03/07/2013 |
Por Teresa Frías
En junio de 2009, la fiscalía decidió formalizar a la diputada UDI, Claudia Nogueira por cuatro delitos por fraude al fisco. Ahora envió cartas con timbre y logo de la Cámara pidiendo el voto para Longueira y firmadas por su marido el también UDI Gonzalo Cornejo.
El nombre de la diputada Claudia Nogueira (UDI) y de su marido y ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo (UDI) vuelven a la palestra, esta vez ante la denuncia realizada por la secretaria general de las Juventudes Comunistas (JJCC) y candidata a diputada por el distrito 19, Karol Cariola, quien dio a conocer lo que calificó de una "malversación de caudales públicos" por parte de la parlamentaria.
Esto porque Nogueira envió cartas a los vecinos de la comuna de Recoleta con timbre de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional invitando a votar por Pablo Longueira en las recientes elecciones.
Ante esto, Cariola dijo que "han sido los propios vecinos que denunciaron este hecho por la irregularidad que significa que, a través de medios oficiales del Congreso Nacional, se estén enviando cartas de propaganda electoral a los distintos vecinos de Recoleta, además firmado por el esposo de una diputada, un señor que no es diputado", relató la candidata.
Agregó que "la señal que aquí se está dando es muy fuerte. Que dos gobiernos locales de la oposición, un comunista y un socialista hayan ganado las alcaldías en el último proceso electoral, habla de una población descontenta con la gestión que hizo la derecha durante doce años"
Investigación profunda
Por su parte, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), dijo que "estamos mandando a la Cámara de Diputados los antecedentes para que los parlamentarios investiguen porqué pasa este tipo de situaciones".
Además agregó que "nos llama la atención que la misma diputada que fue formalizada por cuatro delitos, ahora comete estos errores. Aunque uno de los puntos que no logro entender es porqué Cornejo también firma la carta siendo que él no tiene vínculo con el Congreso".
"Los hechos que ella cometió en el pasado, como pedirle plata al Congreso para pagarle a sus asesores y después pedirles a esas mismas personas que le entreguen la plata a ella, no corresponde a alguien que está a cargo de hacer las leyes y de llevar el orden", comentó a Cambio21.
Por último, el jefe edilicio recalcó que "quizás estos actos son los que la gente evalúa a la hora de votar, por eso en las primarias obtuvieron un voto de cada cinco. Y quizás por eso pienso que la UDI lo mejor que puede hacer es quitarle el cupo a Nogueira".
En tanto, la diputada María Antonieta Saa (PPD) dijo que "anteriormente ya se han presentado antecedentes que las cartas con recursos de la Cámara son especialmente para trabajaos parlamentarios, por ende políticos, pero ocuparlas en una campaña no corresponde".
En conversación con Cambio21 agregó que "la UDI siempre ocupa la ley del embudo, es decir la parte ancha para ellos y la otra es para los opositores de la UDI", agregando que "hay otros casos en que el partido condena duramente, pero en otros no y en esos casos está por ejemplo la ex alcaldesa Carolina Plaza".
"Sin duda este tipo de situaciones no están dentro de nuestros precedentes, porque aquí se están utilizando recursos para una campaña, y con eso está contradiciendo nuestras normas", recalcó la parlamentaria.
La diputada fue formalizada por fraude
En junio de 2009, la fiscalía decidió formalizar a la diputada UDI Claudia Nogueira por cuatro delitos por fraude al fisco. Uno de ellos, las asesorías que hizo pagar a la empresa GMA con dineros fiscales. Dos personas cobraron y redepositaron el dinero en la cuenta de la diputada.
En ese año, Nogueira llegó a un acuerdo con la fiscalía de Valparaíso y restituyó 30 millones 283 mil pesos para no ser enjuiciada por el delito de fraude al fisco en la investigación que se siguió en su contra por el uso irregular de asignaciones parlamentarias.
Junto con devolver estos dineros al fisco, la parlamentaria se comprometió a donar 5 millones de pesos a la Fundación Un Techo para Chile así como a firmar durante 18 meses ante la fiscalía.
FUENTE: CAMBIO 21
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