Gratuidad 2016: ¿En qué consiste el fallo del TC y cuáles son sus consecuencias?
El Tribunal Constitucional tiene plazo hasta el 23 de diciembre para emitir un fallo definitivo, en el caso de aceptar el requerimiento de la derecha y fallar en contra de la propuesta gubernamental, el organismo tendrá que crear un mecanismo nuevo que ponga en marcha la gratuidad en el 2016.
Este jueves el Tribunal Constitucional declaró admisible el recurso presentado por 31 opositores quienes calificaron como discriminatoria la fórmula para determinar quiénes serán los beneficiados por la gratuidad durante el próximo año, aún después de que el gobierno decidiera incluirla dentro del Presupuesto de Educación y no por medio de la ley que se tramitará este mes en el Congreso.
Lo que resolvió el Tribunal fue convocar a todas las instituciones y organizaciones que representen y se involucren en el proceso y en función de eso desarrollar un plan con las observaciones que serán oídas en una audiencia pública el miércoles 9 de diciembre, un día antes de los alegatos del Gobierno y la oposición.
El Ejecutivo aún sostiene que defenderá su posición ante el TC y que seguirá trabajando con el objetivo de comenzar la gratuidad en 2016, para ellos el mayor impacto del recurso es dejar fuera a 200 mil estudiantes fuera del proyecto.
Los propulsores del recurso acusan un chantaje y una campaña del terror, porque aseguran que el gobierno está amenazando con quitar los recursos a personas de ciertas instituciones y por eso exigen dejar de lado la calculadora política para anteponer los beneficios de los estudiantes.
La principal acusación es la transformación sustantiva de la educación superior a través de la glosa presupuestaria porque ello, según los parlamentarios de derecha, impide la deliberación democrática y la adecuada formación de la ley.
Por otra parte dicen que la glosa manifiesta requisitos sólo para algunas instituciones, sin considerar que eso se traduce en una discriminación arbitraria que deja afuera a nueve regiones del país y a una gran mayoría de alumnos vulnerables de Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y universidades acreditadas.
Entonces, si el TC acoge alguno de los puntos demandados, se eliminarán requisitos “arbitrarios e ilegales”, beneficiando a una mayor cantidad de personas y accediendo al sistema de becas u optando por una ley corta que distribuya los recursos.
La responsabilidad recae en que el Gobierno estuvo tanto tiempo jugando e improvisando irresponsablemente con la gratuidad que le dio el espacio a Chile Vamos para acudir al TC y echarla abajo, porque convengamos en que la Nueva Mayoría no pudo ponerse de acuerdo en desarrollar un proyecto que de verdad funcione.
Hay que considerar que nunca tomaron en cuenta a los actores sociales, porque la incapacidad de decidir en conjunto con quienes realmente trabajan en mejorar la reforma (los movimientos sociales) fue lo que hoy impide pensar en una forma distinta y clara de gratuidad construida a partir de un diálogo de carácter nacional y participativo.
Lo que el TC debe hacer es dar un paso al costado y no determinar el futuro de miles de estudiantes que dieron la PSU y hoy no saben en qué institución matricularse, considerando también que dentro del organismo hay quienes rechazaron en reiteradas ocasiones la idea de fiscalizar el lucro en la Cámara de Diputados a través de comisiones investigadoras, como el ex diputado Christian Letelier. Finalmente existe una clara representación de intereses de personas que dominan y son dueños de gran parte de Chile.
Camila Rojas, la recién electa presidenta de la FECH, conversó sobre este tema con El Ciudadano y nos comentó que acá se hicieron las cosas mal por parte de un Gobierno que “fue incapaz de trabajar una reforma con la sociedad y que ahora está tirando la glosa de gratuidad mediante el presupuesto en donde la derecha vio una oportunidad y terminó denunciando al TC”. Por lo tanto lo que ven más en concreto, asegura, es la incapacidad del gobierno por sacar la reforma adelante.
Rojas manifestó que esta glosa presupuestaria de gratuidad tampoco representa lo que se ha exigido hace años en las calles y que ha exigido la sociedad, “un hecho como este es una buena oportunidad para que el gobierno empiece a hacer las cosas bien y la discusión sobre la educación se de efectivamente en conjunto con los movimientos sociales que han instalado el tema hace bastante tiempo”.
En Chile hay una derecha que es bastante oportunista, aclaró y expresó que cada vez que la oposición pierde un debate en el congreso acude al TC, que hoy en día se constituye como una tercera cámara y por lo tanto es un recurso con el que los estudiantes no estamos de acuerdo”. La presidenta de la FECH aseguró que en términos presupuestarios la discusión de gratuidad fue también una mala jugada del gobierno ya que se transformó en un debate corporativo en donde cada actor estaba viendo cuánta plata le tocaba, cuánta no y no se discutió el tema de fondo sobre la educación y profesionales que necesita Chile.
“El Gobierno entonces tiene que asumir que hasta ahora ha hecho las cosas mal, que ha tomado el camino equivocado y enmendar aquello trabajando con los actores sociales que afirman que hoy se necesita fortalecer la educación pública, repensándola y refinanciándola” expresó la militante de Izquierda Autónoma, quien terminó su juicio declarando que la reforma también se debe hacer cargo de los males de la educación privada que por tantos años ha jugado con los sueños y las expectativas de muchas familias en el país, “esos dos ejes sí o sí tienen que discutirse y tratarse en una reforma que sea discutida con la sociedad”.
FUENTE: EL CIUDADANO
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