La acción judicial podría revelar las donaciones de grandes compañías a candidatos y partidos
Habla el accionista que incomoda a los directorios más poderosos de Chile: “La Fiscalía es la única reserva moral del país”
por ENRIQUE ELGUETA 28 octubre 2015
En junio interpuso una querella contra cerca de 100 directores de las compañías más grandes de Chile, acusándolos del delito de apropiación indebida por haber efectuado aportes en campañas políticas a las espaldas de los accionistas. Y ahora acudió nuevamente a la justicia con una querella, en el marco del caso SQM, contra Patricio Contesse y Giorgio Martelli, entre otros, por el delito de asociación ilícita, un recurso que le podría abrir de una vez la puerta al Ministerio Público para investigar a sus anchas.
Por él habla su abogada, Bárbara Salinas, pero ayer hizo una excepción. Tras haber presentado una querella que además considera los delitos de apropiación indebida y falsificación de instrumentos públicos y mercantiles, el juicio de Gajardo es claro: “Por error se planteó que aquí solo hay delitos tributarios y que no podía investigar el Ministerio Público”, sin embargo, “si hay personas que se dedicaban a recolectar fondos para campañas políticas, que fueron a una compañía a pedir dinero y estos los dividieron en cientos de boletas, hubo que ponerse de acuerdo”.
Lo anterior es lo que, a su juicio, explica la existencia de una supuesta asociación ilícita, una querella que en el mundo legal varios ven con incredulidad, a pesar de que su acusación por los aportes reservados contra Banco de Chile, Quiñenco, Latam, Antarchile, Cencosud, Endesa, Enersis, Copec, Falabella y SQM, avanza a paso firme, incomodando al espectro político y empresarial. Esto, luego de que el fiscal Ezio Braghetto le pidiera al Servel los montos de los aportes reservados de cada una de estas compañías.
No solo esto. También requirieron oficios al SII para que informe si algunas de estas compañías efectuaron rectificaciones derivadas de donaciones o aportes en campañas políticas, un tema que eventualmente podría abrir una investigación administrativa por parte de la SVS, considerando la reciente sanción que el regulador aplicó contra los directores de SQM por no haber informado US$11 millones en rectificaciones vía hecho esencial, asunto que no pasó inadvertido para Wolf Von Appen.
En este caso, sostiene que SQM tuvo que ponerse de acuerdo con los recaudadores, encontrar una justificación para emitir boletas presuntamente falsas, encontrar destinatarios, luego extraer el capital de la compañía, falsificar la contabilidad y materializar un delito tributario donde al mismo tiempo parece haber una asociación ilícita, una acusación difícil de demostrar en el mundo penal.
¿Por qué lo hace? “La Fiscalía se está transformando en la reserva moral del país”, advierte, y con esta acusación se le abrirían las puertas para investigar con libertad, pues –a su juicio– el SII o el Servel no están colaborando por esclarecer estos hechos. “Es absurdo que el Servel mantenga secreto si no se sabe si acaso el origen del dinero fue lícito o no. El mismo Servel, que es tan celoso del secreto, no se preocupó de revisar el origen de esos aportes (…). Resulta que si alguien se roba un auto y se lo pasa a otro para que lo use, este puede ser procesado por usar elementos robados. ¿Es creíble que a un candidato le pasen $1.000 o $2.000 millones y no se pregunte de dónde viene? ¿Si acaso su origen es decente o no?”, se pregunta.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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