Francisco Ugas: “Hay obligaciones en DD.HH. que el Estado no cumple”
Claudio Medrano | Lunes 19 de octubre 2015 16:04 hrs.
El ex secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, conversó en exclusiva con Radio Universidad de Chile luego que abandonara el cargo el 30 de septiembre pasado. “Hay muchos asuntos pendientes por parte del Estado para que podamos adecuarnos a los convenios internacionales firmados por nuestro país”, asegura.
Muchos se sorprendieron cuando a mediados de septiembre Francisco Ugas anunció su decisión de abandonar la secretaría ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Es que su labor al mando de este estamento había sido calificada por agrupaciones de víctimas de la Dictadura como fundamental para el avance de muchas de las causas que permanecieron entrampadas por años o, que por diversas razones, no habían sido investigadas por la justicia.
También por la gran cantidad de pendientes que habían sido enumerados por el propio Ugas y de las cuales ya había expresado, en más de una ocasión, su voluntad de poder avanzar. Pero, finalmente el 30 de septiembre abandonó el cargo aduciendo su intención de perfeccionar sus estudios en el extranjero, específicamente en España.
Precisamente desde ese país pudimos conversar con él y si bien no quiso conversar respecto de los motivos específicos de su salida, sí accedió a realizar una evaluación de su trabajo en el Programa y de los desafíos pendientes del Estado chileno en materia de reparación y justicia para las víctimas de la dictadura.
¿Qué balance hace de su trabajo en el Programa de Derechos Humanos?
Hubo aspectos positivos y otros preocupantes, por ejemplo, todavía nuestro Estado no da las respuestas que exige el derecho internacional en materia de derechos humanos por las violaciones cometidas durante el régimen de Augusto Pinochet y, cuando hablamos de derecho internacional, me refiero a cuatro aspectos principales que son: investigar los crímenes y perseguir a sus autores; sancionar con penas acordes a la gravedad de los delitos cometidos; reparar íntegramente a las víctimas de la represión; y garantizar que se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que hechos de este tipo se repitan en el país.
¿Hubo de su parte un interés especial por agilizar las causas pendientes que existían en la justicia?
En una primera etapa, a propósito de una modificación de la ley que permitió, entre otras cosas, crear el Instituto Nacional de Derechos Humanos, comenzamos a presentar querellas por las victimas ejecutadas, porque antes no se podía presentar acciones para este tipo de casos, solo se operaba con los desparecidos. Hecho esto, comenzamos a interponer las querellas, que se sumaron a las que ya había presentado la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, nos fuimos coordinando, trabajo que también desarrollamos con el Poder Judicial que, a través de la Fiscal Beatriz Pedrals, también presentó acciones. Ese era nuestro marco normativo en un gobierno de derecha donde era bien complejo poder avanzar.
Durante su periodo, las agrupaciones de ex prisioneros políticos encabezaron diversas movilizaciones, ¿cómo sobrellevó ese conflicto?
Era consciente que respecto de la víctimas de prisión política no estábamos haciendo nada, por eso cuando me designan secretario ejecutivo comenzamos a trabajar con el Comando Unitario de Presos Políticos para hacer propuestas a las autoridades. Evacuamos tres informes, uno de ellos relativo a la obligación de investigar y sancionar estos crímenes. Nos dimos cuenta de por qué el Estado debía intervenir. La propuesta era que se ampliaran las facultades del Programa, a propósito de las huelgas de hambre, fue un aspecto que estuvo viendo la mesa que encabeza Monseñor Alejandro Goic, y que tendrá que ser revisado, además, por la nueva subsecretaría.
Respecto de los puntos que presentan retrasos, ¿qué fue lo que se buscó relevar?
A nosotros nos interesaba que respecto de la reparación, nuestro país se adaptara a los estándares internacionales, que hubiese una reparación integral a las víctimas, porque hay diversas falencias: las pensiones son exiguas y existen incompatibilidades que tratar. Además, nos interesaba, por ejemplo, que para el real cumplimiento del compromiso de no reiterar estos hechos, los antecedentes que fueron recopilados en las diversas comisiones de verdad y justicia sean de conocimiento público. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a propósito de un requerimiento que formula Contraloría, evacuó un pronunciamiento de que se entregue esta información a los tribunales. (Ahora) tenemos la gran labor de que estos antecedentes sean dados a conocer, porque es parte de que se cumpla con la norma de que estos hechos no se repitan.
¿Cómo fue la relación con las agrupaciones de víctimas de la dictadura?
Creo que fue positivo que se haya podido instar a las distintas agrupaciones a participar de nuestro trabajo, no solamente con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de hecho, con ellos tuve la relación más dificultosa. Ellos fueron convocados y nunca quisieron venir porque consideraban un error político mi designación por haberme incorporado al Programa durante un gobierno de derecha, pero no así con las otras agrupaciones, como la AFEP. Con ellos desarrollamos un trabajo coordinado, formidable, y así con otras a nivel nacional, con agrupaciones de víctimas sobrevivientes. La labor con el Comando Unitario también fue notable y esperamos que pronto podamos ver los frutos de ese trabajo.
Yo tengo pendiente entregar un informe respecto de una propuesta de políticas públicas en materia de sitios de memoria, archivos documentales y respecto de la difusión de la memoria. Hay una mesa de trabajo donde participan distintas instituciones del Estado, incluso el INDH que es autónoma, entonces, hay cosas que pudimos ir desarrollando, pero también queda muchísimo por hacer y esa es la principal preocupación que tengo.
¿Hubo voluntad por parte de las Fuerzas Armadas y de sectores políticos como la derecha para colaborar con su trabajo?
Es un tema complejo, pero desde el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet hubo un respaldo para desarrollar actuaciones en ese sentido. En el gobierno anterior era más complejo y eso subyace porque la anterior Secretaria Ejecutiva dificultaba mucho el trabajo, pero ahora yo sentí apoyo en sentido de avanzar en las causas, por ejemplo, si necesitábamos hacer una investigación y no había recursos, se nos hacía llegar y eso es un mensaje bien potente que se plasmaba en actuaciones concretas.
Respecto de las Fuerzas Armadas ha habido dificultades que han salido a la palestra. Sé que no son las mismas personas que hoy están a cargo con las que violentaron los Derechos Humanos, pero creo que aquí la colaboración debe ser concreta, decidida, mucho más firme y eso no lo vi de parte de las FF.AA. Yo hubiese esperado mayor proactividad.
Usted mencionó que hay más de un millar de causas abiertas hoy en la justicia relativas a crímenes de la dictadura, ¿cómo se puede agilizar dichos procesos?
Las decisiones jurisdiccionales son propias del Poder Judicial, el tema de la disposición de jueces es una decisión que debe ser evaluada por dicho poder. Sí creo que es importante atender las demandas propiamente de las víctimas y de los familiares, porque muchos de ellos piden una verdad que les ha sido esquiva, porque es escasa la información que entregan las FF.AA. y los agentes de la dictadura que aún están vivos, hay también muchos familiares que quieren mayor verdad, particularmente de víctimas desaparecidas que se investigue su destino final y eso no se está haciendo. Si tú revisas nuestra normativa interna puedes encontrar que un derecho fundamental es la búsqueda de los cuerpos de las víctimas desaparecidas, eso tiene que plasmarse en una obligación que tiene que cumplir el Estado y no se está investigando.
Otro asunto, ante crímenes de lesa humanidad se dice que se deben imponer penas proporcionales, entonces no se explica que se impongan penas de presidio menor a cinco años a un sujeto que ha cometido un homicidio de este tipo, porque tiene que ser una señal para la ciudadanía de que estos hechos no pueden volver a ocurrir. Hay múltiples elementos que considerar, pero creo que es importante que el Estadose ponga las pilas para que realmente cumplamos, ya no oportunamente porque han pasado muchos años, pero tenemos que hacer un esfuerzo máximo para cumplir con esas obligaciones y decir que nuestro Estado cumple con los derechos fundamentales de las personas.
De acuerdo a su experiencia, ¿existen los pactos de silencio al interior de las Fuerzas Armadas?
Yo te puedo decir que sí existen esos pactos y, precisamente, el caso quemados es paradigmático en ese sentido, u otros, como el de Beatriz Quiroga y Víctor Jara, ¿Sabes cuánto nos costó saber cuáles fueron los regimientos que estuvieron a cargo de custodiar y reprimir a los prisioneros del Estadio Chile? fue muy difícil y ahí la colaboración entre el Poder Judicial y la Policía de Investigaciones fue relevante, porque los involucrados no entregaban ninguna información, es más, hasta el día de hoy que el proceso está en etapa de plenario, porque se dictó acusación de oficio, ninguno de los sujetos que se encuentran acusados reconoce haber cometido un crimen y son todos tenientes que tenían poder de mando en el recinto. Los encargados de las Fuerzas Armadas deben dar una señal de que ya no son las mismas instituciones que vulneraron los Derechos Humanos como en el pasado y, (por ello) deben instar a que se entregue la información, porque esto afirma una sociedad democrática, solo con verdad y justicia podremos promover la reconciliación.
¿Cuáles son los desafíos que debe afrontar el Programa ahora que se incorporará a la subsecretaría de Derechos Humanos?
Creo que los desafíos pasan primero en justicia transicional, en ahondar en esos pasos decisivos que apuntan al cumplimiento de las obligaciones internacionales. Tenemos una brecha importante respecto de la investigación de casos de prisión política y tortura que no se están desarrollando; tenemos brechas en el establecimiento de sanciones a quienes cometieron estos crímenes… A mi juicio se debe establecer un criterio firme y uniforme respecto que las medidas de prescripción no pueden ser aplicadas en este tipo de crímenes. En reparación tenemos otra brecha importante y a propósito del trabajo de la mesa de alto nivel, van a salir propuestas que tendrán que ser acogidas por nuestro Estado.
Es importante en el ámbito de las obligaciones no reiterar estos hechos. Por eso, los antecedentes de las comisiones de verdad y justicia deben ser públicos para la ciudadanía, respetando la honra de las víctimas en caso de abominaciones como las violaciones a mujeres, donde se entiende que la víctima o la familia no quiere que eso se haga público, pero hay formas de resguardar esa intimidad. El hecho represivo debe ser conocido por la ciudadanía.
En materia de reparación simbólica se deben concretar temas que tiene que ver con el financiamiento de los sitios de memoria, un tratamiento especial a los archivos documentales. Hay mucho por hacer, pero lo importante es que se den los pasos decisivos y ese es el principal desafío que tiene el Programa
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