En busca de la confianza perdida: los movimientos de los políticos para reencantar a la población
Las bajísimas cifras de personas que fueron a votar para las últimas elecciones presidenciales -más de un 50% del padrón de votantes se abstuvo de ir a las urnas- o la escasa aprobación a la gestión de la presidenta Bachelet -la que apenas alcanza un 30%-, son síntomas que han obligado a la clase política a endilgar el camino y a mover sus piezas en pos de una recuperación de las confianzas por parte de la población.
La profunda crisis que vive nuestra institucionalidad debido a los bullados casos Penta y su arista SQM junto con el Caso Caval, han obligado a nuestros gobernantes a que empiecen a repensar el entramado legal y las viejas prácticas con las que han operado desde hace muchos años y que los conecta con el mundo de los privados junto a sus intereses económicos personales.
El desarme frente a la ciudadanía es evidente. Las bajísimas cifras de personas que fueron a votar para las últimas elecciones presidenciales -más de un 50% del padrón de votantes se abstuvo de ir a las urnas- o la escasa aprobación a la gestión de la presidenta Bachelet -la que apenas alcanza un 30%-, son síntomas que han obligado a la clase política a endilgar el camino y a mover sus piezas en pos de una recuperación de las confianzas por parte de la población.
El listado de reformas y cambios al marco normativo y, especialmente, a las prácticas y al ejercicio ético de nuestros políticos se cristaliza en algunos cambios como los siguientes:
– Término del fuero parlamentario: La iniciativa pretende renovar la vieja mirada que se tiene respecto a las responsabilidades civiles y penales que todos tenemos, incluidos quienes asumen cargos públicos. Y aun cuando el origen de este trato preferente nace como una protección para los que legislaban y se encontraban expuestos a imputaciones infundadas de delitos o a persecuciones de carácter político, el fuero no se justifica cuando hay “un Estado de Derecho del siglo XXI, en que existe una plena separación de Poderes y la persecución penal se desarrolla con respeto a las garantías constitucionales y procesales”, en palabras de los diputados.
– Disminución del salario de los parlamentarios: El diputado Giorgio Jackson sostuvo a propósito de este proyecto que busca rebajar la dieta parlamentaria: “Después de un año, nosotros con más de 20 parlamentarios que han firmado este proyecto de acuerdo, queremos pedirle a la Presidenta de la República que le ponga urgencia a este proyecto. Nosotros creemos que, sobre todo en este ambiente de crisis y de desconfianza en la política, hay que retomar el tema de cuál es el valor del trabajo y de las desigualdades que existen en nuestro país y cómo podemos atacarlas desde distintos frentes”.
– Sacar de cargos a parlamentarios que violen la ley electoral: La iniciativa es presentada por la presidenta Bachelet y en sus palabras ella señala que “Chile requiere determinar claramente cuáles son las fronteras entre la política y los negocios, para frenar prácticas de corrupción y faltas a la ética. Al mismo tiempo Chile necesita reglas claras para el financiamiento de campañas y sanciones ejemplarizadoras para aquellos candidatos que no cumplen la ley”.
– Término de la reelección sucesiva en cargos públicos: En palabras de los diputados que presentaron esta iniciativa, ellos señalan que “restringir la reelección de Diputados y eliminar la posibilidad de ser reelecto para el caso de los Senadores es una señal de madurez política y de ejemplo democrático que se inspira en la verdadera vocación de servicio público, lo cual contrasta con la imagen que se da a la ciudadanía cuando los cargos de elección popular se ejercen de manera casi perpetua y que se amparó durante muchos años en un sistema electoral que no es representativo y que necesita ser modificado con urgencia, en aras de avanzar cada día hacia una sociedad más justa, democrática, integradora y representativa”.
– Declaración obligatoria de los intereses y patrimonios: Una iniciativa del Senado pretende que toda persona que ocupe algún cargo estatal o legislativo debe por ley declarar sus bienes y patrimonios, y del mismo modo, esa normativa se hace extensiva a los cónyuges de los funcionarios bajo el mandato público y a los que trabajan con boletas de honorarios.
– Término de los aportes de empresas a campañas políticas: Una iniciativa del Gobierno, pretende que se termine definitivamente el aporte de empresas a campañas de carácter político electoral, debido a que intereses de carácter privado terminen viciando el ejercicio democrático de que la ciudadanía elija a sus representantes por el liderazgo que ellos presentan y no por su armatoste propagandístico.
Es de suma urgencia que todos estos puntos se conviertan prontamente en regulaciones concretas, pero lo que es más necesario aún, es que la clase política deje de operar a través de intereses particulares y mezquinos y se dedique a lo que la ciudadanía les encomendó a través del voto: actuar con ética, responsabilidad y en pos del bien de todos y todas.
Carlos Montes ArévaloEl Ciudadano
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