Frente Amplio Unitario

¿Por qué no te callas? Contralor revive el debate sobre cuánto puede hablar un funcionario público

06/10/2014 |

Por Equipo Cambio21

Ramiro Mendoza, jefe de la Contraloría dejó la grande en el mundo político tras sus agresivos comentarios con respecto a las reformas que propone el gobierno. Éstas fueron apreciaciones personales que van más allá de su investidura. Desde la oposición defienden que se trata de su libertad de opinar, sin embargo, analistas difieren sobre si una autoridad de su peso le corresponde tal derecho.

Más de un miembro del oficialismo quedó con la boca abierta cuando se conoció varias frases que generaron una gran polémica. El contralor, Ramiro Mendoza, acusaba que "hay un montón de cosas muy estúpidas en lo que está pasando en el último tiempo", a propósito de las reformas del gobierno.

 

Frases que causaron estupor en el mundo político y que el mismo Mendoza salió a negar, acusando que lo sacaron de contexto. Las opiniones fueron vertidas durante una clase magistral en la Universidad Católica y motivaron que desde el Partido Socialista se analizara la posibilidad de recurrir a una acusación constitucional en contra de Mendoza, al ser un alto funcionario público manifestándose contra el Gobierno.

 

Sin embargo, desde el otro lado de la vereda, la derecha salió a defender al contralor, aduciendo que lo dicho es "una verdad de porte de una catedral", como dijo Cristián Monckeberg, presidente de Renovación Nacional. A su vez, la exvocera de Gobierno de Sebastián Piñera, Cecilia Pérez, acusó al gobierno de intentar poner un bozal a quienes manifiestan una visión distinta a la de La Moneda, limitando la libre expresión.

 

La realidad es que las declaraciones fueron un gran golpe a la población, la que está acostumbrada a una figura más bien observadora y neutral, que no se refiere tan rudamente al acontecer nacional, esto debido a que es un ente fiscalizador a distintos niveles de la administración pública. Además, abren el debate sobre dónde está la línea en que termina el derecho de libre expresión y comienza la responsabilidad de cargo público.

 

El despelote público

Esta no es la primera vez que Mendoza destaca por sus dichos polémicos. Anteriormente, durante la comisión Investigadora de la Ley SEP el contralor dijo que "hay una cultura del despelote del gasto público" apropósito de cómo los municipios redestinaban fondos para educación a otros fines.

 

Un ex alumno de derecho del contralor, Gonzalo Delaveau, advierte que estamos frente al estilo de él y recuerda que era recurrente durante su cátedra sobre "la cultura del "cumpli-miento" que nos inunda. Se cumple, pero se miente. Se cumple formalmente, pero no en el fondo; las leyes se tuercen, olvidándose su tenor literal y su espíritu".

 

¿Desorientado o desubicado?

Para el analista político y excandidato presidencial, Ricardo Israel, no es sorpresa que Mendoza realice comentarios de este calibre, aunque reconoce que su impacto tiene relación con que el contralor cometió el error de pensar que al hablar en una instancia privada y lo hacía fuera de su papel de funcionario, aunque eso es imposible. "Para mí el tema de la prudencia sobre cómo se refirió sobre temas en que no estaba hablando como contralor", opinó.

 

"El impacto público es porque se ha referido a temas donde habitualmente una persona que ocupa el cargo no se refiere, y ahí más que la libertad de expresión, hay que hablar sobre la prudencia, porque está aceptado en la legislación que todo derecho tiene límites incluyendo uno de los más importantes como la libertad de expresión y siempre se ha aceptado que cómo se ejerza no es lo mismo para autoridades para cualquiera", dijo Israel a Cambio21.

 

Fue sólo el impacto y por ello, el analista cree que los dichos no amerita una acusación constitucional, sobre todo cuando sólo le quedan cinco meses en el cargo. "En definitiva, son opiniones, malas o buenas o desubicadas, además se está yendo, la acusación política va a tomar más tiempo, y para qué acusarlo si ya se va", finalizó.

 

No era fiesta familiar

Por su parte, para la directora del programa de Calidad de la Política de la Fundación Chile 21, Gloria de la Fuente, la polémica del contralor, no tiene ninguna relación con lo que es la libertad de expresión.

 

"Eso lo ha intentado levantar la gente de la derecha. Tiene que ver con la responsabilidad de una autoridad que se supone que es imparcial en relación al rol que cumple. Un contralor no es un militante de un partido político, más allá que cada uno puede tener ideas, pero no puede expresarlas puesto que cumple un rol que implica necesariamente imparcialidad", dijo De la Fuente a Cambio21.

 

Además, sobre una posible acusación constitucional, De la Fuente consideró que le "parece que es una posibilidad, en vez de hacer un gesto de excusa pública ha intentado explicar lo inexplicable. No es el ideal que haya un desfile de autoridades en el Congreso, no es el modo de solucionar el conflicto, pero las autoridades tienen que actuar en función de la investidura de su cargo, lo que aquí no pasó", concluyó la experta.

 

FUENTE: CAMBIO 21