Diez PDI formalizados por asociación ilícita y torturas podrían quedar libres este viernes
Publicado: 17.07.2013
Diez detectives que cumplen nueve meses en prisión por corrupción y torturas grabaron al fiscal que los investiga, Emiliano Arias. En el audio, Arias admite que autorizó llamadas anónimas al 134 para forzar el allanamiento de inmuebles bajo sospecha de narcotráfico. La investigación por la grabación a Arias quedó a cargo del jefe de la Fiscalía Centro Norte, Andrés Montes. La revelación sobre el inédito espionaje a un fiscal surge apenas una semana después de que se revelara la extraña pérdida de interceptaciones telefónicas realizadas a los detectives acusados por Arias y a días de la crucial audiencia en que se decidirá si siguen en prisión o quedan libres y se reincorporan a su institución que nunca los dio de baja.
El miércoles 3 de julio pasado el fiscal Emiliano Arias recibió en su despacho una visita peculiar. La persona que se sentó ante él traía una noticia que lo vinculaba directamente -y de manera personal- con el juicio más importante que tiene entre sus manos: el proceso a 10 policías acusados de asociación ilícita y de más de cien delitos al interior de la PDI.
La conversación, que se inició de modo cordial, de improviso tomó rumbos inesperados. Con palabras que no permitían ni una sola otra interpretación, su interlocutor le confirmó lo que hasta ese momento era sólo un rumor en su equipo: el fiscal había sido grabado por los policías investigados de asociación ilícita en una conversación que le podía acarrear problemas. El rumor también llegó a oídos de CIPER. Y fue confirmado por compañeros de los policías acusados en la PDI. Allí se nos dijo que efectivamente en esa grabación aparece Arias admitiendo haber cometido una ilegalidad similar a uno de los hechos delictuales por los cuales están siendo acusados los detectives. En la grabación, se escuchaba al fiscal avalando que policías hicieran llamadas anónimas al número 134 para con ellas conseguir autorización judicial para allanamientos.
En la Fiscalía Occidente la grabación en cuestión fue confirmada a CIPER. Según los testimonios recogidos, la reunión del 3 de julio entre Arias y su interlocutor terminó con consejos y sugerencias de cómo debía el fiscal seguir con el caso, lo que incluía dejar de lado la acusación a los diez detectives y apuntar los dardos hacia el equipo de Carabineros del OS-9, que había hecho una mala investigación.
El mensaje del visitante de Emiliano Arias tenía mucho sentido: tuvo lugar exactamente en días de soterrado enfrentamiento entre Carabineros y el Ministerio Público, precisamente por un episodio relacionado con la investigación judicial de los 10 policías acusados de corrupción. El conflicto, que involucró a sus máximas autoridades, se inició cuando en la Fiscalía Occidente (a la que pertenece el fiscal Arias) se descubrió la extraña pérdida de grabaciones de las más de 4 mil conversaciones interceptadas a los diez policías acusados. El hecho, revelado por CIPER el viernes 5 de julio pasado (“Choque inédito entre el Ministerio Público y Carabineros por pérdida de grabaciones de teléfonos “pinchados”), involucra a dos de las unidades más importantes de Carabineros: OS-9 y OS-7. Precisamente una de esas unidades es la que el visitante del fiscal Arias le aconsejó acusar.
Horas después de la impactante visita, y una vez que hubo confirmado a través de los equipos que lo asesoran la existencia de esa grabación, el fiscal Emiliano Arias dio cuenta a su superior jerárquico de que un equipo de policías acusados de graves delitos lo había grabado en una conversación y que estaban dispuestos a utilizar esa prueba en su contra. Dijo también que se inhabilitaba para investigar ese ilícito ya que, de ser efectivo el hecho, se habría vulnerado el artículo 161-A del Código Penal (Ver Nota *) y podría ser objeto de extorsión para no continuar adelante con el juicio a los integrantes de la PDI.
En poder de Andrés Montes, jefe de la Fiscalía Centro Norte del Ministerio Público, quedó la grabación al fiscal Emiliano Arias ya que fue designado para llevar a cabo la indagación penal respectiva. El viernes 5 de julio, solo dos días después de haberse comprobado que la grabación era real, un oficio reservado llegó hasta el despacho del director de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez Meza. En el corto oficio se le informaba del hecho, anunciándole que ese mismo día se había iniciado una investigación penal para identificar a los responsables.
La grabación inédita a un fiscal del Ministerio Público, no sólo es grave por los protagonistas implicados: diez policías formalizados por corrupción y el fiscal que los acusa. El problema trasunta las relaciones entre el Ministerio Público y la PDI ya que este viernes 19 de julio la jueza del Primer Juzgado de Garantía de Santiago debe resolver si mantiene en prisión a los diez policías. La otra alternativa, que avanzó el diario El Mercurio en su edición del martes 16 de julio, es que la jueza Paula Brito acceda a la petición de la defensa de sobreseer temporalmente la causa en virtud de la imposibilidad de acceder a las grabaciones de las interceptaciones telefónicas a los diez policías, extraviadas por el OS-9, lo que constituiría “infracción de garantías”.
La investigación de la pérdida de las grabaciones de las conversaciones que sostenían incluso desde la cárcel los diez policías, está a cargo del fiscal Luis Cáceres Bravo (fiscal jefe de la Fiscalía Local de Curacaví).
En la sucesión de hechos que se acumulan desde la fecha en que el fiscal Emiliano Arias recibió la inesperada visita que lo alertó sobre la grabación de la que había sido objeto, y que incluye la curiosa pérdida de las intervenciones telefónicas a los diez detectives realizadas por el OS-9, todo parece enlazarse extrañamente para que este viernes 19 la jueza de garantía no tenga más alternativa que dejar libres a los efectivos de la PDI acusados de asociación ilícita. No porque sean inocentes, sino por vicios procesales en la investigación.
Para la Fiscalía Occidente, en cambio, este viernes será la oportunidad de que la justicia calibre, más allá de la pérdida de grabaciones, el cúmulo de pruebas que acusan a los diez detectives. Y que el tribunal valore el riesgo que significa que esos mismos diez policías se reincorporen de inmediato a sus funciones, puesto que hasta hoy no han sido dados de baja.
Esta es la historia que será recapitulada en el Primer Juzgado de Garantía este viernes 19 de julio.
EL ALLANAMIENTO SOSPECHOSO
En la noche del 21 de marzo de 2012 un grupo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Pudahuel, a cargo de los subcomisarios Godfrey Gamboa, José Márquez y Claudio Quezada e integrado además por los detectives Bruno Medina, Juvenal Pérez y Fabián Arévalo, ingresaron a un domicilio en Pasaje El Eclipse, en Pudahuel. La diligencia se originó en una supuesta llamada anónima que indicaba que en ese domicilio se realizaba un tráfico de drogas. Según registra el parte policial, el ingreso de los policías al inmueble se habría realizado con la autorización de los dueños de casa. En el procedimiento se habrían incautado $18.000 y 84 papelillos de cocaína. Solo una persona (de iniciales M.P.L.) habría sido detenida.
La realidad era distinta a lo que se dice en el parte policial. Porque hasta el cuartel de la Bicrim de Pudahuel llegaron tres personas detenidas: M.P.L., su hija y nieta. En la puerta de la morada de los detenidos permaneció la huella del “consentimiento”: una cerradura rota con un ariete, lo que quedó registrado en la foto del procedimiento. Había más cabos sueltos en esa historia.
Nada de lo que esa noche ocurrió en el domicilio de M.P.L. y en otros procedimientos de noches anteriores se habría sabido de no ser por la indiscreción de uno de los policías que ingresó al domicilio allanado en Pudahuel. Días después, mientras conversaba con el fiscal del caso, Emiliano Arias, el policía inadvertidamente relató hechos que no figuraban en el parte e incurrió en varias contradicciones. Inmediatamente, desde la Fiscalía Occidente se inició una investigación paralela que, esta vez, tuvo como objetivo central el comportamiento sospechoso de los mismos funcionarios de la PDI que aparecían en la causa anterior como denunciantes. La nueva investigación fue encargada a un equipo de Carabineros del OS-9.
Las primeras indagaciones de Carabineros rápidamente comenzaron a dar resultados. Aparecieron víctimas y testigos de varios allanamientos sin orden judicial ni de la fiscalía realizados por los mismos funcionarios de la PDI. Y en todos se repetían los mismos ilícitos: amenazas, torturas y abuso de poder. Lo más grave es que algunos testigos afirmaron que los mismos policías ingresaron droga a sus domicilios con la que justificaron el allanamiento y la posterior detención. Y también, incautación de dineros y especies -incluso droga- que después no eran declaradas. Simplemente desaparecían.
Es aquí donde comienza la sucesión de hechos extraños de esta investigación, una de las más reservadas de la Fiscalía Occidente pues se refería a una posible asociación ilícita delictual al interior de la PDI. Por alguna razón que CIPER no pudo dilucidar, los testimonios de las víctimas de los detectives se filtraron y los nombres de quienes habían declarado ante el equipo del OS-9 fueron conocidos por los mismos detectives involucrados.
-Nos amenazaban, nos decían que si seguíamos con esa huevada de que habíamos sido amenazados, íbamos a desaparecer, que a nosotros nadie nos iba a creer porque éramos delincuentes –le dijo a CIPER un joven de Pudahuel con un alto prontuario, quien en varias ocasiones fue detenido por agentes de la misma brigada que hoy se encuentran en prisión.
CIPER también se comunicó con uno de los moradores de la casa de M.P.L., quien hoy está libre:
-A mí me allanaron mi casa, entraron a la fuerza y de forma ilegal… Igual estos compadres hacen lo que quieren. Yo no me creo que vayan a quedar presos. Yo me cambié de casa justamente por lo mismo, porque seguramente van a salir libres y me irán a buscar.
Pero las amenazas fueron más allá del círculo de delincuentes habituales del tráfico de droga de menor cuantía, cuya mercadería desaparecía en un laberinto sin explicación.
LA GRABACIÓN OCULTA AL FISCAL
El 12 de abril de 2012, veintidós días después del allanamiento que había levantado las sospechas de la Fiscalía Occidente, el equipo de la Bicrim de Pudahuel a cargo del subcomisario Godfrey Gamboa, solicitó una reunión con el fiscal Emiliano Arias. No hubo respuesta. Arias se negaba a recibirlos. Gamboa insistió una y otra vez. Y en cada llamada decía tener nuevos antecedentes que servirían para formalizar a los detenidos por tráfico de drogas en el allanamiento del 21 de marzo en el Pasaje El Eclipse. Según varios testigos con los que habló CIPER, finalmente el fiscal Arias los citó en su oficina, en calle Bandera 655.
Hasta la sede de la Fiscalía Occidente llegó parte del equipo de la PDI, encabezado por los subcomisarios Godfrey Gamboa y José Márquez. Lo que Arias nunca imaginó es que el subcomisario Márquez llevara oculto un celular con el que grabaría toda la conversación. Todo quedó registrado.
El primero en tomar la palabra fue el subinspector de la PDI Daniel Urrutia, quién relato algunos procedimientos realizados en los días anteriores, que según él guardaban relación con el “gran operativo del 21 de marzo”. Después habló Godfrey Gamboa. Dirigiéndose directamente al fiscal, le dice que estaban viendo la manera de cómo seguir siendo eficaces en los procedimientos, pero que debían cambiar el método de las llamadas anónimas al 134 para acelerar las autorizaciones judiciales de allanamientos de morada. Según Gamboa, esa “excusa” estaba cada vez siendo menos creíble.
La respuesta del fiscal fue que si bien era un método fácil de descubrir, era un procedimiento que muchos usan y que incluso él mismo lo había utilizado en alguna ocasión, siendo fiscal en Arica, pidiendo que se hiciera una denuncia anónima desde un teléfono público para un procedimiento de tráfico de drogas.
La reunión continuó por varios minutos más, pero el objetivo de los detectives se había cumplido. Salían de la oficina de Emiliano Arias con una grabación donde el fiscal reconocía haber realizado denuncias anónimas al 134, para conseguir autorización judicial para allanar casas e inculpar personas.
La confianza de los policías de estar “protegidos” con esta grabación, en caso de que se les cuestionara sus métodos, sus procedimientos y fueran a su vez investigados y acusados judicialmente, les duró apenas seis meses.
El 17 de octubre de 2012, un grupo de carabineros del OS-9 allanó las dependencias del cuartel de la Bicrim de Pudahuel y las casas de 10 funcionarios de la PDI que la integraban. La sorpresa fue mayúscula: en el mismo cuartel algunos de estos policías mantenían droga, billetes falsos y celulares incautados en operativos antidrogas. Fue la última diligencia del equipo investigador del OS-9. En el grueso expediente, las prendas nuevas con etiqueta de marca halladas en algunos de sus domicilios se agregó a decenas de entrevistas a testigos y al fruto de los seguimientos y las más de cuatro mil interceptaciones telefónicas al equipo de la PDI. Allí aparecen declaraciones de personas detenidas relatando “quitadas” de drogas e incluso torturas. Todo ello, según la fiscalía, configuraba una asociación ilícita de crimen organizado al interior de la PDI.
Diez funcionarios policiales quedaron en prisión preventiva por orden de la jueza Paula Brito del Primer Juzgado de Garantía de Santiago. Los policías formalizados por 126 delitos, entre ellos cien detenciones ilegales, son: los subcomisarios Godfrey Gamboa, José Márquez y Claudio Quezada; los detectives Bruno Medina, Juvenal Pérez y Fabián Arévalo y el asistente policial Sebastián Álvarez de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel (Bicrim). Además de tres policías de la Brigada Móvil Metropolitana: los subinspectores Daniel Urrutia y Raúl Álvarez y el inspector Kurt Borneck.
En la audiencia de la formalización se entregaron las pruebas de las irregularidades cometidas por el equipo de la PDI en el allanamiento a la casa de M.P.L. el 21 de marzo de 2012. Y también los testimonios que pusieron en entredicho y bajo investigación el origen de la droga incautada, con la sospecha de que habría sido ingresada por los mismos policías. En esa audiencia declaró la hija de M.P.L., quién también fue detenida después del allanamiento del 21 de marzo a su hogar sin que quedara registro de ello en el parte policial. Frente al juez, la joven acusó al subcomisario encargado del operativo de haberla torturado para obligarla a entregar la dirección de una casa donde se vendía droga:
“Yo accedí a entregarles una casa donde yo sabía que se vendía droga para que dejaran libre a mi papá y a mí y también a mi hija, ya que no teníamos nada que ver. Recuerdo que el policía de apellido Gamboa me dijo que, si en la casa a la que yo los llevara encontraban droga, soltaban al tiro a mi hija y a mí”, dijo A.P.L. en la audiencia.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público ante el juez de garantía dan cuenta de que el grupo de detectives operaba al margen de los procedimientos establecidos por la Ley 20.000 (ley de drogas), como que no se declaraban todas las especies ni la droga incautada en los allanamientos, parte de un botín que terminaba en uso personal de los policías. Por las interceptaciones telefónicas se pudo seguir el rastro a algunas especies, como ropa o artículos electrónicos, los que eran entregados a cambio de favores a jefes de otras unidades policiales.
El cúmulo de pruebas presentado por la Fiscalía Occidente –con el apoyo del OS-9- fue suficiente para la jueza de garantía Paula Brito, quien ordenó la prisión preventiva para los 10 policías por considerar los hechos probados como “absolutamente intolerables tratándose de funcionarios policiales”.
Las medidas cautelares se revisaron el miércoles 17 de abril de este año en una audiencia que duró varias horas. En esa ocasión, el fiscal Emiliano Arias detalló los más de cien delitos que habrían cometidos los policías y la participación de cada uno de los imputados en los mismos. Allanamientos ilegales, detenciones, torturas, omisión de denuncias, apropiación de especies, incautación de droga no declarada y amenazas, figuran entre los delitos más graves que se les imputan.
Las pruebas recogidas por efectivos del OS-9 de Carabineros fueron suficientes para que se mantuviera la orden de prisión para los diez policías.
Los diez efectivos de la PDI han permanecido nueve meses en prisión. Y este viernes 19 de julio es la audiencia clave que marca el fin de la investigación y en la que se definirá si siguen detenidos o salen libres. A dos de los policías acusados los defiende Christian Bouchette, quien fue abogado de Felipe Baeza, ex jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, en el escándalo de los sobreprecios en las compras del Plan Frontera Norte; y de Pilar Pérez, “La Quintrala”. Esta última defensa debió dejarla en marzo de 2009 luego de que la fiscalía descubriera que la acusada traspasó cuatro de sus propiedades a su hija en un “contrato simulado” en la misma época en que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el embargo de sus bienes. Las grabaciones telefónicas perdidas corresponden precisamente a los dos detectives que defiende Bouchette: Sebastián Álvarez y Kurt Borneck.
Hasta ahora el apoyo institucional para los diez detectives ha sido contundente. El alto mando de la PDI ha monitoreado paso a paso el desarrollo del proceso mostrando especial interés por la defensa de los subcomisarios Godfrey Gamboa y José Márquez, autor de la grabación ilegal al fiscal Arias. Su abogado defensor es Diego Silva, quien trabaja asociado al estudio de Raúl Tavolari. Nadie sabe de dónde sacaron Gamboa y Márquez el dinero para pagar esa defensa.
NOTA:
* Art. 161-A. Se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Igual pena se aplicará a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos a que se refiere el inciso anterior. En caso de ser una misma la persona que los haya obtenido y divulgado, se aplicarán a ésta las penas de reclusión menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales. Esta disposición no es aplicable a aquellas personas que, en virtud de ley o de autorización judicial, estén o sean autorizadas para ejecutar las acciones descritas.
FUENTE: CIPERCHILE
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