Por Matías B. Barahona, periodista
——–Acaba de reeditarse la emblemática obra de María Olivia Mönckeberg. En conversación con El Siglo, la Premio Nacional de Periodismo se refiere a los casos de corrupción que sacuden al sistema político chileno y explica cómo sus redes se remiten a la privatización de empresas públicas, en el ocaso del régimen de Pinochet. “Son hechos ligados al modelo neoliberal implantado en dictadura, con binominal, con competencias duras, donde todo requería plata”, asegura.
En medio del actuar de la Fiscalía en torno a los casos Penta y Soquimich, que la próxima semana incluirá la formalización de varios conspicuos militantes y parlamentarios de la UDI, la editorial Random House ha vuelto a publicar una obra esclarecedora para comprender cómo se llegó a la actual crisis de confianza que afecta al país:
“El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno”.
Luego de que salieran a la luz pública las ilegítimas prácticas de éstas y otras empresas, que salpican a numerosos políticos, es imprescindible poner en contexto el problema de la corrupción y de la injerencia del poder económico en el quehacer político nacional.
Ahí, este libro adquiere hoy una sorprendente vigencia y permite que todos puedan documentarse acerca del tema, del cual estos casos parecieran ser sólo un botón de muestra.
Lanzada en 2001, la obra fue víctima de censura por muchos medios de comunicación. Pese a ello, María Olivia Mönckeberg logró marcar un hito, conjugando denuncia y éxito de ventas, conceptos aparentemente incompatibles en esos años. La autora, académica del Instituto de Comunicación e Imagen (Icei) de la Universidad de Chile, se dedicó al periodismo de investigación, género que le permitió, por su trabajo en medios opositores a la dictadura, acceder a valiosa información.
Así pudo develar y difundir las privatizaciones del pinochetismo, que son la génesis profunda de la desmedida influencia de ciertos grupos económicos en nuestro sistema político.
Las oscuras privatizaciones
Después de sucesivas negociaciones en su seno, la dictadura puso en práctica la teoría económica de los Chicago Boys. Esta generación de economistas ligados al gremialismo y a la UDI promovía un neoliberalismo exacerbado, con una mínima presencia estatal. Tras la inicial resistencia de algunos militares, tal ideología fue aplicada desde inicios de la década de los ochenta.
Luego, en sus últimos años en el poder, cuando se hizo evidente para Pinochet y sus asesores el inminente retorno de la democracia, privatizaron las compañías hasta ese entonces del Estado. Estas apropiaciones, presentadas como “modernizaciones”, de las cuales prácticamente sólo se salvó Codelco, significaron que nuestras empresas estratégicas y muchos servicios básicos quedaran en manos de monopolios totalmente desregulados.
Las telecomunicaciones, la industria siderúrgica, los minerales, la electricidad, los seguros, las materias primas, entre otras, fueron áreas de la economía cuyas compañías públicas fueron vendidas a precios muy por debajo de su valor real. Como saldo, según la investigación de Mönckeberg, entre 1985 y 1989 se privatizaron una treintena de empresas del Estado, con pérdidas para el erario nacional por más de mil millones de dólares, unos $570.000 millones de hoy.
Ex ministros, funcionarios y simpatizantes del régimen, como Sergio de Castro, Jorge Cauas, Carlos Cáceres, Juan Hurtado, Hernan Büchi, Julio Ponce Lerou, José Piñera, Álvaro Sahie, Jorge Selume y Ernesto Silva Bafalluy fueron gestores o participaron directamente del saqueo de empresas que pertenecían a todos los chilenos, y muchos de ellos aún hoy reciben altas dietas por participar en sus directorios.
-El libro plantea que el proceso privatizador de la dictadura buscaba mantener en el poder a grupos de la derecha económica, ¿podría profundizar esa teoría?
Lo que yo planteo, y cada vez estoy más convencida, es que justamente para perpetuar el modelo neoliberal impuesto en dictadura se necesitaban agentes, actores. Entonces, recurrieron a grupos económicos que se gestaron en dictadura. Tomemos el caso de Penta y SQM: no existían como grupos antes, sino que se armaron al amparo del gobierno militar. Hubo otros que en un comienzo fueron los privilegiados para llevar la batuta del modelo, que eran el grupo Cruzat Larraín y el grupo Vial, pero en la crisis de inicios de los ochenta se derrumbaron. Personajes como Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano (grupo Penta) venían del grupo Cruzat. En el momento de la crisis, Lavín tuvo un papel significativo, porque había sido presidente de la AFP más grande, que era Provida. Además hubo otros grupos que en esos años estaban en poder de ex funcionarios y ministros de Pinochet. Por ejemplo, en el tema de la electricidad fue protagonista José Yuraseck, que partió como secretario de Desarrollo Regional en Aysén.
–Punto clave para los artífices de esta política económica fue la reforma previsional que creó las AFP y les permitió invertir los fondos de los trabajadores en acciones de las empresas privatizadas…
Ese proceso implicó un enorme traspaso de recursos desde el Estado al nuevo sector privado, lo que se logró con el apoyo del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creado entre otros por José Piñera. Las AFP a su vez respondían a otro saqueo, el de los fondos de pensiones de los trabajadores, que fueron trasladados a esas empresas, concebidas el año 81. En un comienzo las principales pertenecieron a los grandes grupos de esos años (Cruzat Larraín y Vial) y a estas AFP se les permitió invertir cada vez un porcentaje mayor en acciones de las empresas que se iban privatizando. Con ello se lograba el control porque también en las AFP había ejecutivos afines a la derecha económica tradicional y al gobierno.
Hay un caso paradigmático, que es la privatización de Gener, donde Bruno Philippi, asesor de Pinochet, muy amigo de Büchi, se quedó con esa empresa sin poner un peso, sino que manejando los fondos de pensiones, con contactos en los directorios de las AFP. La mayor parte de la propiedad de Gener estaba en manos de las AFP, y Philippi, junto a otras personas, las usaron para tomar su control.
-Para imponer el modelo y efectuar las privatizaciones, se desarrolló lo que usted denomina una alianza UDI-chicagos-militares, ¿cómo operó y logró cumplir sus objetivos?
Yo creo que los que llevaron el control fueron los Chicago Boys, con el respaldo político de la UDI, que muchos a la vez eran adherentes a esas teorías económicas y que tuvieron el apoyo de los militares. Pasó algo que a la larga es bastante patético, porque en el fondo yo creo que los civiles usaron a los militares. Eso se ve por ejemplo en la conformación de los directorios de las empresas, donde hoy día casi no figuran militares. Así, Ponce Lerou se quedó con Soquimich, lo que no agradó a muchos militares, pero otros, entre ellos el círculo cercano a Pinochet, facilitaron tal proceso.
También hubo desde mucho antes, en cuanto a la aplicación del modelo, lo que podríamos llamar en términos más políticos como una concientización por parte de los Chicago Boys hacia ciertos militares que históricamente eran de una visión más nacionalista en cuanto a la propiedad de los bienes, e incluso progresistas en ciertos temas sociales.
La pregunta es ¿cómo lograron convencerlos? Que las empresas que eran consideradas estratégicas del Estado fueran a caer en manos privadas era inconcebible, y para los militares también, pero cedieron.
Entremedio hubo esa concientización, incluso a través de la educación, en la intervenida Universidad de Chile, donde la Facultad de Ciencias Económicas dio un vuelco de su mirada tradicionalmente desarrollista hacia un enfoque netamente neoliberal, basado en el monetarismo de Chicago.
Ahí Álvaro Sahié estuvo a cargo de los programas de post grado, donde se admitió como alumnos especiales a coroneles. Hubo otros personajes como Miguel Kast, que tuvo una visión muy mesiánica de instalar y hacer perdurar en las universidades la visión económica en boga. En ese esquema, destinan a un entonces joven Joaquín Lavín a la Universidad de Concepción, como director de la Escuela de Economía.
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“EN LOS CASOS DE PENTA Y SQM HAY UNA DIFERENCIA QUE HACE QUE NO SEAN NI NIÑOS SÍMBOLOS NI CHIVOS EXPIATORIOS, QUE ES EL ROL CLAVE QUE HAN TENIDO EN LA INSTAURACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO POLÍTICO QUE ESTAMOS VIVIENDO. EN ESE SENTIDO, LA RELACIÓN PENTA-UDI ES MUY SIGNIFICATIVA”.
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-También jugaron un rol importante algunos medios de comunicación…
Todo esto no hubiera sido posible si no hubieran contado sobre todo con El Mercurio, el cual tuvo un papel crucial en la implementación del modelo, mediante sus editoriales. Incluso desde antes venía una influencia que se expresaba en sus páginas económicas.
Para darle proyección al modelo, también fueron importantes los grupos de pensamiento, como el Centro de Estudios Públicos (CEP), el cual hoy en día a través de Harold Beyer sigue manteniendo los mismos postulados del gobierno de Piñera en el tema educacional. Asimismo, desde la UDI crearon en 1990 el Instituto Libertad y Desarrollo.
Penta y SQM: impulsores del modelo
Hay dos ejemplos en particular en los cuales “El Saqueo” se adelantó a los hechos y desnudó, cuando pocos prestaban atención al tema, el verdadero poder en las sombras que ejercían los controladores de los grupos económicos Penta y Soquimich. Del primero, nacido a partir de la turbia privatización del Instituto de Seguros del Estado en 1988, proceso en el que también participó el ex ministro de Segpres de Piñera, Cristián Larroulet, Mönckeberg escribió en 2001: “Su rol ha llegado a ser clave en la estructura de poder económico-político al comenzar el siglo XXI. No es un simple conglomerado económico o grupo financiero, organizado sólo con el objetivo de hacer buenos negocios.
Sus conexiones aparecen como una síntesis y un reflejo del proyecto ideológico, político y económico de estrechos colaboradores de Pinochet”.
Las acusaciones de soborno y fraude tributario reiterado contra sus dueños, Lavín y Délano, que los tuvieron más de un mes en prisión preventiva, corroboran esta descripción.
Sobre Soquimich, que desde 1973 era estatal y en 1988 pasó a manos privadas, el libro establece: “reviste especial interés no sólo por lo que el salitre, el yodo y el litio significan como recursos naturales, sino por el papel que en la gestión y posterior privatización de la empresa y de esos recursos ha jugado el ex yerno de Pinochet, el ingeniero forestal Julio Ponce Lerou, como presidente de su directorio y cabeza del holding de empresas que ha creado con la colaboración estrecha de su colega y amigo Patricio Contesse y en el que están también incorporados sus hermanos”. Ambos nombres han sido protagonistas del caso Cascadas y de financiamientos ilegales a políticos, investigados por la justicia.
-¿Son Penta y SQM, por lo que ha salido a la luz pública, los símbolos de cómo ciertos grupos económicos ejercen poder en Chile?
Yo creo que a medida que se van detectando otras situaciones, de Endesa, de Enersis, de Corpesca, entre otras, es posible que se llegue a la conclusión de que es un problema sistémico. En los casos de Penta y SQM hay una diferencia que hace que no sean ni niños símbolos ni chivos expiatorios, que es el rol clave que han tenido en la instauración del modelo económico político que estamos viviendo. En ese sentido la relación Penta-UDI es muy significativa.
Y, ojo, que hay otro tema que aun no se puede afirmar tajantemente, pero preveo, por lo que se ha sabido hasta ahora, que si bien es muy cuestionable que la ex Concertación haya recibido dinero en forma directa o triangulada del ex yerno de Pinochet, no olvidemos que los principales receptores de las platas de estas boletas parecen ser la UDI y RN.
O sea, como lo primero ha sido más fuerte, más llamativo y más utilizable editorialmente por ciertos medios, de repente se olvida lo otro.
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“NO OLVIDEMOS QUE EL PRINCIPAL RECEPTOR DE LAS PLATAS DE ESTAS BOLETAS (DE PENTA Y SQM) PARECEN SER LA UDI Y RN. O SEA, COMO LOS CASOS VINCULADOS A LA EX CONCERTACIÓN SON MÁS FUERTES, MÁS LLAMATIVOS Y TAMBIÉN MÁS UTILIZABLES EDITORIALMENTE POR CIERTOS MEDIOS, DE REPENTE SE OLVIDA LO OTRO”.
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-¿Tiene responsabilidad política la derecha en la supervivencia de estas prácticas, dado que con su investigación queda en claro que se arrastran desde dictadura?
Por supuesto. Además, todo esto ha ocurrido mientras regía un sistema binominal, con una concentración económica que se agudizó en dictadura y con una sociedad tan consumista que las campañas pasaron a ser especies de promociones de candidatos. Entonces es que de forma natural las grandes empresas aportaban hacia la derecha, con las platas legítimas, pero también con dineros ocultos. Más allá de lo que está saliendo en los diarios acerca del tema de la campaña presidencial, a nivel parlamentario estaba claro que el que no tenía dinero era muy difícil que fuera diputado o senador.
Lo que sí llama la atención es que algunos traten de decir que apenas se trata de un delito tributario.
¡Por favor, estamos hablando en el caso de SQM del donante Ponce Lerou! Y aun así, hay un tema ético que es insoslayable. Yo creo que no se saca mucho con tanta comisión, con discusiones muy elevadas sobre cómo debe ser la política, si aquí no se produce un verdadero esclarecimiento, que las investigaciones y los reconocimientos lleven a cómo pasaban estas cosas, que nunca debieron haber pasado. Son hechos que por cierto están ligados al modelo implantado en dictadura, con binominal, con competencias duras, donde todo requería plata. Entonces, uno podría pensar, especulando, que ese concertacionista que aceptó dineros de esas empresas se puede haber sentido tan apremiado que en el fondo necesitaba esas platas para poder llegar a ejercer la acción política que quería promover.
-Con su investigación tuvo una aproximación al actuar de estos grupos económicos, ¿cree que fue una práctica generalizada en las últimas décadas que ellos financiaran a partidos y políticos para que defendieran sus intereses?
No yo te digo claramente que después del plebiscito del 89 lo único que se veía era gente como Délano y Ponce Lerou financiando la campaña de Büchi. Pero para mí, como periodista que luchó para que se terminara la dictadura y se instalara realmente una democracia, aunque una cree a veces que no se sorprende de nada y es más escéptica, ha sido una terrible sorpresa lo que nos hemos encontrado. En ese sentido me siento identificada con la gente común y corriente. Yo no tenía información sobre los financiamientos de campaña, era un tema que no me había dedicado a investigar. Había cosas de conocimiento general que a uno no le gustaban, como que la ley de 2003 era muy limitada, pero no me soñé que a gente de la ex Concertación la pudiera financiar en parte gente como Ponce Lerou. Eso para mí fue sorpresivo, impactante y bastante impresentable.
-Ante los nuevos delitos económicos conocidos por la opinión pública, ¿ve viable que se judicialicen los cuestionables procedimientos de privatizaciones?
Hay un tema que hay que separar: la búsqueda de la verdad periodística de la judicial, en el sentido de que uno como periodista de investigación puede y debe apoyarse en fuentes documentales que te pueda entregar la justicia, pero para el periodista no hay prescripción.
Con respecto a los casos actuales, todo lo que se sabe hasta ahora es de 2009 a la fecha, porque antes estaba prescrito, pero los periodistas deberíamos tratar de saber qué pasaba antes.
En el caso de las privatizaciones, de nuevo nos enfrentamos a la distinción entre lo legal, lo legítimo y lo ético.
Estamos en un proceso, pero yo creo que tiene que reforzarse la fiscalización.
Estos casos están demostrando el error de que no se hayan revisado en su minuto las privatizaciones. A lo mejor, no tendríamos estos problemas.
-En relación a Penta y SQM, que aparecen en su libro en 2001, donde se podían sospechar prácticas ilegítimas, ¿por qué cree que no se les investigó hasta recién el 2014?
Hay varias interpretaciones. Unos dicen que les tenían miedo a los militares. Yo no estoy segura de eso, pero puede ser.
Otros hablan de pactos en la transición, yo nunca he visto un papel firmado, habría que indagar más. En cuanto a lo judicial, yo creo que la existencia del Ministerio Público es clave, y eso es a partir de 2006 en Santiago. Lo otro es que las privatizaciones las hicieron con disposiciones legales ad hoc, hechas por ellos mismos. Es como el tema de las universidades, cuando se quiere probar el delito de lucro no se puede porque no estaba tipificado, había una disposición legal general pero no estaba el reglamento.
FUENTE: CLAVES
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