miércoles, 16 de noviembre de 2016

La máxima autoridad judicial de la nación sudamericana, calificó de «inconstitucional, nulo e inexistente» el juicio político contra Maduro. Foto: AVN
CARACAS.—El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), me­diante sentencia de su Sala Constitucional, ordenó este martes a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora, abstenerse de continuar el pretendido «juicio político» contra el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
La máxima autoridad judicial de la nación sudamericana, calificó de «inconstitucional, nulo e inexistente» el ejercicio promovido por la bancada derechista del Legislativo, que el pasado 25 de octubre procuró dar luz verde a una versión venezolana de golpe parlamentario.
En esa jornada, la AN votó lo que llamaron Acuerdo para iniciar el Procedimiento de Declaratoria de Responsabilidad Política del Presidente de la República ante la Grave Ruptura del orden Constitucional y Democrático y la Devastación de las Bases Económicas y Sociales de la Nación; un acto denunciado en lo inmediato por la Procuraduría General de la República, que solicitó al TSJ tomar previsiones para evitar este tipo de violaciones flagrantes a la carta magna, ejercidas por un poder público sin facultades para ello.
Admitido el recurso y promulgada la sentencia, el TSJ invalida el denominado acuerdo e indica a la AN «evitar dictar cualquier acto, sea en forma de acuerdo o de otro tipo, que esté al margen de sus competencias y, en fin, fuera de lo previsto en la Constitución».
La instancia recordó a la AN la condición de nulidad que pesa sobre sus disposiciones, en tanto mantenga el desacato originado tras la juramentación de tres diputados del estado de Amazonas elegidos en sufragio fraudulento y sometidos a investigación, por lo cual todos sus actos son «absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica».
En la comunicación, el TSJ reafirmó que su sentencia prohíbe las convocatorias y acciones destinadas a alterar el orden ciudadano, realizar instigaciones contra autoridades u otros poderes públicos, o cualquier ejercicio violatorio «de los derechos constitucionales y del orden jurídico en general».
FUENTE: GRANMA

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