domingo, 31 de marzo de 2013

País neoliberal: más de 800 escuelas públicas desaparecieron en los últimos 20 años

Domingo, 31 de Marzo de 2013 09:04 Colaboradores
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El cierre o fusión de establecimientos educacionales públicos es una realidad cada vez más habitual en Chile. De acuerdo a cifras recopiladas por la Fundación Sol, la cantidad de escuelas municipales que desaparecieron durante los últimos 20 años supera los 800, publica BioBio Noticias.


Basándose en datos del Ministerio de Educación, la institución sin fines de lucro determinó que 864 recintos educacionales públicos de todo el país ya no existen, mientras los colegios particulares subvencionados aumentaron en 2.942, entre 1992 y 2012.

Entre las regiones con más pérdida de escuelas públicas se encuentran La Araucanía, con 206 establecimientos menos; Bío Bío, con 166 escuelas municipales desaparecidas; y Maule, con 123.

En tanto, las únicas que presentaron aumento de recintos educacionales públicos, fueron Magallanes, con 2 colegios municipales nuevos; Antofagasta y Atacama, ambas con 3; y Tarapacá con 13.

Esto se contrarresta con el auge de la educación particular subvencionada, donde todas las regiones presentaron incrementos, especialmente la Metropolitana, donde hay 900 colegios nuevos de esta categoría; seguida por Valparaíso, con 400; y Bío Bío con 319.

Por otro lado, el detrimento de la educación pública también se manifiesta en los porcentajes de matrícula en este tipo de establecimientos, ya que pasó de un 78% en 1981 a un 57,8% en 1990 y a un 36% en la actualidad, constituyendo no sólo uno de las cifras más bajas entre los países de la OCDE -donde el promedio de matrícula en las escuelas públicas es de un 90%-, sino que en una de las naciones con menor porcentaje del mundo.

FUENTE: CLARIN
La hermética visita de Hinzpeter a Israel: discutió "influencia iraní en América Latina" E-mail
Escrito por verdadahora.cl   
Sábado, 30 de Marzo de 2013 19:50
Desapercibida pasó la visita oficial del ministro Rodrigo Hinzpeter a Israel. El titular de Defensa se reunió con su homólogo israelí para discutir la influencia de Irán en Latinoamérica, según reportó The Jerusalem Post.
La conversación entre los ministros se realizó el jueves 21 de marzo a puertas cerradas, contando con una escasa cobertura mediática en la prensa internacional. Los medios chilenos mencionaron escuetamente que Hinzpeter se encontraba en una “visita oficial” a Israel, sin dar mayores detalles.

Al salir de la reunión, el ministro de Defensa israelí Moshe Ya’alon se dio la mano con Hinzpeter y declaró que Irán “es la fuente de inestabilidad en Medio Oriente y el resto del mundo”.

Ya’alon es el sucesor del ministro Ehud Barak, quien ya había estrechado lazos con Chile en virtud de un acuerdo comercial con la empresa Elbit Systems para adquirir una serie de aviones no-tripulados (UAV) que serían utilizados en el Plan Frontera Norte. Las negociaciones se realizaron cuando Andrés Allamand encabezaba el Ministerio de Defensa Nacional en 2011.

Agente del lobby israelí
La relación entre el ministro Hinzpeter e Israel ha estado en el centro de la atención ciudadana por mucho tiempo.

Cuando el jefe de campaña de Piñera asumió como ministro del Interior en 2010, se especuló que había hecho su servicio militar en Israel. Una columna del periodista Alejandro Kirk elucubró que Hinzpeter podía considerarse dentro de los llamados ‘sayanim’, activos utilizados por la inteligencia israelí para realizar “favores” al Estado de Israel en puntos estratégicos.

Mucho antes de llegar a La Moneda Hinzpeter participaba activamente como orador del American Jewish Committe (AJC), popular entre la facción neo-conservadora de Estados Unidos. El AJC ha sido descrito como un organismo lobista que busca influenciar la política exterior estadounidense a favor de Israel.

En 2006, el militante de RN participó en una cumbre organizada por el AJC en Miami. En su declaración, que contó con la firma de Hinzpeter, la organización pide que “las naciones democráticas del mundo cierren sus filas contra uno de los patrocinadores principales del terrorismo internacional”, refiriéndose en duros términos a Irán y a su eventual responsabilidad en los atentados de la AMIA en Argentina.

En marzo de 2011, mientras el presidente Piñera visitaba Medio Oriente, Hinzpeter asumía la vicepresidencia del país y recibía una delegación de 18 miembros del AJC en La Moneda. El grupo fue acompañado en total reserva mediática por los embajadores de Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Ningún comunicado oficial fue emitido sobre la reunión.

El “incipiente y criollo terrorismo”
El jefe de gabinete de Piñera comenzó su mandato con el pie izquierdo. En 2010, al estallar el “caso paquistaní”, Hinzpeter fue duramente criticado por seguir la línea de la embajada estadounidense en Chile. El ministro de Estado invocó la Ley Antiterrorista contra el estudiante Mohammed Sair Ur Rehman Khan y habló sobre inexactos informes de inteligencia que lo vinculaban con Al Qaeda, mapuches y el Grupo Lautaro.

El consulado norteamericano se rehusó a cooperar plenamente en el caso citando la inmunidad diplomática y Khan terminó libre de todo cargo cuando el Ministerio Público abandonó su investigación por falta de pruebas.

El montaje que Hinzpeter continúa negando hasta la actualidad contó con la participación del funcionario de la CIA Stanley Stoy, alojado en Chile hasta finales de 2010 luego de admitir en tribunales que había dado órdenes a la PDI para allanar ilegalmente la pensión del paquistaní, en circunstancias de que éste aún se encontraba retenido en la embajada acusado de portar trazas de explosivos.

Stoy fue reemplazado rápidamente en su cargo oficial de “agregado jurídico” de la embajada por Todd Porter, agente del FBI que en 2006 dictara charlas sobre terrorismo a funcionarios de Carabineros, PDI y la ANI. Las exposiciones de Porter, realizadas en la Escuela de Investigaciones, buscaban fomentar la “creación y coordinación de una fuerza antiterrorista” en Chile.

El caso paquistaní fue utilizado por el ex funcionario de George Bush en el Hemisferio Occidental, Roger Noriega, para alimentar una teoría conspirativa vagamente fundamentada sobre una eventual alianza entre Venezuela e Irán para financiar células terroristas en Latinoamérica.

En un artículo del Washington Post, Noriega, recientemente denunciado como colaborador de la CIA por el presidente Nicolás Maduro, declaró: “Una fuente chilena de alto rango me informó que, antes de su arresto, Khan vivió y se asoció con personas de origen egipcio, saudita y libanés – todos los cuales cargaban pasaportes venezolanos”.

La paranoia del “incipiente y criollo terrorismo”, como demuestra la visita relámpago a Israel, sigue siendo defendida hasta el día de hoy por el ministro Hinzpeter y sus amigos en Estados Unidos.


FUENTE:RECUMEN

La industria farmacéutica y el Ritalín


El negocio de los fármacos tiene entre un 16 y un 18% de beneficios netos, más que el sector bancario. A fines del 2012 la multinacional Pfizer compró NextWave Pharmaceuticals, farmacéutica especializada en el desarrollo y comercialización de productos para el déficit atencional (TDAH). En Chile la importación de Ritalín pasó de 24,2 kilos en 2000 a 297,4 kls. en 2011. Sólo durante el 2012 se diagnosticó a 28.095 estudiantes con TDAH.
La industria farmacéutica es la tercera industria más rentable a escala mundial. Según el periodista español Miguel Jara, autor del libro Traficantes de salud, el negocio de los fármacos tiene entre un 16 y un 18% de beneficios netos, más que el sector bancario, que bordea el 15%. Como todo negocio va ampliando mercados. “La investigación científica sobre la cura de todo mal está cada vez más vinculada con la diversificación mercantil capitalista. Y, en el mismo sentido, operan las nosografías cada vez más sofisticadas que, una vez operan como diagnósticos, se correlacionan con tratamientos específicos”- sostiene la antropóloga María Ospina [i].
Así ocurre con el Metilfenidato (MFD), o más conocido como Ritalín, que es un derivado dela Anfetaminay recetado para el Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad (TDAH). En Chile afectaría al 5% en la población entre 4 y 18 años de edad, quienes en su mayoría son tratados con MFD.
Tal como indicamos en un reportaje publicado en El Ciudadano, en el Consultorio Karol Wojtila de Puente Alto entre enero de 2011 y agosto de 2012 se ha diagnosticado a 455 niños con TDAH. El promedio de MFD dado a cada niño son entre 40 y 60 dosis al mes. A un niño de 7 años le hacen tomar 80 dosis al mes (2 pastillas al día) y otro niño de 10 años 60 dosis divididos en 3 pastillas cada día.  Algunos niños no responden al tratamiento farmacológico y sin mayor análisis los neurólogos o psiquiatras aumentan la dosis. Es el caso de una chica de 8 años, quien tiene que tomar 4 pastillas de lunes a viernes, o sea, 120 al mes.
UN TRASTORNO POSTERIOR A LA INVENCIÓN DEL FÁRMACO
A diferencia del común de enfermedades o trastornos, en el caso del TDAH surgió primero el medicamento, MFD, y después se hizo la nosología de la enfermedad. Inti Vega, médico del Programa de Bioética Médica dela Usach, comenta que “la aplicación del fármaco produce el criterio diagnóstico, validándose así la idea de un trastorno a partir del efecto del MFD. El remedio funciona en sanos y enfermos. Si lo tomo durante un mes voy a tener una funcionalidad distinta, al igual que los niños diagnosticados con TDAH”.
“La sobremedicación de los niños representa una de las últimas fronteras mercantiles traspasadas”- agrega Jara. Y todo indica que en las últimas décadas ha sido un buen negocio: A fines de noviembre de 2012 la multinacional Pfizer compró NextWave Pharmaceuticals, farmacéutica especializada en el desarrollo y comercialización de productos para TDAH, como el recién desarrollado Quillivant XR (clorhidrato de MFD), la primera suspensión oral líquida de este fármaco.
Andrés Garrido, Licenciado en Medicina e Interno dela Usach, comenta que “en el proceso de creación de enfermedades y de marketing de estas, es capital primero la creación de la molécula que probablemente no tenga ninguna aplicación práctica al momento de su descubrimiento. Luego la usan y se dan cuenta que tiene un efecto sobre el estado de concentración de niños”.
“El MFD como razemato de anfetamina tiene un efecto estimulante, no es un depresor. Entonces los tipos de preguntan ¿dónde opera esta cuestión? Suponen que es activando los centros de la inhibición cerebral y luego desarrollan una hipótesis etiológica de una condición sindromática, que es el TDAH, que es una condición sindromática: Cumple criterios de que el niño se mueve mucho, es desatento, es desafiante y así se diagnostica. A partir de esos datos los tipos teorizan y concluyen que lo que le pasa a este niño es explicado por una disfunción de los centros inhibitorios de la conducta. No es el proceso inverso, en el que los científicos descubran una condición objetivable mediante exámenes o imágenes y busquen un fármaco. En el caso del TDAH la cosa ocurre al revés: primero surgió el fármaco y después la enfermedad”- agrega Garrido.
Lo que antes eran niños inquietos hoy es una pandemia. En EE.UU. se diagnostica TDAH al 15% de los niños en edad escolar y unas 2,7 millones de personas son recetadas con Ritalín o sus derivados; en Inglaterra una investigación de The Guardian reveló que las prescripciones de MFD se han cuadruplicado en apenas una década; en Israel el periódico Haaretz acusa un crecimiento de 76% en el año 2010; y en Holanda se medica al 33% de la población infantil.
En Chile para este añola Cenabastlicitó la compra de 5.647.200 dosis de 10 Mg. de MFD. Si comparamos con la compra de Ibuprofeno (25.652.267 dosis), se estima que el MFD requerido es un quinto del remedio más usado. Y eso que por Cenabast sólo pasa el 47% de los insumos hospitalarios.
La Importaciónde MFD a Chile pasó de 24,2 kilos en2000 a297,4 kls. en 2011. Durante el 2012 se diagnosticó a 28.095 estudiantes con TDAH. Si el año 2012 se compraron 133.430  cajas  de 30 comprimidos, gastándose $196.142.100; en 2011 fueron 174.536 cajas a un costo de $413.650.320.
AHORA LOS ADULTOS
Las últimas tendencias de la industria farmacéutica es ampliar el TDAH a los adultos y la población penal. “El TDAH está siendo crecientemente reconocido como un trastorno que afecta toda la vida; un alto porcentaje de los niños con TDAH mantiene esta condición en la edad adulta”- acusa el neurobiólogo y director del Centro Interdisciplinario en Neurociencia de la PontificiaUniversidadCatólica de Chile, Francisco Aboitiz[ii].Para el psiquiatra Jorge Barros, “la persistencia de este cuadro en la vida adulta es cercana al 50%, la prevalencia en adultos debe ser cercana al 2%”[iii]. A Juicio de Barros “hay algunos indicios clínicos que ayudan a sospecharlo. El desinterés por la lectura, en pacientes con antecedentes de un adecuado desarrollo académico, debe motivar la sospecha de TDAH”[iv].
En reciente estudio de la revista ‘New England Journal of Medicine’ y realizado por investigadores británicos y suecos, afirma que el comportamiento criminal en adultos diagnosticados con TDAH se reduce drásticamente cuando toman medicamentos como el MFD. A partir de una muestra de 25.000 personas, afirman que el fármaco ayuda a sus usuarios a concentrarse y disminuyó el número de delitos a un tercio[v]. Paul Lichtenstein, del Instituto Karolinska en Suecia, sugiere “alentar a más enfermos de TDAH que tomar medicamentos podría ayudar a reducir la delincuencia”.
Joaquín, pedagogo que trabaja en programa de una comuna pudiente con infractores de ley menores de edad cuenta que también se acostumbra a usar el MFD como terapia. Su tarea es entregar el MFD a menores que han robado, sorprendidos usando drogas o con episodios de violencia familiar.
Hay 60 niños en el Programa, quienes están en promedio de tiempo unos 8 meses. Joaquín cuenta que “desde 1º Básico los están medicando, concentrándose las cifras en  IIIº Básico, cuando tienen 9 años. Tengo a mi cargo un niño de 11 años que toma 3 pastillas al día”.
Joaquín cuenta que desde hace 3 años el control con pastillas llegó para quedarse. “Está totalmente validado entre los profesionales, sobre todo los de salud mental. Luego los papás terminan aprobándolo”- comenta.
Las resistencias a la medicación provienen de los niños mayores, quienes son más críticos al tratamiento. “No lo aceptan –cuenta Joaquín- hay mucho rechazo de los niños desde que te dicen quedo ahuevonado, me da sueño, ni me dan ganas de escribir o no se las toman: las toman con la mano y las dejan caer por la manga o las esconden entre los dedos”.
El profesional aún recuerda el caso de un chico que rechazó el tratamiento y el psiquiatra decidió dejarlo fuera del programa, pese a que adhirió yendo a clases. “No me gusta darle pastillas. Siento que no les están entregando herramientas y se disfraza la solución. Se les dice que con la pastilla se les va a solucionar el problema y ellos mismos dicen que no es la solución. Me dicen: ‘si voy a quedar ahuevonado es mejor fumarse un pito. Voy a quedar igual y eso es natural’ o dicen ‘si no me las tomo soy el mismo de antes’”.
Mauricio Becerra Rebolledo
@kalidoscop
Ilustración: Rodrigo Acevedo
El Ciudadano

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Sueldo mínimo en Chile, más bajo imposible

Piñera anunció adelantar el reajuste del salario mínimo.  Eso habría sido una medida apropiada si significaba corregir las carencias, incluso reconocidas por Renovación Nacional, del monto fijado en 2012, cuando el Ejecutivo se cerró a no llevarlo, a lo menos, a $200.000.  Sin embargo, el proyecto de ley enviado al Congreso no tuvo ese carácter sino que determina su nivel hasta mediados de 2014, es decir pretendiendo que no se produzca ningún otro incremento durante la actual administración.  Lo hace cuando los salarios en general están aumentando en doce meses un 6%, porcentaje muy similar al propuesto para el ingreso mínimo, con el pequeño detalle que éste se hace por un periodo mayor.  De otra parte, sus esfuerzos van orientados a transformarlo en un asunto “técnico”,  no discutirlo con las organizaciones de trabajadores y dejar de lado sus dimensiones políticas. En la etapa actual el tema de fondo es entenderlo como un mecanismo de protección social, que asegure en esta fase a sus receptores que salgan de la situación de pobreza.  Ello cuando determinar la línea de pobreza está en discusión y debe pasar a ser un motivo de preocupación ciudadana.

Sebastián Piñera dio inicio a su participación abierta en el proceso electoral presidencial al anunciar el 10 de marzo un bono en que incluyó a familias que denominó de “clase media” con ingresos de hasta $1,3 millones.  Uno de los inspiradores de esta incorporación –discutida en estricta reserva con los ministros Felipe Larraín, Joaquín Lavín y Cristián Larroulet, tanto así que el tema no estuvo presente en el consejo de gabinete efectuado en La Moneda dos días antes –lo constituyó  un documento del Banco Mundial, dado a conocer en el pasado diciembre, titulado “La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina”, donde se señala que “la clase media en auge podría llegar a transformar el contrato social de la región”.
En dicho trabajo el organismo internacional clasificó como “clase media” a quienes tienen un ingreso diario de US$10 (aproximadamente según cifras de marzo $4.300) hasta  US$50 diario ($23.500), o sea entre $141.000 a $705.000 mensuales[1].    Sin duda forman parte de los asalariados.  “Hace años –declaró Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE- que se viene hablando de clase media y nosotros somos escépticos de esa figura.  En verdad –agregó-, se trata de gente que dejó la pobreza extrema, pero aún es vulnerable.  Es gente (…) con miedo de perder lo ganado por su situación de vulnerabilidad.  Cuando se jubila o tiene un problema familiar –añadió- las familias caen otra vez en la pobreza extrema.  Hay muchas incertidumbre en sus vidas” (12/03/13).  Ciertamente en ningún análisis serio de clases sociales se le denominaría  de “clase media”.
El bono a entregar es por $40.000 y $7.530 adicionales por hijo menor de 18 años o integrantes discapacitados.  El gobierno estima que lo percibirán aproximadamente dos millones de personas.  Cuando en la discusión presupuestaria de 2013 se le planteó al Ejecutivo aumentar en US$250 millones los recursos destinados a educación pública la respuesta fue que no existían fondos sin embargo al bono  se le financia en US$200 millones.
El director del Instituto Libertad y Desarrollo (ILD), Luís Larraín, integrante del “alma” de la coalición gubernamental que se opuso al ajuste tributario se preguntó si el fisco  como dice ahora tiene recursos,  ¿por qué entonces, aumentó los impuestos?  Y si fue un gran problema de estimación, correspondería devolver esos recursos (…) rebajando los impuestos” (16/03/13).  En verdad, la existencia de excedentes ya se conocía cuando se discutió el presupuesto fiscal 2013, tanto es así que poco después de aprobado la Dipres dio a conocer que su estimación de incremento en el gasto público durante 2012 no era el informado durante la discusión sino sustancialmente inferior.  De esta manera, limitó el incremento del gasto público para que su crecimiento no fuese superior al producto.  El ministro de Hacienda, ya señaló que en el año “no llegaríamos al 6% de crecimiento”.  En verdad, como lo demuestran las cifras de las Cuentas Nacionales ningún año se alcanzó este porcentaje colocado como promesa electoral por la administración Piñera alcanzando en 2012 a 5,6%.
El bono no se orienta tampoco a superar ninguna de los grandes problemas socioeconómicos del país, el mayor de los cuales es la mala distribución del ingreso.  “El objetivo de la política social debiera ser –constató el director del ILD, planteándose un objetivo más limitado – sacar a las personas de la pobreza y el bono no les ayuda a superar esta situación”.  Para ello deben incrementarse en forma permanente los ingresos reales a las personas que perciben menos recursos.   Sin embargo, no es ese el objetivo del bono, sino el “clientelismo” político, usando la expresión empleada por Luis Larraín.  Esta iniciativa -que proporcionó un ingreso temporal extra a un número importante de personas-  fue aprobada por unanimidad en el Congreso.  Mirado del ángulo macroeconómico, en un país con demanda interna elevada, como señaló Ricardo Ffrench Davis, “si se quiere dar a hogares de ingresos medios y bajos (lo que es progresivo si se financia bien) hay que quitar a otros” (21/03/13).  Ellos deben ser sectores beneficiados con el modelo económico en aplicación.
Al mismo tiempo, Piñera anunció un adelanto en el nivel de los salarios mínimos a lo menos de $200.000 brutos.   Felipe Larraín en un seminario realizado en Icare luego de los anuncios, incorporándose también plenamente a la campaña electoral, al dar a conocer estas medidas y la evolución en su visión de la economía, recalcó textualmente:  “yo no soy neutral”, llamando a los asistentes a votar en las elecciones futuras por la coalición de gobierno (20/03/13).  Con un adelanto de reajuste se habría recogido la demanda efectuada por Renovación Nacional cuando se discutió su monto a mediados de 2012.  “Viene a finiquitar –declaró Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)- el debate del año pasado.  El gobierno insistió en su propuesta inferior a los $200.000, incluso en oposición a la postura que tenían sus propios parlamentarios de RN, quienes sostenían los $200.000 como pie para negociar (…) y, por lo tanto, entendemos que este debate no se adelanta, sino que viene a finiquitar el del año pasado” (14/03/13).
Dado a conocer el paso a dar con los salarios mínimos en líneas generales, el ministro de Hacienda convocó a la Comisión Asesora del Salario Mínimo, para poner cifras  concretas a la determinación política ya adoptada.  O sea el Ejecutivo procede a establecer el salario mínimo, no solo sin discutirlo ni escuchar las opiniones de los trabajadores, sino que la función de su Comisión Asesora la reduce a  hacerle proposiciones sobre el monto de un reajuste  para intentar darle así un matiz técnico, el cual regiría según su proyecto entre el  primero de abril y el 30 de junio de 2014, buscando así dejar sin efecto la discusión que se viene efectuando a mediados de cada año para establecerlo desde el primero de julio.  “En la forma que se hizo el anuncio –constató incluso Cecilia Cifuentes, del ILD- parece más político que técnico (…), no hay una política clara atrás”.
Los miembros de la Comisión Asesora entregaron individualmente sus propuestas, recomendando un alza promedio de 5,6% nominal, que de haberse aceptado llevaría los salarios mínimos a $203.822, suma muy similar a las propuestas  efectuadas al Ejecutivo a mediados de 2012. Los hechos demuestran que no existía ninguna razón para no establecer ese monto el año pasado, en un cuadro de situaciones económicas muy similares.  Ahora bien un incremento nominal de 5,6% por quince meses no constituía tampoco ninguna ventaja para los receptores del salario mínimo ya que el momento de efectuarse la propuesta la variación de las remuneraciones generales del INE en doce meses registraba un incremento anual de 6%.  Los precandidatos presidenciales de la derecha hicieron suyo este porcentaje.  ¿Cuál fue el papel desempeñado por la llamada Comisión Asesora, algunos de cuyas integrantes se pronunciaron por un incremento incluso superior al 8%?  En la práctica, ninguno.  Entre los parámetros utilizados para determinar la cifra se utilizaron los datos de inflación, inflación esperada, crecimiento  del empleo y evolución del producto, lo que no se plantearon fue cuál es el sentido de un salario mínimo, que es el tema principal.
Con ese porcentaje, señaló el diputado Carlos Montes, “es muy difícil que alguien pueda vivir.  Lo razonable es que si la coyuntura económica está en el nivel que se plantea, el reajuste sea superior” (16/03/13).  No se debe olvidar que en 2013, el propio subsecretario Baranda habló de $250.000, que es la misma cifra propuesta por la CUT.  Finalmente el proyecto de ley propuso un reajuste a $205.000, con un incremento nominal de 6,2%, pero por un lapso de quince meses.   Es decir, sería inferior al incremento en períodos similares de las remuneraciones generales.  Claramente tampoco Piñera consiguió dar con su propuesta de salario mínimo un golpe de efecto político.
Ahora bien, ¿el determinar los salarios mínimos es exclusivamente  un problema técnico, como pretende centrarlo el Ejecutivo y su Comisión  Asesora, o debe entenderse como un mecanismo de protección social?  El hecho que se determine por ley ya significa que se descarta, como lo plantean los sectores más recalcitrantes,  que se deje entregado a un mercado en que la relación entre las partes es absolutamente desequilibrada.  Si es una ley ¿cuál  debería ser el piso a  alcanzar? Sin duda, el  que sus receptores salgan de la situación de pobreza que es un imperativo ético.  De allí la importancia que tiene determinar la línea de pobreza per cápita y por hogar promedio, habiéndose ya descartada la basada en una encuesta de consumos de dos décadas atrás.  Esta es la línea a determinar para luego estudiar la rapidez con que se cubra la brecha existente y la forma de efectuarlo,  teniéndose presente que la línea de pobreza está determinada por el índice de precios de los sectores de menores ingresos de la población, en que tiene un peso muy grande los alimentos.
“Que los salarios y empleo crezcan –escribió Andrea Repetto, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, que viene planteando desde hace años la necesidad de reformas laborales- es una buena noticia.  Pero no hay que olvidar –añadió- que la situación de las familias es heterogénea y que en nuestro país conviven diferencias sustanciales.  Por ejemplo, un empleo al salario mínimo, luego de descontar las imposiciones  previsionales, apenas mantiene una familia de dos  a niveles bien cercanos a la línea de pobreza.  Una economía sana genera más oportunidades, pero es en parte trabajo de la regulación el que estas alcancen a todos” (19/03/13).  Las regulaciones son una responsabilidad del Estado.
¿Qué significa la propuesta del Ejecutivo? Si ese nivel bruto es de $205.000, en términos líquidos se reduce a $164.000 y luego al gastarlos se debe cancelar el 19% del IVA, por tanto, puede adquirir bienes y servicios hasta $132.840.  El salario mínimo de los jóvenes, en una discriminación odiosa, es aún inferior, además se debe tener en cuenta que en los hogares promedio existen cuatro integrantes, teniendo en algunos casos más de un ingreso, pero no en otros.  El gobierno ha publicitado profusamente la comparación de los salarios mínimos en Chile con los de otros países de la región, lo que no dice es que su nivel en todos ellos es bajo y reproducen el problema existente en el país.  Más aún, si la comparación se hace con los salarios mínimos reales por hora de la OCDE se ubican los de Chile en los últimos lugares, superando solo a México dentro de los países que entregan sus antecedentes.
 Por Hugo Fazio
El Ciudadano

La batalla de los alumnos de la U. del Mar para salvar los documentos que prueban cómo se montó el fraude


portada Durante los tres meses que ha durado la toma de la sede Reñaca de la Universidad del Mar (UDM), los alumnos han realizado una investigación clave para desentrañar el fraude que hoy los tiene ante un futuro negro. El hallazgo de cientos de carpetas en la sede tomada –a las que CIPER tuvo acceso– permitió descubrir información que prueba cómo los controladores de la UDM fueron endeudando a la corporación al tiempo que entregaban la deuda de los estudiantes a los bancos. Y de cómo se fueron traspasando los dineros de la UDM a sus empresas relacionadas. Esas carpetas son hoy la principal arma de esos miles de estudiantes y la muestra más brutal y dramática de la crisis del sistema de Educación Superior.
“¡Estoy demasiado flaco!”, dijo Raúl Soto, el presidente de los estudiantes de la Universidad del Mar (UDM) mientras se paseaba por el séptimo piso de la sede Reñaca con un cigarrillo entre los dedos, su cabello pelirrojo mojado y con una camisa blanca y limpia que, a contraluz, denotaba una silueta delgada y cansada, muy distinta a la del estudiante que ha pasado los últimos cuatro años estudiando Kinesiología y que hasta hace poco jugaba básquetbol en el equipo de la universidad. Si se compara su contextura con la que tenía antes del 28 de diciembre, cuando junto a un grupo de sus compañeros se tomaron el edificio luego de conocerse el decreto de cierre que emitió el Ministerio de Educación (Mineduc), es cierto, está mucho más flaco. No ha dormido ni ha comido bien durante los tres meses que lleva encerrado en ese edificio. Un estado de alerta que se agudizó la noche del martes 19 de marzo, en la que apenas dormitó unos minutos a la espera de un desalojo que no llegó ni ese día ni los que vinieron, pero que los estudiantes siguen temiendo que sea inminente.
En la mañana del 20 de marzo, hacía sólo unos minutos que Raúl se había duchado y vestido para asistir a una asamblea con profesores y funcionarios de la UDM. En ese momento, confesaba no tener muy claro lo que diría, pero después, en la reunión, las palabras le saldrían a borbotones. Se paró y frente a ellos les dijo que no era momento de dividirse, que debían mantenerse unidos en lo que él y sus compañeros llaman un “movimiento triestamental” para salvar, como sea, el futuro de los aproximados 18.000 alumnos y cerca de 5.000 trabajadores que hasta fines del año pasado formaban parte de una comunidad universitaria que hoy está desahuciada y desmembrada.
De hecho, ni siquiera se sabe cuántas personas forman parte hoy de dicha universidad. Sólo se sabe -por datos oficiales del gobierno– que de esos 18.000 alumnos que cursaban sus estudios allí a fines de 2012, unos 2.100 habrían migrado a otras universidades. Por otras vías se ha informado que al menos unos 5.000 ya se habrían matriculado este año. De los demás, nada concreto. Ante la completa incertidumbre de los últimos meses, algunos se han quedado en sus casas, otros probablemente hayan desertado.
A pesar de ello, entre los estudiantes que se tomaron la sede de Reñaca de la UDM, la derrota es mantenida lejos del perímetro de la universidad. Un clima que se fortaleció cuando el  18 de marzo llegó hasta ese edificio la síndico de quiebras María Teresa Ried. Explicó que venía con el propósito de hacerse de toda la documentación que le permita cumplir la labor que le encomienda la ley: representar los intereses generales de los acreedores y los derechos de la empresa declarada en quiebra. Pero de la puerta de entrada no pasó.
La presencia de Ried en la universidad ha sido objeto de varios cuestionamientos. A diferencia de las sociedades comerciales, ante la declaración de insolvencia, las corporaciones de derecho privado sin fines lucro no pueden quebrar, sino que sólo disolverse. En ese caso, sus bienes y activos se distribuyen de acuerdo a lo establecido en sus estatutos, y son los beneficiarios de esa repartición los que deben responder ante los acreedores. Aún así, el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar falló a petición de la Tesorería General de la República la quiebra de la UDM el 15 de marzo de 2013. Aunque 12 días después el mismo tribunal suspendió la medida por ocho días al acoger un recurso de nulidad que presentaron funcionarios de la universidad basados en que la notificación fue improcedente por ir destinada a personas que no eran representantes legales de la corporación, no está claro el fundamento jurídico que esgrimió el juzgado para fallar la quiebra.
Por eso, los estudiantes no dejaron entrar a Ried al edificio que, desde que está en toma, tiene todos sus accesos bloqueados. Para ellos, haberle permitido a el ingreso habría significado no sólo reconocer que la universidad es una empresa y la legitimidad del fallo judicial, sino que además desprenderse de una poderosa arma con la que cuentan hoy para acreditar el fraude del que fueron víctimas: los miles de documentos que los estudiantes han ido descubriendo en las antiguas oficinas de los controladores de la universidad, en bodegas e incluso en salas de clase.
Se trata de cientos de carpetas y archivadores que contienen información clave para dar cuenta de cómo los controladores de la universidad -Raúl Baeza, Sergio Vera, Mauricio Villaseñor y Héctor Zúñiga- crearon durante años y sin control alguno una estructura de lucro en torno a la UDM hasta convertirla en lo que es hoy: la muestra más brutal y dramática de la profunda crisis del sistema de Educación Superior en Chile.
Entre los documentos hallados por los alumnos -y a los que CIPER tuvo acceso-, se encuentran actas de la junta directiva de la UDM y de los directorios de sus empresas relacionadas, informes contables, estados financieros, correos electrónicos, contratos de arriendo, comprobantes de pago, escrituras de inmuebles e incluso chequeras repletas de pagos a los mismos controladores. Su importancia es vital para demostrar cómo la universidad se fue endeudando y entregando como garantía a los bancos la deuda de los alumnos para pagar sus estudios. Y también, de cómo los dineros de la corporación se fueron desviando hacia las sociedades que los mismos dueños de la UDM crearon para obtener utilidades.

CÓMO SE “PERDIERON” $3 MIL MILLONES

Un ejemplo de ello es el Informe de Auditoría Contable, Tributaria y Legal del “Proyecto Reñaca” que el 15 de julio de 2011 envió el abogado Álvaro Benavides a Héctor Zúñiga, quien entonces, además de ser miembro de la Junta Directiva, era rector de la universidad. Ese documento, que los estudiantes encontraron en la oficina de Sergio Vera -con comentarios anotados de su puño y letra-, se refiere precisamente a los contratos sobre el edificio que Raúl Soto y sus compañeros mantienen en toma desde fines de 2012, el mismo inmueble donde se ubica la Casa Central de la UDM.
Para su construcción -cuya inversión total superaba los $7.138 millones- la universidad suscribió en 2005 convenios de colaboración o joint venture con dos sociedades que pertenecen a los cuatro controladores: Inmobiliaria del Mar S.A. e Inmobiliaria Rancagua S.A. La UDM aportó poco más de $1.906 millones. El resto lo financiaron las dos inmobiliarias. Los convenios estipularon que una vez terminada la obra, el inmueble sería propiedad de las dos inmobiliarias, las que luego se lo arrendarían a la universidad. Pero los controladores no sacaron dineros de sus cuentas propias, sino que adquirieron un crédito con Seguros Vida Security Previsión S.A., para adquirirlo vía leasing. Ese crédito fue pagado con los arriendos que le cobraron a la UDM, pero el monto fijado en los contratos de arriendo duplicaba el valor del leasing. Con ello, los controladores no sólo pagaron su crédito sino que también retiraron mensualmente utilidades.
Los convenios además establecieron que la universidad recibiría como pago por su inversión el traspaso de la propiedad de todos los bienes muebles destinados a la habilitación del edificio. Pero eso nunca ocurrió. El informe contable explica la razón.
Allí se señala que como esos bienes muebles (accesorios de baños y cocina, ascensores y calefacción, entre muchos otros) formaban parte de la edificación, no podían ser inventariados aparte, por lo que su entrega a la UDM nunca se materializó. Aún así, las inmobiliarias firmaron en 2010 dos contratos de compraventa de esos bienes que, según el informe contable del abogado Benavides, “parten de un supuesto inexistente” y “nunca debieron efectuarse por no corresponder a la realidad”. Además, señala otras facturas y pagarés a favor de la universidad que nunca se concretaron, pagos de arriendo a las dos inmobiliarias incluso antes de que el edificio terminara de construirse y dineros que la corporación aportó a la construcción y que no se contabilizaron en la liquidación de los contratos. Según agrega el mismo abogado Benavides, esos últimos documentos contables “deben mirarse como inexistentes, ya que no tienen sustentación jurídica alguna”.
El análisis concluye que varios de esos convenios son nulos y que, productos de las irregularidades en las operaciones, la Universidad del Mar habría sufrido una pérdida patrimonial cercana a los $3.000 millones.
Cuando Raúl Soto bajó junto a sus compañeros por ese ascensor que durante todo el día mantienen bloqueado para evitar que algún extraño ingrese sin autorización al edificio, para reunirse con los funcionarios de la universidad, les llevaba una sorpresa. Ellos no tenían idea de que durante esos días de toma, los estudiantes habían descubierto documentos que probaban el fraude.
Los trabajadores de la UDM sólo tenían en mente que el primer acto de la síndico había sido desvincularlos a todos y recontratarlos por 15 días, hasta el 31 de marzo. Después de eso, se les pagaría lo adeudado y se seleccionaría a los que continuarían trabajando hasta el último día de febrero de 2015, fecha fijada por el ministerio para el cierre definitivo de la UDM. Y para recibir el pago anunciado, era necesario que la síndico ingresara para recuperar la información contable correspondiente.
Por eso en la reunión algunos docentes y trabajadores de la UDM les pidieron a los estudiantes que depusieran la toma o que al menos dejaran ingresar a la síndico de quiebras. Pero Raúl y sus compañeros se mantuvieron firmes en su decisión. Y argumentaron. Insistieron en que la ocupación de la sede Reñaca tiene ahora un sentido distinto, que no es sólo una movilización para mantener un edificio que consideran su hogar, sino que es también la única forma en que pueden proteger los documentos que les permitirá investigar a fondo cómo su futuro fue destruido. Saben que ésta puede ser su última batalla.

LA CARTA DE PILAR ARMANET

El día anterior, el martes 19 de marzo, Camilla Beaumont, alumna de último año de Psicología y además secretaria general de la Federación de Estudiantes de la UDM, estaba sentada en las escaleras  a la entrada del edificio, cuando uno de sus profesores se le acercó.
-¿Viste que en la Junta Directiva había un viejo que tenía una agencia de viajes con los controladores? –le preguntó el docente refiriéndose a las revelaciones que aparecieron el lunes 11 de marzo en el programa Esto No Tiene Nombre, de TVN.
-Todo eso lo descubrimos nosotros. Nos pusimos a buscar y encontramos toda la chanchada allá adentro. Cuando la gente del Ministerio de Educación llegó a auditar a la universidad, revisaron sólo el piso 15, pero ahí no tenían casi nada –le respondió Camilla.
-¿Dónde estaba eso?
-Escondido en distintas partes, incluso en las mismas salas donde nos hacían clases.
-O sea que se pusieron a hurguetear papeles.
-Todos. Llevamos semanas revisando y ya tenemos cientos de antecedentes para demostrar el lucro en la UDM, con firmas y nombres.
Cuando Camilla salió de su casa en Villa Alemana el 28 de diciembre de 2012, le dijo a su madre que se tomarían de nuevo la universidad y que no volvería a pasar junto a ella el Año Nuevo. Su mamá se lo prohibió, pero ella igual se fue. Así pasaron los días, las semanas, el verano completo, y ella no volvió más que para saludar y buscar algo de ropa limpia.
Aunque Camilla reconoce que la pelea con su madre le afectó, para ella permanecer en la toma no se trata sólo de un capricho. Tiene claro que todo lo que ha pasado con la UDM desde que Raúl Urrutia renunció en mayo de 2012 a la rectoría denunciando cómo el lucro se había apoderado de la institución, le va a significar tener un título que a ella le ha costado días y noches completas de estudio y un esfuerzo enorme para pagar una deuda que cada día va creciendo, pero que en el mercado no valdrá nada. Y que si quiere darle algún valor a su título, después tendrá que endeudarse de nuevo para estudiar un postgrado.Camilla y sus compañeros saben también que muchos de los 20.000 titulados de la UDM han sido discriminados, que donde presentan su currículum son desechados y, sólo si tienen mucha suerte, son llamados para una entrevista. Pero también saben que todo lo ocurrido con su universidad no es producto de la gestión en los últimos años, sino que de una concepción de universidad como negocio que viene desde mucho antes y con el Estado como aval.
-Cuando el Estado le entregó la autonomía a la UDM, le dio la posibilidad de que se expandiera por todo el país, impartiendo distintas carreras y sin ningún control ni fiscalización -dice.
Uno de los documentos que los estudiantes encontraron en la oficina de Sergio Vera da cuenta de lo que irrita a Camilla Beaumont. El 5 de agosto de 2004, cuando Ricardo Lagos era Presidente, Pilar Armanet, quien entonces era jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, envió a Mauricio Villaseñor (uno de los controladores) un oficio donde se refiere a un informe -hasta ahora desconocido- elaborado por el Consejo Superior de Educación (CSE) a dos años de que la UDM recibiera su autonomía (en 2002). Para esa fecha, la universidad contaba sólo con una sede en Viña del Mar donde impartía 17 carreras. Los alumnos matriculados no superaban los 4.000, y de ellos, 1.275 eran de primer año. Dos años después, la UDM ya impartía 192 carreras en 14 ciudades distintas y registraba más de 12.000 alumnos, un crecimiento de 2.683,3% en matrículas.
A pesar de ese crecimiento explosivo, el informe del CSE que cita Armanet en su carta señala que el número de docentes no ha crecido de la misma forma, registrando sólo un 137,9% más que cuando se le otorgó a la universidad su autonomía. El documento también plantea dudas sobre la calidad de esos profesores, ya que para 2004 sólo el 9% contaba con postgrados y apenas el 7% cumplía jornada igual o mayor a media. Agrega además, que en algunas sedes, como Talca, “no alcanza a haber un décimo de libro por usuario” y que la biblioteca de Calama es sólo una pequeña sala de 12 metros cuadrados para 2.800 personas.
En el documento se lee: El crecimiento en número de sedes y carreras de la UDM ha ido aparejado de un claro deterioro de todos los indicadores educativos y de biblioteca de la universidad, lo que hace suponer una reducción significativa en la calidad docente de la misma”.
El informe del CSE también considera que la expansión que llevó a la UDM a ser una de las universidades privadas más grandes del país, con presencia desde Arica a Punta Arenas, no garantiza el cumplimiento de los estatutos de la corporación. Que no queda claro cómo la UDM “cultiva” la investigación, que la “idónea formación profesional a través de la educación e instrucción al más alto nivel” no parece plausible ante las restricciones en docencia e infraestructura en la mayoría de las sedes y que dichas condiciones llevan a la presunción de que la educación e instrucción que entrega actualmente la UDM en un gran número de sedes podría ser de nivel mínimo, con una formación profesional con falencias serias”.
La misma carta de Armanet incluye las respuestas que entregaron los directivos de la universidad refutando cada uno de los cuestionamientos. Pero también agrega dos líneas que grafican el por qué los controladores de la UDM –como de otras universidades privadas- pudieron seguir aumentando hasta hace pocos meses las utilidades ilícitas que sacaban hacia sus empresas relacionadas: “Cabe tener presente que las bases de datos del Ministerio de Educación y de este organismo (Consejo Superior de Educación, CSE) se elaboran a partir de los antecedentes que las mismas instituciones les proporcionan voluntariamente, sin que exista un proceso de verificación o comprobación de esa información”.
Las últimas palabras que registra la misiva de Armanet prueban que el Ministerio de Educación ya entonces tenía facultades legales para cancelar la personalidad jurídica de una universidad que no cumple sus fines o que viola la Ley 18.962: “La Universidad del Mar no ha incurrido en los presupuestos señalados en el artículo 53 de la LOCE para la revocación de su reconocimiento oficial”.
Desde que Armanet enviara esa carta a Villaseñor, han pasado casi siete años. Años en que precisamente la falta de fiscalización por parte del Estado permitió que la UDM llegara a fines de 2012 al colapso. Y sólo cuando la crisis ya era irreversible y la corporación insolvente,  vino la revocación de su reconocimiento y la paralización de su proyecto. Aún así, el Estado no se hizo cargo del fraude a los estudiantes y de su futuro.
Ahora, los alumnos tienen tres opciones: seguir batallando para que el Estado asuma su responsabilidad y se haga cargo de la universidad, asegurando su continuidad; aceptar el cierre y continuar sus estudios allí hasta 2015, con una calidad de la educación sin garantías (algo que ya habrían hecho unos 5.000 alumnos); o postular al plan de reubicación que propuso el ministro de Educación, Harald Beyer, al que, según cifras oficiales, ya se habrían acogido 2.100 estudiantes. Camilla optó por la primera.
-¿En qué curso estás, Camilla? ¿No has pensado en cambiarte de universidad? –le preguntó su profesor mientras aún seguía sentada en las escaleras a la entrada de la sede Reñaca.
-Yo me quedo aquí. ¿Para qué me voy a ir a la Universidad Santo Tomás (UST) o a la U. de Viña del Mar (UVM)? ¿Para que me pase lo mismo? En esas universidades el ministerio también se está haciendo el loco. Me quedan sólo dos electivos, la tesis, la práctica y termino. Pero si me cambio, me bajan a segundo año. Y en la UST están los $13.000 millones en préstamos blandos a empresas relacionadas. Nadie me garantiza que en esas universidades no va a pasar lo mismo que acá. ¡Casi todas están cuestionadas por lucro! Además, tendría que pedir otro crédito para pagar allá y más encima, seguir pagando mi deuda con la UDM. El ministro sigue diciendo que la reubicación es lo mejor que han hecho como gobierno, pero no es así. Eso está demostrado. Pedimos por Ley de Transparencia los 25 convenios que supuestamente tenía el Mineduc con distintas universidades y otras instituciones, pero no existen. Son sólo acuerdos de “buenas intenciones”.
Eso lo ratificó el subsecretario de Educación en la Comisión de la Cámara de Diputados.
-Está complicada la cosa. También están la U. Pedro de Valdivia, la UNIACC y la Universidad SEK en ese lote que parecieran ir por el mismo camino que la UDM.

LAS DISPUTAS POR LA REPARTICIÓN DEL CAE

Entre ese martes 19 de marzo y el día siguiente, cuando se llevó a cabo la asamblea de los tres estamentos, más de una docena de personas se acercaron a la sede Reñaca de la U. del Mar para intentar sacar algún documento. Varios docentes y funcionarios administrativos decían que si no rescataban los antecedentes académicos, no podrían comenzar las clases el próximo lunes 1 de abril, como lo estipula el cronograma. A ninguno de ellos se le autorizó el paso a un edificio cercado por sillas, mesas, escritorios y basureros apilados con alambres de púa.
En el sexto piso hay un panel con imágenes de Raúl Baeza, Sergio Vera, Mauricio Villaseñor y Héctor Zúñiga, todos con el signo peso dibujado sobre sus ojos y sus nombres escritos con plumón, enlistados bajo el título: “Personas con acceso denegado”.
La regla que acordó la asamblea de estudiantes es que nadie puede acercarse a los documentos que han decidido cautelar a la espera de una autoridad judicial que les dé confianza. Mientras CIPER estuvo en la sede, sólo a dos personas se les permitió ingresar: dos mamás de alumnos que se acogieron al plan de reubicación propuesto por el Mineduc y necesitaban con urgencia un certificado para que sus hijos pudieran matricularse.
Las medidas de seguridad que han implementado los alumnos no son antojadizas. Desde que el lunes 18 de marzo le negaron la entrada a la síndico María Teresa Ried, temen que el desalojo con fuerza policial sea inminente. Saben que están contra el tiempo para revisar y respaldar la mayor cantidad posible de información que han ido descubriendo. Ya tienen diseñada la estrategia para evitar la pérdida de los documentos a los que sólo ha tenido acceso un grupo selecto de alumnos de la UDM.
La recopilación de la información la ha hecho con extremo cuidado un grupo de estudiantes designados por la asamblea. Usan guantes para no deteriorar los papeles. El cuidado se extiende a la información familiar que guardaban en sus oficinas los controladores, la que permanece en el mismo lugar que se encontró.  Allí están intactas las tres botellas de vino que Sergio Vera mantenía en su oficina, junto a su iPad, su computador, las fotos enmarcadas donde aparecen él y su familia y el pequeño aro de básquetbol con el logo de Harvard que cuelga sobre la puerta de uno de sus estantes. Lo mismo en la oficina de Mauricio Villaseñor, donde los alumnos se encontraron con muebles vacíos y decenas de carpetas y papeles embalados en cajas de cartón.
En una de esas cajas apareció una serie de correos electrónicos impresos que demuestran no sólo cómo la universidad era administrada de forma parcelada por sus dueños –como lo reveló CIPER en una investigación sobre el lucro en la UDM (ver capítulos I, II y III)–, sino que también las disputas entre ellos para repartirse los miles de millones que llegaron tras la acreditación de la institución en 2010: los fondos fiscales del Crédito con Aval del Estado, el CAE.
El primero de esos correos está fechado el jueves 1 de septiembre de 2011 y lo envió el entonces rector, Héctor Zúñiga, a Mauricio Villaseñor con copia a Vera, Baeza y a los abogados Carlos Zelada y Alejandro Leiva, ambos representantes de empresas vinculadas a los controladores en la Junta Directiva. El mail resulta clave, porque se refiere a cómo Zúñiga pretendía usar dineros del CAE para pagar deudas a la constructora RVC, una empresa cuyos dueños son socios del mismo Zúñiga y Baeza en Inmobiliaria Doña Teresa y Comercial Vizú, dos sociedades con las que ambos controlaban las sedes en el norte del país. Esos pagos a RVC servirían para detener las acciones judiciales que ambas empresas habían iniciado en contra de la universidad para reclamar el pago de arriendos, principalmente en la sede de Iquique, luego de que arbitrariamente esas sociedades aumentaran los montos de la renta a la universidad.
Para entonces, las “operaciones CAE 1 y 2” ya se habían implementado, como lo señala otro documento encontrado en la misma caja, en el cual se detalla cómo se repartieron por sede los más de $1.644 millones recibidos por la UDM por concepto de créditos con aval del Estado a esa fecha. La propuesta que Zúñiga esgrimió en su mail era la llamada “tercera operación CAE”: cubrir las deudas con RVC con los anticipos del CAE acordados con el Banco Internacional, a cambio de “letras u otros documentos” de los créditos otorgados a los alumnos. Dice además que las letras entregadas como aval a la institución financiera “son de sedes en que no consta que éstas se recibieron como garantía” y que si el tercer anticipo no se cursa con premura, la universidad se expone a un nuevo embargo. Lo increíble es que el embargo lo solicitaron precisamente las dos empresas de Zúñiga y Baeza.
Dos días después, Villaseñor le respondió: “Con sorpresa me entero ahora de que tu pretendida tercera operación CAE, a la que aludes, tenía como objetivo pasar dineros a una empresa en la que ustedes poseen el 50%. Siempre entendimos que tu aporte para solucionar el problema Doña Teresa/Vizu sería sobre ingresos personales de ustedes, tras venta de FIP”. Y agrega, entre otras cosas, que la propuesta de Zúñiga además significaría “usurparle dineros a las sedes que tienen esos alumnos y que no participaron en los créditos anticipados por el Banco Internacional”.
La guerrilla por las platas del CAE continúa en otros correos. El 5 de septiembre de 2011, Alejandro Leiva, quien por entonces era miembro de la Junta Directiva, les escribió a los demás controladores para decir que si él estaba allí, era sólo por su relación profesional con Villaseñor, quien le habría solicitado que asumiera el cargo de director cuando se estaba preparando la venta fallida de la UDM al grupo Southern Cross (2011). Justo en esa época, la Junta Directiva pasó a estar conformada por distintas personas jurídicas controladas por los cuatro fundadores de la universidad, y Leiva entró como representante de una de ellas, una de las dos controladas por Villaseñor. En el mail, Leiva dice que, al caerse el negocio con Southern Cross, no le quedó más que quedarse allí.
Eso, en todo caso, no es lo más importante de su correo, sino lo que sigue:
Lo más grave está dado por la responsabilidad que como miembro de la Junta Directiva debo afrontar en una eventual quiebra o en un proceso de revisión por parte de cualquier tipo de autoridad administrativa (SII, Ministerio de Justicia, Cámara de Diputados o la futura Superintendencia de Educación), pues son muchas las irregularidades existentes en la gestión administrativa de la Corporación.
Todos conocen la forma en que se han desarrollado las universidades privadas del país, y el cuestionamiento generalizado apunta al fin del lucro, pero en el caso de nuestra Corporación, el cuestionamiento va mucho más allá del simple lucro, pues se han ocupado prácticas que desde mi punto de vista constituyen defraudaciones, por lo que el reproche no sólo es ético, sino que también penal”.
Luego de eso, Leiva detalla cada una de las prácticas, que según él, forman parte de las “tantas cosas anormales que en nuestra Universidad parecen normales”. La lista es larga: que dos miembros de la Junta Directiva hayan aumentado artificiosamente el precio de arriendo de sedes a favor de sus sociedades; que esas mismas empresas demanden a la universidad para embargar sus cuentas y que amenacen con volver a hacerlo; que sociedades vinculadas a algunos fundadores facturen a la UDM servicios que nunca han prestado; que haya sedes quebradas; que funcionarios directivos estén más dedicados a sus funciones externas que a la universidad y que no sean despedidos por lo mucho que saben; que no exista gestión en cobranza, contabilidad, administración y finanzas, ingreso de alumnos o capacitación; que las letras que los alumnos entregaron en garantía sean entregadas nuevamente como respaldo ante instituciones financieras, como si fueran letras de pago; o que los directivos de las sedes quebradas no asuman sus responsabilidades personales.
Ese mismo día, Carlos Zelada, quien representaba a una de las empresas de Vera en la Junta Directiva, respondió en el mismo tenor, refiriéndose además a cómo los actos realizados y aprobados por los cuatro fundadores estaban llevando a la UDM a un estado de no pago o de quiebra, no obstante lo cual paralelamente se siguen pagando y reconociendo deudas cuantiosas a empresas vinculadas a los controladores, negando o restando importancia a actos que deslindan en eventuales ilícitos. También se refiere al balance financiero de la universidad correspondiente a 2010, donde se señala que las sociedades relacionadas mantienen una deuda de casi $863 millones y que, por otro lado, a esas mismas empresas se les pagó ese año cerca de $2.500 millones por concepto de arriendo.
La cadena de correos se extendió hasta el 8 de septiembre de 2011 y culmina con un mail escrito por Héctor Zúñiga a Mauricio Villaseñor, nuevamente refiriéndose a las reparticiones del CAE y a créditos por $300 millones que también estarían cubiertos por la deuda de los alumnos.
Las situaciones expuestas en los correos resultan clave para entender cómo la UDM se fue a pique. También para comprender por qué los estudiantes no están dispuestos a renunciar a su movilización. Sentada en un pasillo del piso 7 en el edificio en toma en Viña del Mar, Patricia cuenta que estudia Psicología desde hace tres años en la universidad y que hasta hace sólo dos semanas estaba encerrada en su casa, sin saber qué hacer. Sobre todo después de que la crisis se transformara en tragedia, cuando a fines de 2012 escuchó en las noticias que había pasado lo que todos los alumnos pensaban que no ocurriría sino en el peor de los escenarios: se decretaba el cierre de la UDM, la institución donde ella y su familia depositaron sus sueños. Quedó en estado de letargo. No quería comer y pasaba el día durmiendo o llorando. Así pasó casi todo el verano.
Patricia dice que algunos de sus compañeros terminaron con colapsos nerviosos y, literalmente, arrancándose el cabello. Sus padres le decían que tenía que hacer algo, que harían el esfuerzo de pagarle la carrera en otra universidad. Pero ella no lo aceptaba. Incluso se enojaba. Pensaba en su hermana que está a punto de salir del colegio y en los enormes esfuerzos que sus padres ya habían hecho para costear sus estudios. Creía que no eran ellos quienes tenían que hacerse cargo de las expectativas que se desplomaron y de una crisis que ni ella ni su familia provocaron.  Por eso un día de marzo decidió sumarse a la toma. Está segura de que es la única forma de calmar su angustia, aunque sea pasando los días y noches encerrada en un edificio.
-No tengo nada que perder estando aquí, porque ya lo perdimos todo –dice

FUENTE: CIPERCHILE

Alcaldes del Norte Grande se marginan de Asociación chilena de Municipalidades y crean frente propio

Claudio Medrano
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Son veinte comunas entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama las que participarán de un encuentro este 2 de abril, en la búsqueda de nuevas formas de organización y movilización luego de haber abandonado la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM). Esto, como protesta ante el fuerte centralismo que los afecta, además de la instalación de centrales contaminantes y la mala distribución de la riqueza minera generada en aquella zona.
Abandono, desinterés y sobreexplotación, son parte de las razones que esgrimen las comunas del norte del país para organizar, este martes dos de abril, un encuentro que tendrá como objetivo crear una nueva asociación de municipalidades nortinas.
Arica, Pozo Almonte, Huara, Iquique, Calama, Antofagasta, Tocopilla, Freirina, Vallenar y Copiapó son algunas de las 20 comunas que van desde Arica y Parinacota hasta la región de Atacama y que participaran del encuentro.
A juicio de los convocantes, el gobierno central ha desoído las demandas de estas comunas, que reclaman por mayores fondos provenientes de la extracción de recursos, disminuir la instalación de centrales contaminantes y bajar la presencia de toxinas en el agua potable de la zona, entre otros problemas.
Para el alcalde de Calama, Esteban Velásquez, la cita pretende “consensuar las demandas históricas del Norte Grande, vamos a propiciar formas de organización y de movilización para que de una vez por toda ese centralismo que nos asfixia considere una mejor manera de distribuir todos los recursos que generamos acá, particularmente la riqueza minera”.
Además de formar su propia asociación, estas comunas anunciaron su desafiliación de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), ya que a su juicio no ha velado por los intereses de las comunas del norte y no les ha otorgado mayor poder de decisión. “Si la asociación Chilena de Municipalidades representa a algunas regiones que lo siga haciendo y que nos permitan a nosotros acá en el norte tener nuestra propia organización”, afirma Velásquez.
La ACHM declinó referirse a esta situación, pero aclaró que tiene la mejor relación con las comunas nortinas y que no tiene mayores antecedentes de esta reunión.
La cita se llevará a cabo este martes 2 de abril en la comuna de Calama y amenaza con ser el inicio de una serie de acciones y movilizaciones que las ciudades nortinas pretenden emprender para visibilizar sus demandas.

FUENTE: RADIO U.DECHILE