Red Construyamos y los pobladores agrupados en los comités Pro Defensa de Villa Futuro y expropiados de Camilo Olavarría, en relación a las reuniones sostenidas con el servicio de vivienda del gobierno durante el mes de octubre, en Concepción, y respecto de los resultados de éstas, declaran que:
1. El Ministerio de Vivienda en la región, ante nuestra presión a través de la movilización, ofreció instancias de diálogo para, según declaró, dar solución a nuestros graves problemas. Dada la incapacidad demostrada por el Ministerio y su ausencia de voluntad para asumir esta problemática tras casi dos años de esperas pos terremoto, los demandantes hemos exigido garantías, las que quedaron acordadas por ambas partes y adoptadas como compromisos por parte de SERVIU. Estas condiciones establecían la presencia de la autoridad política del área, el señor SEREMI de Vivienda, Rodrigo Saavedra; exigía la no presencia de funcionarios “territoriales” (o “chaquetas rojas”), dado el triste antecedente que dejaran con su intervención en el largo conflicto sostenido por parte del gobierno con nuestros afectados; y, por último, que la autoridad presentaría sus ofertas por escrito, avaladas por el Ministerio, de manera de garantizar un principio de diálogo efectivo.
2. Después de un mes de gestiones, nuestra evaluación como movimiento por Reconstrucción Justa y Digna, es que no se ha cumplido ni uno solo de los compromisos adoptados por la autoridad, puntualmente porque:
- De la base de garantías establecidas en los tres puntos señalados más arriba, SERVIU no respetó ninguna, por cuanto no hubo representación de la autoridad política, es decir, del SEREMI, y quienes oficiaron en representación del SERVIU son funcionarios sin poder de decisión política; durante las reuniones han seguido presentes los “territoriales”, y no ha existido ninguna propuesta efectiva al no entregarse documento alguno que sentara un principio de diálogo. Es decir, los afectados pos terremoto por las políticas de expropiación injusta, siguen enfrentando la misma indolencia, el mismo abandono y la misma falta de respeto a su dignidad de parte del gobierno.
- Las demandas de los expropiados no fueron respondidas de modo alguno, esto es, no fueron satisfechas las peticiones de Villa Futuro, que reclaman un valor de expropiación de 21 millones de pesos, y de Camilo Olavarría, por un monto de expropiación de solamente 7 millones. Tampoco existe aún reconocimiento del daño patrimonial y moral resultante de los procedimientos irregulares y lesivos llevados adelante por las autoridades respectivas, sobre todo bajo la administración de la ex intendente Jaqueline Van Rysselberghe. Puntualmente, para Villa Futuro no ha habido ofrecimientos nuevos, el valor sugerido se avalúa en una suma de subsidios (no indemnizaciones propiamente tales) por valores muy menores a los demandados, destinados a la adquisición de terrenos y la construcción. Para Camilo Olavarría se ha mencionado una propuesta de indemnización irrisoriamente baja. Ninguno de los ofrecimientos de la autoridad ha sido presentado formalmente y por escrito, de manera que, a nuestro entender, no existe una base mínima de respeto ni de entendimiento.
3. Además, denunciamos que se ha utilizado la condición de parlamentario de Jorge Bobadilla para entregar ofertas a los afectados en representación de SERVIU, en calidad de gestión particular y no la que correspondería, es decir, la resultante de los procedimientos de la autoridad competente del Estado, responsable de dar solución a los problemas que afectan a miles de familias. De esta manera, nos sentimos nuevamente manipulados, enfrentados a intentos de promover campañas políticas que no van a lugar.
4. Denunciamos que la actitud de la autoridad sigue siendo la de dividir a las organizaciones que hemos representado nuestras demandas unidas. Esta actitud de la autoridad se acompaña de un trato indigno, crea frustración y desgaste para vecinas y vecinos –como en el caso del comité de Camilo Olavarría, compuesto en su mayoría por gente de la tercera edad-, con procesos de postergaciones y esperas, de expectativas no realizadas, de negaciones y engaños, que significan un doble y extraordinario daño para familias de condición modesta.
5. Exigimos que la autoridad del Estado dé cuenta pública del interés que existe detrás de las expropiaciones a barrios sociales y bordes costeros, las que se practican bajo engaño y a alto costo para las familias vulnerables. Por ejemplo, necesitamos que se explique la prisa por expropiar Villa Futuro. ¿Por qué la intervención estatal disfraza estas expropiaciones como casos de emergencia por catástrofe natural? No será aceptable, social ni moralmente, que se antepongan intereses de proyectos inmobiliarios que privilegien grandes negociados para las empresas inmobiliarias y constructoras, o a favor de las capas sociales más favorecidas, erradicando a los más vulnerables hacia zonas de mayor marginalidad.
6. Por todo lo anterior, los damnificados del terremoto y de las políticas de expropiaciones injustas -disfrazadas de erradicaciones por falsa calificación de inhabitabilidad-, señalamos que nuestras demandas no están satisfechas y que, por lo tanto, desarrollaremos los esfuerzos necesarios para alcanzar el reparo y la compensación justa por nuestros bienes logrados con lucha y esfuerzo. Consideramos, asimismo, que las mesas de trabajo o de diálogo presentadas por el gobierno no han sido más que maniobras de dilación y división, marcadas por procedimientos inmorales, de manera que no son en sí garantía para avanzar en la solución de nuestras demandas. En consecuencia, exigimos un primer gesto del gobierno consistente en reconocer el grave daño hecho por el propio Estado a las comunidades de expropiados de barrios sociales y una voluntad expresada por escrito que indique la intención de ir en su reparo y solución.
Comité de expropiados edificios de Camilo Olavarría, Coronel
Comité pro defensa de Villa Futuro, Chiguayante
Comité Ejecutivo Red Construyamos
Concepción, 28 de octubre de 2011
Red-construyamos
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