Ley de Concesiones Eléctricas: Votación pone a prueba transparencia de senadores con conflictos de interés
Publicado: 02.07.2013
El Senado debe votar este martes 2 de julio 40 indicaciones a la ley de concesiones eléctricas y debiesen inhabilitarse tres senadores que tienen nexos familiares con empresas del rubro. Patricio e Ignacio Walker tienen un hermano que encabeza un gran proyecto de energía solar. Y la senadora Ximena Rincón, aunque está separada, sigue legalmente casada con el diputado Juan Carlos Latorre, quien tiene una sociedad que participa del negocio eléctrico. Los tres senadores ya aprobaron artículos fundamentales para agilizar la entrega de concesiones eléctricas. Y Ximena Rincón aprobó normas del sector cuando todavía integraba la sociedad con Latorre.
Este martes 2 de julio quedará marcado como un día clave en la tramitación de la ley sobre concesiones eléctricas, no sólo por la relevancia de lo que se debe tramitar ese día en el Senado en materia energética, sino también porque pondrá a prueba la transparencia de algunos senadores que tienen comprometidos intereses en el sector, sea personalmente o a través de familiares. Lo que se votará en la sala de la Cámara Alta es parte de un acuerdo transversal entre el gobierno y el Congreso para acelerar la tramitación de dos leyes que resultan fundamentales para impulsar el desarrollo energético del país: la Ley de Concesiones Eléctricas y la Ley sobre Energías Renovables no Convencionales (ERNC, también conocida como Ley 20/20).
El nudo de la negociación busca destrabar –por una parte- el proyecto de ERNC que no avanzaba lo suficiente en la Cámara para conseguir a tiempo la primera meta para diversificar la matriz energética. Ese objetivo es conseguir que el 5,5% de la producción de energía del país provenga de fuentes renovables no convencionales. La otra parte del acuerdo consiste en apurar la tramitación de la Ley de Concesiones Eléctricas para disminuir ostensiblemente los plazos que hoy demoran casi dos años para adjudicar estas concesiones. Esta es una prioridad para el gobierno ante las severas consecuencias por la prolongada sequía y la paralización de proyectos como HidroAysén (vea el documento).
En el Senado hay a lo menos tres legisladores que tienen vínculos con el sector energético: Ximena Rincón (DC), representante de la Región del Maule Sur; Ignacio Walker (DC), de la Quinta Región Interior y su hermano Patricio (DC), de la Región de Aysén.
Ximena Rincón tuvo un 40% de participación –hasta 2012- en la Sociedad de Inversiones Latri. Esta sociedad figura como accionista de Gestión de Proyectos Eléctricos S.A., destinada a “ejecutar todo tipo de proyectos eléctricos o energéticos, públicos o privados, ya sea directamente o a través de terceros”. Su socio era el diputado DC Juan Carlos Latorre, dueño del restante 60% y quien sigue siendo legalmente su marido, aunque ahora están separados. El 1 de marzo de 2012 la senadora Rincón se retiró de la sociedad y el diputado Latorre incorporó en su reemplazo a uno de los hijos de su primer matrimonio, Juan Carlos Latorre D`Otonne.
La parlamentaria patrocinó, junto a los senadores Jaime Orpis (UDI), Isabel Allende (PS), Gonzalo Uriarte (UDI), Eduardo Frei (DC) y Baldo Prokurika (RN), el acuerdo que suscribieron con el gobierno para acelerar la tramitación de los dos proyectos vinculados a la agenda energética.
LOS HERMANOS WALKER
El caso de los hermanos Patricio e Ignacio Walker es diferente. Su hermano Juan es un empresario dedicado al negocio de las energías renovables no convencionales, uno de los temas centrales que aborda el proyecto sobre energías renovables que se está tramitando actualmente en la Cámara. Juan Walker está desarrollando un proyecto para montar Atacama Solar, la primera planta de energía solar en Chile de gran escala, en la región de Tarapacá, con una capacidad proyectada para generar unos 250 MW en 2017. El proyecto abarca también la línea de transmisión para conectarlo al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).
CIPER revisó las votaciones previas de Patricio Walker, cuando el Senado discutió la ley sobre energías renovables no convencionales, el 18 de enero de 2012. En esa oportunidad, Patricio Walker votó a favor de los 24 artículos discutidos en particular y no se inhabilitó. Lo mismo ocurrió con Ximena Rincón, que en ese entonces aún era socia de Inversiones Latri, sociedad vinculada a proyectos energéticos desde 2005. La senadora vendió su participación dos meses después de esta votación, en marzo de 2012.
El 19 de junio el Senado votó en la sala dos artículos de la Ley de Concesiones Eléctricas que requerían un quórum calificado de 4/7 de los senadores en ejercicio, es decir 23 votos. El primer artículo, el 31 bis, fija un mecanismo para que un juez arbitral intervenga en los casos en que se produzcan dificultades o choque de intereses entre las concesiones eléctricas y otras concesiones mineras, de energía geotérmica o cualquiera en disputa. En este caso, la votación fue de 23 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Los senadores Patricio e Ignacio Walker votaron a favor de la norma y también lo hizo la senadora Rincón (ver votación Senado).
El segundo artículo, 34 bis, ha sido más cuestionado por las organizaciones ambientalistas y algunos senadores, porque permite continuar con las obras aunque un juez determine su paralización o suspensión en caso de un juicio. La única condición que se exige al concesionario es que “consigne en la cuenta corriente del tribunal caución (dinero en garantía) para responder de la demolición de la obra o de la indemnización de los perjuicios” en caso de ser condenados por el juez. La votación fue de 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención.
La Alianza votó en bloque ambos artículos. Sin embargo, la senadora Lily Pérez (RN) votó en contra del segundo, desmarcándose del resto de los senadores de su sector.
-Si bien apoyo el espíritu general de estos proyectos, voté en contra de este artículo porque da la posibilidad a algunos concesionarios de destruir igual y argumentar que dejaron los recursos para hacer una compensación económica. Cuando se hace un daño, este es irreparable. Creo que el dinero no compensa el daño que se pueda generar en obras de esta magnitud -afirma la senadora Pérez.
Los hermanos Patricio e Ignacio Walker y Ximena Rincón votaron a favor de la norma.
- Estudié los dos artículos y no vi que hubiera ninguna relación con las energías renovables no convencionales, que es el negocio de mi hermano. No tiene relación con un interés específico y en eso la ley es clara: si se regula un ámbito en general, uno no debe inhabilitarse -explica el senador Patricio Walker.
La norma que regula los conflictos de interés para los parlamentarios está establecida en el artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional: “Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”. En el caso de la senadora Rincón, el eventual beneficiado con estas nuevas normas es su cónyuge. El certificado de matrimonio que entrega el Registro Civil señala que ella aún mantiene el vínculo conyugal con el diputado Latorre (vea el documento). Respecto de Ignacio y Patricio Walker, la relación es de consanguinidad en primer grado, por tratarse de un hermano, y cae dentro de las restricciones señaladas en la norma que regula las inhabilidades.
Frente a la votación prevista para este martes 2 de julio, que revisará 40 indicaciones a los artículos de la ley sobre concesiones eléctricas, el senador Patricio Walker aseguró que “voy a revisar los artículos en detalle y si hay alguna norma que tenga relación con las energías renovables no convencionales, donde está la relación con los negocios de mi hermano Juan, por supuesto que me voy a inhabilitar”.
Pese a esta declaración, CIPER revisó las votaciones previas de Patricio Walker, cuando el Senado discutió la ley sobre energías renovables no convencionales, el 18 de enero de 2012. En esa oportunidad, Patricio Walker votó a favor de los 24 artículos discutidos en particular y no se inhabilitó. “No es extraño que haya votado a favor, porque en ese momento yo no tenía información de que mi hermano estuviera en el negocio de la energía solar. El entró fuerte a mediados del 2012 y este año 2013″ asegura el senador Walker. Lo mismo ocurrió con Ximena Rincón, que en ese entonces aún era socia de Inversiones Latri, sociedad vinculada a proyectos energéticos desde 2005. La senadora vendió su participación dos meses después de esta votación, en marzo de 2012. La senadora no respondió los llamados de CIPER.
En paralelo al Senado, la Cámara está discutiendo el proyecto sobre ERNC 20/20, que busca ampliar de un 10% a un 20% la meta de energía producida en el país proveniente de fuentes alternativas no convencionales al año 2025. El mismo día que se votaron en el Senado los artículos especiales de la Ley sobre Concesiones Eléctricas, los diputados aprobaron -en general- la ley sobre ERNC 20/20. Tres diputados se inhabilitaron: Juan Carlos Latorre (DC); Matías Walker (DC), hermano de los senadores Ignacio y Patricio; y Jorge Burgos (DC). Los tres apelaron al artículo que determina las inhabilidades cuando hay intereses comprometidos. Latorre explicó su decisión en que “mi trabajo profesional, a veces, tiene relación con la materia de este proyecto”. En todo caso, Latorre ya había votado la idea de legislar el mismo proyecto en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara.
Latorre también formó parte de los seis diputados que suscribieron el acuerdo gobierno- Congreso para agilizar la tramitación de los dos proyectos de ley esenciales para la agenda energética. Junto a Latorre pusieron su rúbrica a ese acuerdo los diputados Felipe Harboe (PPD), Mario Bertolino ( RN), Carlos Vilches (UDI), Fidel Espinoza (PS) y Manuel Rojas (UDI).
PROPUESTAS ALTERNATIVAS
Dos senadores integrantes de la Comisión de Minería y Energía, José Antonio Gómez (PRSD) y Antonio Horvath (Ind.) presentaron una propuesta alternativa al acuerdo gobierno-Congreso que busca apurar los dos proyectos de ley. En general, Gómez y Horvath respaldan la iniciativa, pero condicionan su apoyo a que se introduzcan algunos cambios que consideran esenciales. Uno de ellos es consultar a las comunidades indígenas (cuando se dé el caso) antes de otorgar la concesión de obras y no después, durante el proceso de construcción, como establece el acuerdo. Otro es ampliar las causales por las que pueden objetar el proyecto de concesión los afectados. Hoy, sólo se puede imputar cuando hay un diferendo respecto de la delimitación del proyecto y es posible paralizar totalmente una obra si existe un juicio de por medio. Como ya se ha dicho, el acuerdo gobierno-Congreso establece que las obras pueden seguir adelante, siempre que el concesionario deposite una suma en garantía.
Sobre este último punto, Iván Couso, experto legislativo en minería y energía y coordinador del programa País Eficiencia Energética, sostiene: “Me parece que no se condice con el espíritu de la ley de medio ambiente, que plantea el principio preventivo como uno de sus principios inspiradores. Precisamente, se busca evitar la existencia de conflictos ambientales artificiales que operen por la vía de oposiciones de las comunidades a un proyecto, que (las controversias) sean resueltas en base a compensaciones ambientales y a equilibrios que, con estos derechos excesivos para los titulares, se rompen, forzando la judicialización”.
Couso señala que el proyecto “lamentablemente, no guarda la mínima ecuanimidad que se requiere entre los derechos del titular de una concesión y el potencial afectado”.
La Fundación Terram, especializada en temas medioambientales, considera que se debe retirar la suma urgencia del proyecto de concesiones eléctricas. A su juico esta iniciativa tiende a la “perpetuidad en concesiones, pues éstas tienen carácter de indefinidas. La perpetuidad no colabora a tener un sistema eléctrico diverso y a reducir la concentración actual en la generación, trasmisión y distribución, que permitan tener una matriz energética heterogénea. Además, es un perjuicio de por vida para el propietario del terreno que quedó gravado, ya que la ley de propiedad es pasada a llevar por la ley de servicios eléctricos”.
La participación ciudadana disminuiría, según Terram, pues los plazos de notificación de los afectados y la reducción de las causales para reclamar se ven reducidos.
FUENTE: CIPERCHILE
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