viernes, 22 de marzo de 2013

Desarrollo Sustentable.
En el día Mundial del Agua:
EL AGUA ES UN BIEN COMÚN, NO UNA MERCANCÍA
"La cuestión del agua es indisociable de la Soberanía Alimentaria". El movimiento por la Soberanía Alimentaria es consciente de que la lucha por el agua se inscribe en el contexto más amplio del proceso actual de privatización de la naturaleza, promovida por las políticas de la OMC, el FMI, el Banco Mundial, el Consejo Mundial del Agua o la PAC. Igual que en el caso de las semillas o la tierra, la lucha por el agua es parte integrante de nuestra estrategia para conseguir la Soberanía Alimentaria y acabar con todas las formas de privatización.

Para la Coordinadora Europea Vía Campesina (CEVC), el agua es un recurso que tiene que ser considerado como un bien común y debe ser gestionado desde una perspectiva publica, como un bien de todos y todas. Por lo tanto estamos contra su privatización así como su mercantilización. El acceso al agua de toda la población es un derecho social y humano (y de todos los seres vivos) de carácter básico ya que es fuente de la vida y de la identidad de las comunidades. Estas ideas se contraponen con quienes piensan en el agua como un bien privatizable y como un valor especulativo en el mercado.

El derecho de acceso al agua 

El agua es un bien común, no una mercancía. Queremos que se aplique a ello el derecho al uso, no un derecho de propiedad. Este derecho de uso debe permitir una distribución justa del agua, decidida en colectivo para todo tipo de usos, garantizar el acceso gratuito al agua para las necesidades vitales, así como (al agua necesaria) para la autosuficiencia alimentaria.
El acceso al agua forma parte de nuestros derechos fundamentales de acceso a los recursos naturales, tal y como se definen en el marco de la Soberanía Alimentaria (ver la Declaración de Nyeleni 2007). Nuestro compromiso sobre el tema del agua forma parte de nuestra estrategia más general de lucha por la afirmación de esa misma Soberanía Alimentaria.

Contra la privatización, por una gestión participativa 
y sostenible de los recursos hídricos

Nos oponemos al proceso de privatización de la distribución y saneamiento del agua, porque éste viola los derechos fundamentales "del" y "al" agua.
En Portugal, por ejemplo, usando la crisis económica como pretexto, el gobierno aprobó en 2005 una ley de privatización de la distribución del agua. A esta pérdida de soberanía del pueblo se añadieron las tarifas rampantes. Aquellos sectores que ya entonces eran los más vulnerables, entre ellos el de la agricultura, son hoy en día los que sufren en mayor medida a causa de esta nueva ley. En Turquía hay en marcha más de 2000 proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas, en lo que supone una verdadera privatización del derecho al uso de agua. A causa de estas estructuras, el agua no vuelve a la tierra y el ganado no tiene acceso a ella. El sistema de privatización no atañe solo al agua, sino también a los terrenos a orillas de los ríos, cuyos propietarios y propietarias se ven expropiados(as) en provecho de las multinacionales. Los efectos nefastos de todo ello ponen en peligro el conjunto del equilibrio agroecológico de esas regiones. Y además, cuando el agua sale de las centrales, los campesinos y las campesinas deben pagar para poder usarla y regar sus campos.

Estamos a favor de un sistema de gestión del agua que sea público, colectivo y participativo, cercano, independiente, autónomo y al servicio de los pueblos (por ejemplo las "Comunidades de regantes" en Espana, "Consorzio di bonifica" en Italia o "Water user communities") ; un sistema que respete el derecho universal de acceso al agua, los ecosistemas locales y preservar la continuidad ecologica con modificaciones la mas limitadas posibles de los rios y riachuelos. La dimensión geográfica de esta gestión debería estar vinculada a la cuenca hidrológica local, en un marco de solidaridad transnacional que contribuya a la construcción de la paz.
http://www.eurovia.org
En el día Mundial del Agua:
EL AGUA ES UN BIEN COMÚN, NO UNA MERCANCÍA
"La cuestión del agua es indisociable de la Soberanía Alimentaria". El movimiento por la ...
Soberanía Alimentaria es consciente de que la lucha por el agua se inscribe en el contexto más amplio del proceso actual de privatización de la naturaleza, promovida por las políticas de la OMC, el FMI, el Banco Mundial, el Consejo Mundial del Agua o la PAC. Igual que en el caso de las semillas o la tierra, la lucha por el agua es parte integrante de nuestra estrategia para conseguir la Soberanía Alimentaria y acabar con todas las formas de privatización.

Para la Coordinadora Europea Vía Campesina (CEVC), el agua es un recurso que tiene que ser considerado como un bien común y debe ser gestionado desde una perspectiva publica, como un bien de todos y todas. Por lo tanto estamos contra su privatización así como su mercantilización. El acceso al agua de toda la población es un derecho social y humano (y de todos los seres vivos) de carácter básico ya que es fuente de la vida y de la identidad de las comunidades. Estas ideas se contraponen con quienes piensan en el agua como un bien privatizable y como un valor especulativo en el mercado.

El derecho de acceso al agua

El agua es un bien común, no una mercancía. Queremos que se aplique a ello el derecho al uso, no un derecho de propiedad. Este derecho de uso debe permitir una distribución justa del agua, decidida en colectivo para todo tipo de usos, garantizar el acceso gratuito al agua para las necesidades vitales, así como (al agua necesaria) para la autosuficiencia alimentaria.
El acceso al agua forma parte de nuestros derechos fundamentales de acceso a los recursos naturales, tal y como se definen en el marco de la Soberanía Alimentaria (ver la Declaración de Nyeleni 2007). Nuestro compromiso sobre el tema del agua forma parte de nuestra estrategia más general de lucha por la afirmación de esa misma Soberanía Alimentaria.

Contra la privatización, por una gestión participativa
y sostenible de los recursos hídricos

Nos oponemos al proceso de privatización de la distribución y saneamiento del agua, porque éste viola los derechos fundamentales "del" y "al" agua.
En Portugal, por ejemplo, usando la crisis económica como pretexto, el gobierno aprobó en 2005 una ley de privatización de la distribución del agua. A esta pérdida de soberanía del pueblo se añadieron las tarifas rampantes. Aquellos sectores que ya entonces eran los más vulnerables, entre ellos el de la agricultura, son hoy en día los que sufren en mayor medida a causa de esta nueva ley. En Turquía hay en marcha más de 2000 proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas, en lo que supone una verdadera privatización del derecho al uso de agua. A causa de estas estructuras, el agua no vuelve a la tierra y el ganado no tiene acceso a ella. El sistema de privatización no atañe solo al agua, sino también a los terrenos a orillas de los ríos, cuyos propietarios y propietarias se ven expropiados(as) en provecho de las multinacionales. Los efectos nefastos de todo ello ponen en peligro el conjunto del equilibrio agroecológico de esas regiones. Y además, cuando el agua sale de las centrales, los campesinos y las campesinas deben pagar para poder usarla y regar sus campos.

Estamos a favor de un sistema de gestión del agua que sea público, colectivo y participativo, cercano, independiente, autónomo y al servicio de los pueblos (por ejemplo las "Comunidades de regantes" en Espana, "Consorzio di bonifica" en Italia o "Water user communities") ; un sistema que respete el derecho universal de acceso al agua, los ecosistemas locales y preservar la continuidad ecologica con modificaciones la mas limitadas posibles de los rios y riachuelos. La dimensión geográfica de esta gestión debería estar vinculada a la cuenca hidrológica local, en un marco de solidaridad transnacional que contribuya a la construcción de la paz.

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