Gabriel Ruiz Tagle
A la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica que lo acusa de haberse coludido con la papelera del Grupo Matte para aumentar los precios del papel higiénico, Gabriel Ruiz-Tagle recibe otro duro golpe. El Instituto Nacional de Deportes pidió al Consejo de Defensa del Estado que inicie acciones legales para recuperar $1.480 millones entregados a los Juegos Odesur cuando Ruiz-Tagle encabezaba esa repartición y que nunca fueron rendidos. El ex director del IND ya había sido cuestionado a fines de septiembre, cuando la Contraloría objetó gastos realizados bajo su gestión por $4 mil millones.
Las complicaciones para el futuro político de Gabriel Ruiz-Tagle, aspirante a la alcaldía de Providencia, siguen escalando. El miércoles 28 irrumpió en la agenda pública la investigación de la Fiscalía Nacional Económica que lo acusa de haber orquestado la colusión de la industria del papel higiénico cuando aún era propietario de la papelera PISA (vea la nota de T13.cl). A ello se suma que hace solo un mes el ex director del Instituto Nacional de Deportes (IND) fue duramente golpeado por un lapidario informe de la Contraloría. Ese informe objetó rendiciones de gastos de la Corporación Juegos Suramericanos Santiago 2014 (Odesur), que encabezó Ruiz-Tagle, por un totalque supera los $4 mil millones. Ahora, un tercer mazazo viene a cerrar las semanas más negras que ha vivido el ex presidente de Blanco y Negro desde que se convirtió en personaje público: el IND decidió llevar a la justicia la cobranza de más de $1.480 millones que forman parte de los fondos públicos aportados a la corporación de los Juegos Odesur.
El actual director (s) del IND, Nelson Serrano, confirmó a CIPER que envió un oficio al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que curse acciones legales debido a que una parte de los $4 mil millones objetados por la Contraloría ya están completamente fuera de plazo para su rendición, por lo que deben ser recuperados por la vía judicial. Estos $1.480 millones corresponden a “saldos vencidos” cuyo uso no ha sido debidamente acreditado por la corporación de los Juegos Odesur, entidad que fue integrada por el IND y encabezada por Gabriel Ruiz-Tagle hasta el cambio de mando de marzo de 2014.
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Hasta ahora, las objeciones a las cuentas de Ruiz-Tagle en el IND se habían circunscrito a reparos administrativos, como el informe de la Contraloría que se conoció a fines de septiembre y que determinó el inicio de un sumario. Pero la notificación que ahora envió Nelson Serrano al CDE, es el primer paso para llevar a los tribunales las irregularidades en la rendición de gastos de los Juegos Odesur 2014.

-Decidimos poner en antecedentes al CDE, porque el tiempo ha pasado y aún no se rinde a conformidad, para iniciar acciones judiciales para la restitución de estos fondos. No estamos asumiendo si hay dolo detrás, no podemos asumir que se robaron la plata -dijo Serrano a CIPER.
El oficio que firmó Nelson Serrano se despachó el 15 de octubre pasado y va dirigido al presidente del CDE, Jorge Piña. En lo medular, el documento señala: “Solicito a Ud. iniciar las acciones legales que procedan en orden a recuperar los montos adeudados al Instituto Nacional de Deportes por la Corporación Juegos Suramericanos Santiago 2014” (vea una copia del oficio, donde se detallan los montos que se adeudan).
Gabriel Ruiz-Tagle, ex socio mayoritario de Blanco y Negro, donde compartió propiedad con Sebastián Piñera, encabezó la corporación Odesur hasta el 11 de marzo de 2014. De acuerdo con el oficio enviado al CDE, de los $1.480 millones que se deben recuperar, $1.465 millones corresponden al periodo en que él estuvo al mando de la corporación.
Los cuestionamientos a las cuentas de los Juegos Odesur se suman a los reparos de la Contraloría por la rendición de otros $800 millones entregados al rally Dakar que se corrió en enero de 2014 (vea nota de La Tercera). En suma, la administración de Gabriel Ruiz-Tagle totaliza, hasta el momento, alrededor de $5 mil millones en rendiciones objetadas. Además, bajo su gestión el IND aprobó proyectos para que las divisiones menores de clubes de fútbol profesional, administrados por sociedades anónimas, recibieran donaciones deportivas por un total de $1.200 millones, a pesar de que la ley prohíbe que entidades con fines de lucro accedan a esa franquicia tributaria (vea el reportaje de CIPER “El millonario negocio de las donaciones deportivas”).

DURO INFORME DE CONTRALORÍA

Los más de $4 mil millones en gastos de los Juegos Odesur 2014 que a juicio de la Contraloría no han sido suficientemente respaldados, incluyen dineros perdidos, rendiciones faltantes (las que ahora se enviaron al CDE), honorarios sin contratos, falta de procesos licitatorios para el diseño de recintos de especialidades deportivas y pagos en exceso o duplicados.
Gabriel Ruiz-Tagle rechaza de plano los cuestionamientos y afirma que no hay “ni un solo peso perdido”. Según dijo a CIPER, el convenio que reguló las transferencias monetarias entre el IND y la corporación de los juegos Odesur fue visado por la propia Contraloría e incluyó la forma en que debían rendirse los gastos. Y asegura que todas las rendiciones que se hicieron bajo su mando se ajustaron estrictamente a esos protocolos:
-La Controlaría no cuestiona los gastos del evento, sino que solicita mayores antecedentes. Los convenios de transferencias (entre el IND y la corporación Odesur) fueron tomados de razón por la misma Controlaría y determinaron el formato de rendición y la información que debía ser incorporada para acreditar el gasto -dice Ruiz Tagle, quien asegura que ahora la Contraloría consideró que esa información no era suficiente y está “aumentando” los requerimientos.
Gabriel Ruiz-Tagle
Gabriel Ruiz-Tagle
A juicio del ex director del IND, el problema se originó porque el convenio que reguló las transferencias para los Juegos Odesur era básicamente el mismo que se usa con las federaciones deportivas cuando se les entregan fondos públicos para sus eventos. Lo que quedó en evidencia, sostiene Ruiz-Tagle, es que este tipo de convenios no está hecho para eventos tan grandes como los Juegos Suramericanos. No descarta que ahora se llegue a la conclusión de que los controles deben ser mayores para competencias de esta magnitud y que deban buscarse nuevas fórmulas de rendición para futuros eventos. Pero esa reflexión, dice, debe partir de la base de que en los Juegos Odesur 2014 se rindió tal como estaba autorizado por la Contraloría.
-Por ejemplo, uno de los principales cuestionamientos, más de mil millones, tiene que ver con los hoteles. En la rendición iba la factura, los días pagados, todo lo que se pedía, y el IND lo aprobó. Pero ahora la Contraloría pide además la lista de quienes alojaron en los hoteles, por habitación. Eso es imposible. Ese es un control que se puede exigir previamente, pero ahora es imposible reconstruir delegaciones de 6 mil a 7 mil personas -ejemplifica Ruiz-Tagle.
La explicación de Gabriel Ruiz-Tagle choca con un dato: de los $4 mil millones objetados, solo la rendición de $1.300 millones fue aceptada por el IND porque cumplía con la fórmula de rendición establecida en el convenio. Los restantes $2.700 millones, según informó el director (s) Nelson Serrano, no fueron aceptados como gasto por el IND y en abril pasado se envió un oficio a la corporación de los Juegos Odesur para que los restituyera. De esos $2.700 millones que no fueron visados por el IND, surgen los $1.480 millones que dieron origen a la denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado.

TAREA PARA EL SII

La agrupación de funcionarios del IND (Anfuchid) reprocha el “desorden” de la gestión anterior y exige a las autoridades actuales una actitud más proactiva para investigar posibles ilícitos: “Hay que llevar todos los antecedentes al Ministerio Público y al CDE”, dice Álvaro Muñoz, presidente de la Anfuchid. Pero la ministra del Deporte, Natalia Riffo, evita responsabilizar a Gabriel Ruiz-Tagle o su administración por irregularidades en las cuentas y pide calma:
-Si una vez que se realicen todos los procedimientos, surge la sospecha o convicción de que podría haber algo constitutivo de delito, por cierto voy a mandar los antecedentes como corresponde a la Fiscalía o al CDE. Pero hay que esperar los tiempos -dijo la ministra a CIPER el lunes 19 de octubre.
Una de las quejas de la Anfuchid contra Ruiz-Tagle es que bajo su administración se limitaron las atribuciones de los fiscalizadores del IND, lo que habría favorecido que se concretaran irregularidades como las donaciones para las divisiones menores de los clubes de fútbol profesional. Los dirigentes de la Anfuchid citan el memorándum Nº74/2011, firmado por Ruiz-Tagle, que circunscribió la fiscalización de las donaciones sólo a la elaboración de un “informe de resultados”, el que debía certificar si el dinero se había invertido en lo que indicaba el proyecto (vea el documento). De esta forma, los fiscalizadores ya no pudieron pronunciarse sobre elementos de fondo, tales como si esa donación realmente servía a propósitos deportivos o si ocultaba en realidad un beneficio para un club con fines de lucro.
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El memorándum de Ruiz-Tagle fue detonado por una controversia que envolvió a la Fundación Club Deportivo Universidad Católica (CDUC). El IND le autorizó a esa fundación un proyecto para recibir donaciones con rebajas tributarias por un monto de $617 millones, dinero que el club debía destinar a “gastos administrativos”. Al revisar ese proyecto, los fiscalizadores de la Dirección Metropolitana del IND rechazaron una partida de más de $200 millones que se ocuparon para financiar un sistema de riego y la mantención de jardines en San Carlos de Apoquindo. El argumento de los fiscalizadores fue que esa inversión no tenía un fin estrictamente deportivo.

Aunque no quedó registrado en el procedimiento, es un hecho que esa inversión también beneficiaba de manera indirecta a una entidad con fines de lucro: la sociedad anónima Cruzados, que administra el club de fútbol profesional de la UC y que tiene en concesión el estadio y canchas de entrenamiento de San Carlos de Apoquindo.
Ruiz-Tagle revocó la decisión de los fiscalizadores y dio luz verde a la aprobación de los gastos rendidos por la fundación de la UC, mediante su Resolución Exenta Nº 2939 (vea el documento, puntos 5 al 8).
Juan Enrique Serrano, gerente general de la Fundación CDUC, dijo a CIPER que el rechazo fue “subsanado” por el entonces director del IND porque “el complejo es un todo. No es sólo la cancha, porque esa cancha tiene que tener oficinas de jefes técnicos, jardines que la rodeen, calles que permitan el acceso. Y los proyectos de operación admiten todo esto”.
Gabriel Ruiz-Tagle explicó a CIPER que revocó el rechazo inicial porque el IND no es la entidad que debe revisar las cuentas de los proyectos que reciben donaciones deportivas, sino el Servicio de Impuestos Internos (SII). Su criterio, a pesar de las quejas de la Anfuchid, fue respaldado por un dictamen de la Contraloría (vea ese dictamen).
No obstante, un informe del SII firmado por su ex director Michel Jorrat -al que CIPER tuvo acceso- indica que el organismo tributario no revisa si las donaciones efectivamente se aplicaron a fines deportivos, sino que simplemente controla las formalidades de los documentos que acreditan si esos aportes pueden recibir beneficios tributarios: “Si bien la Ley Nº 19.712 ha entregado a este Servicio facultades fiscalizadoras en lo referido a las donaciones con fines deportivos, tal potestad se refiere principalmente a la forma de acreditarlas y a las formalidades que deben reunir los certificados para que procedan los beneficios tributarios”, dice ese texto.
Esto significa que en el período de mayor crecimiento de las donaciones deportivas (sólo entre 2010 y 2013 los aportes sumaron $58 mil millones), tanto el IND como el SII solo revisaban si se había gastado el dinero en lo que decía el proyecto y nadie reparaba, por ejemplo, en si el beneficiario de la donación era una entidad dependiente de un sociedad con fines de lucro. Recién en 2015, un año después del término de la gestión de Ruiz-Tagle, el IND inhabilitó o suspendió a más de 20 sociedades anónimas que utilizaban el sistema de donaciones (vea el reportaje de CIPER “IND bloquea acceso de 17 clubes de fútbol profesional al sistema de donaciones deportivas”).
Un oficio de agosto de este año, firmado por el subdirector de Fiscalización del SII, Víctor Villalón, muestra que ese servicio mantenía en desarrollo “acciones de fiscalización” a varios proyectos de la Corporación Colo Colo Fútbol Joven (relacionada con Blanco y Negro) y que en esos controles se habían determinado “diferencias de impuestos resguardando el interés fiscal”. Eso quiere decir que, a juicio del SII, no se pagaron todos los impuestos que correspondían (vea el documento).

PAPELES VERSUS CONTROL EN TERRENO

En su defensa, el ex presidente de Blanco y Negro niega que haya “recortado” las atribuciones de los fiscalizadores del IND y asegura que sólo acotó su rol a lo que está establecido en las normas que regulan la institución:
-¿Cuál es el objetivo de la fiscalización? Saber si los recursos fueron usados para lo que se dijo en el proyecto. Y cuando se constata que no es así, se pide el reintegro. Cuando nosotros llegamos (en 2010), los reintegros eran cero. Con nuestra administración se llegó a entre $500 y $600 millones de peticiones de reintegro. Y ese es el único producto de la fiscalización, no hay otro -explica Ruiz-Tagle.
El ex director del IND cuenta que cuando asumió en el IND “los fiscalizadores se instalaban en la oficina del beneficiario de un proyecto y le pedían las escrituras, boletas y otros papeles legales. Después emitían un informe: ‘Falta esto y esto’. Y así se iban acumulando torres de papeles”.
Su equipo, dice, dejó de darle prioridad a la revisión de documentos y privilegió controlar en terreno si las actividades deportivas financiadas con fondos públicos o donaciones efectivamente se realizaban. Para eso, se autorizó a todos los funcionarios del IND a efectuar fiscalizaciones en terreno para asegurar la correcta ejecución de los eventos deportivos. Los resultados, asegura Ruiz-Tagle, fueron positivos:
Natalia Riffo y Gabriel Ruiz-Tagle
-En los eventos financiados con dinero entregado directamente por el IND, en 2009 se fiscalizaba hasta el 80% y nosotros en 2012 llegamos al 99,8% de proyectos controlados. Y en los eventos financiados con donaciones, pasamos del 22% al 92% de revisiones. Para hacer eso, tuvimos que aclarar un error histórico, lo que a las asociaciones de funcionarios nunca les gustó: el control de las donaciones se acotó a lo que la ley dice que debe fiscalizar el IND y lo que debe fiscalizar el SII. Entonces, de acuerdo a la ley, se le entregaba al SII el informe de resultados anual y ellos veían el uso correcto de la franquicia.
Con ese criterio, los fiscalizadores no podían rechazar, por ejemplo, las donaciones para financiar divisiones menores de clubes de fútbol profesional, aunque era evidente que estaban beneficiando de manera indirecta a una sociedad con fines de lucro. Para Gabriel Ruiz-Tagle esas donaciones estaban en regla, pues las divisiones menores de los clubes se habían organizado como corporaciones sin fines de lucro y por lo tanto no se podía rechazar sus proyectos. “Los funcionarios públicos deben respetar el principio de igualdad ante la ley”, dice, y no pueden discriminar según sus opiniones o preferencias a los beneficiarios: “Si cumplen con los requisitos, deben ser aceptados”.
Pero las nuevas autoridades del deporte no están de acuerdo con la tesis de Ruiz-Tagle y, por eso, bloquearon el acceso de los clubes de fútbol profesional a las donaciones. De hecho, pese al positivo balance que hace el ex director del INE sobre los controles ejercidos en su periodo, la ministra Natalia Riffo dijo a CIPER que “la fiscalización es una de las patas cojas de la institucionalidad deportiva”.
La ministra hace un mea culpa: “El IND no tiene procedimientos tan claros respecto a las rendiciones”. Por lo mismo, anuncia que el Ministerio del Deporte, a menos de dos años de su puesta en marcha, ya diseñó una reforma para corregir estas falencias: “Se envió un proyecto para reformar la institucionalidad del deporte nacional a la Secretaría General de la Presidencia, que hoy lo está revisando el Ministerio de Hacienda”.

EL ATRASO MÁS CARO

Durante su período al mando de la Subsecretaría de Deportes y luego en el Ministerio del Deporte, Gabriel Ruiz-Tagle tuvo a cargo la remodelación de los estadios para la Copa América y el Mundial Sub-17. La idea era inaugurarlos todos antes de que terminara el gobierno de Piñera, pero no se logró.
Los estadios Sausalito (Viña del Mar), El Teniente (Rancagua), Zorros del Desierto (Calama) y La Portada (La Serena) tuvieron atrasos. Pero fue el Estadio Municipal de Concepción Ester Roa el que rompió todos los marcos. Después de casi tres años de reconstrucción, el proyecto que en un principio tenía un presupuesto de $12 mil millones, terminó costando más de $30 mil millones.
El estadio de Concepción tuvo tres licitaciones y un trato directo: los primeros dos intentos de licitación (diciembre 2012 y abril 2013) fueron declarados desiertos, porque las ofertas superaban el presupuesto. El tercer intento fue a través de un trato directo con la empresa Copasa. El costo proyectado fue de $12 mil millones, lo que consideraba sólo la obra mayor, sin butacas, techo y césped. Pero en mayo de 2014 (tres meses después de la salida de Ruiz-Tagle del IND) las autoridades le quitaron el estadio a Copasa por su paupérrimo avance: sólo un 11% de la obra.
Estadio Ester Roa
Estadio Ester Roa
No era primera vez que Copasa se atrasaba en obras públicas.  El puente sobre el río Maule y el Puente Bicentenario en la Región del Biobío, que construía en conjunto con Isolux-Corsan, también sufrieron demoras. Esta última empresa tenía a cargo la construcción del estadio de Calama, también adjudicado por trato directo con el IND bajo la gestión de Ruiz-Tagle, y que tampoco pudo terminar por incumplimiento de plazos (ver reportaje CIPER “Isolux-Corsán: su historial de lobby y coimas en contratos por $141 mil millones en Chile”).
A pesar de que no cumplió con lo que había propuesto, Copasa recibió $1.057 millones del Estado tras liquidar su trato con el IND. Para obtener esa suma, en sus descargos la empresa argumentó que no recibió información oportuna de parte del IND para desarrollar la obra y que el proyecto contenía errores, omisiones y falencias. La Contraloría acogió estas argumentaciones de Copasa, entre otros factores que provocaron el retraso, adjudicando parte de la responsabilidad al IND (vea ese dictamen).
Gabriel Ruiz-Tagle rechaza la versión de la empresa y sostiene que no hubo  responsabilidad del IND en el retraso que terminó gatillando el brutal encarecimiento del estadio penquista. Según explica, desde el inicio de las obras Copasa no puso todos los recursos humanos y materiales necesarios. Por eso, dice, cuando finalmente las nuevas autoridades le revocaron el trato, “lo que hizo la constructora es un clásico: comenzó a buscar errores mínimos. Es inentendible que un proyecto haya pasado por dos divisiones de arquitectura (la del IND y la del MOP) y que alguien después aparezca diciendo que el IND hizo mal la pega”.
La Ministra Riffo reconoce que hubo un aumento de costos excesivo en la construcción de estadios, pero nuevamente es cautelosa al referirse a las eventuales responsabilidades de autoridades anteriores:
-Aquí hubo muchas licitaciones que se cayeron y, por tanto, se adjudicaron directamente con montos que no correspondían. Nos dimos cuenta que había que poner más plata, porque claramente no alcanzaba para terminar los estadios. Se había calculado mal.
-¿Había responsabilidad del IND por esos atrasos?
-Es fácil echarle la culpa al gobierno anterior. Así como el gobierno de Piñera culpó al primer gobierno de la Presidenta Bachelet, para nosotros sería muy fácil decir: ‘Todos los problemas tienen que ver con lo que realizó Ruiz-Tagle‘. ¿Qué es lo que hicimos? Cuando llegamos, vimos los estados de situación y había un compromiso con el país por los estadios. Y comenzamos a tomar determinaciones respecto a cosas que no habían sido bien llevadas. Hubo un aprendizaje.

EL CARTEL DEL PAPEL HIGIÉNICO

A Gabriel Ruiz-Tagle se le conoce más como empresario que como político. Si bien la mayor notoriedad la alcanzó como accionista principal de Blanco y Negro, Ruiz-Tagle ha participado en varias otras empresas de importancia: el Banco de Chile, la empresa Frutícola Atacama y Papeles Industriales S.A. (PISA), hoy de propiedad de la sueca Svenska Cellulosa Aktierbogalet (SCA). Es precisamente esta última empresa –quizá la con más bajo perfil de entre todas en las que ha participado– la que vuelva a poner al ex ministro de Sebastián Piñera al centro de un feroz escándalo de corrupción que recién comienza.
Una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) lo acusa de haber jugado un rol gravitante en lo que se ya se ha catalogado como uno de los casos de colusión más grandes de la última década: la protagonizada por la empresa CMPC Tissue, filial del Grupo Matte, y la propia PISA, en la fijación de precios en el mercado del papel higiénico, servilletas, toallas de papel y pañuelos desechables, entre otros.
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Según los antecedentes recabados por la FNE, todo partió a mediados del 2000 tras una reunión en el Club de Golf Las Brisas de Chicureo entre el propio Ruiz-Tagle, como representante de PISA, y el entonces gerente general de CMPC Tissue, Jorge Morel. Allí se habría fraguado un acuerdo, ante el ingreso de nuevos competidores como Walmart –que se extendió por 11 años– para mantener sus respectivas cuotas en el mercado (76% para CMPC y 24% para Pisa) y subir los precios de sus productos de papel higiénico, servilletas y pañuelos, causando grave daño a millones de consumidores.

Los detalles de cómo los ejecutivos de las empresas urdían el plan  son escabrosos. Según la FNE, éstos mantenían un sistema de monitoreo bimestral de su participación en el mercado. Para ello se reunían en el cuartel de bomberos de Apoquindo (Bomba Alemana) o se comunicaban a través de cuentas de correo electrónico alternativas y con nombres ficticios para mantener el anonimato. Incluso, según relata el requerimiento presentado por el fiscal Felipe Irarrázaval, cuando estalló el caso de la colusión de las farmacias dejaron los correos de lado y comenzaron a utilizar correspondencia de papel y teléfonos de prepago, todo con la finalidad de no dejar huella.
Pero los artificios no terminaban allí. Según acusa la FNE, en diciembre de 2011, ejecutivos de CMPC arrojaron sus computadores al Canal San Carlos para deshacerse de la evidencia.
En conversación con Canal 13, Gabriel Ruiz-Tagle fue tajante al señalar que no participó de estos hechos: “Desde que dejé la gerencia general de la compañía en 2001(dos años más tarde vendió el 50% de la propiedad y en 2012 vendió el 50% restante) hasta el día de hoy, he estado totalmente desligado de la gestión”, aseguró. Por su parte, empresas CMPC se defendió a través de un comunicado arguyendo que “nos autodenunciamos al descubrir esta conducta que atenta contra todas nuestras políticas corporativas”. Y agregan: “el directorio instruyó de inmediato una investigación exhaustiva y tomó todas las medidas para que este tipo de conductas no vuelvan a repetirse”.
Efectivamente la empresa CMPC Tissue se autodenunció el 27 de marzo de este año, pero solo después que la Fiscalía Nacional Económica descubriera los ilícitos e iniciara una investigación. Esto le permitió a la compañía de propiedad del Grupo Matte acogerse al programa de delación compensada, por lo que no será multada. Mientras tanto, SCA (ex PISA), que también se acogió a dicho beneficio, arriesga una multa de hasta US$15 millones al no reconocer los hechos antes que la primera empresa.

FUENTE: CIPERCHILE