27/F: La historia oculta de una manipulación política
- Fernando Thauby
- Capitán de Navío en retiro
En el contexto de las conmemoraciones del tercer aniversario del terremoto y tsunami
del 27 de febrero del año 2010 han aparecido varios artículos referidos
a las circunstancias políticas de los eventos de dicha noche.
¿Políticas? Sí, pues es obvio que las instituciones que debían actuar
no funcionaron. Para algunos no funcionaron los órganos técnicos, como
planteó Oscar Guillermo Garretón en un periódico; para otros no funcionó
el mando político, como quedó claro en el video que muestra a la
Presidenta Bachelet y su gabinete en la Onemi, sin saber qué decidir ni
desarrollando protocolo alguno de los que la directora de esa oficina
había asegurado que existían.
Sin embargo, es el trabajo de Ascanio Cavallo el que más sorprende,
pues en una extensa serie de tres artículos desarrolla y comenta en
detalle algunos de los procesos y eventos que ocurrieron esa fatídica
madrugada. Sorprende por la manera en que, audazmente, se aleja del
periodismo e incursiona en la hermenéutica manipulatoria.
El reportaje “La Ola Maldita”, del periodista Juan Andrés Guzmán,
recibió el Premio de Periodismo de excelencia que entrega anualmente la
Universidad Alberto Hurtado y también ganó la categoría de mejor
crónica. Relata que “El bote pesquero Pinita estaba a 5 millas al oeste
de Constitución cuando comenzó el terremoto. El agua borbotaba y hacía
crujir el barco. Todos estuvieron de acuerdo en que eso tenía que ser un
terremoto. El capitán Ibarra llamó a su mujer por celular.
Esta es una de las razones por las cuales es tan extraña e incomprensible la insinuación de Ascanio Cavallo de que la resistencia a salir a la calle por parte de las fuerzas de Ejército en Concepción sean “el tardío reflejo del resentimiento” por haber perdido protagonismo. ¿Resentimiento? ¿Protagonismo? Recordemos que Vidal, a la sazón ministro de Defensa, nos recordaba frecuentemente lo plenamente integradas que estaban las FF.AA. a la vida social chilena. Decidámonos, o las FF.AA. estaban reinsertas en la sociedad o no lo estaban, pero no se puede elegir de acuerdo a las conveniencias circunstanciales. Eso sería acomodaticio y oportunista.
Mientras hablaba, Ibarra recibió un llamado por radio de la Capitanía
de Puerto de Constitución. Los marinos querían saber si veía olas yendo
hacia la costa. —Negativo— respondió. Tras hacerlos brincar, el mar
había vuelto a tener la quietud de un estanque. Y eso fue lo que
informó”. Los tripulantes del Pinita se quedaron especulando sobre cómo
estaría su ciudad.
Desde las 3:34 los marinos de la Capitanía de Puerto de Constitución
se quedaron con esa información —el Comité de Operaciones de Emergencia
(COE) no estaba constituido— hasta las 4:20 en que la misma Pinita (o la
Pinta) les informó que tres grandes olas se dirigían hacia
Constitución. Los marinos evacuaron su puesto entre las 4:20 y las 4:25,
hora en que las olas llegan a la costa. Ante esta reacción Cavallo
llama a escándalo: “Los marinos abordan la camioneta fiscal y vuelan
hacia las alturas… no hacen ni el más mínimo intento de evacuar a la
población… solo huyen” y lo compara con un comportamiento cuasi heroico
de un periodista radial que, entre las 03:34 y las 04:25, habría
participado en un intento de organizar una evacuación, pero sin decir
dónde estaba el periodista cuando las olas llegaron. Obviamente no
estaba en la playa donde Cavallo quería, sin explicar para qué, ver a
los marinos atajando las olas. En cinco minutos y en el borde del mar no
había mucha oportunidad de organizar nada, no cabía más que escapar. El
heroísmo fatal no tenía ahí utilidad alguna.
No tengo ninguna razón para pensar que el periodista en cuestión
quiera perjudicar a la Armada, ni a las FF.AA., menos aún a funcionarios
de bajo rango que hacen su trabajo tan honradamente como pueden, pero
debo reconocer que no consigo entender el sentido de sus imputaciones.
Al comienzo del gobierno de Aylwin, se estableció como política
explícita y sostenida en el tiempo el marginar a las FF.AA. de toda
acción que las pusiera en contacto directo con la ciudadanía. La prueba
inicial —desastrosa— fue un intenso temporal de nieve bautizado como “el
terremoto blanco”, que azotó a Magallanes, en la cual ese gobierno no
quiso recurrir a los medios de que las FF.AA. disponían; vehículos para
nieve que podían transitar sin problemas en esas condiciones. Esto
resulta claramente contrario al deber de un gobierno, pero quizás las
circunstancias del período hacían predominar la ideología por sobre el
bien común.
En los sucesivos gobiernos de la Concertación esta aproximación
siguió igual o peor. La sucesión de decisiones y políticas que se
aplicaron a lo largo de varios de sus gobiernos fue el camino que llevó a
esta situación de ineficacia gubernamental.
Veamos algunos ejemplos concretos.
Por Decreto N° 156 del 12 de marzo de 2002 se aprobó el Plan Nacional
de Protección Civil, el plan maestro para organizar la respuesta del
Estado ante catástrofes de gran envergadura. La única participación
asignada a las FF.AA. fue la de incorporarse a los Comités de
Operaciones de Emergencia (los COEs), pero no como Instituciones,
orgánicamente, sino sólo con la presencia de dos representantes en la
Intendencia de cada región, para aportar los medios y recursos
existentes en el lugar de la catástrofe.
Puesto en simple, el Plan preveía que las FF.AA. pusieran personas,
camiones, carpas, cocinas etc. a disposición de los COE y cada
Intendencia decidiría, dirigiría, coordinaría y comunicaría todo,
dejando a toda la estructura de mando —personas, comunicaciones y
recursos de mando y control— de las instituciones, fuera del sistema. En
las regiones, bajo el mando del intendente y a nivel de gobierno, bajo
la dirección del ministro del Interior:
El Plan dice que cada C.O.E., tiene que disponer de “un lugar físico
que debe contar con las facilidades necesarias de comunicación, para
centralizar la recopilación, análisis y evaluación de la información de
modo que permita, de acuerdo al tipo de evento destructivo, realizar las
coordinaciones, tomar decisiones oportunas y precisas, diseminar
información procesada a los servicios técnicos ejecutores, autoridades
superiores y medios de comunicación social”. Lo mismo vale para el COE
de la Onemi a cargo del ministro del Interior. Clarito. Sólo que ese
lugar, dotado de esas capacidades, nunca existió.
Es en esos COEs donde se debían reunir todas las informaciones, tomar
las resoluciones disponer las acciones y “diseminar las informaciones a
los servicios técnicos ejecutores”. En pocas palabras, es de esos COEs
desde donde debieron haber salido las informaciones hacia el SHOA,
informándole que lo que leían en sus instrumentos no se correspondía con
la realidad objetiva reconocida e informada por otros medios
dependientes de los COEs.
Es evidente que el gobierno de Bachelet pretendía continuar con lo
que a esas alturas era un proceso asumido por más de una década: la
política en aplicación desde Aylwin, —dejar a las FF.AA. solo como
proveedores de personas y equipos actuando desarticulados de sus
mandos—, sin que se haya leído o escuchado nunca alguna crítica a esa
manera tan curiosa de planificar.
Este criterio fue refrendado por el Decreto Exento N° 760 del 25 de
febrero del 2010, que dispuso que ocurrido un evento catastrófico, su
validación debería ser verificada por los directores regionales de la
Onemi y efectuado lo anterior y previa aprobación de la Dirección
Nacional de la Onemi se efectuaran los requerimientos necesarios de
fuerzas militares al Estado Mayor Conjunto.
No sólo no había voluntad para emplear orgánicamente a las FF.AA.,
como abiertamente reconoció el ex ministro Bitar posteriormente, sino
que incluso el proceso para hacerlo en forma inorgánica era tan
engorroso y complejo, que nunca podría funcionar en una situación
catastrófica. Y así fue.
El 27/F en la Onemi estaban todas las autoridades necesarias para
disponer y hacer uso de las FF.AA., desde la Presidenta de la República
hasta el Jefe del Estado Mayor Conjunto, pasando por los ministros del
Interior y de Defensa (recordar que los Comandantes en Jefes no estaban
porque habían sido excluidos por ley) y nadie, repito, nadie, pidió que
se autorizaran fuerzas militares para tomar el control de los disturbios
y saqueos que ocurrían en Concepción. Bastaba que la Presidenta
decretara Estado (Zona en algunos lugares) de Emergencia, lo que no hizo
sino hasta el día siguiente.
No se puede sostener con seriedad, como lo hace Cavallo, que “las
FF.AA. fallaron a Bachelet”, está claro que la falla más gruesa fue del
Ejecutivo, primero al hacer planes absurdos, mantenerlos sin cambios en
el tiempo y finalmente no ser capaz de tomar las decisiones para
intentar cumplirlos. Eso es ver lo que conviene ver.
Esta es una de las razones por las cuales es tan extraña e
incomprensible la insinuación de Ascanio Cavallo de que la resistencia a
salir a la calle por parte de las fuerzas de Ejército en Concepción
sean “el tardío reflejo del resentimiento” por haber perdido
protagonismo. ¿Resentimiento? ¿Protagonismo? Recordemos que Vidal, a la
sazón ministro de Defensa, nos recordaba frecuentemente lo plenamente
integradas que estaban las FF.AA. a la vida social chilena. Decidámonos,
o las FF.AA. estaban reinsertas en la sociedad o no lo estaban, pero no
se puede elegir de acuerdo a las conveniencias circunstanciales. Eso
sería acomodaticio y oportunista.
Si la Presidenta, que había reunido bajo su mando (a través de la Onemi) a todos
los recursos de acción del país; que podía decretar su empleo en el
momento que quisiera; que estaba en comunicación con Tohá, Intendente de
Concepción, no quiso sacar a las fuerzas militares a la calle, ¿debería
hacerlo un militar, —el comandante de la guarnición de Ejército de
Concepción—, por sí y ante sí? ¿O es que el comentarista está
proponiendo una acción fuera de la ley? 20 años de prédica, y práctica
contra la iniciativa militar tienen efectos. Cuando al fin se decidió a
hacerlo, en la tarde del día siguiente, la respuesta fue muy rápida y
efectiva.
Cuando a las FF.AA. se les ordenó actuar en el marco de la
institucionalidad, lo hicieron con el aplauso de la sociedad, ¿o alguien
olvida los, literalmente, aplausos de los ciudadanos penquistas ante la
llegada de las columnas militares a la zona de catástrofe? La TV tiene
múltiples ejemplos, en Youtube también los hay.
Desde la misma mañana del 27 de febrero, se inició el proceso para
transferir las culpas al SHOA. Sorprendentemente el primero y más
virulento fue el entonces ministro de Defensa, Francisco Vidal,
responsable político de la defensa y furtivo coautor del funesto Decreto
Exento N° 760. ¿Cómo entender esta actitud? Que el autor directo de las
normas que mantenían a las FF.AA. fuera de los procesos de decisión y
acción dispuestos en el Decreto Exento Nº760 pretendiera que las FF.AA.
violaran la ley, esta vez en su beneficio, parece oportunista.
El SHOA es uno de los múltiples organismos técnicos relevantes en una catástrofe y como tal asesora
a la autoridad de la cual depende, en este caso, al COE de la Onemi.
Nunca podría, por sí mismo, anunciar a la población la eventualidad de
un maremoto ni menos decretar una evacuación. Esa era responsabilidad
política de la Presidenta y de la Onemi. El SHOA no tenía ni podía tener
otra información que la de sus instrumentos ya que no contaba con
observadores propios en la costa. Para eso estaban los COE regionales y
el COE de la Onemi.
Nunca recibió ni la más mínima información del COE como resultado de
“la recopilación, análisis y evaluación de la información que este
recibía de otras fuentes no hubo” diseminación de la información
procesada a los servicios técnicos ejecutores”, como lo disponía el Plan
Nacional de Protección Civil de la Onemi y que el informe de la PDI
declara que estaba disponible desde las 05:17 horas y era suficiente
para tomar la decisión de disponer la evacuación.
No hay dudas de que el SHOA demostró una conducta titubeante y poco
efectiva, pero pretender que esto es la causa de todos los problemas
equivaldría a reclamar porque al chocar con el iceberg a alguien se le
derramó la sopa a bordo del Titanic. Lo que falló fue un cúmulo de
procesos, pero sobre todo falló la capacidad superior de toma de
decisiones, graficada en video en los titubeos, contradicciones,
obsesiones y falta de decisión. Una política destinada a reducir el rol
de las FF.AA. en las catástrofes, cuya participación tradicional,
probadamente eficaz, fue reemplazada por palabrería, propaganda y
apariencias que se desarmaron por todas sus costuras cuando fue sometida
a la prueba de una catástrofe súbita, descomunal y muy extensa. Una
Presidenta que pedía un helicóptero para volar sin un objetivo útil
reconocible, es la evidencia final de este colapso.
Es evidente que como Estado, Chile no estaba preparado para la
catástrofe que ocurrió. Muy probablemente cualquier plan hubiera quedado
corto, pero la debacle de la gestión de la Onemi, y sobre todo la
incapacidad de la ex Presidenta para tomar la decisión de disponer la
evacuación de la población costera y poner a las fuerzas militares a
controlar los desmanes, no hubieran revestido el carácter tan
dramáticamente ineficiente que tiene lo acontecido esa trágica
madrugada.
En este contexto, ya conocido, debatido hasta la náusea y hasta
judicializado, es que resulta incomprensible la aproximación de Cavallo,
para peor, reiterada en tres capítulos. La falta de investigación de
los documentos primarios como planes, leyes y decretos es evidente, todo
queda reducido a comentario intencionado.
Resulta incomprensible que una persona de su fuste profesional y
cargo académico se deje llevar por la pasión en esa forma. La
acumulación de adjetivos, sentencias y frases semiacusatorias; la puesta
en duda de hechos que no puede desmentir pero que no acepta que
sobrevivan como verdades, parecían ajenos al estilo del Decano.
FUENTE; EL MOSTRADOR
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