Para esta semana, el Gobierno anunció la entrega del proyecto de ley que establece un marco regulatorio para la educación superior, haciendo caso omiso de las voces de la Nueva Mayoría y estudiantes que le solicitaron aplazar su entrada para tener una mayor discusión previa.
Así, el Ejecutivo cumple con la palabra empeñada por la Presidenta el pasado 21 de mayo. Sin embargo, las críticas apuntan al escaso impacto que en la elaboración del proyecto tuvo la discusión prelegislativa, instancia en la que participaron rectores, estudiantes y parlamentarios, quienes lamentaron que el Gobierno no enviara las minutas de tales encuentros, según se comprometió en las reuniones.
De acuerdo a lo señalado por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, cabe considerar algunos adelantos de lo que será la nueva ley de educación superior.
Por ejemplo, la ley tendrá un foco en la garantía, la regulación y el financiamiento. Además, apuntará a las universidades que adscriban a la gratuidad, debidamente acreditadas y que acepten la regulación del arancel. Asimismo, considerará que las universidades privadas fuera del sistema podrían fijar el arancel que les parezca, sin acceder a gratuidad ni al sistema de ayudas estudiantiles.
Con relación al financiamiento, dependerá de la institucionalidad que el país se da para garantizar que no existan instituciones no acreditadas que accedan a la implementación del derecho.
Respecto de las acreditaciones y el ingreso de instituciones al régimen de gratuidad, estará determinado por la creación de una subsecretaría y una superintendencia de educación superior, así como la creación de agencias de acreditación distintas a la que existe hoy.
En este sentido, el rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Luis Pinto, valoró que dentro de todo se haya resaltado el valor de las universidades del Estado en el sistema de educación superior que se proyecta.
“Estimo que cualquier reforma a la educación que venga va a ser positiva para lo que tenemos. La ley corta fue un buen indicador en términos de que el Estado se haga responsable alguna vez de la educación en este país”.
Marta Matamala, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y vocera de la Confech, se refirió a las características que debe tener el nuevo marco regulatorio universitario en lo que respecta al sistema de admisión.
“Tiene que existir un sistema único, no obstante, el sistema único tiene que tener cierta flexibilidad en el sentido de que no puede ser una prueba única estandarizada la que mida ese acceso. Si bien el sistema no debe diferenciar por instituciones, sí entendemos que una prueba no va a medir la proyección académica que tenga un estudiante. Por lo tanto, este sistema único debe contar con una batería de pruebas no estandarizadas que permitan establecer si un estudiante es apto o no para acceder a una carrera”.
Por su parte, el diputado UDI Jaime Bellolio indicó que debe trascenderse a la dinámica de las pruebas estandarizadas a la hora de determinar el sistema de acceso a la educación superior una vez que se establezca un marco regulatorio definitivo.
“El modelo que me gustaría es que exista una prueba, que ojalá pudiese darse en más momentos del año y que quien vigile esa prueba no sea parte del ministerio de Educación ni tampoco de una sola universidad o un grupo de universidades, sino que sea un ente realmente independiente que a todos les dé garantías. Y que permita también que cada institución pueda poner otras valoraciones de estos talentos que son muy relevantes y que no se miden a través de pruebas no estandarizadas”.
Este domingo se confirmó que la totalidad de las universidades del Consejo de Rectores adscribió a la gratuidad, panorama que completan las universidades privadas Diego Portales, Alberto Hurtado y Finis Terrae, todas pertenecientes al Sistema Único de Admisión, a las que se suma la UC Silva Henríquez y la Universidad Autónoma, las que tienen sistemas de admisión propios.
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