Especulación inmobiliaria tras el 27/F: La erradicación forzada de los vecinos de la Villa Futuro
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Publicado: 28 .02 .2013
La escasez creciente
de suelo urbano es uno de los principales escollos para el negocio
inmobiliario en nuestro país. Es por eso que no son pocas las
oportunidades en las que un área que años atrás era considerada
marginal y despreciable, hoy adquiere un valor inusitado en virtud de
los diversos avances urbanísticos que la rodean. Eso es lo que impulsa a
diferentes actores sociales (privados y públicos) a generar una serie
de estrategias para quedarse con tales espacios, lo que en general se
hace de manera legal pero no siempre de manera legítima.
Algo así ocurre hoy en los terrenos de la actual Villa Futuro (Chiguayante) desde que se sabe que pasará una moderna carretera por uno de sus lindes que es la orilla norte del río Bío Bío.
Esta vía, que será la continuación natural de la ya realizada en
Concepción, conectará de manera expedita la zona de Hualqui con la
capital regional, lo que le añadiría importantes hectáreas urbanas a la
estrecha situación de las urbes penquistas. El Estudio de Impacto Ambiental,
presentado a finales de 1999, ya señalaba de forma expresa que la obra
vial se destacaba por la incorporación de importantes hectáreas de
Hualqui, comuna más alejada de la intercomuna hacia el este, a la
creciente demanda inmobiliaria: “Lo que es de gran importancia, porque
permite solucionar, en gran parte, la demanda de suelo urbano prevista.
En esta demanda destacan los casos de Concepción y Chiguayante”. En el
texto además se lee:
-El proyecto permitirá incorporar a la comuna de Chiguayante amplios
terrenos para urbanizaciones residenciales destinadas a población de
ingresos medios y altos, lo que implica un mejoramiento de las
características socioeconómicas de esta comuna, un incremento en la
superficie de áreas verdes y un potencial estímulo para el desarrollo de
proyectos inmobiliarios. Estos aspectos inciden positivamente no sólo
en la imagen y rol residencial de Chiguayante, sino también en los
ingresos municipales y desarrollo económico de la Comuna.
Ya había ocurrido antes que los terrenos de la población Aurora de
Chile, en la costanera de Concepción, tras quedar al centro mismo de los
intereses inmobiliarios, pasaron de ser rellenos que los propios
pobladores hicieron, a contar con una superficie que hoy no vale menos
de $500 mil el metro cuadrado. Es claro entonces que los apetitos de la
empresa y, por ende, los consecuentes deseos de las autoridades de
turno, comiencen a crecer. Intereses por lo demás altamente
comprensibles, ya que la esencia de cualquier negocio es comprar barato y
vender caro, pero el problema es que al medio de ese zapato chino hay
unas piedras del tamaño de un meteorito. Esas son las personas que viven
en el lugar, las que observan impávidas cómo las retroexcavadoras de la
modernidad les comienzan a rozar las orejas.
El caso de Villa Futuro es otra excelente muestra de cómo fue usado
el pretexto del terremoto y una serie de otras prácticas, para terminar
erradicando a 1.300 familias de ese lugar sin que estas alcanzaran ni a
enterarse. Una oportunidad caída del cielo, o más bien emanada de las
profundidades de la tierra, para los que ya avizoraban que tales
terrenos comenzaban a tener un valor insospechado.
En el año 2010, el terremoto del 27 de febrero de 2010 vino a remover
las piezas de este ajedrez urbanístico gigante. En Villa Futuro
existían 29 pares de bloques con 48 departamentos cada uno en los que
habitaban 1.320 familias propietarias. Aunque se trataba de
construcciones que ya tenían dos décadas y que habían sido objeto de
cuatro reparaciones por filtraciones, no sufrieron ningún daño
estructural y se encontraban completamente habitables. Solo existió un
caso, completamente excepcional, de un edificio que tras el terremoto
vio afectado uno de sus pilares producto que un vecino había realizado
una ampliación irregular sin permiso. Esto fue absolutamente corroborado
por el director de Obras de la Municipalidad de Chiguayante, Marco
Muñoz Castro, quien afirmó que después del terremoto los informes
arrojaron que los edificios eran habitables a excepción del bloque 456,
que por el daño tuvo que ser objeto de demolición. Si bien existían
daños puntuales, como el de las escaleras que unían a los edificios, de
cualquier forma los departamentos estaban en buenas condiciones.
Los vecinos comenzaron a ser presionados a firmar la transacción, la que en ninguna parte obliga al Serviu a reconstruir en el mismo lugar como se dijo en un comienzo. Tampoco definía la calidad de las soluciones alternativas, por lo que algunos vecinos comenzaron a negarse a firmar, puesto que no entregarían sus casas a cambio de un par de frases vagas en un papel que solo podían leer al momento de la firma en la notaría
Era claro que la villa requería solo reparaciones superficiales, pero
el tema no terminaría allí. A pesar de todos los antecedentes, parecía
existir un objetivo diferente al de apoyar a un grupo de vecinos
preocupados por sus viviendas. Según el mismo director Muñoz Castro, el
Gobierno continuó buscando argumentos para la demolición de Villa Futuro
y se contrató al IDIEM -Instituto de Investigaciones y Ensayos de
Materiales- de la Universidad de Chile para que de forma independiente
hiciera una evaluación. La conclusión del buen estado de los edificios
fue la misma.
Pero algo hizo que la búsqueda no quedara allí. Una nueva supuesta
amenaza brotó de pronto como una vertiente que se filtra desde las
profundidades a la superficie de la tierra. Se comenzó a hablar de un
serio peligro de “licuefacción”, una palabra tan difícil como
aterradora que significa que el sólido suelo que pisaban esos pobladores
se les podría volver agua producto de las presiones que ocasionó el
terremoto. Habían sobrevivido casi sin daños a un megaterremoto y a un
devastador tsunami y, a pesar de eso, aún se les podía licuar el piso
¿Sería eso posible? Respecto a esto los estudios correspondientes
concluyeron que no existía ninguna amenaza de tal fenómeno, lo que fue
ratificado por un informe del Serviu de Bío Bío emanado el 12 de marzo de 2012 que afirma que “en general son suelos homogéneos, aptos para fundaciones”.
Se chocó de nuevo con la solidez de los argumentos técnicos que
tuvieron tanta consistencia como los suelos de Villa Futuro. Así es que,
al parecer, había que buscar por otro lado. Finalmente, se optó por un
estudio de tipo económico que concluyó que era más barato volver a
construir que reparar. Con ese argumento llegó Jacqueline van
Rysselberghe (Intendente de la Región del Bío Bío en esa época) junto a
un equipo de profesionales y políticos a realizar una masiva reunión en
la villa el 21 de agosto de 2010. Según información de radio Bío Bío,
y tal como consta en un video de esa reunión, la intendenta señaló que
“los bloques de la Villa Futuro que resultaron dañados con el terremoto
del 27 de febrero serán demolidos. Vecinos y autoridades locales se
manifestaron conformes”. En la misma nota de prensa se indica que la
Intendenta, acusando deficiencias en la calidad de los edificios, señaló
que era más caro reparar los departamentos que construir unos nuevos y
que en noviembre comenzaría la demolición para luego levantar los
edificios en el mismo lugar. En la instancia además se agregó que los
nuevos departamentos serían de 55 metros cuadrados, y no de 38 como
fueron diseñados originalmente.
Pronto aparecieron las trizaduras de esa propuesta que se veía muy
atractiva en su momento pero que, a poco andar, se desplomaría. Ello
porque toda la operación se basaba en una transacción extrajudicial que
planteaba que el vecino debía ceder su departamento al Serviu y
renunciar a cualquier acción judicial. También contemplaba que este
servicio obligaba a compensar al cedente. El problema era cuál era la
compensación. Duda que el mismo documento aclara cuando define varias
posibilidades para materializar el pago. Esto es: reconstrucción en el
lugar, una suma de dinero entregado en la mano del beneficiario de 580
UF, subsidio para ser usado en cualquier otro proyecto y una última
alternativa de $ 15 millones divididos en dos instancias.
La primera gran interrogante fue ¿por qué había tantas alternativas
si lo que se había prometido era la simple reconstrucción en el lugar?
La respuesta fue que era por si alguien quería aprovechar de irse de la
población. Sin embargo, lo que sucedió en la práctica fue que los
vecinos comenzaron a ser presionados a firmar la transacción, la que en
ninguna parte obliga al Serviu a reconstruir en el mismo lugar como se
dijo en un comienzo. Tampoco definía la calidad de las soluciones
alternativas, por lo que algunos vecinos comenzaron a negarse a firmar,
puesto que no entregarían sus casas a cambio de un par de frases vagas
en un papel que solo podían leer al momento de la firma en la notaría de
Chiguayante. La transacción se tenía que firmar en la notaria sin
asesoría alguna y sin haber podido leer el documento con anticipación.
Fue entonces cuando comenzó el trabajo de profesionales, dirigentes
territoriales y políticos para convencer o directamente impulsar a la
gente a la firma de los convenios.
Según un dirigente fundador de la Junta de Vecinos 14C de Villa
Futuro, el alcalde de Chiguayante Antonio Rivas y el senador Alejandro
Navarro, promovieron la entrega de los departamentos de unas mil
familias sobre la base de que una supuesta empresa norteamericana iba a
construir algo muy conveniente en otra zona. Sin embargo, el dirigente
comentó que con el tiempo se supo que esos terrenos tenían alto riesgo
de inundarse, que valían menos de una cuarta parte de lo que valen los
terrenos de Villa Futuro y, una vez que se protestó, el proyecto se hizo
humo. En vista de estos y otros hechos, la credibilidad estaba bastante
dañada, por lo que en algún momento se pasó a una etapa de presión
directa en que se les habría dicho que si no firmaban la entrega de los
departamentos, se quedarían sin casa o recibirían solo $ 4 millones.
Los vecinos sostienen que lo que se hizo fue una maldad porque,
aprovechándose de la necesidad de la gente, les ofrecieron dinero fresco
y en muchos casos la gente vio la posibilidad de pagar deudas,
comprarse un auto o un plasma, y, sin mirar más allá, firmaron. Hoy
muchos de ellos no saben qué hacer, puesto que pasaron de ser
propietarios de un departamento que podía resistir siete terremotos más,
a ser allegados en cualquier parte o a ser ocupantes ilegales de su
propio departamento. Algunos vecinos cuentan que tras entregar los
departamentos al Serviu, se les obligó al pago de los gastos de luz y
agua del departamento con posterioridad a ser entregado, por lo que hoy
tienen deudas adicionales de 1 ó 2 millones por una vivienda que ya no
les pertenece. Para otros, el dinero que les dio el Serviu sólo les
alcanzó para comprar otro terreno y empezar la obra gruesa de un nuevo
hogar, por lo que hoy no cuentan con luz o agua potable, o bien han
tenido que endeudarse para poder mejorar las condiciones de su nueva
vivienda.
También existe mucha gente que se resiste a recibir el proyecto de
reconstrucción en la misma Villa Futuro porque lo que se les prometió no
es lo que hoy pueden ver concretado en la práctica. Por ejemplo, en el
caso de la Villa Santa Francisca, que está al lado de la Villa Futuro,
los vecinos se encuentran con que el departamento que tienen asignado
prácticamente no tiene terminaciones y está en peor condición que lo que
recibieron hace 20 años atrás en Villa Futuro. Actualmente hay
construcciones en curso en Hualpén, en Hualqui y en Chiguayante, pero
ninguna de estas soluciones es exclusiva para Villa Futuro, ni mucho
menos emplazada en los terrenos originales tal como se prometió
Aún más grave es que las mismas autoridades, sobrepasando la ley,
invitaron a los vecinos a desmantelar sus departamentos para llevarse lo
que estimaran conveniente. Así es como hoy Villa Futuro está llena de
viviendas sin puertas, ventanas ni sanitarios; las que están siendo
habitadas por los mismos ex dueños o por delincuentes que se han
asignado esas viviendas en las sombras de la noche. Esto ha convertido a
la población en un nido del lumpen. Hoy hay edificios tomados
completamente que se han convertido en nido de delincuentes y
drogadictos. Según los vecinos que continúan viviendo en Villa Futuro,
en algunos casos hay edificios que tienen ocupantes que no son de la
población hasta en un 80%. Debido a esto, quienes aún se mantienen en la
villa se han organizado en comités ante la incertidumbre e inseguridad.
Hoy quedan 60 familias que aún se resisten a firmar y que continúan reclamando por lo que originalmente se propuso y que todos aplaudieron ese 21 de agosto de 2010: la reconstrucción de edificios nuevos en el mismo terreno
En caso de que finalmente el Serviu logre erradicar a toda la gente
de Villa Futuro, va a quedar con un terreno muy amplio, con una
creciente plusvalía, completamente urbanizado y que, probablemente, será
vendido a un grupo inmobiliario que construya casas de otra categoría.
Así lo informó el senador Hosain Sabag -según cuentan dirigentes
vecinales- en la reunión que sostuvieron los vecinos que aún viven en
Villa Futuro con la Comisión de Vivienda del Senado. En la instancia,
Sabag les habría manifestado que cedieran porque los terrenos no les
pertenecían (información que no es exacta) y les habría informado que el
lugar estaba destinado a la construcción de casas de 1.300 UF o más.
En el transcurso de estos tres años hubo muchos funcionarios y
políticos a los que les tocó participar en lo que estos dirigentes
llaman “un fraude”. Sin embargo, uno de los más trascendentes, y por
ende en el cual se personificaron más denuncias, fue el director del
Serviu de la Región del Bío Bío, Sergio Jara. Por ello, la salida de
este personero que se hará efectiva a partir de marzo de este año, fue
recibida como un éxito adjudicable a las gestiones de la llamada “Red
Construyamos” en general y a la Junta de Vecinos de Villa Futuro en
particular.
Finalmente, y luego de que más del 90% de las familias firmaran
aquella transacción extrajudicial que selló su destino habitacional
para siempre, no está muy claro lo que los vecinos pueden hacer. Será la
historia la encargada de preguntarse qué fue lo que motivó a la ex
intendenta Jacqueline van Rysselberghe a realizar aquellas aplaudidas
promesas de reconstrucción en el mismo lugar. La frase “traigo una buena
noticia, pues el Presidente nos autorizó a demoler los edificios y a
reconstruirlos de nuevo en el mismo lugar y mejores que antes” se
transformó en el sólido piso inicial de aquellas esperanzadoras
negociaciones; pero sufrió un extraño proceso de “licuefacción” que
terminó por disolver y hundir 20 años de convivencia y crecimiento
comunitario.
Hoy quedan 60 familias que aún se resisten a firmar y que continúan
reclamando por lo que originalmente se propuso y que todos aplaudieron
ese 21 de agosto de 2010: la reconstrucción de edificios nuevos en el
mismo terreno. En esa misma estoica porfía están los dirigentes de la
actual Junta de Vecinos.
Hoy pobladores están siendo atomizados y disparados hacia los nuevos
cinturones de miseria de la creciente ciudad. Allí encajarán por algún
tiempo más, se reorganizarán y se estrecharán nuevas confianzas hasta
que la siguiente expansión urbana los haga despertar otra vez a ellos o
a sus hijos, al ritmo de un baile que ya comienza a ser hasta monótono y
cada vez más frecuente: el baile de los que sobran.
(*) Rodrigo Sanzana es sociólogo y observador del proceso de
reconstrucción en la Región del Biobío, coordinador regional para el
proyecto Observatorio 27F – Ciudadanía Territorial, Consorcio Habitat
para la Humanidad, SurMaule, BiobioProyecta, SEDEJ y Fundación
Patrimonio Nuestro. Información usada en este texto apareció en el
reportaje “El baile de los que sobran” , escrito por Adolfo Garrido y publicado en www.redconstruyamos.org.
FUENTE: CIPERCHILE
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