Frente Amplio Unitario

¿De cuánto es el cheque? La negociación que dejó el caso tsunami sin responsables a seis años del 27-F

02/03/2016 |

Por Equipo Cambio21

Más de cien personas murieron ese día. Pero la mayoría no fue por el sismo de 8.8 grados Richter, sino por las olas que arrasaron con lo que quedaba de sus casas. Según las investigaciones, decenas de personas volvieron a sus hogares cuando la Onemi bajó la alerta de tsunami: minutos después la segunda ola golpeó las costas chilenas. Cinco años de investigación quedarían sin responsables de una de las mayores tragedias que vivió el país.

105 muertos y cinco años de investigación provocó el terremoto y tsunami que el 27 de febrero de 2010 golpeó al país. A pocos días de un nuevo aniversario de la tragedia, se conoció la oferta del Ministerio Público de una "salida alternativa" a los imputados del llamado caso tsunami.

El nuevo jefe regional metropolitano occidente del Ministerio Público, José Luis Pérez, hizo la oferta a las defensa del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende Lynch, la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) Carmen Fernández, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI, Johaziel Jamett, el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones del SHOA Andrés Enríquez; y el ex oficial de guardia del SHOA Mario Andina

Todos aceptaron la oferta en que deben cancelar una suma de dinero a modo de compensación. Rosende pagará $80 millones, mientras que Fernández $40 millones. Jamett, por su parte, entregará $5 millones para reparar el mal causado y el resto de los marinos, $40 millones.

Decir que la negociación obtuvo malos resultados es poco. De hecho, los querellantes manifestaron abiertamente su molestia. El abogado  Alfredo Morgado, sostuvo ante una salida alternativa que no es aceptada por las familias que representa, puesto que "finalmente determinan un sobreseimiento definitivo", agregando que las familias "quieren una condena, necesitan sentarse en estrados y contar lo que ocurrió; es parte de la reparación de este proceso que se ha extendido durante mucho tiempo".

Por su parte, el abogado querellante Raúl Meza, consideró es "vergonzoso que después de seis años de investigación penal por parte del Ministerio Público, en cuyo desarrollo está plenamente la responsabilidad y la negligencia de funcionarios del Estado chileno se tome una decisión que beneficie a los imputados".

"Esta salida alternativa fue negociada a espaldas de los querellantes. No tuvimos ninguna comunicación, salvo con la prensa. El nuevo fiscal jamás nos convocó a un reunión para informarnos de una postura que tomará en la audiencia de preparación del juicio".

A las familias "les parece aberrante, vejatorio e insultante para el dolor que han vivido por la pérdida de los familiares. No olvidemos que están esperando hace seis años determinar quienes fueron los autores, cómplices y encubridores", concluyó Meza.

Legal, pero feo

Cabe señalar que el fiscal nacional, Jorge Abbott, al ser consultado sobre el acuerdo, valoró el paso diciendo que "el fiscal (José Luis Pérez Calaf) está buscando formas de término que permitan optimizar el uso de los recursos que el Estado debe destinar a una investigación de esa naturaleza".

El senador por El Maule, una de las zonas más golpeadas por el terremoto y las olas, Manuel Antonio Matta (DC), no ocultó su malestar por la decisión judicial, aunque advirtió que era una de las posibilidades, aunque no la más "moral".

"Es una de las salida procesales que ofrece el sistema, la posibilidad de acuerdo, reconozco la culpa y baja la pena. Moralmente es discutible, pero es parte de lo que ofrece la ley y el tema es si está de acuerdo con la alternativa de salida. Es rechazable", dijo el senador.

"Es un acuerdo que puede ser legal, lo que no significa que sea moral", concluyó.

FUENTE: CAMBIO 21