúl Castro y de Chávez y Maduro, sin embargo, por ahora, tienen pocos argumentos para combatir al gobierno, que ha dado un paso audaz y fundamental y que, por lo demás, expresa la necesidad de poner fin a una guerra que no ha hecho otra cosa que desangrar a Colombia.
El fanatismo de la ultraderecha, expresado en el uribismo, desde ya desarrolla algunos argumentos, (la falsedad del desarme por parte de las FARC y la justicia especial), para agitar y promover el rechazo al Acuerdo de paz en sectores de las capas medias colombianas (fachos pobres), que han sido hábilmente manipulados por una oligarquía para la cual la guerra y, sobre todo, un anticomunismo primaria, no deja de ser un buen negocio para seguir enriqueciéndose.
En Colombia, los grupos fácticos de extrema derecha han jugado un papel fundamental en desarmar los intentos de paz, recurriendo al uso de la violencia.
Es de esperar que el anhelo, expresado por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, el 23 de junio de 2016 sea el último día la guerra y que la paz no sea una utopía, sino una realidad.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
24/06/2016
FUENTE: EL CLARIN
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