Diputados aprueban resolución para retirar de dependencias públicas imágenes de violadores a los DD.HH.
Publicado el 18 Diciembre 2015
ESCRITO POR COLABORADORES
En el texto, los diputados sostuvieron que dicha iniciativa pretende retirar de todas las dependencias públicas, fotografías e imágenes referidas a las personas que en el uso de sus funciones y poderes públicos hayan sido condenados como autores, cómplices o encubridores de actos de violación a los derechos humanos.
Por 65 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución que solicita a la Presidenta de la República adoptar medidas que garanticen los derechos de las víctimas de la dictadura militar.
La resolución fue presentada a la Cámara por los diputados Sergio Ojeda (DC), Ricardo Rincón(DC), Tucapel Jiménez (PPD), Yasna Provoste (DC), Hugo Gutiérrez (PC), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Roberto Poblete (IND), Juan Enrique Morano (DC) e Iván Fuentes (IND).
En el documento, los autores expresaron que existen en nuestro país hombres y mujeres victimas de violencia política, los que, además, se encuentran viviendo la última etapa de sus vidas padeciendo sufrimiento psíquico y emocional de no haber obtenido hasta la fecha la verdad, justicia, reconocimiento, ni reparación de su dignidad.
Agregaron que existen una serie de fotografías u otras imágenes de toda autoridad que ha sido condenado por la justicia por violaciones a los derechos esenciales de las personas y de toda dependencia e institución pública que lejos de constituir a una negación o ocultamiento histórico, “es un mínimo acto de satisfacción hacia las victimas que forma parte de la reparación completa que les es debida hace más de 20 años y a la que el Ejército de Chile y el Estado está jurídica e internacionalmente obligado”.
Añadieron que clarificar el tema por medio de la aprobación de una resolución pretende tomar, entre otras medidas, el retiro de toda imagen de violadores a los derechos humanos de todas las dependencias públicas y reemplazarla por una imagen que simbolice un no rotundo a la violación a los derechos humanos, como una regla administrativa permanente de un Estado respetuoso de los derechos.
Recalcaron que, tal forma de reparación, no significa costo alguno para el Estado, sino que solo implica voluntad política de realizarlo y real compromiso de la situación de las victimas, además de una seria intención y una acción concreta de cumplimiento de los deberes estatales.
La resolución fue presentada a la Cámara por los diputados Sergio Ojeda (DC), Ricardo Rincón(DC), Tucapel Jiménez (PPD), Yasna Provoste (DC), Hugo Gutiérrez (PC), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Roberto Poblete (IND), Juan Enrique Morano (DC) e Iván Fuentes (IND).
En el documento, los autores expresaron que existen en nuestro país hombres y mujeres victimas de violencia política, los que, además, se encuentran viviendo la última etapa de sus vidas padeciendo sufrimiento psíquico y emocional de no haber obtenido hasta la fecha la verdad, justicia, reconocimiento, ni reparación de su dignidad.
Agregaron que existen una serie de fotografías u otras imágenes de toda autoridad que ha sido condenado por la justicia por violaciones a los derechos esenciales de las personas y de toda dependencia e institución pública que lejos de constituir a una negación o ocultamiento histórico, “es un mínimo acto de satisfacción hacia las victimas que forma parte de la reparación completa que les es debida hace más de 20 años y a la que el Ejército de Chile y el Estado está jurídica e internacionalmente obligado”.
Añadieron que clarificar el tema por medio de la aprobación de una resolución pretende tomar, entre otras medidas, el retiro de toda imagen de violadores a los derechos humanos de todas las dependencias públicas y reemplazarla por una imagen que simbolice un no rotundo a la violación a los derechos humanos, como una regla administrativa permanente de un Estado respetuoso de los derechos.
Recalcaron que, tal forma de reparación, no significa costo alguno para el Estado, sino que solo implica voluntad política de realizarlo y real compromiso de la situación de las victimas, además de una seria intención y una acción concreta de cumplimiento de los deberes estatales.
FUENTE: EL CLARIN
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