Serie los 12 nudos de la reforma educacional
Nº 4: Selección y libertad de elegir
Publicado: 17.09.2014
Los detractores del proyecto que pone fin a la selección de alumnos en los colegios subvencionados argumentan que esa iniciativa restringe la libertad de elección de los padres. En la cuarta columna de su serie sobre la reforma educacional, el diputado Jackson señala que la elección que hoy pueden hacer los padres “tiene lugar solo sobre las opciones que consideramos disponibles, las que previamente restringimos considerando en qué colegios nuestros hijos serían aceptados”. En el fondo, explica, hoy son las escuelas las que eligen a las familias. “¿Es justo que un establecimiento discrimine quién entra y quién no?”, se pregunta.
“No queremos la reforma porque defendemos el derecho de los padres a elegir libremente el establecimiento para sus hijos”, sostenía Erika Muñoz, vocera de los padres y madres agrupados en la Confepa, en la comisión de educación de la Cámara de Diputados. La pregunta que cabía a continuación, para mí, era evidente: ¿Existe hoy ese “derecho de los padres a elegir libremente”?
Unos parlamentarios de oposición citaron dos encuestas en las que se establecía que más del 90% de los entrevistados decía haber matriculado a sus hijos en el establecimiento educacional que ellos habían escogido. El problema, metodológico y de sentido común, es que esa elección que creemos que hacemos tiene lugar solo sobre las opciones que consideramos disponibles, las que previamente restringimos considerando en qué colegios nuestros hijos serían aceptados.
Hablemos de esas restricciones: además de la barrera del financiamiento compartido (ver columna Nº 3), que ya limita bastante las posibilidades de los padres, dicho análisis tampoco considera otras formas de selección presentes en el sistema. Estas formas de exclusión van desde aquellas relativamente transparentes y públicas, como la exigencia de certificado de bautismo hasta de matrimonio de los padres, a otras más discrecionales y subjetivas, como una entrevista con los apoderados o selección por rendimiento en pruebas que descreman según las características cognitivas de los estudiantes. Un estudio del investigador Alejandro Carrasco (CEPPE-UC) señala que tanto las pruebas de admisión como las entrevistas son prácticas muy frecuentes en nuestro sistema educativo, tanto en los colegios particulares pagados y los particulares subvencionados, pero también en un porcentaje menor de selección en los establecimientos municipales.
Los cupos para la admisión se repartirían con el único sistema que provee igualdad de oportunidades a todos: el azar. Desde luego, en caso de no quedar en tu primera prioridad, pasarías a ser elegible en tu segunda prioridad
Lamentablemente, esto reafirma las preocupaciones sobre el cumplimiento de la norma vigente de la Ley General de Educación (LGE), que establece que hasta 6º básico no puede existir selección alguna. Todo indica que la falta de fiscalización, sumada a los incentivos de generar homogeneidad y descreme (cultural, religioso y/o cognitivo), hacen de ésta una norma muerta.
La segregación no es, entonces, sólo económica (como vimos en la columna anterior), sino también cultural y académica. Cultural, porque se establecen criterios que tienen más que ver con el núcleo familiar que con el derecho del niño a la educación, homogeneizando muchas veces las escuelas y colegios entre quienes tienen similar credo o entorno familiar. Académica, porque separa a los niños entre quienes -según los criterios dictados por el currículum y por las pruebas estandarizadas- tienen mayores habilidades y quienes no las tienen tan desarrolladas.
Así, dejando de lado la exclusión generada por el pago, hoy la “libertad” la tienen casi exclusivamente quienes tuvieron la suerte de: (i) tener padres con buena formación educativa; (ii) calzar con los requisitos del establecimiento, en cuanto al perfil del núcleo familiar; (iii) quienes tienen una gran capacidad cognitiva, ya sea para la lectura, capacidad analítica y/o razonamiento matemático. En cualquiera de estos casos, los que eligen son los establecimientos, y no los padres, ya que no todos los padres pueden calzar dentro de los perfiles “exigidos” por los establecimientos.
¿Cuál sería el problema sistémico de este proceso de admisión en los niveles de educación obligatoria (kínder, básica y media)?
Los problemas son varios, pero podemos empezar por algo más bien “superficial”: la distorsión en la medición de “calidad”. Más allá de las enormes discrepancias que tenga con los mecanismos de pruebas estandarizadas, y con los conceptos por los que hoy se entiende una buena educación, lo cierto es que la selección va formando un espejismo en torno a la calidad de los establecimientos, que se va haciendo parte del imaginario colectivo. Tomemos un ejemplo hipotético: dos colegios exactamente iguales, A y B. Los mismos profesores, la misma infraestructura, el mismo proyecto educativo, pero con la única diferencia que el colegio A selecciona según una prueba de admisión y el colegio B acepta a los estudiantes de manera aleatoria. Probablemente, si medimos el SIMCE en los colegios A y B, nos va a arrojar que el colegio A presenta mejores resultados. ¿Quiere decir que A es un mejor colegio que B? Es evidente que no, ya que son exactamente iguales, pero es la idea que se empieza a transmitir.
“(El proyecto de ley) establece parámetros de no exclusión aplicables a todos los establecimientos reconocidos por el Estado. Luego, establece como requisito para recibir la subvención escolar que se respete la decisión de las familias, quedando prohibido generar mecanismos de admisión excluyentes
El segundo problema tiene que ver con algo más profundo, y se refiere a la motivación y esperanza existente en los distintos actores de una comunidad educativa. La cara “positiva” de la selección, es decir la motivación que genera en aquellos establecimientos que sí descreman, tiene una contracara en los establecimientos que no seleccionan (mayoritariamente municipales). Si seguimos el ejemplo de los colegios A y B, al cabo de un tiempo los padres postularían a sus hijos mayoritariamente al colegio A, que exhibe mejores resultados. En el colegio A estarían aquellos que les sale más fácil la materia, mientras que en el colegio B, aquellos que tienen algún tipo de problema en el aprendizaje. El alto nivel de concentración de estudiantes que acarrean algún tipo de complicación para generar un correcto proceso formativo (problemas socioeconómicos, familiares, barriales, cognitivos, etc.), hace prácticamente imposible la labor de los profesores o directivos del colegio B -salvo contadas excepciones- debido a que se va generando un círculo vicioso de desesperanza aprendida, que luego se traspasa a los estudiantes. De esta manera, este año hubo 898 estudiantes que fueron los primeros en su generación, pero lo fueron en “colegios B”, por lo que no les alcanzó siquiera para postular a las universidades del CRUCh.
¿Qué proponemos a los estudiantes que fueron excluidos de los procesos de admisión, que evidentemente son el -nunca expuesto- otro lado de la moneda de la selección? ¿Qué expectativas y motivación para estudiar tendrán quienes han sido “desechados” del sistema? ¿Son estos estudiantes menos capaces o fueron convencidos de que eran peores y eso se volvió una triste realidad?
El tercer problema es derivado del segundo, pero que no se menciona mucho, a riesgo de desenterrar una de las cosas más vergonzantes de nuestra sociedad: la marginalidad y delincuencia condicionada. Si no nos preocupamos de la inclusión, motivados por los principios de la justicia y la equidad, al menos debiera ocuparnos desde las posibles consecuencias que su antónimo, la segregación, provoca en términos de convivencia social. ¿Qué propone la reforma para este problema?
Según el documento de la UDI, “El corazón de la reforma del Gobierno es la pretensión que el Estado asuma la tuición de nuestros niños. Es una reforma que no cree en las personas porque le quita la capacidad de elección, busca que sea el Estado que decida por las personas. El Gobierno no cree en las personas, en su diversidad y capacidad, por lo que les quita el derecho a elegir traspasándoselo al Estado”. Repito, para que no queden dudas: según la UDI, el proyecto de Gobierno “les quita el derecho a elegir (a los padres), traspasándoselo al Estado”.
La Confepa (una agrupación de padres y apoderados), por su parte, en su página www.asinolaquiero.cl considera “… una aberración que se coarte nuestra libertad para entrevistarnos previamente con los directivos y profesores a las que confiaremos nuestros hijos, así como nuestro derecho a reconocer previamente el ambiente del colegio al que estamos postulando”. Ambas -las entrevistas voluntarias y el reconocimiento de los colegios- son cosas que el proyecto de ley no prohíbe.
La Conacep (Sostenedores de colegios) establece en una presentación que no suben a internet, pero que exhiben en las distintas reuniones que realizan con comunidades educativas, que ya no serán los padres los que elijan, sino que una tómbola lo haría por ellos. En la misma línea está el cartel que dice “¿Qué educación quieres para tus hijos? Tú decides con libertad (Calidad) o el Estado decide por ti (Reforma)”.
Ahora, yendo al proyecto de ley (Boletín N° 9366-04) podemos verificar que, en primer lugar, establece parámetros de no exclusión aplicables a todos los establecimientos reconocidos por el Estado. Luego, establece como requisito para recibir la subvención escolar que se respete la decisión de las familias, quedando prohibido generar mecanismos de admisión excluyentes. En tercer lugar, establece criterios transparentes para la expulsión de alumnos, involucrando a la comunidad en el proceso y sólo en caso de haber cursado mecanismos intermedios que no hayan dado resultados.
El proyecto considera un mecanismo único de postulación, que permite a los padres establecer con total libertad sus prioridades, siempre y cuando manifiesten su adhesión al proyecto educativo presentado por los establecimientos
El proyecto considera un mecanismo único de postulación, que permite a los padres establecer con total libertad sus prioridades, siempre y cuando manifiesten su adhesión al proyecto educativo presentado por los establecimientos. Estos últimos, por su parte, tendrán la obligatoriedad de aceptar a todos los postulantes que se presenten, con la excepción de que las condiciones físicas del establecimiento no sean suficientes para todos los aspirantes. Es así como se establece, para aquellos casos, un mecanismo transparente según los siguientes criterios: (i) 15% de estudiantes prioritarios; (ii) existencia de hermanos de postulantes en el establecimiento; (iii) condición de hijo/a de profesores y/o asistentes de la educación. Luego de estos criterios iniciales, los cupos para la admisión se repartirían con el único sistema que provee igualdad de oportunidades a todos: el azar. Desde luego, en caso de no quedar en tu primera prioridad, pasarías a ser elegible en tu segunda prioridad.
Las excepciones a este sistema serían los colegios artísticos y los definidos como “emblemáticos”. Estos últimos, definidos por su carácter gratuito, histórico y de sostenido buen rendimiento, podrían poner como único requisito para la postulación el pertenecer al 20% de mayor rendimiento en el establecimiento de proveniencia. El resto del proceso sería exactamente igual que en los restantes establecimientos.
¿Creo que la propuesta del gobierno es la mejor? No. Considero que tiene cosas positivas y otras a las que creo necesario introducir indicaciones.
Las cosas positivas creo que son básicamente dos: (i) que el derecho a la educación de los niños va por sobre el derecho a seleccionar de los establecimientos; (ii) que se ocupe un sistema de postulación y admisión que –independiente de las alternativas para su aplicación- finalmente centralice la información para evitar abusos.
Sobre los aspectos negativos, logro ver cuatro con claridad: (i) que sea voluntario el uso del instrumento que ofrece el Estado para garantizar que el sistema de admisión sea ciego, lo que me parece muy negativo, debido a la dificultad para fiscalizar el proceso y cautelar que sean las familias las que elijan, sin discriminación; (ii) que los colegios particulares hayan quedado fuera de este proceso, debido a que el principio es exactamente el mismo (al menos, a partir de kínder y hasta 6° básico, edades en las que realizar pruebas para admisión es una aberración contra los derechos de los niños);y (iii) que los liceos emblemáticos tengan un tratamiento distinto a la norma general, en vez de tener un sistema de transición necesaria, pero llegando al mismo objetivo general de no selección (más sobre este tema en esta columna publicada en El Mostrador).
En cuanto a las omisiones, me parece ver al menos 3: (i) que se explicite, aunque sea redundante, pero para evitar todo tipo de campañas del terror, que los padres podrán tener visitas voluntarias a las escuelas y los sostenedores podrán explicar sus proyectos educativos, haciendo énfasis en que las familias también podrán postular desde los colegios; (ii) que no se permita generar selección al interior de los colegios, donde un curso es de los “mateos” y el paralelo es el de los “porros”; y (iii) que se genere un espacio de prioridad o acción afirmativa en la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales (principalmente por discapacidades físicas o cognitivas), cuando postulen a los establecimientos.
Finalmente, en este debate pueden haber muchos datos, pero las preguntas siguen siendo las mismas: ¿Creemos que es justo que un establecimiento discrimine quién entra y quién no? ¿Nos da lo mismo que haya colegios en los que -a priori- se sabe que les va a ir bien y otros que les va a ir mal? ¿Creemos que hoy existe mayor “libertad” que lo que propone el proyecto de ley?
FUENTE: CIPERCHILE
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