Operación Cóndor: Justicia italiana tiene a 11 chilenos en la mira por delitos de lesa humanidad
06/10/2014 |
Por Verónica Romero
La manera en que se organizaron las dictaduras latinoamericanas para exterminar a los opositores de cada régimen al intercambiar información, lo que terminó con las vida de cientos de personas, entre ellos 23 italianos, por lo que la justicia de ese país imputó a 33 funcionarios de las juntas militares y servicios de seguridad. Con los antecedentes recabados, el juez Alessandro Arturi deberá decidir si enjuicia a los imputados, entre ellos los chilenos.
La Operación Cóndor fue uno de los episodios más crueles de las dictaduras de Latinoamérica. Un plan ideado por Estados Unidos e implementado, entre otros, por Augusto Pinochet, que coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Esto tuvo como misión el exterminio de aquellas personas que fueran militantes de izquierda.
En el "Plan Cóndor" los gobiernos de los países que se encontraban bajo un régimen de dictadura intercambiaban información para el secuestro y desaparición de miles de opositores, incluyendo ciudadanos extranjeros.
El plan era una misión internacional que costó la vida al menos de 106 personas, que fueron desaparecidas, sin que hasta hoy se conozca su paradero. El caso es tratado en la justicia italiana a cargo del juez Alessandro Arturi, quien investiga la desaparición de 23 víctimas de origen italiano, entre las cuales se encuentran Juan Maino, Omar Ventureli y Juan Montilio, éste último era miembro de la guardia presidencial de Salvador Allende.
En este proceso están actualmente imputadas un total de 33 personas, entre ex presidentes latinoamericanos y altos funcionarios de las juntas militares de Uruguay, Chile, Perú y Bolivia, con la acusación de haber secuestrado y asesinado ciudadanos de origen italiano en el ámbito de la Operación Cóndor en la década de los 70 y 80.
Sobre el proceso que se lleva a delante en Italia por la Operación Cóndor, Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), comentó a Cambio21 que "yo postulo y estoy absolutamente convencida de que las causas de los delitos de derechos humanos existe un ámbito jurisdiccional que va mucho más allá del país donde se cometieron los delitos y, por lo tanto, que en Italia se esté revisando este juicio tiene que ver con que la jurisdicción internacional funciona. Es bueno que esto pase porque hasta hace pocos años las cosas estaban centradas en las legislaciones del ámbito nacional, entonces esto puede terminar en excelentes resultados, pero a la vez, puede sentar un precedente en términos de que cualquier país puede iniciar procesos en contra de violadores de derechos humanos".
Con respecto a cómo afecta esta acción judicial los procesos que se siguen en nuestro país, el abogado de del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, Hugo Pavez, explicó a Cambio21 que "si se rinden pruebas en Italia y se logran traspasar, de alguna forma por los medios legales, a los procesos que se llevan en Chile, que son varios episodios que se llevan por separado del caso Cóndor, podría determinar avances en los respectivos procesos y exactamente al revés también es válido".
Entre los chilenos imputados están el ex prefecto de la policía Daniel Aguirre Mora; el general (R) Sergio Víctor Arellano Stark; el general (r) y exjefe de la DINA, Manuel Contreras; el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito; el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez.
En este asunto, el abogado del general (r) Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, presentó como alegato que la acusación que comunicada fue la de homicidio, mientras que en la actualidad está siendo acusado de "masacre". Además, aseguró que el delito del que se le acusa a Contreras prescribió según la ley italiana, ya que han pasado más de 24 años desde lo ocurrido.
Con respecto a esto, Pavez expresó que "supongo que se trata de homicidio reiterado, porque en Chile no existe la figura de `masacre´ con ese nombre, pero es lo mismo. En cuanto a la prescripción, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles en todas partes, así lo establece el derecho internacional, este principio es universal, lo que permite que se siga el caso en Italia. Las defensas siempre plantean las excepciones de prescripción y de amnistía, pero eso ya no corre".
Sobre estos alegatos, García expresó que "los criminales tienen sus argumentos establecidos hace muchos años y no es extraño que busquen hacer uso de la prescripción en casos de violaciones a los derechos humanos. Lo que me parecería raro es que un país que como Estado está llevando un proceso por la Operación Cóndor vaya a hacer uso de medidas que beneficien a violadores de derechos humanos, no creo que la cosa vaya por ahí, pero es el argumento típico de quienes han cometido los crímenes".
El 6 de octubre, Arturi decidirá si los elementos presentados son suficientes para que sean estudiados en una corte penal por crímenes de lesa humanidad, lo que supondría enviar el caso a un juicio que se celebraría en 2015.
FUENTE: CAMBIO 21
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