Por qué debe eliminarse el FUT

opinión

 

Por : Sergio Fernández Figueroa en Opinión Publicado: 19.07.2013

 

Con el panorama electoral cada vez más difícil para la derecha, las propuestas presidenciales de la candidata Bachelet empiezan a mirarse como la pauta de temas que van a marcar la agenda los próximos cuatro años. Uno de sus ejes programáticos es una reforma tributaria que contempla la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias, FUT. Es esta columna, el autor explica qué significa ese fondo y qué implica sacarlo del sistema tributario. El cambio es tan radical que el autor se pregunta si la candidata se atreverá a llevarlo a cabo.

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- Entrevista al economista Eugenio Figueroa: “Es mentira y está probado que subir los impuestos hace caer la inversión”
- Serie sobre los impuestos del abogado Francisco Saffie, en particular la columna 9 “¿No sería bueno que las empresas empezaran a pagar impuestos?“

Con la intención declarada por la candidata Michelle Bachelet de eliminarlo en un plazo de cuatro años, el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) ha pasado a constituirse en el invitado de honor de la polémica política previa a las elecciones. Es éste un debate que irá in crescendo, porque el actual sistema tributario cuenta con defensores férreos y muy bien preparados, mientras sus críticos no necesariamente entienden bien cómo funciona.

Entremos de lleno al tema: en el escenario actual, ¿debe eliminarse el FUT como plantea la candidata, o deben movilizarse todas las fuerzas vivas de la nación en su defensa, como plantean sus partidarios, ya que su eliminación sería un golpe mortal para nuestra economía?

Para contestar eso es necesario entender qué es el FUT y qué papel desempeña en nuestro sistema tributario.

Durante los últimos 30 años los empresarios NO han pagado de su bolsillo (como el resto de los chilenos) los impuestos a la renta que les corresponden por los ingresos que perciben desde sus empresas

Partamos señalando que el actual sistema de impuesto a la renta data de 1984, es decir, de hace ya 30 años. Si lo comparamos con el anterior sistema de recaudación, sólo hay una variación sustancial. ¿Cuál? No se trata de los impuestos pagados por las empresas, ya que en ambos sistemas éstas tributan en “Primera Categoría” por sus utilidades totales (eso de que las empresas tributan sólo por las utilidades distribuidas es absolutamente falso); la diferencia tampoco está en los tributos de “Segunda Categoría” que pagan las personas naturales que no son empresarios, ya que, pese a alguna variación de tasas, como concepto se mantienen.

La única diferencia relevante es que hasta 1983 los empresarios pagaban de su bolsillo los impuestos personales (global complementario y adicional), a que estaban afectos por los ingresos (retiros o dividendos) que obtenían de sus empresas, y a partir de 1984  NO lo hacen.

Lo repito, por la enorme relevancia que tiene esta constatación en el tema que estamos analizando: en Chile, durante los últimos 30 años los empresarios NO han pagado de su bolsillo (como el resto de los chilenos) los impuestos a la renta que les corresponden por los ingresos que perciben desde sus empresas.

Esta increíble franquicia tributaria, única en el mundo, es resultado de una disposición tanto o más sorprendente: aunque las empresas pagan íntegro al Fisco su impuesto a la renta de Primera Categoría (actualmente un 20% sobre sus utilidades totales), éste no es de beneficio fiscal. Esto quiere decir que el Fisco no es el propietario de esas sumas, aún cuando llegan a sus arcas y financian sus obligaciones. En nuestro país, como lo establece el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, el impuesto de “primera  categoría” que pagan las empresas es un mero pago provisional, tan sólo un anticipo de los impuestos personales que deben pagar los empresarios. Esta disposición es la que permite que estos últimos no paguen impuesto a la renta por sus ingresos personales: ellos lo rebajan de los impuestos que pagan sus empresas.

Es este mecanismo el que da origen al Fondo de Utilidades Tributarias, FUT. Este último es nada más que un registro en donde, entre otras, se consignan dos partidas: las utilidades de las empresas que ya han pagado el impuesto de Primera Categoría -que totalizan a la fecha, según el SII, aproximadamente US$320.000 millones-, y los impuestos que han pagado las empresas como anticipo y que aún no han sido usados por los empresarios para rebajar los suyos propios (cuya cuantía, también según el SII, es alrededor de US$62.000 millones. Cabe destacar que esta última cifra es, en la práctica, una cuenta por pagar del Estado a los empresarios, una deuda que crece año tras año. ¿Hasta cuándo? No sabemos. ¿Tal vez hasta que asuma Bachelet?

Ya dijimos que los impuestos de Primera Categoría que pagan las empresas no son de beneficio fiscal, sino sólo anticipos de los impuestos de sus propietarios. En este sistema tan sui generis, las empresas no pagan por su cuenta ningún tributo al Estado por las utilidades que obtienen. El origen de tan benévolo tratamiento es que la normativa tributaria asume, a partir de 1984, que las empresas y los empresarios son la misma persona. Es decir que, por ejemplo, el Banco Chile y sus dueños, incluyendo los accionistas minoritarios, poseen la misma identidad, y así para cada empresa de Chile. Y por tal razón, para evitar la doble tributación, corresponde que sólo los empresarios, no las empresas, estén afectos al tributo.

Esta visión del tema es única en el mundo. En todos los textos de administración, básicos, intermedios y avanzados, se parte señalando que las empresas son distintas de las personas. De hecho toda la legislación chilena, salvo para este único caso, así lo reconoce. Nadie medianamente instruido alegaría que son lo mismo. ¿Por qué entonces en el ámbito tributario nuestros legisladores impusieron esta interpretación? ¿Se le ocurre alguna razón específica, estimado lector?

Ahora bien, el grave problema que se presenta frente a este punto de vista, es que todo el enorme cúmulo de servicios que el Estado le entrega a las empresas, y sin el cual no podrían generar ni un solo peso de utilidad, ellas lo reciben a título gratuito. Y cuando en economía se mencionan los regalos que otorga el Estado, se les llama subsidios. Esto quiere decir que durante 30 años el Estado, con dinero de todos los chilenos (incluyendo, por cierto, a la señora Juanita), ha subsidiado a las empresas chilenas. Y el subsidio es gigantesco.

En la pasada operación renta, según el SII, el crédito que los empresarios imputaron a sus impuestos personales ascendió, entre global complementario y adicional, a US$2.850 millones. ¿Cuánto dinero faltaba para poner en práctica la reforma educacional que Chile necesita? ¿US$2.000 millones anuales? Bueno… ahí están

Veamos sólo a modo de ejemplo algunos servicios que reciben las empresas sin tener que pagar por ellos: iluminación pública; acceso a vialidad; urbanismo y seguridad públicas; un completo marco normativo que les permite operar (comprar, vender, financiar, cobrar), competir y resolver sus conflictos; acceso irrestricto a un mercado de bienes y servicios donde colocar sus productos y adquirir sus insumos, y a un mercado laboral donde contratar a sus trabajadores; una infraestructura caminera para distribuir su producción; un sistema económico pujante que les permite crecer y desarrollarse; una infraestructura comunicacional; un sistema monetario para efectuar sus transacciones; un sistema judicial para resolver sus contrariedades; acceso a enormes volúmenes de información; convenios bilaterales de comercio, oportunidades comerciales tanto en Chile como en el extranjero, etc. y etc. Todos esos servicios los financiamos las personas naturales y las empresas, principales beneficiarios de ellos, los reciben gratis.

Abundemos algo más en este pedregoso asunto del subsidio. Tal como se desprende del sentido común y de los principios tributarios de equidad y justicia -y como se señala en toda la literatura seria relativa a los impuestos- todos quienes recibimos servicios de parte del Estado debemos contribuir a financiarlos (salvo, desde luego, que no podamos hacerlo, en cuyo caso, y sólo en él, entran a tallar los subsidios). Pues bien, en Chile las empresas no lo hacen, y no porque no puedan. En el resto del mundo sí, pero en Chile no. ¿Será esto porque todos los demás países están equivocados? Si este sistema es tan bueno como nos han repetido hasta el cansancio, si tanto favorece el crecimiento, si tanto influye en que nos acerquemos al desarrollo, ¿por qué nadie lo ha copiado? Las buenas ideas siempre tienen réplicas, más aún si ya llevan 30 años funcionando exitosamente. ¿No será que este sistema no es una buena idea, pues sólo favorece a un pequeño sector de la población?

A la luz de lo expuesto, la pregunta de si debe eliminarse el FUT carece de sentido. El FUT es sólo un registro. ¿Qué significa eliminarlo? ¿Cambiarlo por otro registro? ¿Y qué significa eliminarlo en un plazo de cuatro años? ¿Mantener durante ese lapso el subsidio a las empresas? ¿Permitir, con alguna granjería especial, que los empresarios saquen provecho tributario (le aseguro que alguien ideará cómo) del actual registro? ¿O Bachelet se refiere en realidad a modificar el sistema tributario vigente haciendo que tanto empresas como empresarios paguen los impuestos que les corresponden?

Porque si este último es el caso, permítame decirle estimado lector, que el planteamiento de la candidata es francamente pobre. El actual sistema de impuesto a la renta, que conlleva un gigantesco subsidio a las empresas y está ideado para que los empresarios no paguen impuestos, es, por esas dos razones, uno de los principales responsables de la enorme desigualdad que existe hoy en Chile, de la brutal concentración de la riqueza que nos flagela día a día. No puede, en consecuencia, seguir subsistiendo. Debe ser extirpado como un tumor canceroso, de raíz y en una sola operación. ¿Cómo? Muy simple: eliminando la posibilidad de que los empresarios usen los impuestos pagados por las empresas como créditos de los suyos propios, por una parte; y por otra, suprimiendo en el mismo acto cualquier derecho que ellos tengan frente al Estado por ese concepto.

¿Afectarán estas medidas a las empresas? No, en caso alguno: si el impuesto de primera categoría pasa a ser de beneficio fiscal, las empresas no pagan un solo peso más de lo que ya están pagando. El que sí se afecta es el bolsillo de los empresarios. Ellos pasan a tributar efectivamente por los retiros y dividendos que perciben. Nótese que son dineros ya recibidos, gran parte de los cuales se gastaron en consumo (viajes, la compra del helicóptero o del Lexus descapotable, la redecoración de la casa) o se destinó a fines especulativos, e incluso a la usura. ¿Afectarán a la inversión? Tampoco. El dinero no saldrá de la economía, ya que el Estado procederá a gastarlo, sea en educación, salud, vivienda o algún otro sector deficitario, lo que desembocará, no cabe duda, en mayor actividad económica. Convengo, desde luego, con que hay que adoptar medidas drásticas, como las vigentes en los países desarrollados, para conseguir que los recursos se destinen a lo que corresponde y evitar que los políticos se lleven el Estado para la casa, pero ése es tema de otro artículo.

¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Para dimensionarlo, permítame mencionarle que en la pasada operación renta, según el SII, el crédito que los empresarios imputaron a sus impuestos personales ascendió, entre global complementario y adicional, a US$2.850 millones. ¿Cuánto dinero faltaba para poner en práctica la reforma educacional que Chile necesita? ¿US$2.000 millones anuales? Bueno… ahí están.

El punto no es si hay que eliminar el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). Es evidente que, dentro de una modificación completa de nuestro sistema tributario, hay que hacerlo ahora y ya. El verdadero punto es: ¿se atreverá Bachelet a implementar todos los cambios necesarios para acabar con el inmoral sistema actual?

 

(*) Sergio Fernández Figueroa es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Ha ocupado cargos gerenciales en el área de Administración, Contabilidad y Finanzas, y se ha desempeñado como consultor tributario y contable en el ámbito de la Pyme.

 

FUENTE: CIPERCHILE