Frente Amplio Unitario

Según el consultor se desperdicia el valor de la diversidad intelectual en decisión de políticas públicas

Brunner califica de “confusa señal” la salida de Peirano y teme un gobierno sometido a los vaivenes de la calle

Para el otrora ministro de Estado de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y ex miembro del panel de expertos del Mineduc son varias las ambigüedades que abriga la gratuidad ofrecida por el programa de Bachelet. "Difícil, por lo mismo, exigir adhesión a este medio como si fuese una verdad revelada o emplearlo para medir la lealtad de secretarios y subsecretarios de Estado", sostuvo el académico e investigador de la UDP.

por Christian Buscaglia      

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El ex miembro del panel de expertos del Mineduc, José Joaquín Brunner, calificó como una “confusa señal” la salida de Claudia Peirano. En una columna publicada en La Tercera, el ex ministro de Estado del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle manifiesta su temor de que el gobierno de Michelle Bachelet quede sometido a los “vaivenes de la calle”.

“Sin duda, el gobierno entrante experimentó un temprano revés con el forzado reemplazo en la Subsecretaría de Educación. Lo manifiestan dirigentes de la Nueva Mayoría y se refleja en los medios de comunicación: hubo desprolijidad, fallas de criterio y una falsa partida. Tal es el aspecto coyuntural de la cuestión”, asegura el consultor y académico de la UDP.

“El tema de fondo, en tanto, -aclara- es la confusa señal transmitida al sector educacional. En efecto, ¿han de depender las decisiones del futuro gobierno -en este sector- de las reacciones de grupos de interés, movimientos sociales o figuras de poder dentro de la coalición? ¿Contarán secretarios y subsecretarios de Estado con el necesario respaldo para gestionar sus asuntos o quedarán entregados a los vaivenes de una opinión pública que suele ser caprichosa?”

A continuación, agrega, se plantea el tema de la lealtad con el programa de gobierno. Entonces, se pregunta: “¿Debe manifestarse como una adhesión de fe o como un compromiso reflexivo, hecho con voluntad de contribuir creativa y críticamente a su implementación?”.

Y prosigue: “Sobre todo el dilema de cuáles son los medios más adecuados para llegar al objetivo de una política debería sujetarse a deliberación, revisión, adaptación y evaluación. Si se convierten en principios o dogmas se instaura una suerte de pensamiento único, donde los instrumentos -trátese del mercado, la gratuidad, el carácter estatal de una agencia o los exámenes estandarizados- adquieren valor en sí y terminan imponiéndose como un test de fidelidad ideológica”.

Para el sociólogo, es justamente lo que está ocurriendo con la gratuidad del acceso a la educación superior. “¿De qué se trata en este caso? Simplemente, de encontrar la mejor forma -más equitativa y eficiente- de financiar un sistema masivo que necesita incrementar su calidad, pertinencia y efectividad. Es un problema político-técnico, no de altos y prístinos principios. ¿Hay sólo una opción, un único medio? ¿O caben frente a esta materia opciones distintas y legítimas? ¿Acaso la gratuidad, que existe largo rato ya en Brasil, Argentina, México y Uruguay, ha convertido “por principio” a esos sistemas en más justos, a las elites nacionales en más plurales y ha hecho más equitativas a sus sociedades?”, interroga Brunner.

“¿Puede argumentarse que la noción de “gratuidad universal” empleada por el programa gubernamental es de suyo tan clara y potente que no admite interpretaciones ni alternativas? ¿Qué significa exactamente? ¿Significa sin pago a la entrada, pero con impuesto a los graduados o pago de un crédito a la salida? ¿O bien significa estudios pagados íntegramente con recursos de la renta nacional para quien sea que los elija (cualquier alumno, en cualquier programa, por cualquiera duración de tiempo), independiente de calificaciones y esfuerzo?”, insiste.

“Son innumerables las ambigüedades, incógnitas y posibilidades que abriga la gratuidad ofrecida por el programa de Bachelet.  Difícil, por lo mismo, exigir adhesión a este medio como si fuese una verdad revelada o emplearlo como una divisoria de las aguas para medir la lealtad de secretarios y subsecretarias de Estado. Tal camino conduce a exasperar la discusión, a estimular falsas adhesiones, a abruptos cambios de posición y a desperdiciar el valor de la diversidad intelectual en la decisión de políticas públicas”, concluye.

Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, salió al paso a las declaraciones del jefe de Educación Superior del Mineduc, Alberto Vásquez, en El Mercurio.

La autoridad académica sostuvo -a través de una carta publicada en ese mismo medio- que: “Si la entrevista de la ministra de Educación, Carolina Schmidt, en El Mercurio fue reveladora, más aun lo es la carta que envió a través de su jefe de Educación Superior, quien omite dos realidades fundamentales para la fe pública”.

“La primera es que la agencia Bloomberg informó que “en Chile, la educación con fines de lucro es técnicamente ilegal, pero Laureate dice que ha eludido legalmente la prohibición mediante la adquisición de los asientos en los directorios de las universidades y luego la venta de servicios a las universidades”. Curiosamente, la ministra Schmidt no realizó ninguna investigación seria y formal al respecto, pero sí mantuvo sus líneas de financiamiento público con recursos de todos los chilenos, lo que es especialmente grave por la amplia y profunda red de influencias y lobby que al parecer utilizaría este tipo de instituciones”.

“La segunda es que las universidades privadas tradicionales y nuevas, como las de Laureate, se llevan el 58% del presupuesto nacional destinado a universidades, sin fiscalización obligatoria de la Contraloría General de la República, sin sujeción a la Ley de Transparencia ni del portal Mercado Público. Y la ministra Schmidt no quiso patrocinar ninguna de estas medidas de control, denunciadas por el propio contralor general de la República en la ley de Presupuesto 2014. Se trata de US$ 1.000 millones anuales de dineros públicos que no tienen control público”.

“Estas omisiones reafirman que las declaraciones de la ministra Schmidt a El Mercurio son reveladoras e inaceptables, porque desconocen que las presiones y el lobby por dineros públicos viene precisamente de las universidades privadas, que no rinden cuenta del uso que dan a esos dineros públicos, algunas de las cuales hacen una aplicación falsa de la ley que prohíbe el lucro en las universidades, no pagan impuestos, y obtienen lucro comprando servicios a sus matrices”.

“La gravedad de la información publicada por la agencia Bloomberg exige que la ministra se haga cargo de esa denuncia, algo que venimos exigiendo desde hace años, cuando varias universidades, incluyendo sus marcas y estudiantes, fueron en la práctica vendidas en operaciones que consumaron el lucro prohibido por ley, consagrando de hecho el retail educacional privado”.

 

FUENTE: EL MOSTRADOR