Perseguir delincuentes no es la única tarea del Gobierno
La votación del pasado miércoles 21 en el Senado que ratificó a Jorge Abbott como nuevo Jefe del Ministerio Público cierra un capítulo procedimental del Estado, pero abre una discusión en torno al relato que se le quiere dar a la delincuencia. El foco debe cambiar de lugar, y pasar de las consecuencias al origen. El Ciudadano contribuye a la discusión.
Que en los últimos días los tres poderes del Estado hayan desplegado lo más granado de su orgánica para ocuparse de la designación de la sexta autoridad jerárquica de la Nación, como es el Fiscal Nacional –más allá de los méritos del ungido–, da cuenta de un hecho relevante: como nunca antes, hoy al Estado le preocupa reivindicar su legítimo derecho al uso de la fuerza contra la delincuencia. Y lo quiere hacer con toda pompa, exacerbando la importancia de una institución, como el Ministerio Público, en la lucha contra una delincuencia en la que ha fracasado, no solo por el mecanismo utilizado, sino por no abocarse al origen de ella: la inequidad social. La delincuencia es como el alcoholismo, no se combate cerrando las botillerías, sino tratando a los enfermos.
El jefe del Ministerio Público es el encargado de perseguir en nombre del Estado la comisión de los delitos, desde simples hurtos, hasta homicidios; desde estafas de poca monta, hasta organizaciones criminales de alta complejidad y alcurnia. Por ello, el cargo de Fiscal Nacional se vuelve imprescindible para el cumplimiento de ese propósito. El ordenamiento jurídico requiere de una figura dotada de poder y reconocida como legítima en su génesis y ejercicio. Tal exigencia forma parte del Estado de derecho.
Con la designación del abogado Jorge Abbott Charme, se cierra un ciclo y se abre otro. Termina un proceso que involucró al Poder Judicial (Pleno de la Corte Suprema), al Poder Ejecutivo (Presidenta de la República) y al Poder Legislativo (Senado), donde a su turno cada uno se ocupó de lo suyo, constituyendo la quina, eligiendo al candidato y ratificándolo. Hasta ahí todo perfecto.
Sin embargo, el ciclo que comienza el 2 de diciembre, cuando Jorge Abbott asuma su cargo por los próximos ocho años, más allá de la connotación propia de su función constitucional, deberá entenderse en el contexto de una ciudadanía mucho más empoderada, en términos de la observancia de la objetividad y circunstancias con que la Fiscalía realice su labor persecutora, y de qué cuantía será el esfuerzo hecho por el Gobierno en materia preventiva, mucho más que en la etapa de rehabilitación, donde una vez derramada la leche, ya es poco y nada lo que se puede hacer. Así lo demuestra la añosa deuda social acumulada desde la Colonia hasta el presente, pasando de unas escuálidas cárceles de adobe a megaencierros ultra tecnologizados.
Pues bien, ya ratificado el nuevo Fiscal Nacional, y a la sola espera de su asunción, hoy cabe preguntarse cuál va a ser el ‘sello Abbott’, en términos de su política persecutora, dónde pondrá el foco el señor Abbott, a quién perseguirá, cuándo lo hará, qué métodos utilizará, en qué territorios apretará más las clavijas y en cuáles otros hará la vista gorda; si solo se enfocará en el ‘combate a la delincuencia’ de los ‘portonazos’ que alucinan a los editores de los noticieros prime, más que a la delincuencia ‘ilustrada’ que se cuenta entre algodones; y de qué forma el ‘sello Abbott’ encontrará su lugar en el relato del Gobierno, no solo en materia de política persecutora, sino cómo la impronta del nuevo Fiscal se condice con el discurso oficial de lucha contra la delincuencia y la desigualdad social.
Jorge Abbott
En rigor, habrá que observar si el actual Gobierno y el siguiente (con Abbott aún en la Fiscalía) seguirán ensimismados, enceguecidos, en las consecuencias de la delincuencia mediática de los pobres (hurtos, asaltos, homicidios, estocadas), sin ocuparse de las causas de ella, como es la inequidad social que causa pobreza heredable, considerando que los países con bajos índices de delitos violentos, y por ende, menor cantidad de reclusos, poseen políticas distributivas más justas que Chille, como Suiza, Finlandia, Suecia, donde se dan el lujo de cerrar cárceles por falta de internos.
Habrá que estar atentos a que la ‘lucha contra la delincuencia’ no se convierta en ‘persecución hacia los más pobres’, vulnerando aquello que tanto preocupa hoy al nuevo Fiscal: que se cautele el principio de objetividad de los fiscales. Abbott ha garantizado que el Ministerio Público no tomará partido como afectado en las causas que investigue, sino que se hará cargo de perseguir y acusar a los criminales, y llevarlos a los tribunales para que sean condenados, o exculpados. Hasta ahí todo bien. Incluso cuando la flamante autoridad persecutora habla de salvaguardar el principio de presunción de inocencia, en tanto nadie debe ser condenado por la sociedad mientras no lo determine la Justicia.
Con todo, la discusión que viene es hasta cuándo y por qué razón el Estado chileno continúa abocado en una parte del problema, prescindiendo de la causa. Los ciudadanos se preguntan en qué momento los gobiernos se ocuparán en reducir los factores de riesgo social, cuándo se va a terminar la brecha económica, hasta cuándo los más pobres van a tener la misma carga tributaria que los ricos, cuándo el Estado chileno va a enfrentar el desarrollo del país como una cuestión inclusiva que dé iguales oportunidades de acceso a la educación, a la vivienda, a la alimentación, a la diversión, a una calidad de vida decente; hasta cuándo el Estado chileno verá como enemigos a los pueblos originarios, sin que medie una actitud inclusiva y reparatoria, de respeto a los derechos ancestrales, y a su dignidad cultural.
El senador y presidente del MAS, Alejandro Navarro condicionó su apoyo al nuevo jefe del Ministerio Público al cumplimiento de algunas materias, en especial, exigió un cambio de relación con los pueblos originarios respecto a los procesos judiciales que enfrentan a raíz de sus reivindicaciones territoriales. El parlamentario del Biobío dijo que el Estado chileno está al debe en el cumplimiento de las condiciones que eviten la proliferación de la delincuencia.
Alejandro Navarro
Senador, cuando usted se planteó la posibilidad de darle su voto a Jorge Abbott, tuvo en cuenta su lealtad con la Presidenta Bachelet, pero también con sus electores, ¿qué espera del nuevo persecutor nacional?
Antes de votar a favor de su nominación, le he pedido al Fiscal Abbott que no criminalice a la Araucanía, de que los problemas con los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, no es tema de delito, hay un problema político-social profundo que no se ha resuelto con militarizar ni investigar; los fiscales lo han hecho mal, la mayoría de los lonkos detenidos y procesados durante años quedan en libertad por falta de mérito y por falta de pruebas. Por tanto, algunos senadores esperaban mano dura en la Araucanía, yo lo que espero es una política muy amplia de recuperación de tierras, particularmente, de devolver a los pueblos originarios las tierras usurpadas, si no, los enfrentamientos van a continuar; cuatrocientos años duró la guerra contra España, y si no pudieron ser derrotados por la corona española, pretender que un centenar de carabineros, o un gobierno transitorio de cuatro años lo va a hacer, es una ingenuidad y una miopía política histórica.
¿Por qué cree usted que la lucha contra la delincuencia se concentra en los más pobres del sistema?
Yo lo he dicho: espero que al Fiscal Abbott no le tiemble la mano para perseguir a los poderosos, a los delincuentes de cuello y corbata, porque éstos, que roban cientos de millones de dólares, al final terminan con trabajos comunitarios, y un joven que tras haber bebido roba una chaqueta de 60 mil pesos, termina condenado a diez años y un día. Aquí hay una corrección que hacer: el combate a los delitos comunes tiene que ir de la mano del combate de los delitos de cuello y corbata; el delito tiene que tener igual posición de la Fiscalía sin mirar el tamaño de la billetera del que es investigado; por ello yo estoy por darle más recursos a la Fiscalía, pero también tiene que investigar más, que el 90 por ciento de los atentados y robos contra la propiedad privada sea archivado, es una cifra que no coadyuva a una mayor tranquilidad, y además que oculta el verdadero problema, que es el incumplimiento del Estado de garantías que eviten que haya condiciones para el delito.
Derechos Humanos, pobres y delincuencia
En opinión de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, abogada Lorena Fries, el problema de la desigualdad social es común para una buena parte de los países subdesarrollados, y afecta los derechos humanos de los más vulnerables de la sociedad, en tanto se construye sobre ellos el estigma de la delincuencia. Fries se refiere al enfoque que se hace contra la delincuencia, que concentra sus esfuerzos en los efectos de ella, y no en su origen.
“No es solo un problema de Chile, sino en general en América Latina, no querer asumir un camino que es un poco más largo, y quizás, un poco más caro, que es prevenir, si bien uno no puede decir que la desigualdad sea la causa de toda delincuencia, lo que sí se puede decir es que la desigualdad contribuye, o es uno de los factores de generación de delincuencia. Por tanto, la prevención tiene que ver con políticas de inclusión, con una cultura de respeto de derechos humanos, con mejor acceso y exigibilidad de derechos, y en eso somos un país débil, por lo tanto, sale más fácil irse por el atajo, que es, de acuerdo a nuestra encuesta de derechos humanos, que todo el que comete delitos, ¡para adentro!, y con eso, ya estamos satisfechos”.
Países como Suiza, Finlandia o Suecia, que tienen una forma más equitativa de distribuir la riqueza, se dan el lujo de cerrar cárceles por falta de reclusos, a diferencia de Chile, donde se promueven más recursos para los persecutores y para la apertura de nuevas cárceles. ¿Hay una relación causal entre pobreza y delincuencia?
Hay una relación, eso es innegable. Lo que no quiero decir es que desigualdad social es igual a delincuencia, lo que digo es que es un factor, y un factor a considerar, por ello la prevención tiene que ver con la inclusión y con mejorar las condicione de vida de las personas; por cierto que hay un margen de delincuentes que, independientemente de las políticas preventivas, o las políticas de bienestar que hayan, van a seguir existiendo, pero ese es un margen menor; el problema es que estamos focalizados en meter gente a la cárcel sin dar la posibilidad de rehabilitación, por tanto, esto es efectivamente la sociedad del castigo. Yo no quiero a Chile como una sociedad del castigo, sino como acogedora, y como producto de eso, disminuyen los delitos.
¿Chile está avanzando hacia un Estado policial, hacia la perfección de la labor persecutora?
Si seguimos ampliando las facultades de Carabineros o de la Policía (PDI), se además seguimos aumentando a través de los medios (de comunicación) esta paranoia con la delincuencia, y digo paranoia porque la percepción de inseguridad es mayor que la realidad de comisión de los delitos, entonces, efectivamente, podríamos llegar a algo así, donde cada uno siente que es un policía capaz de detener a otra persona, incluso lincharla en la calle, como también lo dice nuestra encuesta. (Revisar encuesta INDH 2015). Es peligrosísimo que un 46 por ciento de la población vea con buenos ojos las detenciones y los linchamientos ciudadanos. Eso es un atentado contra el Estado de derecho.
Durante la exposición de Jorge Abbott ante la comisión de Constitución del Senado, él se refirió a la prudencia que debían observar los fiscales para lo que llamó el fiel cumplimiento de resguardar el principio de presunción de inocencia, aludiendo a que la sola calidad de imputado de una persona no implicaba una condena, por lo que nadie debiese ser considerado culpable a priori. Sin embargo, ello fue leído por algunos sectores como un llamado a hacer la vista gorda cuando los involucrados en una investigación penal son personas poderosas, no así cuando se trata de personas humildes, a quienes se estigmatiza como delincuentes con mayor facilidad.
Todos los penalistas van a sostener que si hay algo que hace el sistema penal no es solucionar conflictos sociales, sino reproducir las desigualdades que ya existen en la sociedad, por tanto, quienes están en la cárcel son mayoritariamente de sectores pobres y sectores vulnerables, y es ahí donde se afecta a los sectores más pobres, y finalmente, los llamados delito del cuello blanco acaban de una u otra manera teniendo un debido proceso. Frente a ciertos juicios, el principio de presunción de inocencia se afecta en las comunidades mapuche, se afecta en jóvenes por el solo hecho de ser ‘flaites’, a quienes se les estigmatiza automáticamente como delincuentes antes de que cometan el delito, y eso es parte de una sociedad que es tremendamente clasista y que jerarquiza mucho socialmente los lugares a los que pertenecen las personas. Un pobre es sinónimo de (delincuente), un mapuche es sinónimo de (delincuente), en cambio, una persona con dinero es sinónimo de una persona respetable.
La inacción del Gobierno para eliminar la desigualdad
Ninguno de los dos ministros consultados por El Ciudadano el pasado miércoles 21 en el Senado –mientras participan en la elección del nuevo Fiscal Nacional– respecto a la inequidad social y a la vergonzosa distribución de la riqueza que caracteriza al Chile actual, se refirió a ella como desafío de la gestión del Gobierno que representan; por el contrario, ambos, optaron por el ‘atajo’ que menciona la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, en referencia a la cultura represora del sistema, más que el propósito de equilibrar la balanza social para que las oportunidades se repartan de manera más equitativa y oportuna.
Muy en la línea de orientar a la opinión pública hacia el convencimiento que la verdadera lucha es contra la delincuencia, y no contra los factores que la determinan –como es el enriquecimiento desproporcionado de la parte dominante de la sociedad–, el ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, prefirió destacar la importancia de ratificar a la autoridad persecutora en el Parlamento, y reivindicó su función.
“El Fiscal Nacional tiene el monopolio de la persecución penal de los delitos, en consecuencia, cuando se piensa en el Fiscal se lo hace en la labor que ellos (los fiscales) tienen que hacer en materia de persecución criminal; él no tiene facultades preventivas, sino más bien, facultades investigativas para perseguir la responsabilidad penal asociada a un hecho delictual que se ha cometido”.
Ministro, no obstante, la ciudadanía tiene la impresión de que la lucha contra la delincuencia se enfoca en la gente más pobre. A su juicio, ¿existe una relación causal entre pobreza y delincuencia?
El fenómeno delictual es más amplio, tiene que ver con prevención, rehabilitación, tiene que ver con articulación social, ciudadana, efectivamente es más amplio, pero (este) no es el foro de esa discusión, en el momento en que se está decidiendo, tiene que ver con la naturaleza de la discusión de la institución que se está discutiendo.
Entonces, se está yendo hacia el paroxismo de la delincuencia, como si todo fuera delincuencia, en rigor, los esfuerzos de los gobiernos chilenos se enfocan en las consecuencias del delito, pero nadie se detiene a pensar en las causas…
Eso de que nadie se detiene es un lugar común. Yo creo que hay muchas instituciones que están trabajando en esa dirección, de hecho, creo que no hay respuesta integral al fenómeno de la delincuencia si uno solo se dedica a la dimensión de la represión de los delitos o de la persecución penal, uno tiene que contemplar la variable de la prevención y de la rehabilitación, es un fenómeno integral y hay que abordarlo multidimensionalmente. Eso es efectivo”.
Su colega, la ministra de Justicia Javiera Blanco, quien tuvo un rol clave en la tarea de alinear a los senadores tras el nombre del candidato de la presidenta Bachelet, Jorge Abbott, también se inclina por el ‘atajo’, es decir, evita el camino largo, es decir, no se pronuncia cómo erradicar la desigualdad, y profundiza en la rehabilitación y en las condiciones personales de los infractores de ley, soslayando la obligación de su gobierno de luchar por una sociedad justa.
“La delincuencia no pasa por un solo elemento –sostiene Blanco en entrevista con El Ciudadano a la salida de la Sala del Senado–, nosotros siempre hemos dicho que la seguridad ciudadana tiene un área preventiva, una de persecución, y por cierto, una de rehabilitación; hay distintos actores interviniendo en estas etapas. La etapa preventiva hoy día se trabaja a través del programa ’24 horas’, que impulsa el Sename, (también) a través de programas de prevención de drogas, programas de atención a víctimas, de prevención situacional, de cómo diseñamos ciudades más seguras, más amables, donde la gente tome lo espacios. Después hay una etapa de persecución que tiene que ver con qué ocurre cuando ya se comete un delito, eso es lo que tiene que ver principalmente con la actuación de las fiscalías. Hoy estamos eligiendo a la persona que liderará la Fiscalía, por ello nos concentramos en esta parte de la discusión, que tiene que ver con la persecución. Luego hay una etapa de rehabilitación, donde está el trabajo de Gendarmería, de Sename, cómo a la gente que ha infringido una vez le damos oportunidades para que no vuelva a hacerlo. Esto es un continuo”.
Ministra, considerando la experiencia de otros países que tienen bajos índices de criminalidad, y por coincidencias, altos ingresos per cápita, a su juicio, ¿qué lugar ocupa en Chile la inequidad social en la delincuencia?
Es de una tremenda relevancia, la equidad social obviamente que tiene un impacto en una serie de otras variables sociales, como la frustración, las opciones de vida; creo que la equidad social a la que la Presidenta ha aludido en todo su programa también tiene un correlato en términos de opciones de vida futura, de cómo una persona de acuerdo al lugar donde nace puede desarrollar o no sus capacidades. Es un anhelo transversal, ahora, en qué punto (esto) se cruza con la seguridad ciudadana, creo que hoy tenemos un conjunto de personas que a temprana edad toman contacto con el mundo infraccionario, por qué lo hacen, es una pregunta súper interesante, lo que uno ve es que detrás de esas historias de vida, que tampoco estamos hablando de una gran cantidad de personas, en general son unos pocos, prolíficos, tras los cuales hay trayectorias de vida que tiene que ver con abandono, con la falta de una figura de un adulto responsable, con falta de oportunidades, con carencias…
Ministra, en una palabra: pobreza…
No necesariamente. Generar una relación lineal puede ser tremendamente injusto. Antiguamente una relación lineal hablaba de que consumidores era igual a delincuentes. Lo que hoy día tenemos detrás de acciones infraccionarias hay variables distintas que se concatenan respecto de una misma persona, pero no es una sola de ellas; sería tremendamente injusto establecer una relación lineal entre pobreza y conductas transgresoras, eso no es así. Lo que sí tenemos son carencias de distinta índole que operan respecto a una persona, que incluso pueden tener relación con características personales, individuales, que pueden tener que ver con oportunidades, pero que operan todas juntas afectando a una personas, y entonces sí se gatilla la posibilidad de una conducta transgresora. Pero no es una respuesta lineal. Es peligroso señalarlo así.
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