Sueldo mínimo en Chile, más bajo imposible
Piñera anunció adelantar el
reajuste del salario mínimo. Eso habría sido una medida apropiada si
significaba corregir las carencias, incluso reconocidas por Renovación
Nacional, del monto fijado en 2012, cuando el Ejecutivo se cerró a no
llevarlo, a lo menos, a $200.000. Sin embargo, el proyecto de ley
enviado al Congreso no tuvo ese carácter sino que determina su nivel
hasta mediados de 2014, es decir pretendiendo que no se produzca ningún
otro incremento durante la actual administración. Lo hace cuando los
salarios en general están aumentando en doce meses un 6%, porcentaje muy
similar al propuesto para el ingreso mínimo, con el pequeño detalle que
éste se hace por un periodo mayor. De otra parte, sus esfuerzos van
orientados a transformarlo en un asunto “técnico”, no discutirlo con
las organizaciones de trabajadores y dejar de lado sus dimensiones
políticas. En la etapa actual el tema de fondo es entenderlo como un
mecanismo de protección social, que asegure en esta fase a sus
receptores que salgan de la situación de pobreza. Ello cuando
determinar la línea de pobreza está en discusión y debe pasar a ser un
motivo de preocupación ciudadana.
Sebastián Piñera dio inicio a su
participación abierta en el proceso electoral presidencial al anunciar
el 10 de marzo un bono en que incluyó a familias que denominó de “clase
media” con ingresos de hasta $1,3 millones. Uno de los inspiradores de
esta incorporación –discutida en estricta reserva con los ministros
Felipe Larraín, Joaquín Lavín y Cristián Larroulet, tanto así que el
tema no estuvo presente en el consejo de gabinete efectuado en La Moneda
dos días antes –lo constituyó un documento del Banco Mundial, dado a
conocer en el pasado diciembre, titulado “La movilidad económica y el
crecimiento de la clase media en América Latina”, donde se señala que
“la clase media en auge podría llegar a transformar el contrato social
de la región”.
En dicho trabajo el organismo
internacional clasificó como “clase media” a quienes tienen un ingreso
diario de US$10 (aproximadamente según cifras de marzo $4.300) hasta
US$50 diario ($23.500), o sea entre $141.000 a $705.000 mensuales[1].
Sin duda forman parte de los asalariados. “Hace años –declaró Mario
Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE- que se viene
hablando de clase media y nosotros somos escépticos de esa figura. En
verdad –agregó-, se trata de gente que dejó la pobreza extrema, pero aún
es vulnerable. Es gente (…) con miedo de perder lo ganado por su
situación de vulnerabilidad. Cuando se jubila o tiene un problema
familiar –añadió- las familias caen otra vez en la pobreza extrema. Hay
muchas incertidumbre en sus vidas” (12/03/13). Ciertamente en ningún
análisis serio de clases sociales se le denominaría de “clase media”.
El bono a entregar es por $40.000 y
$7.530 adicionales por hijo menor de 18 años o integrantes
discapacitados. El gobierno estima que lo percibirán aproximadamente
dos millones de personas. Cuando en la discusión presupuestaria de 2013
se le planteó al Ejecutivo aumentar en US$250 millones los recursos
destinados a educación pública la respuesta fue que no existían fondos
sin embargo al bono se le financia en US$200 millones.
El director del Instituto Libertad y
Desarrollo (ILD), Luís Larraín, integrante del “alma” de la coalición
gubernamental que se opuso al ajuste tributario se preguntó si el fisco
como dice ahora tiene recursos, ¿por qué entonces, aumentó los
impuestos? Y si fue un gran problema de estimación, correspondería
devolver esos recursos (…) rebajando los impuestos” (16/03/13). En
verdad, la existencia de excedentes ya se conocía cuando se discutió el
presupuesto fiscal 2013, tanto es así que poco después de aprobado la
Dipres dio a conocer que su estimación de incremento en el gasto público
durante 2012 no era el informado durante la discusión sino
sustancialmente inferior. De esta manera, limitó el incremento del
gasto público para que su crecimiento no fuese superior al producto. El
ministro de Hacienda, ya señaló que en el año “no llegaríamos al 6% de
crecimiento”. En verdad, como lo demuestran las cifras de las Cuentas
Nacionales ningún año se alcanzó este porcentaje colocado como promesa
electoral por la administración Piñera alcanzando en 2012 a 5,6%.
El bono no se orienta tampoco a superar
ninguna de los grandes problemas socioeconómicos del país, el mayor de
los cuales es la mala distribución del ingreso. “El objetivo de la
política social debiera ser –constató el director del ILD, planteándose
un objetivo más limitado – sacar a las personas de la pobreza y el bono
no les ayuda a superar esta situación”. Para ello deben incrementarse
en forma permanente los ingresos reales a las personas que perciben
menos recursos. Sin embargo, no es ese el objetivo del bono, sino el
“clientelismo” político, usando la expresión empleada por Luis Larraín.
Esta iniciativa -que proporcionó un ingreso temporal extra a un número
importante de personas- fue aprobada por unanimidad en el Congreso.
Mirado del ángulo macroeconómico, en un país con demanda interna
elevada, como señaló Ricardo Ffrench Davis, “si se quiere dar a hogares
de ingresos medios y bajos (lo que es progresivo si se financia bien)
hay que quitar a otros” (21/03/13). Ellos deben ser sectores
beneficiados con el modelo económico en aplicación.
Al mismo tiempo, Piñera anunció un
adelanto en el nivel de los salarios mínimos a lo menos de $200.000
brutos. Felipe Larraín en un seminario realizado en Icare luego de los
anuncios, incorporándose también plenamente a la campaña electoral, al
dar a conocer estas medidas y la evolución en su visión de la economía,
recalcó textualmente: “yo no soy neutral”, llamando a los asistentes a
votar en las elecciones futuras por la coalición de gobierno
(20/03/13). Con un adelanto de reajuste se habría recogido la demanda
efectuada por Renovación Nacional cuando se discutió su monto a mediados
de 2012. “Viene a finiquitar –declaró Bárbara Figueroa, presidenta de
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)- el debate del año pasado. El
gobierno insistió en su propuesta inferior a los $200.000, incluso en
oposición a la postura que tenían sus propios parlamentarios de RN,
quienes sostenían los $200.000 como pie para negociar (…) y, por lo
tanto, entendemos que este debate no se adelanta, sino que viene a
finiquitar el del año pasado” (14/03/13).
Dado a conocer el paso a dar con los
salarios mínimos en líneas generales, el ministro de Hacienda convocó a
la Comisión Asesora del Salario Mínimo, para poner cifras concretas a
la determinación política ya adoptada. O sea el Ejecutivo procede a
establecer el salario mínimo, no solo sin discutirlo ni escuchar las
opiniones de los trabajadores, sino que la función de su Comisión
Asesora la reduce a hacerle proposiciones sobre el monto de un reajuste
para intentar darle así un matiz técnico, el cual regiría según su
proyecto entre el primero de abril y el 30 de junio de 2014, buscando
así dejar sin efecto la discusión que se viene efectuando a mediados de
cada año para establecerlo desde el primero de julio. “En la forma que
se hizo el anuncio –constató incluso Cecilia Cifuentes, del ILD- parece
más político que técnico (…), no hay una política clara atrás”.
Los miembros de la Comisión Asesora
entregaron individualmente sus propuestas, recomendando un alza promedio
de 5,6% nominal, que de haberse aceptado llevaría los salarios mínimos a
$203.822, suma muy similar a las propuestas efectuadas al Ejecutivo a
mediados de 2012. Los hechos demuestran que no existía ninguna razón
para no establecer ese monto el año pasado, en un cuadro de situaciones
económicas muy similares. Ahora bien un incremento nominal de 5,6% por
quince meses no constituía tampoco ninguna ventaja para los receptores
del salario mínimo ya que el momento de efectuarse la propuesta la
variación de las remuneraciones generales del INE en doce meses
registraba un incremento anual de 6%. Los precandidatos presidenciales
de la derecha hicieron suyo este porcentaje. ¿Cuál fue el papel
desempeñado por la llamada Comisión Asesora, algunos de cuyas
integrantes se pronunciaron por un incremento incluso superior al 8%?
En la práctica, ninguno. Entre los parámetros utilizados para
determinar la cifra se utilizaron los datos de inflación, inflación
esperada, crecimiento del empleo y evolución del producto, lo que no se
plantearon fue cuál es el sentido de un salario mínimo, que es el tema
principal.
Con ese porcentaje, señaló el diputado
Carlos Montes, “es muy difícil que alguien pueda vivir. Lo razonable es
que si la coyuntura económica está en el nivel que se plantea, el
reajuste sea superior” (16/03/13). No se debe olvidar que en 2013, el
propio subsecretario Baranda habló de $250.000, que es la misma cifra
propuesta por la CUT. Finalmente el proyecto de ley propuso un reajuste
a $205.000, con un incremento nominal de 6,2%, pero por un lapso de
quince meses. Es decir, sería inferior al incremento en períodos
similares de las remuneraciones generales. Claramente tampoco Piñera
consiguió dar con su propuesta de salario mínimo un golpe de efecto
político.
Ahora bien, ¿el determinar los salarios
mínimos es exclusivamente un problema técnico, como pretende centrarlo
el Ejecutivo y su Comisión Asesora, o debe entenderse como un mecanismo
de protección social? El hecho que se determine por ley ya significa
que se descarta, como lo plantean los sectores más recalcitrantes, que
se deje entregado a un mercado en que la relación entre las partes es
absolutamente desequilibrada. Si es una ley ¿cuál debería ser el piso
a alcanzar? Sin duda, el que sus receptores salgan de la situación de
pobreza que es un imperativo ético. De allí la importancia que tiene
determinar la línea de pobreza per cápita y por hogar promedio,
habiéndose ya descartada la basada en una encuesta de consumos de dos
décadas atrás. Esta es la línea a determinar para luego estudiar la
rapidez con que se cubra la brecha existente y la forma de efectuarlo,
teniéndose presente que la línea de pobreza está determinada por el
índice de precios de los sectores de menores ingresos de la población,
en que tiene un peso muy grande los alimentos.
“Que los salarios y empleo crezcan
–escribió Andrea Repetto, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, que
viene planteando desde hace años la necesidad de reformas laborales- es
una buena noticia. Pero no hay que olvidar –añadió- que la situación
de las familias es heterogénea y que en nuestro país conviven
diferencias sustanciales. Por ejemplo, un empleo al salario mínimo,
luego de descontar las imposiciones previsionales, apenas mantiene una
familia de dos a niveles bien cercanos a la línea de pobreza. Una
economía sana genera más oportunidades, pero es en parte trabajo de la
regulación el que estas alcancen a todos” (19/03/13). Las regulaciones
son una responsabilidad del Estado.
¿Qué significa la propuesta del
Ejecutivo? Si ese nivel bruto es de $205.000, en términos líquidos se
reduce a $164.000 y luego al gastarlos se debe cancelar el 19% del IVA,
por tanto, puede adquirir bienes y servicios hasta $132.840. El salario
mínimo de los jóvenes, en una discriminación odiosa, es aún inferior,
además se debe tener en cuenta que en los hogares promedio existen
cuatro integrantes, teniendo en algunos casos más de un ingreso, pero no
en otros. El gobierno ha publicitado profusamente la comparación de
los salarios mínimos en Chile con los de otros países de la región, lo
que no dice es que su nivel en todos ellos es bajo y reproducen el
problema existente en el país. Más aún, si la comparación se hace con
los salarios mínimos reales por hora de la OCDE se ubican los de Chile
en los últimos lugares, superando solo a México dentro de los países que
entregan sus antecedentes.
Por Hugo Fazio
El Ciudadano
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